Comunicación
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El 7 de julio de este año, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) expuso con crudeza la deuda histórica del Estado mexicano con la vida y dignidad de las mujeres en el país. El informe emitió 90 recomendaciones en las cuales, más allá de los llamados urgentes a la acción, reflejan la violencia sistémica y estructural que padecen miles de niñas, adolescentes y mujeres en el país. Se hace hincapié en la discriminación y violencia hacia niñas, adolescentas y mujeres, incluyendo a LBTI, indígenas, desplazadas, migrantes, buscadoras, defensoras y periodistas. De igual manera, dentro de los causantes de esta violencia se considera el impacto del crimen organizado.

Lo anterior, expone la continua deuda histórica del Estado mexicano con la justicia y dignidad de las mujeres. Es una afirmación contundente del territorio hostil que representan muchos de los espacios en México debido a los delitos como feminicidio, desapariciones, violencia sexual y trata.

La expuesto por el informe de la CEDAW es una radiografía de las fallas del sistema de justicia en México. La violencia estructural que sufren las mujeres en el país también se adapta a la era digital. Por ejemplo, la Línea Nacional contra la Trata (LNCTP) reportó que entre enero de 2024 y junio de 2025 recibió 5,170 reportes. Las víctimas reportadas por pornografía infantil tienen en un 44% entre 16 a 17 años, seguido de cerca por el 41% entre 12 a 15 años, y 5% entre 6 a 11 años. El 59% son mujeres y el 41% hombres.  Las víctimas son enganchadas principalmente a través de plataformas como Facebook (22%), Instagram (18%) y WhatsApp (15%). Las aplicaciones de citas y los juegos en línea también emergen como vías significativas de captación.

Dentro de esta vorágine de territorios inseguros también se encuentra el costo de la impunidad, el cual lo han asumido aquellas voces que han dedicado gran parte de su vida a denunciar en los medios de comunicación la falta de justicia o las que, ante la indiferencia del sistema nunca han dejado buscar a sus desaparecidas. Aunque esto, en muchas ocasiones, les haya costado la vida. 

Lo expuesto por el informe, también da pauta para señalar que no bastan las reformas si estas no se acompañan de presupuestos para instrumentalizar todos los avances logrados hasta ahora. Tampoco, el poder en manos de más mujeres en el país garantiza cambios estructurales, de ahí que la denuncia no baje sus decibeles para dejar claro que no todo puede reducirse a diagnósticos. Se requiere de permanentes llamados a la acción para continuar la lucha para erradicar la violencia estructural de las mujeres en el país.