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A pesar de ello y que en la Constitución del Estado de México también lo contiene hay una realidad cruel y adversa para millones de personas que fueron expulsadas de su municipio, de su casa, de su familia con el objetivo de buscar condiciones de vida distintas a las que la tierra mexiquense les ha ofrecido solo en papel por décadas.

Desde la época del programa Brasero (1942) ya se proveía de fuerza de trabajo humana a Estados Unidos, hoy en día somos la entidad 4 de todo el país expulsora de migrantes.

En los foros que la Comisión Especial para el voto de los mexiquenses residentes en el extranjero para el proceso electoral 2023 ha llevado a cabo en los Municipios que tienen la mayor tasa de matrículas consulares como son San Felipe del Progreso, Tejupilco, Ecatepec y Nezahualcóyotl. Los y las mexiquenses migran porque no tienen aquí las condiciones para poder subsistir, van en busca aún del sueño americano con todas las dificultades peligros y violación de derechos humanos que existen.

Hay quienes cuestionan porque en esta elección solo hay 5,469 mexiquenses que se registraron en la lista nominal de electores residentes en el extranjero, tratare de explicar de forma breve que pasa.

En primer lugar, no se logra comprender que quien migra lo hace para tener lo que aquí no consigue: comida, vivienda digna, calzado, salud, educación por mencionar lo mínimo para sí y para su familia lo que implica que millones están en condiciones de inmigrantes que difícilmente darán sus datos o acudirán al consulado por miedo a ser deportados, irse también tiene un alto costo, hay familias que ahorran y gastan todo para lograr cubrir el gasto que implica pasar al otro lado.

Por otra parte, cuando se está ya estable nuestros connacionales tienen hasta 3 trabajos porque allá la vida es cara y además deben enviar dinero a su Municipio; ingreso por remesas que para el Estado de México representaron para 2022: 3,156.1 millones de dólares, es decir, aportó en este rubro el 6.0% a nivel nacional[1].

Estos son solo dos grandes causas, hay más. A pesar de ello la cifra que tenemos en relación con el 2017 en donde solo se registraron 365 creció 1,398.36% para este 2023.

A pesar de haber quienes incorrectamente se empeñan en ver este ejercicio democrático en función del costo- beneficio, habrá que recordarles que los derechos humanos no tienen precio y son en esta entidad una deuda histórica.

El registro de las plataformas electorales desde hace mucho tiempo ha sido un requisito para el registro de candidaturas a todo cargo de elección popular, el contenido de dicha plataforma electoral, será la que las candidatas que lo obtengan están obligadas a sostener y difundir a lo largo de las campañas electoral en que participan.

Las plataformas electorales son propuestas de carácter político, económico y social, enarboladas por los partidos políticos que deben estar sustentadas en su declaración de principios y programa de acción que son documentos básicos de los partidos políticos que contienen la esencia de sus ideales de un Estado y todo lo que el mismo conlleva.

Queda claro que para tener registro de candidatas hay que tener el registro de la plataforma, ahora vienen las interrogantes y los cuestionamientos que pueden ser varios entre ellos ¿la ciudadanía que elige a quien gobierna conoce el contenido de las plataformas? ¿su contenido se materializa? ¿existe un mecanismo vinculante que logre verificar que cumplen quienes arriban a los cargos públicos con lo que se ofertó en la plataforma electoral?

Hoy en día hay una grave crisis en la democracia a nivel mundial, pero en el caso de nuestro país lo que se observa es un fenómeno muy grave que debilita todos los días lo que se ha construido en décadas por miles de mexicanos y mexicanas que incluso perdieron su vida por exigir libertad de expresión, por ser reconocidos como minoría y tener derecho a participar en las elecciones.

Hoy se debe tener claro que esa democracia anhelada ha pasado por crear y modificar instituciones, claro que es válido citar autores y especialistas en democracia, pero no se debe abonar a la polarización que existe y que sigue en aumento.

La democracia es lo mejor que hasta hoy tenemos, por ello las herramientas y mecanismos que tiene para afianzarla deben ser usadas, las plataformas deben ser dadas a conocer en su contenido a la ciudadanía y crear un mecanismo vinculante que permita verificar que se materializan por quien gane la contienda en los años de su encargo.

El pasado 8 de marzo la sociedad mexicana fue testigo de la fuerza que las mujeres tenemos para poder salir a la calle, exigir respeto, justicia, igualdad y fin a la violencia de cualquier tipo.

En política hace muy poco tiempo se estableció la tipificación del concepto de violencia política en razón de género, eso ocurrió en 2020. Quizás por ello es tan difícil que las personas que violentan con palabras, expresiones y lenguaje corporal no entiendan que su conducta además de violenta, lacera y vulnera los derechos humanos tales como el derecho político de participar, expresarse y hasta disentir en un sistema democrático.

La violencia que se vive, ya sea: hostigamiento laboral, sexual u obstaculización del ejercicio del cargo a través de los estereotipos que son las ideas, cualidades y expectativas que, quien violenta a las mujeres quiere atribuirnos desde su óptica, es muy grave.

