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La democracia moderna es un sistema de gobierno en el que las ciudadanas y los ciudadanos de un país eligen a sus gobernantes por medio del sufragio universal, directo, libre y secreto; siempre bajo la premisa inquebrantable del respeto a la libertad, tolerancia, igualdad y pluralidad. En la actualidad, la mayoría de los países han optado por una forma democrática de gobierno.

Ello, toda vez que en la democracia el pueblo es el núcleo central de las decisiones públicas, reconociéndose una serie de derechos y prerrogativas a sus gobernados e imponiéndose ciertas prohibiciones a los gobernantes para con su población. Así pues, la democracia es una forma de gobierno en la que el pueblo es el origen, el sostén y la justificación del poder público.

Al respecto, Michelangelo Bovero nos enseña que, en cuanto forma de gobierno, la democracia es definida por un conjunto de reglas que tienen que ver con el quién y con el cómo de las decisiones políticas; a quién le corresponde decidir y basándose en qué procedimientos, en el entendido de que las reglas de la democracia mandatan el reconocimiento del derecho de la ciudadanía de poder influir sobre las decisiones públicas.

En cuanto a los mecanismos de democracia directa, es decir, de aquellos instrumentos a través de los cuales la ciudadanía puede ejercer directamente su poder soberano, como en el caso de la consulta popular, plebiscito, referéndum iniciativa popular y revocación de mandato, entre otros. En nuestro país, ejemplo de ello, lo observamos en el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 7, párrafo 4, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, los cuales disponen que es derecho y obligación de la ciudadanía, votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional, en los términos que determine la ley de la materia y en los procesos de participación ciudadana que estén previstos en la legislación correspondiente.

En este sentido, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, ha tenido a bien señalar la importancia de las figuras de democracia participativa al precisar que se trata de mecanismos que permiten que los ciudadanos se pronuncien directamente sobre políticas públicas, esto es, sin delegar el poder de decisión en representantes. De este modo, la participación directa de la ciudadanía en la toma de decisiones públicas ofrece un medio, formal e institucional, de controlar al Estado.

Por lo que hace al ámbito local, el artículo 41 constitucional, base V, Apartado C, dispone que en las entidades federativas, las elecciones locales y, en su caso, las consultas populares y los procesos de revocación de mandato, estarán a cargo de los organismos públicos locales en los términos que la propia Constitución establece, los cuales ejercerán funciones en cuanto a la organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados en los

mecanismos de participación ciudadana que prevea la legislación local, entre otras materias.

Ello representa una facultad exclusiva de los citados organismos públicos locales electorales, en el contexto de la distribución de competencias entre éstos y el Instituto Nacional Electoral. En el caso específico del Estado de México, el Código Electoral regula los mecanismos de participación ciudadana de consulta popular y referéndum, y la Constitución local prevé la prerrogativa de la ciudadanía de iniciar leyes, mecanismos que analizaré en mis próximas colaboraciones en este medio, por lo que en esta ocasión, sólo los dejaré enunciados.

De esta manera, la finalidad de implementar mecanismos de participación ciudadana en el sistema electoral mexicano, es robustecer el poder soberano de la ciudadanía, generándose las condiciones necesarias para que exprese su voluntad y que ésta sea ejecutada, en el marco de una democracia participativa.

Lo anterior, toda vez que los mecanismos de participación permiten someter a consideración de la ciudadanía temas de trascendencia nacional, mediante procesos de votación democráticos y transparentes, lo que contribuye a consolidar la participación directa de las ciudadanas y ciudadanos en la toma de decisiones públicas; más participación para una mejor gobernabilidad. Esto habida cuenta de que la participación de la ciudadanía en las decisiones relativas a su propio desarrollo es un derecho y una condición necesaria para el pleno y efectivo ejercicio de nuestra democracia.