Comunicación
Social

Desde hace siglos, las mujeres se han enfrentado a los efectos que representa la conservación de un modelo de organización que, constantemente las coloca en desventaja al momento de buscar acceder a sus derechos; un sistema que pone a lo masculino por encima de lo femenino y otorga al primero la facultad poco cuestionable de decidir quiénes acceden a la educación, a la política y a la vida pública.

Uno de los elementos que permite la subsistencia y reproducción de esta forma de distribuir y otorgar ciertos espacios de participación a las personas, es la permanencia de modelos de crianza tradicionales, basados en los roles y estereotipos de género; estos hacen referencia al papel que deben desempeñar las mujeres u hombres dentro de la familia y la sociedad en general, con base en sus características biológicas, a lo que culturalmente se les ha asociado; por lo que todos sus ámbitos de interacción y desarrollo se ven atravesados por este fenómeno.

Las consecuencias de esta visión basada en lo que les corresponde hacer de manera particular a las mujeres, se han trasformado con el transitar del tiempo, dependiendo del contexto histórico, político y económico, pero han conservado algunas características, principalmente la subordinación-renegación al ámbito privado: ellas son, con más frecuencia, las responsables de los procesos de crianza, de los cuidados de personas adultas mayores, quienes se han dedicado de modo exclusivo a tareas domésticas, negándoseles (a partir de ciertos mecanismos intangibles) el acceso a la educación y al trabajo formal, frenando así su desarrollo profesional y laboral.

A lo largo de la historia, han existido una serie de movimientos sociales que han buscado romper con ese sistema y las desigualdades que trae consigo; impregnados de teoría y práctica feminista que sentaron las bases para cuestionar lo establecido, con el objetivo de lograr el desarrollo de las mujeres para así alcanzar su emancipación a partir de la desnaturalización de su papel en la comunidad y el acrecentamiento de su participación en el ámbito público.

De acuerdo con el Sistema de Consulta de la Estadística de los Procesos Electorales 2000-2022 del Instituto Electoral del Estado de México, durante el año 2012, 14 de los 125 municipios fueron gobernados por mujeres; en el 2015, hubo un aumento a 20

ayuntamientos, para las elecciones del 2018, 39 mujeres encabezaban la presidencia municipal, mientras que en el 2021 resultaron electas 47.

Si bien, ha existido un crecimiento, no alcanza ni siquiera el 50% de esos espacios; además se puede notar que, a mayor participación de las mujeres en la vida pública y política, mayores son los índices de violencias de las que son objeto en esa esfera.

La labor de frenar estas manifestaciones es una tarea en la que todas las personas deben contribuir desde una visión preventiva, pues es un paso fundamental para lograr un Estado libre, que tenga la posibilidad de reconocer las desigualdades, generar acciones para contribuir a su eliminación y garantizar el ejercicio pleno de todos los derechos. Se han generado avances significativos que se ven reflejados en los diversos ámbitos de nuestra sociedad, pero aún hay cosas por hacer y qué mejor que ponerlo en marcha desde un enfoque crítico, humanista e integral.

De acuerdo con la Asamblea General, el 11 de febrero conmemoramos el Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia, con el objetivo de dar reconocimiento al papel clave que desempeñan las mujeres en la comunidad científica y en la tecnología. Y a su vez, impulsar y ser inspiración para las futuras niñas en la comunidad científica.

Sin embargo, este día va más allá. Si bien, este mundo no escapa de las desigualdades de género, discriminación y violencia invisible, que se ocultan en cuestiones estructurales y culturales. Tan solo revisemos los estereotipos que abundan en comentarios como: “las niñas no hacen eso”. Cuántas veces no hemos oído, sido personas emisoras o protagonistas de dicha frase. Según datos de ONU Mujeres (s.f.), solo el 30% de quienes investigan, en todo el mundo, son mujeres y en ámbitos escolares solo el 35% de ellas se encuentran en áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y/o matemáticas. De igual manera, según información de la UNESCO, a pesar de los avances logrados en las últimas décadas, a nivel mundial, solo una de cada tres personas investigadoras, es una mujer.

Asimismo, de acuerdo a estudios y recientes investigaciones, los estereotipos de género son una de las principales razones por las cuales la presencia de las mujeres, en la ciencia, es tan reducida. En suma, la ausencia de referentes femeninos, en el ámbito de la ciencia, influye en la invisibilidad de muchos de los logros de las mujeres.

En razón de lo anterior y a manera de reflexión, traemos a colación, la siguiente “Cerrar la brecha de género en la ciencia: acelera la acción”, más que un lema, esta frase busca generar esa conciencia y sensibilización ante esta problemática  y posicionar a más mujeres en este campo desde la toma de conciencia de que el sexo no debe ser una condicionante de desempeño y flanco de limitantes o cuestionantes. El mundo necesita más ciencia y la ciencia necesita a las mujeres y a las niñas.

