Comunicación
Social

En esta primera etapa de precampaña los resultados nos permiten dar cuenta del trabajo que aún tenemos que hacer sobre todo respecto a la perspectiva de género. Quienes monitorean tomaron un curso para poder identificar estereotipos, detectar cualquier forma de discriminación e incluso violencia política contra las mujeres en razón de género.

Algunos datos relevantes en este punto son que, de 16,465 menciones, 3,474 correspondieron a hombres y 3,456 a mujeres, mientras que 9,535 no se especificaron. De las menciones que promueven la participación política de las mujeres por tipo de medio de comunicación: de 16,465 menciones, solo en 292 menciones en medios impresos se promueve la participación política de las mujeres.

En internet se registraron 1,307 menciones para mujeres contra 1,494 para hombres. Si bien en radio y televisión se registraron 1,166 menciones para mujeres en contraste con 880 para hombres, es razonable al estar contendiendo en esta etapa 2 mujeres.

De ese universo de 16,465, el 21% (3,456) de las menciones corresponden a mujeres, 21% (3,474) fueron para hombres y 58% (9,535) no incluyeron especificación de género. En el fondo no debe considerarse como equilibrado el número de menciones que refieren a mujeres y hombres, sobre todo, si son mujeres quienes participan. Es claro que se requiere seguir explicando lo que la igualdad sustantiva significa y los medios para llegar a ella.

En cine no se llevó a cabo monitoreo y este es también un tema que debemos mejorar quienes integramos el Consejo General, pues tendríamos que ver la forma de hacer posible que nuestros monitoristas puedan acudir a las salas al igual que lo realiza el INE, para tener un monitoreo completo.

Toda vez que el objetivo de este monitoreo es dotar a la ciudadanía de información cierta, oportuna completa, plural e imparcial para fortalecer un voto informado y razonado, también ser parte de la fiscalización que lleva a cabo el INE para verificar que no exista rebase del tope de gastos de precampaña, pues la violación de este puede ser sancionado con la negativa de registro de la candidatura.

En México, alrededor de 6% de la población vive con alguna discapacidad, porcentaje que representa más de 5 millones de personas[1] y debe quedar claro que, la discapacidad no puede ser un motivo ni criterio para privar a las personas del acceso a programas de desarrollo y del ejercicio de los derechos humanos, tal y como lo refiere la Agenda 2030.

Respecto del voto en prisión preventiva, el 20 de febrero de 2019, la Sala Superior resolvió las sentencias SUP-JDC-352/2018 y SUP-JDC-353/2018[2], cuyos efectos precisaron que las personas en prisión que no han sido sentenciadas tienen derecho a votar porque se encuentran amparadas bajo la presunción de inocencia y que el INE debía implementar una primera etapa de prueba para garantizar el voto activo de los presos no sentenciados a fin de garantizar su derecho a votar.

En cifras, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2021 realizada por el INEGI, la población privada de la libertad en México durante ese año fue de 220.5 mil personas, de las cuales, 94.3% corresponde a la población de hombres y 5.7% corresponde a la población de mujeres. El INE en el proceso electoral de 2021 implementó esta prueba en cinco Centros Federales de Readaptación Social (CEFERESOS) en Sonora, Guanajuato, Chiapas, el Femenil de Morelos y Michoacán, toca el turno a nuestra entidad.

Sobre el voto presencial de mexiquenses que radican en el extranjero, las casillas se instalarán en los Consulados de Los Ángeles, Chicago y Dallas en Estados Unidos y en Montreal, Canadá; lugares elegidos de acuerdo con el número de matrículas consulares expedidas.

Esta será, como lo anticipé, una elección incluyente cuyos resultados será importante analizar para posteriores ejercicios.

_{[1] Datos de la División de Rehabilitación Pediátrica del Instituto Nacional de Rehabilitación.}

_{[2]Derivado de 2 escritos presentados por personas aprehendidas por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas}

La medida en que las mujeres han ido dejando atrás los estereotipos de género que se reproducen al interior de la familia, la escuela, el trabajo, entre otros, y despegándose del piso pegajoso, que es el término empleado para referirse a las dificultades a las que se enfrentan las mujeres en comparación con los hombres para abandonar puestos de trabajo precarios o con peor remuneración, la violencia ha ido en aumento.

Lo mismo pasa en el ámbito político con los techos de cemento donde las mujeres que deciden no incursionar en la esfera política lo hacen por los altos costos personales y familiares que se autoimponen como parte del sistema patriarcal. Y cuando decidimos participar, nos enfrentamos a violaciones que son, en la mayoría de los casos, sistemáticas por parte de los hombres que portan la bandera del género, pero son los primeros y más violentadores. A pesar de contar con mecanismos como el PES[2], este no ha logrado que se sancione a quienes vulneran los derechos de las mujeres.

