Hace un par de semanas se dio a conocer en nuestro país el “Informe sobre el Estado de la Población Mundial 2023”, en el marco de las Conferencias del Consejo Consultivo Ciudadano para la Política de Población. Se trata de un documento tan ambicioso como interesante, que además de estadísticas demográficas, toca temas de actualidad para la sociedad contemporánea como la fertilidad, los derechos reproductivos, el panorama de la juventud, la migración o la llamada “resiliencia demográfica”.
De esta manera, el informe da cuenta que en noviembre de 2022, de acuerdo con el Fondo de Población de las Naciones Unidas, la población mundial rebasó la barrera de los 8 mil millones de habitantes. De manera paradójica, mientras algunos sectores consideraron la cifra como una cantidad muy elevada, otros manifestaron su preocupación por la “despoblación” y baja natalidad en algunas regiones. Pero más allá de las explicaciones que podemos encontrar en este reporte demográfico, me interesa llamar la atención sobre algunas conclusiones que debemos tomar en cuenta en nuestro debate público y en el diseño de los programas y políticas públicas de las instituciones.
La primera de ellas es la necesidad de abandonar enfoques arcaicos, que demostraron ser poco útiles, además de antidemocráticos y violadores de los derechos humanos. La población no debe ser vista como un ente objetivo, que se encuentra a merced de las decisiones tomadas desde el poder con el fin de controlarla, segregarla o manipularla como si se tratara de un objeto en un laboratorio. Antes al contrario, la población o cualquier segmento de ésta debe verse como un sujeto colectivo, con vida y dinámica propia, en constante evolución y, sobre todo, con derechos que debe ejercer.
Señalar lo anterior puede parecer un tanto obvio. Sin embargo, ¿cuántas veces hemos escuchado que la juventud, las personas adultas mayores, las mujeres o las adolescentes son tratadas, discursivamente, como un ente pasivo, sujeto a las recomendaciones de las autoridades? Ciertamente las decisiones sobre la población serán siempre comunes a la función estatal. No obstante, lo que se debate es la manera en que son diseñadas, implementadas y evaluadas tales decisiones. No se trata de “controlar” a una población y sus expectativas de vida, sino de garantizar el ejercicio de sus derechos, proporcionando información, sentido de responsabilidad y el acompañamiento institucional a sus decisiones.
Uno de los mejores ejemplos de este nuevo enfoque tiene que ver con la necesidad de garantizar que las mujeres ejerzan su libertad sexual y sobre sus cuerpos. Este reporte advierte, por ejemplo, que en 68 países alrededor del 44% de las mujeres con pareja todavía no tiene la posibilidad de tomar decisiones sobre su atención médica, su actividad sexual o el uso de anticonceptivos. Además de alarmante, esta información demuestra que ningún control patriarcal sobre las mujeres debe ser fomentado como método para el control o incremento de la población.
Otra evidencia de que cerrar brechas de género impacta positivamente se evidencia respecto a relación entre productividad y demografía. En países donde la población ha envejecido y la productividad laboral ocasiona preocupaciones, el método más eficaz no es elevar las tasas de fecundidad sino integrar a más mujeres a la fuerza de trabajo y a la economía formal. Asimismo, en lugares donde existe fecundidad elevada y sobrepoblación, el mejor mecanismo no son las políticas de natalidad coercitivas, sino la educación, el empoderamiento de la mujer y garantizarle mejores horizontes de desarrollo personal.
Es importante conocer este tipo de reportes no solo para diseñar nuevas políticas, sino para reflexionar nuestros espacios públicos y, con ello, nuestros procesos democráticos.
El reporte puede consultarse en español en: https://www.unfpa.org/sites/default/files/swop23/SWOP2023-SPANISH-230403-web.pdf
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