En el mundo existen más de 1,000 millones de personas con algún tipo de discapacidad que representan el 15% de la población global, señala la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2021). En México, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2021), una persona con discapacidad es aquella que tiene dificultad para llevar a cabo actividades consideradas como básicas: ver, escuchar, caminar, recordar o concentrarse, realizar su cuidado personal y comunicarse. Así pues, conforme el Censo de Población y Vivienda 2020, hay 7,168,178 personas con discapacidad, que se traduce en el 5.7% de la población total mexicana. Además, de esta cantidad 48% son hombres y 52% mujeres.

Es de resaltar que, en específico, las mujeres y las niñas con discapacidad se encuentran más propensas a experimentar violencia. En términos de la Organización de los Estados Americanos (OEA, 2022) tienen cuatro veces más de probabilidad de convertirse en víctimas de violencia sexual.

En esta línea, cabe precisar que las mujeres y las niñas con discapacidad experimentan violencia interseccional por ser mujeres o niñas y personas con discapacidad. Por consiguiente, atraviesan múltiples desventajas al ser excluidas, discriminadas y estereotipadas por la comunidad, y violentadas por agresores o agresoras que, en la mayoría de los casos son personas en las que confían plenamente como familiares, o bien, por personal dedicado a sus cuidados, generando en ellas secuelas multidimensionales.

La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH, 2021) puntualiza que la prevalencia de violencia en mujeres de 15 años y más a lo largo de su vida es del 70.1%, sin embargo, este porcentaje aumenta a 72.6% cuando se trata de mujeres con discapacidad, considerando que la violencia que padecen es psicológica, física, sexual, económica y patrimonial.

En la esfera internacional, datos gubernamentales de Australia de 2022, arrojan que en este país una de cada dos personas con discapacidad, un 47% o 2.7 millones, ha experimentado violencia desde los 15 años, mientras que una de cada cinco personas con discapacidad, es decir, un 20% o 1.1 millones, ha sufrido violencia sexual desde antes de los 15 años. Por cuanto hace a mujeres con discapacidad, una de cada cuatro, esto es, 25% o 748 mil, han padecido violencia sexual, y dos de cada cinco, 40% o 1.2 millones, han experimentado violencia física desde los 15 años.

En Estados Unidos de América, las organizaciones de defensoría relacionadas con violencia de género como Sanctuary for Families (2023), señalan que el 80% de mujeres con discapacidad norteamericanas han sufrido violencia sexual y, las niñas con discapacidad tienen el doble de probabilidad de padecer violencia física y sexual que las niñas sin discapacidad. Inclusive tanto mujeres como niñas con discapacidad sufren formas particulares en el ejercicio de la violencia, por ejemplo, las personas perpetradoras las sobremedican y avergüenzan, les niegan la ayuda para brindar las necesidades básicas y dañan a sus animales de servicio.

De lo anterior se aprecia que las cifras nacionales y mundiales citadas presentan variaciones, sin embargo, tienen un común denominador, el riesgo de experimentar violencia sigue siendo mayor para las mujeres y las niñas con discapacidad.

En este contexto, el 3 de diciembre se conmemoró el día internacional de las personas con discapacidad y precisamente converge con los 16 días de activismo contra la violencia de género que se llevan a cabo del 25 de noviembre al 10 de diciembre de cada año, espacio que debe aprovecharse para fomentar la inclusión, así como entornos libres de violencia, e impulsar la accesibilidad, en otras palabras, acciones efectivas que aporten para crear una realidad distinta a la que hoy se enfrentan las mujeres y las niñas con discapacidad.

Es innegable el incremento de la presencia de la conversación en torno a la violencia, específicamente la que es dirigida a las mujeres por el hecho de serlo, en los últimos años. Sin embargo, es notable también el aumento de una apatía que resulta esperada ante temas tan incómodos y escenarios no muy optimistas.

A ninguna persona le agrada reconocerse víctima de violencia, mucho menos preguntarse si ha sido responsable de haberla cometido. Tampoco podemos esperar que las formas de relacionarnos y de entender el mundo y a las personas cambien de manera drástica por la sencilla exposición a la discusión sobre cómo éstas han sido influenciadas por ideas y convenciones que han perjudicado a las mujeres. Tradición en contra de transformación parece una batalla con un resultado fácil de anticipar.

Los 16 días de activismo contra la violencia de género es una iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas para hacer una demanda por la erradicación de la violencia que afecta a mujeres y niñas, pero, además, una representación sobre la importancia que le damos a tal tarea a nivel colectivo e individual.

Esta campaña internacional se desarrolla desde el 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, hasta el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, dando en total 16 días en los que tenemos la oportunidad de demostrar explícita y creativamente nuestra preocupación por la prevalencia de la violencia y nuestro compromiso con la igualdad.

Posicionarse en contra de la violencia, requiere de más que de un ejercicio pasivo. Por supuesto, desde nuestra perspectiva, la forma efectiva de prevenir la violencia contra las mujeres y las niñas es abstenerse de ejercerla; no obstante, los 16 días de activismo contra la violencia de género nos requiere una muestra activa, un esfuerzo, un actuar para dar el mensaje de que la violencia nos preocupa y nos ocupa.

