Durante las últimas semanas, las protestas por la violencia policial en los Estados Unidos hacen sobresalir inquietantes manifestaciones de rencor, encono y malestar social. El costo de la mala praxis policial tiene múltiples ingredientes, genera un efecto progresivo con consecuencias a corto y mediano plazo, tanto sociales como políticas y económicas. Puede romper comunidades e impulsar una creciente desconfianza hacia la autoridad.
Sigue siendo la raza un elemento importante de la brutalidad policial, el trato que la policía da a las minorías se ha resistido tenazmente al cambio. Como todo ser humano, los agentes de policía son falibles, enfrentan situaciones peligrosas que exigen decisiones rápidas. Obedecen protocolos, ahora ya modificados, y su margen de acción parece reducido, sin embargo, el exceso en el uso de la fuerza se ha vuelto cotidiano.
Cada nuevo incidente relacionado con el atropello de la policía a un afroamericano, a un hispano o a un miembro de otro grupo minoritario, refuerza la idea de que algunos residentes son víctimas de tratos especialmente duros y discriminatorios. Hasta que surgen los escándalos, la mayoría de los departamentos de policía siguen operando como siempre. Alegar que cada violación destacada de los derechos humanos es un hecho aislado cometido por un agente que actúa individualmente, es no entender que las vejaciones persisten, en extrema medida, por las deficiencias evidentes de los sistemas de responsabilidad.
Cuál es el costo de la brutalidad policiaca en un país donde despacha un presidente impulsado por una retorcida interpretación de la supremacía blanca. Más allá de la crisis de legitimidad que enfrenta la policía estadounidense, el trauma colectivo que experimenta toda, o casi toda, la sociedad, trasciende la esfera económica y se instala de manera plena en la contienda política. De muchas formas, la continua impunidad que ha institucionalizado el abuso es un desafío para la democracia en Estados Unidos. Coartar los derechos ciudadanos mediante el patrullaje de las calles, está convirtiendo en mentira la promesa constitucional de garantizar la igualdad de protección ante la ley.
Vesla Weaver, politóloga de la Universidad de Johns Hopkins, afirma que, para las comunidades, la policía es la manera en la que interpretan la democracia estadounidense. Estudiosa de la labor policial y la legitimidad democrática, explica con riguroso detalle los vínculos que, desde sus experiencias con la policía, la ciudadanía establece con la idea de democracia. Hasta hace poco, el debate dominante trataba a los asesinatos policiales como incidentes aislados de errores cometidos en lo individual. En lugar de aludir a las predecibles consecuencias de problemas sistémicos, abordaban con menosprecio el tema de unas cuantas “manzanas podridas”.
En una sociedad dividida, polarizada por el discurso gobernante, la incapacidad de contener esas “manzanas podridas” dentro de la policía y las fuerzas de seguridad, no es un problema de capacidad sino de decisión política. Kate Cronin-Furman, profesora en la University College de Londres, habla del mensaje que se da a las minorías marginadas en un sistema que tolera y protege la brutalidad policiaca, nunca estarán a salvo y su humanidad siempre será cuestionada.
Hace siete días Donald Trump firmó un decreto que prohíbe a la policía las llaves de estrangulamiento, subrayando su voluntad de restaurar “la ley y el orden” destaca la necesidad de reunir a la policía y la comunidad. Habrá elecciones presidenciales el próximo 3 de noviembre, veremos cuál es la percepción ciudadana de esto y del mensaje contestatario de su presidente.
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