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¿Cuál es la relevancia de este mecanismo de participación ciudadana? ¿su diseño permite que su objetivo y naturaleza se vean materializados?

Una revisión histórica y veloz de la democracia nos hace ver que hemos transitado de una democracia directa desde los griegos y los romanos, hasta la democracia representativa en la que la ciudadanía participa a través de su voto en las urnas.

En el caso de México, la construcción de nuestro sistema político dio a través de las diferentes reformas político-electorales desde 1989 hasta 2008 un mayor peso a establecer y fortalecer un modelo de representación política eficaz con un sistema de partidos fuerte, necesario sí para frenar el autoritarismo que privaba con el PRI como partido hegemónico, pero con el tema pendiente de resolver, la forma de empoderar a los y las ciudadanas.

Es en 2012 cuando se reforma nuestra constitución federal y se incluye la consulta popular a través de la cual la ciudadanía puede decidir sobre temas de trascendencia nacional con la posibilidad de que tal decisión sea vinculante para los órganos representativos del Estado.

La consulta popular permite estimular la participación de la ciudadanía no solo en las elecciones sino en temas que son relevantes.

Esta será la primera ocasión en la que se lleve a cabo este ejercicio y nos permitirá observar el grado de participación y las áreas de oportunidad que se tienen respecto de este importante mecanismo de participación.

Un tema a debate es sin duda el diseño constitucional de la misma, es importante considerar una verdadera posibilidad para que la ciudadanía pueda ser quien impulse las consultas dado que el porcentaje que la Constitución refiere del 2% no es sencillo de cumplir y son los partidos políticos los únicos que tienen la posibilidad de facto de iniciar las mismas.

Ejemplo de ello son los antecedentes de solicitudes de consulta popular: en 2013 se presentaron 2 en materia de la reforma constitucional en el ramo energético impulsadas una por el PRD y la otra por MORENA, una en materia de “aumento de salario mínimo” presentada por el PAN y una más sobre la eliminación de los escaños de representación proporcional en el Congreso de la Unión suscrita por el PRI las cuales fueron denegadas por la SCJN en su momento.

La participación ciudadana es un derecho humano se debe tener claro que la ciudadanía es quien tiene el rol central para ello se deben favorecer las vías y mecanismos de materialización.

Observamos que de enero a junio de 2021 se presentaron 59 quejas para ser sustanciadas a través del procedimiento especial sancionador conocido como PES, de las cuales 2 denunciaron falta de financiamiento para sus campañas, pero de ninguna existió sanción.

La pregunta obligada es entonces ¿no existe violencia? aún y con los casos difundidos en medios durante todo el proceso electoral.

Estas quejas nos permiten ver lamentablemente que sí existe violencia pero que en muchos casos no es denunciada o hay elementos que no se logran acreditar, por ello es importante continuar con una amplia difusión de lo que la violencia política es y dejar claro que ésta puede materializarse no solo en los procesos electorales sino también en el ejercicio de cualquier cargo.

Que la misma puede ser cometida indistintamente por compañeros o compañeras de trabajo, superiores jerárquicos, colegas, dirigentes de partidos políticos, medios de comunicación o particulares.

Y que la falta de criterios jurídicos unificados que permitan tener precedentes de sentencias que incorporen la perspectiva de género (obligatoria desde 2016 a través del criterio que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación) también afecta.

La perspectiva de género implica identificar prejuicios, relaciones asimétricas de poder y situaciones estructurales de desigualdad.

Solo a partir de estos elementos se puede ir visibilizando la presencia de estereotipos que generan discriminación, vulneran derechos de las mujeres y minan nuestra incipiente democracia.

En ese año 1955, se eligieron a diputados federales por la XLIII legislatura de los cuales sólo 4 fueron mujeres: Remedios Albertina, Margarita García, Guadalupe Ursúa Flores y Marcelina Galindo Arce.

A más de seis décadas del voto femenino es importante ver el avance, pero sobre todo el cúmulo de pendientes que se tienen con nuestro género, que ha luchado permanentemente por derechos que son fundamentales y que en muchas ocasiones se piensa que son una regalía, nada más falso y discriminatorio que ello.

Que las mujeres votaran permitió también que fueran votadas. El avance en este tema de ser ellas candidatas ha sido sumamente paulatino debido a todas las barreras estructurales que hemos tenido que romper y poner de manifiesto.

Con todo ello la lucha que millones de mujeres de manera individual y colectivamente han realizado durante generaciones en el mundo y en nuestro país ha hecho que pasemos de un sistema de simples recomendaciones a un sistema de pro cuotas, cuotas hasta llegar a la paridad y de ahí a la paridad total consagrada como principio constitucional.

Sin embargo, hay resistencia para que las mujeres logren llegar verdaderamente a espacios de toma de decisión importantes.

En nuestra entidad en septiembre de 2020 se publicaron reformas en materia de paridad y violencia política de género contra las mujeres en razón de género con el fin de avanzar en la igualdad sustantiva de mujeres y hombres.

Hoy en día es obligatorio postular 50% de mujeres y 50% de hombres no obstante nos damos cuenta de que la paridad entre mujeres y hombres no se alcanzó en esta elección.

