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El IEEM, además de fungir como órgano garante en la organización de elecciones, así como promotor de la vida democrática de la entidad bajo los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad y paridad, tiene la obligación de organizar y dirigir sus funciones públicas garantizando el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

Para este proceso electoral, el IEEM ha concentrado sus esfuerzos en prevenir y atender la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPG) que de acuerdo a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México, es toda acción u omisión, incluida la tolerancia, que basada en elementos de género se dirige a una mujer por su condición de mujer, le afecta desproporcionadamente o tengan un impacto diferenciado en ella, que tiene como resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres dentro de la esfera pública o privada.

En este sentido entre las acciones institucionales para recibir atención e información oportuna y eficaz, se creó el Centro de Atención por Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, que tiene por objetivo brindar apoyo, asistencia y asesoría personalizada a las precandidatas, candidatas, aspirantes, militantes de los partidos políticos, servidoras públicas, periodistas, defensoras de derechos humanos o cualquier mujer que manifieste ser víctima de VPG, en el ejercicio de sus derechos político electorales.

Para acercar este servicio a las mujeres mexiquenses que han visto afectados sus derechos políticos electorales, se pone a disposición la línea telefónica de atención directa 722 275 7301, que es atendida por personal de la Unidad Técnica para Atender la Violencia Política contra las Mujeres (UTAVPCM) de la Unidad para la Coordinación de los Trabajos de Igualdad de Género y Erradicación de la Violencia Política en Razón de Género.

Si quieres conocer más, te invitamos a consultar el chatbot institucional, disponible en WhatsApp a través del número 722 510 5174, donde ponemos a tu alcance materiales informativos, así como los servicios de apoyo asistencia y asesoría a través de un formulario, el cual genera un registro de solicitud misma que será atendida por personal especializado. 

Si eres, o conoces a una mujer que en ejercicios de sus derechos políticos electorales pudiera necesitar de apoyo, asistencia o asesoría sobre VPG, te pedimos compartir esta información, así como acudir al módulo permanente para la atención de VPG que se ubicará en las instalaciones de este instituto el próximo 2 de junio. 

¡Es tarea de todas y todos construir elecciones libres de violencia contra las mujeres!

La participación política de las mujeres es imprescindible en la democracia del Estado de México. Desde que se reconoció plenamente su ciudadanía, las mujeres han enfrentado condiciones de desigualdad y violencia en el espacio público, factores que han obstaculizado el pleno ejercicio de sus derechos político electorales.

De ahí que, con el objetivo de prevenir y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género (VPG), desde 2018 el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) se sumó al proyecto Red de Candidatas y Red de Mujeres Electas, estrategia de colaboración entre la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales, A.C. (AMCEE) y los Organismos Públicos Locales Electorales, la cual pretende ser un vínculo de apoyo y canal de comunicación para candidatas y mujeres que se encuentren en el ejercicio de un cargo público, a fin de identificar, acompañar y dar seguimiento a probables casos de VPG.

Este año, derivado del Proceso Electoral 2024, el Consejo General, mediante el acuerdo IEEM/CG/52/2024, discutió y aprobó el Programa Operativo de las redes, donde se establecieron las líneas de acción y actividades para la difusión, inscripción e integración de mujeres aspirantes a ocupar una diputación local, presidencia municipal, sindicatura o regiduría, y de resultar electas se adhieran en automático a la Red de Mujeres Electas.

La Red de Candidatas ofrece herramientas para reconocer y denunciar conductas que vulneran la participación, dignidad y vida de las mujeres que fueron postuladas por un partido político, candidatura independiente, común o coalición para ocupar un puesto de elección popular. Por lo que esta red constituye un espacio seguro donde se circula información oportuna sobre VPG, se intercambien ideas y experiencias respecto a los obstáculos que enfrentan sus liderazgos y se acompañe a probables víctimas de esta violencia. Mientras que la Red de Mujeres Electas, da seguimiento a las mujeres que resultaron designadas por la ciudadanía para ocupar un cargo público, a través de campañas de sensibilización, capacitaciones, actividades formativas, acompañamiento, monitoreo y registro de casos de VPG.

La implementación de estas redes en el Estado de México representa un avance significativo respecto a la visibilización de esta problemática y el interés genuino de las autoridades electorales por atender y garantizar la seguridad de las mujeres en política.