Descalificar, decir qué es lo que una mujer en un cargo público en ejercicio de sus funciones debe hacer, cómo lo debe hacer, qué sí debe decir, de qué sí se debe ocupar o preocupar: es violencia; son creencias que se tienen desde la masculinidad machista de algunos hombres, para justificar la discriminación de género reforzándola incluso en prácticas institucionales que se normalizan.

Hay una gran negativa a considerar que los estereotipos de género son violencia. Actualmente se tiene el PES[1] que un mecanismo jurídico para denunciar violencia política en el que existe 1 elemento que es, quizá, el más difícil de acreditar para todas las mujeres que decidimos denunciar y es el relativo a que es por razón de género, es decir, que se dirige a una mujer por ser mujer.

A pesar de ello, estoy convencida de que hacerlo es lo correcto, todas las mujeres que somos violentadas debemos denunciarla, es el primer paso para cambiar la cultura patriarcal que vivimos.

Las mujeres que ocupamos un cargo público tenemos facultades definidas en los diversos cuerpos normativos que nos rigen; en mi caso, siempre he expresado la forma en la que construyo y expreso mis decisiones apegadas en todo momento a la legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza y paridad.

Hay aún un gran camino que avanzar para erradicar la violencia. Como defensora de esta causa, estoy obligada a sentar un precedente en el IEEM de la violencia de la que fui objeto, a mostrar sororidad con quienes aún tienen miedo de denunciar y de externar a la sociedad y a quienes forman parte del poder legislativo, que fue un gran acierto legislar sobre la violencia, pero también ahora, a revisar su eficacia en la totalidad del procedimiento: todas las mujeres de la entidad lo necesitamos.

_{[1] Proceso Especial Sancionador.}

La reforma electoral se consumó a través de instituciones y del ejercicio del principio mayoritario que se vincula con ellas y que no pueden funcionar de otra manera que a través del uso de este principio, el cual define a la democracia como lo ha expresado en sus obras Dieter Nohlen. Guste o no, la reforma está hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva lo contrario.

Mientras ello sucede es importante tener claridad de lo que estipula para poder responder con objetividad y certeza a los cuestionamientos que desde diferentes espacios nos realizan: un ejemplo es ¿el INE desaparece? La respuesta es: No desaparece pues la reforma expresamente dice que, tanto el Instituto como los Órganos Públicos Locales de las entidades federativas, ahora integran el Sistema Nacional Electoral y tienen a cargo la función de organizar elecciones y consultas en su ámbito de competencia.

Lo que sí hay son cambios, uno de los más profundos es que los órganos centrales del INE ahora son exclusivamente el Consejo General y la Presidencia restándole poder a la Secretaria Ejecutiva, la cual no desaparece pero que ahora tiene un papel acotado y sin posibilidad de articular y ejecutar diversas acciones como antes lo hacía.

Otro cambio está en las 32 delegaciones de las entidades que tampoco desaparecen, pero que ahora se denominan órganos locales y los cuales tienen una reducción en el número de vocales que los integran que antes era de 5 y ahora será de 3; al igual que los 300 distritos uninominales ahora denominados órganos auxiliares, los cuales también se reducen en integración.

Se incluyeron los principios de austeridad, eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez y se estipula que la remuneración para las personas Consejeras Electorales no podrá ser mayor a la establecida para el Presidente de la República.

El tiempo es líquido, ante él nada se detiene, incluido el actual proceso electoral mexiquense que, ya de por sí, tiene sus temas y naturales conflictos, en este contexto se requiere de nuestra total concentración como autoridad electoral para salir avante, a la par del análisis y proyección de los cambios que tendrán que realizarse de cara al 2024 en tiempos muy cortos.

_{[1] Diario Oficial de la Federación}

A pesar del gran interés también, en algunos casos, se expresa preocupación sobre todo respecto de la confianza que se tiene en estos dispositivos, sin embargo, usar la tecnología en los procesos electorales es correcto, especialmente, si reduce los tiempos y los costos de la organización sin que ello implique dejar de tener los candados suficientes que den certeza de los resultados y de la voluntad de la ciudadanía para elegir a quien la represente.

En este proceso electoral se espera que el Estado de México cuente con urnas electrónicas en algunas de las casillas. Habrá que ver la propuesta del INE para saber en qué lugares y secciones podrá llevarse a cabo este ejercicio que, sin duda, será inédito en nuestra entidad. En este sentido, el IEEM tiene una oportunidad para que en el presente inmediato pueda generar, como otras entidades, el diseño y la fabricación de urnas propias con las cuales aún no contamos. Recuerdo que, en diciembre de 2021, solicité un diagnóstico de factibilidad para el uso de la urna electrónica con miras a migrar paulatinamente a ellas debido a la implementación que el INE ha hecho.

Sin duda, al ser un mecanismo mediante el cual se reciben y cuentan de manera electrónica los votos de la ciudadanía a través de un sistema que registra de forma automática el total de votantes y los votos que cada partido y candidatura obtenga, agiliza el proceso de votación, ayuda en los tiempos al cierre de la casilla y ahorra en el gasto de papel; con la obligación de revisar el modelo de operación, verificar los estándares de seguridad y el plan de continuidad para cualquier imprevisto.

Con esta implementación en el Estado de México nos situamos en la modernidad de hacer elecciones, muestra clara de que ¡no todo tiene que ser como siempre se ha hecho!