Es necesario redoblar esfuerzos para informar qué actos, omisiones o tolerancias configuran violencia contra las mujeres. Es necesario conocer la Convención Belem Do Pará: el primer instrumento internacional vinculante en reconocer que la violencia contra las mujeres es una violación sancionable de derechos humanos y que define la violencia como aquel acto que cause muerte, dolor, sufrimiento físico, sexual o psicológico a una mujer, tanto en lo privado, como en el ámbito público.

Nos encontramos en proceso electoral con mujeres participando en la etapa de precampaña, pero también con muchas mujeres en espacios de toma de decisión, mujeres militantes, simpatizantes, mujeres en la sociedad civil, empresarias, líderesas de opinión, capacitadoras electorales, comunicadoras, reporteras, un sinfín de mujeres que, en caso de ser violentadas, debemos alzar la voz y no callar ninguna vulneración a nuestros derechos humanos. ¡No es no! a cualquier tipo de violencia de género.

Durante muchos siglos atrás las civilizaciones más antiguas sortearon su permanencia y forma de organización política, desde la caída del Imperio Romano de Occidente hasta la Alta y Baja Edad Media de los siglos XI y XV en los que la política era solo fuerza: la fuerza de quien era o se convertía en el más fuerte de entre los reyes, duques y príncipes, hasta que se llegó a la época de las revoluciones que lograron que el reducido grupo que detentaba el poder tuviera que hacer concesiones que nunca antes había pensado y fue cuando apareció el concepto de democracia liberal.

A pesar de que en algunos círculos hay actos incorrectos y contrarios a las virtudes democráticas, hay que reconocer que la democracia como sistema de gobierno se ha impuesto y con ella se garantiza el respeto a los derechos humanos, civiles y políticos de los individuos, no solo eso, también ha dejado clara la relevancia del respeto a la libertad, esa que Benjamín Constant expresó en su discurso en 1819 y que definió la estructura del Estado Moderno.

La libertad de nuestros días hace que nos encontremos sometidos a leyes donde no nos pueden detener, arrestar o maltratar de forma arbitraria si no es bajo lo que la ley dice.

Libertad que tenemos para dedicarnos al oficio o profesión que nos satisfaga, el derecho de reunión y asociación. Estas libertades son parte de la democracia, y con ellas, la libertad de participar en los asuntos públicos a través de la elección de las personas que queremos que nos representen en los diferentes ámbitos de gobierno.

Entender la democracia que hoy tenemos implica también ejercer esos derechos y exigir de quienes se encuentran como funcionarios públicos de cualquier nivel que cumplan cabalmente con su encomienda.

De la autoridad electoral se exige y espera actuar con legalidad, certeza, máxima publicidad en sus decisiones. Pero quizás, por la propia historia de nuestra entidad la que, sin duda estará muy observada, será la imparcialidad con la que actuemos.

Resulta de multiplicar el 65% del valor diario de la UMA vigente en el 2023 es de: $103.74[1], equivalente a $67.431 por el número total de la ciudadanía inscrita en el padrón electoral de la entidad con corte a julio del año 2022, que es de 12,474,257 dando como resultado la cantidad de $841,151,623.77 (ochocientos cuarenta y un millones, ciento cincuenta y un mil, seiscientos veintitrés pesos 77/100 M.N.), que será distribuida en un 30% de forma igualitaria y un 70% proporcional directa a su votación válida efectiva obtenida en la última elección de diputados locales, es decir, la de 2021.

Las cantidades son muy altas, y por ello, la ciudadanía muestra descontento al no ver satisfechas las demandas sociales respecto a la inseguridad, los servicios públicos, la salud, la erradicación de la violencia contra las mujeres, por mencionar algunos.

Este año los 8[2] partidos tendrán, además de la cantidad anterior, $420,575,811.88 (cuatrocientos veinte millones, quinientos setenta y cinco mil ochocientos once pesos 88/100 M.N) para la obtención del voto en la campaña para renovar la Gubernatura y $25,234,548.71 (veinticinco millones, doscientos treinta y cuatro mil quinientos cuarenta y ocho pesos 71/100 M.N) para el desarrollo de actividades específicas, en donde se encuentra el 3% para el liderazgo político de las mujeres, mismo que resulta insuficiente para cerrar la brecha de desigualdad que existe.

Nuestro país tiene un financiamiento mixto en el que prevalece el público, son recursos de toda la ciudadanía y es necesario que se debata si la fórmula es adecuada, sobre todo considerando los índices de pobreza y desigualdad que hay. Sin duda vienen momentos para escuchar propuestas.

[1] Con base en el cálculo y determinación del valor actualizado realizado por el INEGI publicado en el DOF el diez de enero de dos mil veintitrés, se dio a conocer que el valor diario de la UMA es de $103.74 (ciento tres pesos 74/100 M.N.), mismo que estará vigente a partir del primero de febrero de dos mil veintitrés.

[2] PAN, PRI, PRD, PT, VERDE, MOVIMIENTO CIUDADANO, MORENA, NUEVA ALIANZA.