Como autoridades electorales tenemos la obligación de asegurar que tu dinero sea bien utilizado, es decir, que lo recaudado mediante el pago de impuestos sirva para fomentar la participación ciudadana e incentivar el voto.

El 30 de enero de 2026, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) aprobó por mayoría el Reglamento de la Actividad Administrativa y Financiera, el cual es un documento relevante para la ciudadanía mexiquense, pues contiene la forma en como el instituto regula las políticas, procedimientos y sistemas administrativos para el ejercicio y control de los recursos financieros, materiales y servicios generales institucionales.

Está ligado al ejercicio del presupuesto público que anualmente, vía el Congreso local, se le asigna al IEEM.

Por ello, este reglamento debía cumplir con los estándares normativos estatales para garantizar que los procedimientos de licitación pública y sus excepciones, contenidas en la norma de carácter general, se cumplieran.

El IEEM es un órgano autónomo, pero no por ello debe estar exento del cumplimiento de estas normas.

Sin embargo, este reglamento tiene contravenciones a la normativa estatal que considero una alerta para dar puntual seguimiento a la forma en la cual se emplearan los 2 mil 126 millones 46 mil 973.63 pesos que estaría ejerciendo el IEEM en 2026.[1]

Entre dichas fallas destaca que no se permitió que la ciudadanía pueda estar presente como observadores en procesos de contratación, tal y como lo mandata el artículo 85, párrafo primero del Reglamento de la Ley de Contratación Pública estatal,^[2] lo cual propuse en su oportunidad.

También hay una contravención respecto a quien o quienes realizarán los estudios de mercado, durante una adquisición, ya que la normativa aprobada dice que serán las áreas solicitantes, pero los artículos 2, fracción XXIX, 16, fracción III y 17, párrafo primero del Reglamento de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios refieren expresamente que tendría que ser la Dirección de Administración.

Por regla general, en el IEEM la adquisición de productos y servicios debe ser a través de licitaciones públicas, tal y como lo mandata la Constitución estatal y la normatividad aplicable. No obstante, en 2025 fueron 12 procedimientos de licitaciones públicas, 13 procedimientos por invitación restringida, y 116 procedimientos de adjudicación directa.

Lo anterior es un ejemplo de la necesidad de reforzar el manejo de recursos públicos, pues la existencia de un Reglamento de la Actividad Administrativa y Financiera debe asegurar que el IEEM opere bajo las mejores prácticas administrativas para cumplir a cabalidad con el artículo 134 constitucional.

[1] De aprobarse la ampliación presupuestal aprobada el pasado 25 de marzo de 2026 por el Consejo General del IEEM

[2] Ley de Contratación Púbica del Estado de México y Municipios.

El pasado 25 de marzo aprobamos en el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), la solicitud de ampliación al presupuesto de egresos del instituto para el ejercicio fiscal 2026.

Mi voto fue a favor porque considero que es necesario contar con recursos para los preparativos del proceso electoral de 2027, pero con señalamientos muy claros en la distribución, pues debemos optimizar el gasto electoral para revertir el abstencionismo.

Y es que de los 361 millones 590 mil 205.63 pesos que se solicitan de ampliación presupuestal, sólo el 0.12 por ciento corresponden al incremento que tendría la Dirección de Participación Ciudadana del IEEM, lo cual representa 468 mil 656 pesos. Con esta cifra, dicha área es la que menos resultaría favorecida con la ampliación presupuestal.

En contraste, se proyecta un gasto de 5 millones de pesos para la búsqueda de inmuebles para las Juntas Distritales y Municipales, así como las Juntas Judiciales. Es necesario asegurar la instalación de estos órganos electorales, sin embargo, también es urgente revisar otros mecanismos que no impliquen un gasto de esta magnitud.

Una observación más es el gasto programado para la Unidad de Comunicación Social, pues se erogará un millón 260 mil pesos en la contratación del servicio de publicidad en redes sociales (Facebook, Instagram, X y Youtube).

En las elecciones locales de 2024 y las judiciales de 2025 se hizo la contratación de una empresa que prestó este servicio. Dicha empresa se constituyó apenas en el año 2022, así que al ser recurso público es vital que exista, tal y como lo establece la Ley de Contratación Pública y su reglamento, las mejores opciones económicas y no exista opacidad, sino transparencia y competitividad efectiva para quienes deseen prestar este servicio.

