Comunicación
Social

El pasado 14 de abril de este año, entraron en vigor reformas y adiciones a seis leyes generales y dos leyes orgánicas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia política en contra de las mujeres mexicanas. Este paquete de reformas contribuye al fortalecimiento de la igualdad de género en los ámbitos político y electoral.

Con ello, se dan herramientas normativas que reivindican los derechos de las mujeres en el país y permite la consolidación de la democracia incluyente, a través del establecimiento de mecanismos para la implementación de una plena y eficaz participación política de las mujeres dentro y fuera de los procesos electorales. Situación que implica no sólo que las mujeres puedan participar activamente en condiciones de equidad frente a los hombres dentro de los comicios, sino también, que una vez obtenido el triunfo electoral en las urnas puedan asumir y sobre todo, ejercer libremente el cargo público que la soberanía popular les haya otorgado, sin trabas, obstáculos, descalificaciones o limitaciones basadas en elementos de género o estereotipos antidemocráticos por la sola condición de ser mujer y que impliquen menoscabar su imagen pública o limitar en cualquier forma y en cualquier grado, sus derechos políticos y electorales.

Cabe recordar que, la lista nominal de electores del país se integra mayoritariamente por mujeres, en un 52%, razón por la cual ante las recientes reformas aprobadas a nivel nacional es fundamental que las legislaturas de las entidades federativas armonicen en breve el marco normativo local para prevenir, sancionar y sobre todo erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género, a efecto de evitar cualquier intento de frenar u obstaculizar el desarrollo político de las mujeres, de cara a los próximos procesos electorales. Es decir, reformas que permitan la materialización en la consolidación de los derechos políticos de las mujeres y la erradicación de prácticas discriminatorias que trastoquen dichos derechos. Por ende, en la armonización legislativa local, considero que se podría incorporar una instancia pública que defienda a las mujeres que se vean vulneradas en el ejercicio de sus derechos político-electorales. Dicha instancia podría estar integrada al órgano administrativo electoral local, con la finalidad de que se pueda atender eficazmente la prevención y erradicación de la violencia política.

Este ente defensor tendría como funciones las relativas a elaboración y difusión de información sobre la violencia política contra las mujeres en razón de género, emisión de opiniones técnicas sobre los temas que se le formulen respecto de este tema, así como brindar asesoría y acompañamiento a las mujeres ante las instancias estatales encargadas de sancionar las conductas que constituyan acciones u omisiones en la materia en los ámbitos electoral, penal y de responsabilidades administrativas.

Estoy plenamente convencida de que esta propuesta contribuiría a remover y/o disminuir los obstáculos sociales, políticos, culturales o de cualquier otra índole que impidan a las mujeres gozar o ejercer de manera real, efectiva y libre sus derechos políticos y electorales en condiciones de paridad frente a los varones.