Comunicación
Social

Las experiencias electorales recientes, tanto en el ámbito local como federal, para la elección de los poderes Ejecutivo y Legislativo, transformaron de manera profunda el escenario político electoral en nuestro país. Por ejemplo, en la pasada elección del 2 de junio de este 2024, en el ámbito federal se logró el 60.9% de participación[1] y, a nivel local, en nuestra entidad el nivel de participación ascendió al 64.3 por ciento del total de electores inscritos en el Listado Nominal[2].

Las cifras anteriores, dan cuenta del interés de la ciudadanía por participar en procesos electorales para elegir a sus representantes y delegar en ellos su confianza para administrar los recursos públicos y la consecuente implementación de políticas sociales destinadas a atender necesidades primarias –servicios de salud, vivienda, educación, subsidios al impuesto de gasolinas, entre otros-.

Para cumplir lo anterior y como una forma de contribución de las instituciones electorales, estas tienen como función primordial organizar y realizar procesos electorales de forma pacífica y con un compromiso cívico que permita dotar de legitimidad a las y los gobernantes electos.

Cuando hacemos mención del compromiso cívico lo hacemos recuperando a John Dewey (2017, La democracia como forma de vida) quien propone concebir a la ciudadanía como sujetos quienes de manera cotidiana hacen de la democracia una forma de vida; es decir, que la participación ciudadana significa involucrarse en asuntos de índole comunitario y búsqueda de soluciones a sus problemáticas comunes, de forma consciente y constante.

Para Dewey, la democracia es:

“un modelo de gobierno a través del cual se busca garantizar a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes”;

además, se puede comprender como:

“la forma en que la sociedad se organiza para la realización de ideales éticos de primer orden como los expresados en las nociones fundamentales de libertad, igualdad y fraternidad”

o como él lo llamó:

“cooperación reflexiva”.

Bajo esta referencia teórica, la participación política ciudadana no termina con la emisión de su voto. Por el contrario, cuando comprendemos la existencia de una ciudadanía involucrada no sólo en la elección de sus representantes en el poder de los tres niveles de gobierno, sino en el seguimiento de sus actos a través de la rendición de cuentas (accountability) y el cumplimiento de sus promesas de campaña, así como en la resolución y atención de sus demandas a nivel comunitario.

Pensar en este perfil de ciudadanía, nos conduce a la necesaria reconstrucción de la categoría del ciudadano (a) y sin ninguna dificultad, nos conecta con la figura de ciudadanía integral, establecida en el documento ENCCÍVICA (INE, 2017), la cual:

“supone que las personas que le dan vida a una comunidad política se asumen como titulares de derechos, prerrogativas y potestades políticas, cuya satisfacción resulta vinculante al Estado y, por lo tanto, deben ser garantizados y exigibles. A su vez, implica que la convivencia democrática de una sociedad depende de que las y los ciudadanos cuenten con las condiciones suficientes para ejercer sus derechos y cumplir sus responsabilidades”.

Como se puede observar, el referirnos al concepto de ciudadanía nos referimos al actor social que, involucrado en un contexto social y cultural del Siglo XXI, ejerce su derecho a la libertad de asociación, libertad de expresión, el acceso a la información y libre opinión; y que, además, logra un posicionamiento de sujeto (Moufe y Laclau, 2015) involucrándose en actividades políticas de interés a su comunidad, grupos sociales, culturales -entre otros-, para lograr la atención y solución de sus problemas.

Frente a este ascenso y auge de participación ciudadana en asuntos de interés social y comunitario, se requiere del acompañamiento de instituciones que colaboren en la dotación de herramientas teórico prácticas, conocimientos y habilidades, para su apropiación.

En este contexto, el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), representan un papel fundamental en esta tarea cívica encaminada a la construcción de una ciudadanía integral involucrada en la solución de sus necesidades de socialización y convivencia democrática cotidiana. Ambas instituciones, representan la herramienta principal para difundir una filosofía que consolide la convicción de fomentar la democracia como forma de vida.

Para lograr este trascendente objetivo, será a través de la puesta en marcha de una Estrategia Nacional de Educación Cívica denominada “ENCÍVICA 2024-2026”, mediante la cual se esperan generar cambios de valores, actitudes y acciones en la ciudadanía, los cuales radican en un aumento del nivel de conocimientos sobre los derechos, responsabilidades y funcionamiento del gobierno, así como desarrollar habilidades para la participación activa de la sociedad mexiquense.

En nuestra siguiente entrega, hablaremos sobre esta estrategia de educación cívica, vista como un plan de formación humana y de ciudadanos integrales.

[1] Con base en el Programa de Resultados Electorales Preliminares 2024, Elecciones Federales del Instituto Nacional Electoral. https://prep2024.ine.mx/publicacion/nacional/presidencia/nacional/candidatura .

[2] Con base en el Programa de Resultados Electorales Preliminares 2024, Elecciones Estatales del Estado de México. https://prep2024.ieem.org.mx/#/diputaciones .