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Martes, 29 Octubre 2024 06:00

LA GEOGRAFIA ELECTORAL

El proceso electoral y todas sus etapas establecidas por la normatividad electoral implican un esfuerzo logístico y operativo que pocos conocen, y donde la geografía electoral ocupa un papel determinante.  De acuerdo con Miguel Ángel Valverde Loya, “La geografía electoral abarca el estudio del comportamiento y los resultados electorales en un determinado espacio geográfico. Se refiere también a la interacción entre las características geográficas de un territorio y la conformación de los sistemas electorales, así como su influencia en la toma de decisiones políticas.”.

 

Derivado de la reforma de 2014, el Instituto Nacional Electoral (INE) tiene, dentro de sus atribuciones, la geografía electoral utilizada en cada proceso de elección, y si bien es cierto, que el INE marca los tiempos y procedimientos para todos los estados, cada lugar enfrenta condiciones distintas. Por ejemplo, en el Estado de México el panorama se complejiza y se vuelve delicado porque no es lo mismo hablar de los 18 municipios conurbados de la Zona Metropolitana del Valle de México que de los municipios del sur de la entidad, los cuales comparten la zona de Tierra Caliente con los estados de Michoacán, Guerrero y Morelos, mismos que viven asolados por la violencia generada por los grupos delincuenciales.

 

Si bien el Instituto Electoral  del Estado de México (IEEM) ha consolidado, en coordinación con el INE, su capacidad de atender, adecuadamente, cada proceso electoral de acuerdo con la geografía electoral vigente, los retos en cada elección son aún mayores, máxime en un contexto como el del próximo proceso electoral 2027,  donde uno de los asuntos a resolver, será empatar la geografía judicial con la electoral, pues si bien el Estado de México tiene 18 distritos judiciales integrados en 4 regiones, la organización de la elección deberá construirse con base en la distritación electoral vigente.

 

En ese sentido, el IEEM, tal como lo ha hecho en los últimos procesos electorales, echará mano de herramientas informáticas propias que permitan, por un lado, facilitar y apoyar la operación de la elección y, por otro lado, que la ciudadanía, partidos políticos, asociaciones, etcétera, puedan acceder a información como: la ubicación de las casillas; datos de las modalidades de votación; y ubicación de Consejos Distritales y Municipales; todo de una manera sencilla.

 

Finalmente, en el 2024, la elección de diputaciones locales y ayuntamientos obtuvo una participación ciudadana que sobrepasó el 60% de la votación, mostrando que la ciudadanía está interesada en tomar en sus manos las riendas de su democracia, porque se ha demostrado que con la sinergia de instituciones electorales se puede aspirar a tomar mejores decisiones para el futuro político de la entidad. Por lo que, cualquier esfuerzo en material electoral, específicamente, en la cuestión geográfica debe estar dirigido a consolidar procesos de elección eficientes y accesibles.

La aprobación de la Reforma Judicial traerá consigo uno de los retos más importantes para los Organismos Públicos Electorales Locales: la organización de un proceso electoral inédito. De esto quedó constancia en el reciente Congreso Nacional Federalismo Judicial 2024, denominado: Los Poderes Judiciales locales de cara a la Reforma Judicial, en el que los diferentes expositores, describieron parte de los desafíos que el Estado de México, así como otras entidades del país, enfrentarán para la elección de jueces y magistrados.

 

Las representantes del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), las consejeras electorales Dra. Paula Melgarejo Salgado, la Mtra. Patricia Lozano Sanabria y la autora de esta columna, pusieron sobre la mesa, desde el ámbito técnico-normativo, algunos de los aspectos más relevantes que como Órgano Electoral enfrentaremos para la ejecución de la elección de jueces y magistrados, que busca democratizar la impartición de justicia en la sociedad mexiquense.

 

A lo anterior, se suma la reforma a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y el Código Electoral del Estado de México, de la cual derivará, la definición y características de cada una las fases de este nuevo proceso de elección; así como la adaptación de los mecanismos de conteo, cómputo, resultados, medios de impugnación, entre otros. Cabe señalar, que cada elección en el Estado de México es un reto logístico mayúsculo por el tamaño de la lista nominal —12 millones 943 391 ciudadanos en 2024— distribuidos en sus 45 Distritos Electorales y 125 de municipios, una composición geográfica distinta a la de la geografía judicial.

 

Sin embargo, un escenario poco abordado es el impacto que tendrá la experiencia del votante en la elección extraordinaria de 2025 en la participación electoral del 2027, máxime, si se considera que ésta será el primer feedback del ejercicio realizado por la autoridad electoral nacional en 2025. Recordemos que, en las elecciones intermedias donde no existe concurrencia con una elección federal para elegir al titular del ejecutivo, generalmente la participación ciudadana es menor. Si bien es cierto, que no existe una interpretación científica aceptada que nos explique el complejo fenómeno del abstencionismo en México, sí se puede detectar la existencia de un importante número de factores coyunturales que otorgan una lógica al comportamiento pasivo, activo o reactivo del electorado para asistir a las urnas el día de la jornada electoral. Por lo que la buena o mala experiencia del votante, durante este nuevo proceso, puede ser uno más de estos factores.

 

Ante este panorama, el INE y el IEEM deben fomentar y fortalecer una ciudadanía para el bienestar colectivo, a través de los vínculos interinstitucionales con la academia, sociedad civil, sector privado, entre otros. Todo con la finalidad de que se tomen decisiones informadas y fortalezca la confianza en este nuevo proceso electoral. De no hacerlo, la elección de 2027 enfrentará desafíos que irán más allá, de la complejidad que ya representan aspectos como la geografía electoral, la funcionalidad de la documentación electoral, el escrutinio en casilla y el desarrollo de los cómputos que llevarán a cabo, cada uno de los órganos desconcentrados, etcétera. En ese sentido el Órgano Electoral tiene en sus manos una responsabilidad con la democracia y la República, pero sobre todo, con una ciudadanía expectante de la ejecución de este nuevo proceso de elección.

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