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Hablar de las otras es hablar de nosotras. En México el auge del movimiento sufragista que se dio a principios del siglo XX, aspiraba al reconocimiento del derecho de las mujeres a votar y ser votadas, el camino andado desde 1923 cuando Elvia Carrillo Puerto fue la primera candidata electa a una diputación local por el estado de Yucatán y Rosa Torres González resultó electa como la primera regidora municipal, definitivamente no ha sido en línea recta, es sinuoso, en ocasiones estrecho, limitando el paso hacia el ejercicio efectivo de derechos, accidentado, con algunas restricciones e incluso prohibiciones.  

Las reformas en materia de reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres datan de 1946, cuando la cámara de diputados aprobó la iniciativa del presidente Miguel Alemán Valdés para reformar el artículo 115 de la constitución federal, el resultado fue que las mexicanas por primera vez podían ejercer su derecho al voto en elecciones locales.

En 1953 con la reforma a los artículos 34 y 115, fracción I de dicho ordenamiento se reconoce la ciudadanía de las mujeres mexicanas, sin embargo, fue hasta las elecciones de 1955 cuando participarían efectivamente emitiendo su voto, destacando, de las 4 mujeres que resultaron electas, Remedios Albertina Ezeta fue elegida como diputada federal por el Estado de México.

Con el establecimiento del sistema de cuotas en los años noventa y la reforma al artículo 41 constitucional en 2014 donde a partir del reconocimiento del principio constitucional de paridad inicia otro paradigma en materia de derechos políticos, al normar que la participación de las mujeres en los espacios de toma de decisiones no es una acción afirmativa, es un nuevo contrato social, la redistribución del poder público entre mujeres y hombres. 

En 2019 con la reforma conocida como paridad en todo se crearon los mecanismos para garantizar que la paridad no solamente se cumpliera durante la etapa de registro, sino en todos los procesos administrativos en todos los órdenes de gobierno.

En nuestra entidad, fue a partir de la aprobación de los decretos 186 y 187 en septiembre de 2020, que se sentaron las bases para el fortalecimiento del ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres, brindando condiciones más justas, igualitarias y libres de violencia.

A 70 años, la lucha de las mujeres por garantizar el ejercicio efectivo del derecho a votar, a ser votadas, tiene aún deudas pendientes. De cara al proceso electoral 2024, el contexto político en el Estado de México se ha transformado. Por primera vez, la contienda por la gubernatura se dio entre dos candidatas, el destino, rumbo político y administrativo de las y los mexiquenses ahora es liderado por una mujer.

No obstante, el camino aún es largo, la paridad en el nivel local todavía es incipiente, lo que se ha convertido en uno de los principales retos. Los resultados de este nuevo contrato social han sido lentos, especialmente por cuanto hace a las presidencias municipales, de los 125 ayuntamientos, en los últimos tres procesos electorales locales se ha aumentado de 20 mujeres encabezando una administración municipal en 2015 a 39 en 2018; actualmente 47 municipios son encabezados por una mujer.

El Instituto Electoral del Estado de México se prepara rumbo al proceso electoral concurrente 2024 donde renovaremos el congreso y los ayuntamientos, por una parte, se deberá cumplir con el principio de paridad en sus tres vertientes y por el otro, brindar apoyo, asistencia y asesoría a todas las mujeres candidatas, precandidatas y sus equipos, así como aquellas que participan en política.  

Garantizar una contienda en condiciones de igualdad y libre de violencia política contra las mujeres en razón de género no es solo un compromiso institucional, sino una convicción; a 70 años del reconocimiento del derecho a votar de las mexicanas, las exigencias se han modificado pero la lucha sigue, todas y todos podemos sumar en la construcción de democracias incluyentes.