En la próxima conformación del Congreso del Estado 45.33% son mujeres y 54.67% hombres. Sólo 34 mujeres de un total de 75 escaños nos permiten dar cuenta que por sí misma la postulación paritaria de candidatas no es suficiente para alcanzar la paridad.

A nivel nacional hemos visto el importante papel que juegan los órganos administrativos en el tema de la paridad, un ejemplo claro es el INE y varios organismos públicos locales que generaron acciones afirmativas para mujeres y grupos históricamente discriminados.

También están los órganos jurisdiccionales que son garantes de los principios constitucionales entre los que se encuentra la paridad.

Las mujeres desean participar en la política de manera activa. Estamos obligados y obligadas a derribar la exclusión en la que han estado en el ámbito político.

Desde su raíz demos que significa pueblo y kratos que es poder; las sociedades contemporáneas y liberales tienen claro que la soberanía reside en el poder del pueblo quien tiene el inalienable derecho de cambiar su forma de gobierno.

Así las elecciones son una parte fundamental en los sistemas democráticos pues es a través de ellas que la ciudadanía ejerce su derecho de elegir a quienes serán sus representantes para atender sus demandas.

Ahora bien, si la democracia es lo mejor que tenemos ¿Cuáles son los dilemas de la misma? ¿Cuál es esa problemática que coexiste permanentemente? ¿Qué es lo que debe ser modificado para fortalecerla?

Respecto de la primera pregunta la propia génesis de la democracia presenta un dilema basado en la desconfianza que hace que el régimen democrático tenga características de ser vigilado, distribuido y controlado para que funcione correctamente.

El poder no puede estar concentrado en una sola persona, en un solo grupo, eso era muy común que ocurriera hace 40 años cuando existía un solo partido en el poder: el PRI. A partir de una serie de reformas constitucionales en materia electoral se logró un cambio importante que dio paso a la pluralidad de fuerzas políticas actuando en diferentes espacios generando un sistema de pesos y contrapesos, éstos son parte de la respuesta al segundo cuestionamiento y que tiene que ver en cómo funcionan en la realidad.

Pues aún con su beneficio en muchas ocasiones esta vigilancia y control necesarios se utilizan para crear suspicacia y critica de quienes ocupan espacios de representación, en este sentido lamentablemente la historia política de nuestro país y de la entidad mexiquense ha dado cuenta de actos contrarios a la democracia como corrupción y uso indebido del poder, ahí parte de uno de los dilemas.

A unos días de haber pasado la elección más grande de la historia se hace patente fortalecer a la democracia. Un punto importante es considerar a la ciudadanía no solo para las urnas sino como la mayor virtud que tiene el régimen democrático.

Se debe robustecer a la sociedad civil, atender los problemas y denuncias de la ciudadanía, de los colectivos de feministas, defensores de derechos humanos, ecologistas, periodistas y todos aquellos grupos históricamente discriminados.

En una democracia incipiente como la nuestra más nos valdría hacer parte a los y las ciudadanas de la política, la misma no puede seguir concentrándose en grupos de poder que le den la vuelta a la realidad social de pobreza y desigualdades que es palpable.

Sin lugar a duda la pobreza es un gran pendiente para resolver, por ello en la agenda 2030 poner fin a la misma es el primero de los 17 objetivos de Desarrollo Sostenible, vaya tarea.

También es un problema de derechos fundamentales relacionado directamente con el de la igualdad.

Visto como un principio, la igualdad establece que todos somos iguales por el simple hecho de ser seres humanos y generalmente es concebida en términos de igualdad ante la ley.

Sin embargo, en relación con la pobreza, la igualdad debe ser vista considerando diferentes variables tal y como lo refirió Amartya Sen, Premio Nobel de Economía de 1998.

¿Cuáles son estas otras variables? Considerar por ejemplo que las personas somos diversas y que la igualdad de oportunidades para el bienestar requiere analizar por ejemplo la constitución física de las personas, la nutrición, el espacio geográfico en el que se vive, la edad, el sexo, la propensión a las enfermedades, las condiciones físicas y mentales.

Todas estas capacidades que nos hacen desiguales y que deben ser consideradas al momento de proyectar políticas públicas que estén encaminadas a dar solución a la condición de pobreza que existe.

Por ejemplo, nuestra entidad lamentablemente presenta datos que son de especial atención. De acuerdo con cifras del CONEVAL en la última y más reciente medición de la pobreza en la entidad 7,546.5 miles de personas que representan un 42.7% de la población se encuentran en situación de pobreza y sólo 3,610.5 miles de personas que representan un 20.4% están considerada como población no pobre y no vulnerable.

Como se observa es un gran contraste el que existe más aún si se considera que entre estos dos extremos tenemos datos de población en situación de pobreza extrema, población vulnerable por ingresos y vulnerable por carencias sociales sin contar los efectos de la pandemia del COVID-19.

Erradicar la pobreza es un tema que debe ser puesto como prioridad en las agendas políticas en un estado tan diverso, plural y con los índices de pobreza que presenta.

La democracia no se queda solo en la parte electoral. La democracia exige trabajar en propuestas sólidas para ir cerrando las brechas de inequidad que hay y para ello siempre será necesario considerar las variables ya referidas.