Actualmente, la Red de Candidatas tiene su registro abierto, si deseas consultar más información o inscribirte da clic en el siguiente enlace:  https://www.ieem.org.mx/UCTIGEVP/violencia_politica/redes.html

Desde hace siglos, las mujeres se han enfrentado a los efectos que representa la conservación de un modelo de organización que, constantemente las coloca en desventaja al momento de buscar acceder a sus derechos; un sistema que pone a lo masculino por encima de lo femenino y otorga al primero la facultad poco cuestionable de decidir quiénes acceden a la educación, a la política y a la vida pública.

Uno de los elementos que permite la subsistencia y reproducción de esta forma de distribuir y otorgar ciertos espacios de participación a las personas, es la permanencia de modelos de crianza tradicionales, basados en los roles y estereotipos de género; estos hacen referencia al papel que deben desempeñar las mujeres u hombres dentro de la familia y la sociedad en general, con base en sus características biológicas, a lo que culturalmente se les ha asociado; por lo que todos sus ámbitos de interacción y desarrollo se ven atravesados por este fenómeno.

Las consecuencias de esta visión basada en lo que les corresponde hacer de manera particular a las mujeres, se han trasformado con el transitar del tiempo, dependiendo del contexto histórico, político y económico, pero han conservado algunas características, principalmente la subordinación-renegación al ámbito privado: ellas son, con más frecuencia, las responsables de los procesos de crianza, de los cuidados de personas adultas mayores, quienes se han dedicado de modo exclusivo a tareas domésticas, negándoseles (a partir de ciertos mecanismos intangibles) el acceso a la educación y al trabajo formal, frenando así su desarrollo profesional y laboral.

A lo largo de la historia, han existido una serie de movimientos sociales que han buscado romper con ese sistema y las desigualdades que trae consigo; impregnados de teoría y práctica feminista que sentaron las bases para cuestionar lo establecido, con el objetivo de lograr el desarrollo de las mujeres para así alcanzar su emancipación a partir de la desnaturalización de su papel en la comunidad y el acrecentamiento de su participación en el ámbito público.

De acuerdo con el Sistema de Consulta de la Estadística de los Procesos Electorales 2000-2022 del Instituto Electoral del Estado de México, durante el año 2012, 14 de los 125 municipios fueron gobernados por mujeres; en el 2015, hubo un aumento a 20

ayuntamientos, para las elecciones del 2018, 39 mujeres encabezaban la presidencia municipal, mientras que en el 2021 resultaron electas 47.

Si bien, ha existido un crecimiento, no alcanza ni siquiera el 50% de esos espacios; además se puede notar que, a mayor participación de las mujeres en la vida pública y política, mayores son los índices de violencias de las que son objeto en esa esfera.

La labor de frenar estas manifestaciones es una tarea en la que todas las personas deben contribuir desde una visión preventiva, pues es un paso fundamental para lograr un Estado libre, que tenga la posibilidad de reconocer las desigualdades, generar acciones para contribuir a su eliminación y garantizar el ejercicio pleno de todos los derechos. Se han generado avances significativos que se ven reflejados en los diversos ámbitos de nuestra sociedad, pero aún hay cosas por hacer y qué mejor que ponerlo en marcha desde un enfoque crítico, humanista e integral.

De acuerdo con la Asamblea General, el 11 de febrero conmemoramos el Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia, con el objetivo de dar reconocimiento al papel clave que desempeñan las mujeres en la comunidad científica y en la tecnología. Y a su vez, impulsar y ser inspiración para las futuras niñas en la comunidad científica.

Sin embargo, este día va más allá. Si bien, este mundo no escapa de las desigualdades de género, discriminación y violencia invisible, que se ocultan en cuestiones estructurales y culturales. Tan solo revisemos los estereotipos que abundan en comentarios como: “las niñas no hacen eso”. Cuántas veces no hemos oído, sido personas emisoras o protagonistas de dicha frase. Según datos de ONU Mujeres (s.f.), solo el 30% de quienes investigan, en todo el mundo, son mujeres y en ámbitos escolares solo el 35% de ellas se encuentran en áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y/o matemáticas. De igual manera, según información de la UNESCO, a pesar de los avances logrados en las últimas décadas, a nivel mundial, solo una de cada tres personas investigadoras, es una mujer.

