La reforma constitucional de 2012 tuvo como propósito reinstalar la posibilidad de que todos pudieran aspirar a un cargo de elección popular
La ciudadanización de las elecciones es, quizás, la modificación más importante que vivió nuestro sistema electoral durante el proceso de transición democrática. Ello implicó que los cargos clave en el Instituto Federal Electoral y en los locales fueran ocupados por personas sin dependencias gubernamental o hacia los partidos.
A partir de 1996, por ejemplo, el ejecutivo dejó de tener presencia en el órgano de dirección del IFE y las decisiones las tomaron consejerías ciudadanas nombradas por mayoría calificada en el congreso. También se ha consolidado la práctica de que la capacitación y asistencia electoral, así como la integración de las mesas de casilla sean estrictamente ciudadanas.
Cambios de gran calado como éste tardaron en llegar a las candidaturas mexicanas. La reforma constitucional de 2012 tuvo como propósito reinstalar la posibilidad de que todas y todos pudieran a aspirar a un ocupar un cargo de elección popular, independientemente de si un partido político los postulaba o no.
El derecho político a buscar ejercer la representación adquiría entonces universalidad. Desde entonces, las candidaturas independientes han representado un importante mecanismo para maximizar el derecho a ser votadas y votados.
Sin embargo, hay aún áreas de oportunidad para perfeccionar la vía independiente como auténtica herramienta ciudadana de incidencia política. La cantidad de escritos de manifestación que son presentados ante las autoridades hace necesario reflexionar sobre los requisitos actuales que prevé la norma para participar a través de esta figura.
La disminución del número de aspirantes y la baja en la cantidad de registros logrados, deben motivarnos a repensar este esquema y reorientar lo necesario para que no pierda su valor e importancia. Debe revisarse si el número de apoyos necesarios para obtener una candidatura es alcanzable y si las normas de financiamiento permiten una competencia equitativa respecto de las candidaturas partidistas.
La comunidad interamericana ha establecido que el ejercicio efectivo de los derechos ciudadanos constituye un fin en sí mismo y, a la vez, un medio fundamental para que las sociedades garanticen los demás derechos humanos previstos en el Pacto de San José. Las autoridades públicas deben propiciar las mejores condiciones y mecanismos para que dichas prerrogativas puedan ser ejercidas de forma efectiva.
En el Estado de México ya contamos con aspirantes a candidaturas independientes para diputaciones locales y ayuntamientos. Tendrán hasta el 17 de febrero recabar el 3% de la lista nominal de sus demarcaciones en apoyos de la ciudadanía. Luego de ello, podrán solicitar el registro formal de su candidatura.
Las constituciones locales de Sonora en 2005 y Yucatán en 2006, fueron pioneras en abrir este derecho político a toda su ciudadanía. Actualmente, desde lo local, tenemos mucho que aportar para perfeccionar la vía independiente. El diálogo y la discusión públicas serán indispensables de cara a los procesos electorales venideros.
POR AMALIA PULIDO
@PULIDO_AMALIA
CONSEJERA PRESIDENTA DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO
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