En nuestras vidas personales, sabemos que las cosas que valen la pena son aquellas que toman tiempo, son difíciles y que necesitan de constancia y dedicación. Si trasladamos este saber a la justicia social, hallaremos en el uso cotidiano de la empatía, la auto crítica y la reflexión sobre qué hacemos y qué podemos hacer, un aporte a la solución de un problema de dimensiones tan vastas y complejas.

La violencia contra las mujeres y niñas puede tomar múltiples formas, desarrollarse en distintos escenarios y variar en intensidad, frecuencia y notoriedad. La ley nos ha dado tan sólo un panorama de esto estableciendo tipos y modalidades, pero la realidad supera a la norma escrita con naturalidad. De esto podemos inferir que, en su erradicación, es seguro que al menos en cierta medida podemos contribuir.

Una sociedad en la que las mujeres y las niñas sean víctimas de violencia por una arbitrariedad tal como su sexo, no es una en la que pueda encontrarse justicia, ni democracia. En la función electoral sabemos lo importante que es la participación, por ello, invitamos a formar parte de este más que necesario movimiento por la dignidad de ellas.

Hablar de las otras es hablar de nosotras. En México el auge del movimiento sufragista que se dio a principios del siglo XX, aspiraba al reconocimiento del derecho de las mujeres a votar y ser votadas, el camino andado desde 1923 cuando Elvia Carrillo Puerto fue la primera candidata electa a una diputación local por el estado de Yucatán y Rosa Torres González resultó electa como la primera regidora municipal, definitivamente no ha sido en línea recta, es sinuoso, en ocasiones estrecho, limitando el paso hacia el ejercicio efectivo de derechos, accidentado, con algunas restricciones e incluso prohibiciones.  

Las reformas en materia de reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres datan de 1946, cuando la cámara de diputados aprobó la iniciativa del presidente Miguel Alemán Valdés para reformar el artículo 115 de la constitución federal, el resultado fue que las mexicanas por primera vez podían ejercer su derecho al voto en elecciones locales.

En 1953 con la reforma a los artículos 34 y 115, fracción I de dicho ordenamiento se reconoce la ciudadanía de las mujeres mexicanas, sin embargo, fue hasta las elecciones de 1955 cuando participarían efectivamente emitiendo su voto, destacando, de las 4 mujeres que resultaron electas, Remedios Albertina Ezeta fue elegida como diputada federal por el Estado de México.

Con el establecimiento del sistema de cuotas en los años noventa y la reforma al artículo 41 constitucional en 2014 donde a partir del reconocimiento del principio constitucional de paridad inicia otro paradigma en materia de derechos políticos, al normar que la participación de las mujeres en los espacios de toma de decisiones no es una acción afirmativa, es un nuevo contrato social, la redistribución del poder público entre mujeres y hombres. 

En 2019 con la reforma conocida como paridad en todo se crearon los mecanismos para garantizar que la paridad no solamente se cumpliera durante la etapa de registro, sino en todos los procesos administrativos en todos los órdenes de gobierno.

En nuestra entidad, fue a partir de la aprobación de los decretos 186 y 187 en septiembre de 2020, que se sentaron las bases para el fortalecimiento del ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres, brindando condiciones más justas, igualitarias y libres de violencia.

A 70 años, la lucha de las mujeres por garantizar el ejercicio efectivo del derecho a votar, a ser votadas, tiene aún deudas pendientes. De cara al proceso electoral 2024, el contexto político en el Estado de México se ha transformado. Por primera vez, la contienda por la gubernatura se dio entre dos candidatas, el destino, rumbo político y administrativo de las y los mexiquenses ahora es liderado por una mujer.

No obstante, el camino aún es largo, la paridad en el nivel local todavía es incipiente, lo que se ha convertido en uno de los principales retos. Los resultados de este nuevo contrato social han sido lentos, especialmente por cuanto hace a las presidencias municipales, de los 125 ayuntamientos, en los últimos tres procesos electorales locales se ha aumentado de 20 mujeres encabezando una administración municipal en 2015 a 39 en 2018; actualmente 47 municipios son encabezados por una mujer.

El Instituto Electoral del Estado de México se prepara rumbo al proceso electoral concurrente 2024 donde renovaremos el congreso y los ayuntamientos, por una parte, se deberá cumplir con el principio de paridad en sus tres vertientes y por el otro, brindar apoyo, asistencia y asesoría a todas las mujeres candidatas, precandidatas y sus equipos, así como aquellas que participan en política.  

Garantizar una contienda en condiciones de igualdad y libre de violencia política contra las mujeres en razón de género no es solo un compromiso institucional, sino una convicción; a 70 años del reconocimiento del derecho a votar de las mexicanas, las exigencias se han modificado pero la lucha sigue, todas y todos podemos sumar en la construcción de democracias incluyentes.