Asimismo, de acuerdo a estudios y recientes investigaciones, los estereotipos de género son una de las principales razones por las cuales la presencia de las mujeres, en la ciencia, es tan reducida. En suma, la ausencia de referentes femeninos, en el ámbito de la ciencia, influye en la invisibilidad de muchos de los logros de las mujeres.

En razón de lo anterior y a manera de reflexión, traemos a colación, la siguiente “Cerrar la brecha de género en la ciencia: acelera la acción”, más que un lema, esta frase busca generar esa conciencia y sensibilización ante esta problemática  y posicionar a más mujeres en este campo desde la toma de conciencia de que el sexo no debe ser una condicionante de desempeño y flanco de limitantes o cuestionantes. El mundo necesita más ciencia y la ciencia necesita a las mujeres y a las niñas.

En el mundo existen más de 1,000 millones de personas con algún tipo de discapacidad que representan el 15% de la población global, señala la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2021). En México, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2021), una persona con discapacidad es aquella que tiene dificultad para llevar a cabo actividades consideradas como básicas: ver, escuchar, caminar, recordar o concentrarse, realizar su cuidado personal y comunicarse. Así pues, conforme el Censo de Población y Vivienda 2020, hay 7,168,178 personas con discapacidad, que se traduce en el 5.7% de la población total mexicana. Además, de esta cantidad 48% son hombres y 52% mujeres.

Es de resaltar que, en específico, las mujeres y las niñas con discapacidad se encuentran más propensas a experimentar violencia. En términos de la Organización de los Estados Americanos (OEA, 2022) tienen cuatro veces más de probabilidad de convertirse en víctimas de violencia sexual.

En esta línea, cabe precisar que las mujeres y las niñas con discapacidad experimentan violencia interseccional por ser mujeres o niñas y personas con discapacidad. Por consiguiente, atraviesan múltiples desventajas al ser excluidas, discriminadas y estereotipadas por la comunidad, y violentadas por agresores o agresoras que, en la mayoría de los casos son personas en las que confían plenamente como familiares, o bien, por personal dedicado a sus cuidados, generando en ellas secuelas multidimensionales.

La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH, 2021) puntualiza que la prevalencia de violencia en mujeres de 15 años y más a lo largo de su vida es del 70.1%, sin embargo, este porcentaje aumenta a 72.6% cuando se trata de mujeres con discapacidad, considerando que la violencia que padecen es psicológica, física, sexual, económica y patrimonial.

En la esfera internacional, datos gubernamentales de Australia de 2022, arrojan que en este país una de cada dos personas con discapacidad, un 47% o 2.7 millones, ha experimentado violencia desde los 15 años, mientras que una de cada cinco personas con discapacidad, es decir, un 20% o 1.1 millones, ha sufrido violencia sexual desde antes de los 15 años. Por cuanto hace a mujeres con discapacidad, una de cada cuatro, esto es, 25% o 748 mil, han padecido violencia sexual, y dos de cada cinco, 40% o 1.2 millones, han experimentado violencia física desde los 15 años.

En Estados Unidos de América, las organizaciones de defensoría relacionadas con violencia de género como Sanctuary for Families (2023), señalan que el 80% de mujeres con discapacidad norteamericanas han sufrido violencia sexual y, las niñas con discapacidad tienen el doble de probabilidad de padecer violencia física y sexual que las niñas sin discapacidad. Inclusive tanto mujeres como niñas con discapacidad sufren formas particulares en el ejercicio de la violencia, por ejemplo, las personas perpetradoras las sobremedican y avergüenzan, les niegan la ayuda para brindar las necesidades básicas y dañan a sus animales de servicio.

De lo anterior se aprecia que las cifras nacionales y mundiales citadas presentan variaciones, sin embargo, tienen un común denominador, el riesgo de experimentar violencia sigue siendo mayor para las mujeres y las niñas con discapacidad.

En este contexto, el 3 de diciembre se conmemoró el día internacional de las personas con discapacidad y precisamente converge con los 16 días de activismo contra la violencia de género que se llevan a cabo del 25 de noviembre al 10 de diciembre de cada año, espacio que debe aprovecharse para fomentar la inclusión, así como entornos libres de violencia, e impulsar la accesibilidad, en otras palabras, acciones efectivas que aporten para crear una realidad distinta a la que hoy se enfrentan las mujeres y las niñas con discapacidad.