Será importante hacer una evaluación de cómo funcionó esa contratación en 2024 y 2025, a partir de conocer la cantidad de visualizaciones e interacciones, es decir, cuántas veces se consumió un contenido y el impacto que tuvo en los cibernautas.

Además, es pertinente expresar una duda razonable: ¿los gastos realizados están abonando a una mayor participación ciudadana y en conocimiento del propio IEEM?, pues de acuerdo a un estudio de opinión realizado en 2023 para el Instituto Electoral, por la empresa AvantQuest, las y los mexiquenses desconocían qué institución es la encargada de organizar las elecciones locales de gubernatura, presidencias municipales y diputaciones locales, pues sólo el 12 por ciento señalaba al IEEM.

No hay que perder de vista que el artículo 134 constitucional establece que quienes ejercemos recursos públicos debemos hacerlo con eficacia, eficiencia, economía, honradez y transparencia, además de atender los principios de austeridad republicana y racionalidad.

El Instituto Nacional Electoral (INE) es una institución que ha evolucionado durante más de tres décadas, desde su creación en 1990, como Instituto Federal Electoral (IFE).

En 1994 se creó la figura de las consejerías ciudadanas, en 1996 una nueva reforma electoral reforzó la autonomía e independencia del IFE, al dejar que las decisiones se tomarán por estas consejerías. Diferentes reformas electorales se han suscitado hasta la de 2014, que convirtió al IFE en INE. Desde entonces tenemos un sistema híbrido que organiza elecciones.

En estos 36 años, primero como IFE y ahora como INE, la institución ha contribuido a la construcción de la democracia en México, con aportaciones importantes como la credencial para votar, el padrón electoral, la paridad, la implementación de acciones afirmativas, y diversos protocolos, por mencionar algunas.

El INE es una institución muy importante en la democracia mexicana. Actualmente se lleva a cabo el proceso de renovación de tres de sus consejerías. No es un relevo menor considerando la historia del IFE-INE, los retos que se tienen a corto plazo en la organización del proceso electoral 2027, y las demandas ciudadanas en el contexto político que actualmente vive nuestro país, en el denominado tiempo de mujeres.

El país vive momentos históricos de cambio. Desde que tenía 11 años y gracias a mi madre, quien fue consejera en un distrito del otrora IFE, aprendí la relevancia que tiene la participación de la ciudadanía a través de los órganos autónomos.

En 2011 fui designada consejera distrital del IFE, como consejera distrital viví el proceso de cambio de IFE a INE. En 2017 fui nombrada consejera electoral de la Junta Local del INE en la entidad mexiquense. En todos esos procesos me involucré siempre en las tareas de organización y participación ciudadana, lo que me llevo a participar en 2020 para integrar una consejería del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), cargo que desde ese año desempeño con el mismo compromiso, vocación de servicio y alta responsabilidad.

Ante este proceso de renovación decidí participar en la actual convocatoria de consejerías del INE. Con una trayectoria de consejera electoral de más de 15 años mantengo la firme convicción de que la cercanía con la ciudadanía es fundamental y que las instituciones son garantes de derechos, como lo ha sido el INE y antes el IFE.

En estos años he tenido la fortuna de ser parte del IFE, del INE, y también del IEEM, donde he aplicado conocimientos, pero también he aprendido de todas las personas especialistas que forman parte del mismo, y por supuesto de mis colegas, tanto de la anterior integración del Consejo General del IEEM, como de la actual.

Contribuir a la democracia, desde los espacios electorales, es fundamental, y que las mujeres participemos, es parte de los avances para la igualdad sustantiva.

Cuando en nuestra calidad de autoridades electorales hablamos de promover la cultura democrática entre las juventudes, lo hacemos desde una visión institucional, lo cual no coincide con los intereses cotidianos de los y las jóvenes de México.

Las estadísticas lo confirman. Las personas de 20 a 29 años presentaban el porcentaje más elevado de insatisfacción con la democracia mexicana, al registrar un 49% en esta situación, de acuerdo con el Informe País 2020: el curso de la democracia en México, elaborado por el INE.

El dato es revelador, pues dicho informe indica que 73% de las personas encuestadas expresó saber o haber escuchado sobre la democracia y 65% opinó que es preferible a cualquier otra forma de gobierno.

