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El Estado de México no sólo se distingue por su magnitud poblacional y territorial. También es una entidad con alta diversidad cultural. En nuestro estado, cohabitan múltiples expresiones culturales, idiomas, lenguas, religiones, identidades y visiones del mundo. Hay mexiquenses que viven con algún tipo de discapacidad, También los hay quienes viven sin ellas. Ello, sin embargo, no significa que todas y todos gocemos por igual de los derechos humanos reconocidos en nuestro aparato normativo y en los tratados internacionales. Existen, todavía, condiciones estructurales que levantan barreras para el ejercicio sustantivo de los derechos de todas y todos los ciudadanos.

Paradójicamente, la riqueza cultural del Estado no se ha visto fielmente reflejada en la vida pública del país y de las entidades federativas de México. Una revisión histórica de la integración de los cuerpos de representación política, por ejemplo, bastaría para advertir un gran rezago en materia de representación de todos los grupos poblacionales. Hay algunos, de hecho, que hasta hace pocos años han logrado, por primera vez en la historia del país, formar parte de un órgano legislativo. Estos sectores han enfrentado barreras sistemáticas minimizan sus posibilidades de acceder a puestos de toma de decisión en la esfera pública.

Por esta razón, desde el Instituto Electoral del Estado de México hemos decidido avanzar hacia la construcción de una nueva realidad política para los grupos que han sido históricamente vulnerados y subrepresentados de la entidad. Como autoridades públicas, tenemos un mandato constitucional para generar medidas y estrategias que permitan a la ciudadanía ejercer a plenitud sus derechos. La implementación de acciones afirmativas, precisamente, busca generar condiciones de equidad y justicia entre todas y todos los mexiquenses.

Sin embargo, aunque las acciones afirmativas sean ética y jurídicamente una opción responsable para revertir déficits y desigualdades en la representación política, es necesario que las autoridades presenten atención en su diseño. Por ello es importante que, previo a su instrumentación en los próximos comicios locales de 2024, tenga lugar una consulta libre y abierta a los grupos a los que serán dirigidas estas medidas. Escucharles de manera individual y colectiva, resulta trascendental para lograr mejores instrumentos, para visibilizar su condición y equilibrar la competencia político-electoral.

En la consulta, las más de 400 mil personas hablantes de alguna lengua indígena, podrán pronunciarse respecto de las acciones afirmativas idóneas para mejorar su representación. Del mismo modo, las más de 700 mil personas que viven con algún tipo de discapacidad. Asimismo, Siendo el Estado de México una de las entidades con mayor presencia afromexicana, a través de la consulta estas y estos ciudadanos podrán expresar su percepción acerca de cualquier medida que tenga por objeto maximizar su participación en los procesos electorales. Finalmente, más de 490 mil personas que se identifican como LGBTTIQ+ tendrán también derecho a emitir su opinión en la construcción de medidas afirmativas en beneficio de su comunidad.

Este 2023, se distinguirá por ser el año de la democracia mexiquense. No sólo habremos organizado y participado en la elección más integra que haya tenido la entidad. También, las y los mexiquenses históricamente vulnerados podrán participar en el diseño de medidas compensatorias efectivas, que les permitan realmente acceder a cargos de representación política. Se realizará del 25 de septiembre al 20 de octubre de 2023. Iniciemos la difusión de este gran esfuerzo democrático.