La DSA parte de una premisa fundamental: cuanto mayor sea el impacto de una plataforma en la vida pública, mayor debe ser su responsabilidad.
En los últimos años, Europa se ha convertido en un laboratorio de regulación digital. La Ley de Servicios Digitales (DSA) vigente desde 2022, es una muestra de que la democracia no puede permanecer indiferente frente al poder de las plataformas tecnológicas. Lo que está en juego es la protección efectiva de derechos humanos en internet.
La DSA parte de una premisa fundamental: cuanto mayor sea el impacto de una plataforma en la vida pública, mayor debe ser su responsabilidad. Bajo este principio, redes sociales, motores de búsqueda y mercados en línea con millones de usuarios mensuales están obligados a cumplir con reglas estrictas: auditorías independientes, mecanismos de trazabilidad de la publicidad política, transparencia en los algoritmos y etiquetado claro del contenido manipulado o generado por inteligencia artificial. Obligaciones que buscan equilibrar un escenario donde, hasta hace poco, los intereses de las empresas definían sin contrapeso qué voces se amplificaban y cuáles quedaban silenciadas.
El impacto positivo se percibe en la libertad de expresión, paradójicamente una de las críticas más frecuentes a la regulación, por obligar a proveedores que bloqueen usuarios o mensajes específicos para que no sean consumidos. Al exigir a las plataformas actúen con transparencia, la DSA fortalece ese derecho en lugar de restringirlo. Los usuarios tienen información para entender quién financia un anuncio, cómo circula un contenido y qué riesgos puede implicar una campaña de desinformación. Este acceso a la información claramente es lo que convierte a la libertad de expresión en un derecho real y no en un ideal abstracto.
Otro ámbito crucial es la privacidad y protección de datos. La DSA complementa al Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) al imponer obligaciones que limitan la publicidad basada en información sensible y al promover el derecho de la ciudadanía a interactuar en línea sin ser objeto de micro segmentaciones abusivas. En un entorno donde la manipulación algorítmica puede explotar vulnerabilidades individuales, este tipo de medidas representa una defensa directa de la dignidad humana.
La DSA también reconoce que la integridad de los procesos democráticos depende de la información a la que accede la ciudadanía. Por ello, obliga a las grandes plataformas a identificar riesgos sistémicos vinculados con elecciones y a mitigarlos de manera activa. Esto incluye etiquetar contenidos manipulados, dar mayor visibilidad a la información oficial y garantizar que los anuncios políticos sean reconocibles y transparentes.
Lo trascendente es que Europa está defendiendo su modelo democrático también en lo digital. Así como el RGPD es referente en materia de privacidad, la DSA está marcando la pauta sobre cómo garantizar derechos fundamentales en internet sin sacrificar la innovación.
Para México, la lección es evidente. Nuestro marco electoral sigue centrado en la radio y la televisión, mientras las campañas se despliegan cada vez más en redes sociales. La ausencia de reglas claras abre la puerta a la publicidad política opaca, a la manipulación con inteligencia artificial y al uso indebido de datos sensibles en el espacio digital. Si bien no se trata de importar el modelo europeo al pie de la letra, la DSA demuestra que es posible regular sin censurar y proteger derechos en un entorno donde la democracia se juega minuto a minuto en la pantalla de un teléfono móvil.
Regular lo digital no significa imponer silencio: significa crear condiciones de equidad, transparencia y seguridad para que la ciudadanía pueda ejercer plenamente sus derechos. Europa ya dio el primer paso. La pregunta es cuánto tiempo más esperaremos en México para reconocer que la defensa de la democracia también pasa por el espacio digital.
POR AMALIA PULIDO
PRESIDENTA DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO
@PULIDO_AMALIA
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