En los últimos meses, la discusión sobre el sistema electoral mexicano ha vuelto a ocupar titulares con una reforma próxima gestándose desde la Presidencia de la República. En un país que construyó su transición democrática a partir de mejoras sucesivas en su modelo electivo, el tema no debe sorprender. Siempre hay espacio para el fortalecimiento de la participación ciudadana y las instituciones.
Paradójicamente, el hecho de que el sistema mexicano sea tan confiable y robusto es ahora la fuente de preocupación. Es mucho lo que se ha ganado y no debe ponerse en juego. ¿Cómo innovar sin desmantelar aquello que, con esfuerzo y aprendizaje acumulado, ha demostrado funcionar?
La política comparada ofrece algunas pistas. Las reformas que mejor han resultado en el mundo se construyen a partir de la escucha a la ciudadanía y a los actores políticos. Parten, también, del conocimiento técnico que la academia, las instituciones electorales y las organizaciones especializadas pueden aportar. Resultan de diagnósticos precisos y planes de acción que incorporan rutas y mejores prácticas probadas en otras latitudes.
Con esa convicción, la semana pasada participé en la Audiencia Pública que la Comisión Presidencial celebró en Toluca. Esperé a su llegada a esta ciudad porque considero que la escucha a las entidades federativas es – en sí mismo – un símbolo de pluralidad y compromiso federalista con el que bien empieza el proceso reformador.
En primer término, me referí al papel que desempeñan los institutos electorales de las entidades federativas. Lejos de ser simples extensiones administrativas, han constituido auténticos laboratorios de innovación democrática. La urna electrónica, la paridad horizontal, el Centro de Formación del IEEM o el voto trans constituyen – entre otros – innovaciones que surgieron desde el ámbito de los estados y luego adquirieron carta de naturalización nacional.
Centralizar las funciones en una sola estructura nacional significaría cerrar la puerta a esa diversidad creativa e introducir cuellos de botella que ponen en riesgo la integridad electoral. Sugiero, entonces, repensar el marco de competencias y diseñar esquemas de cooperación más eficientes entre autoridades nacional y locales. No se trata de retroceder, sino de redistribuir responsabilidades de manera estratégica.
Otro eje ineludible de la reforma es el presupuestal. Si bien la austeridad es invocada como principio rector, no debe confundirse con precariedad. Reducir costos no significa debilitar la calidad democrática. Existen áreas donde el ahorro es compatible con la innovación: una de ellas es la incorporación responsable del voto electrónico. Su implementación podría modernizar los procesos y disminuir significativamente los gastos recurrentes. Sin embargo, no basta con la voluntad política y avance tecnológico, pues el cambio debe sustentarse en un proceso pedagógico de construcción de confianza que por décadas ha sido el talón de Aquiles de la democracia mexicana.
Finalmente, las reformas deben concebirse como procesos de innovación institucional más que como rupturas. Las transformaciones abruptas, especialmente en materia electoral, generan incertidumbre y riesgos operativos. Por eso propuse que la reforma que resulte se implemente a partir de cambios graduales que permitan consolidar aprendizajes, fortalecer capacidades y mantener la estabilidad política.
Escuchar a los estados es reconocer que en la diversidad del país se tejen los aprendizajes que sostienen nuestra democracia. Desde las comunidades más pequeñas hasta las capitales estatales, las experiencias locales han nutrido los avances nacionales. Si la reforma electoral aspira a perdurar, debe construirse desde esa polifonía, con oídos atentos a lo que cada territorio ha sabido hacer bien. Porque cuidar la democracia también significa escuchar las voces que la han hecho posible.
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