Sin embargo, de las personas que dijeron tener este conocimiento de la democracia, 53% estaban algo o muy satisfechas con su aplicación en el país.

En los extremos 12% declaraba estar “muy satisfecha” con la democracia y un 16% se inclinaba por el “nada satisfecha”, pero en el análisis por rango de edad, entre los y las jóvenes de 20 a 29 años se registraba el nivel más alto de inconformidad con la democracia.

En una reciente visita que realicé al Centro Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), ubicado en Zumpango, conversé con estudiantes, quienes aportaron otro elemento de análisis: los y las jóvenes se distancian de la política o las elecciones porque viven una realidad muy distinta a la de autoridades electorales y partidos políticos.

No se trata de mundos o dimensiones paralelas, simplemente nuestra juventud de hoy tiene intereses básicos basados en su cotidianeidad, en su vida diaria, donde no aparecen o no han podido estar los actores electorales y políticos.

Los y las jóvenes, salvo que estén participando directa o indirectamente en algún partido o gobierno, están ocupados en sus respectivos estudios o trabajos, prefieren hacer deporte, dedicarse a las artes, leer, ir al cine, salir con amistades, viajar o sumergirse en las redes sociales, pero a la política la ven como un tema para personas de mayor edad.

De igual forma perciben que no tienen la información suficiente para interesarse en la política e incluso para votar, como ocurrió en la elección judicial de 2025, donde para muchos jóvenes se complicó aún más el ejercer su sufragio por la cantidad de puestos a elegir y el número de candidatos y candidatas.

Por ello, una clave para nosotros, como autoridades electorales, es dejar de pensar desde nuestra visión y considerar que las juventudes deben acercarse a los institutos electorales, por el contrario, debemos encontrar las coincidencias que tenemos en sus intereses cotidianos, advertir que en sus aspiraciones básicas podemos encontrar elementos para interesarlos en el debate democrático.

El objetivo es que desde la visión juvenil sea relevante la organización de una elección, la votación y sus resultados, pues de ello depende no sólo el destino de las juventudes, sino de toda la sociedad. El inicio de esta tarea es acudir a las y los jóvenes, escucharlos, entenderlos y pensar como ellos. Todo desde la óptica de la curiosidad juvenil, donde no hay formalismos, ni protocolos, sólo la intención de aprender.

Para seguir en esta reflexión tan necesaria te invito a seguir mi canal de YouTube, donde comparto algunas de las entrevistas que hice con estudiantes universitarios, me encuentras como Consejera Karina Vaquera. Te sigo en los comentarios.

Garantizar el voto de las y los mexicanos en el exterior es una tarea primordial para el sistema electoral mexicano.

De acuerdo con estimaciones del propio Instituto Nacional Electoral (INE) más del 95 por ciento de las y los mexicanos residentes en el exterior se encuentran en Estados Unidos, por lo cual los esfuerzos para asegurar al voto migrante, tienen una dimensión especial en el vecino país del norte.

De acuerdo con cifras difundidas por el gobierno de México, basadas en la Current Population Survey 2018, indicaban que poco más de 12 millones de mexicanos y mexicanas nacidas en nuestro país radicaban en Estados Unidos, es decir, eran migrantes de primera generación.

Y otra cantidad superior a los 26 millones eran de segunda y tercera generación, lo cual haría que la población de origen mexicano ronde los 40 millones de personas.

A su vez, las y los migrantes indocumentados, de acuerdo también a estimaciones oficiales, serían superiores a los 4 millones.

Estas cifras ilustran la necesidad de reforzar los derechos político-electorales de las y los mexicanos en el exterior, no sólo habilitando módulos del INE en los consulados mexicanos, sino también ampliando las elecciones en las cuales puedan participar, además de garantizarles el ser elegidos en cargos de representación popular.

De manera reciente, el INE estableció que las y los migrantes puedan participar en la elección de 10 gubernaturas y cuatro diputaciones migrantes, como parte del ejercicio de sus derechos político-electorales.

El Plan Integral de Trabajo del Voto de las Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el Extranjero para los Procesos Electorales Locales 2026-2027 indica que la participación desde el exterior incluirá a los comicios locales de Baja California Sur, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa y Zacatecas, donde se renovarán sus respectivas gubernaturas, además de la elección de cuatro diputaciones migrantes en la Ciudad de México, Guerrero, Jalisco y Oaxaca.

Las modalidades en las cuales podrán emitir su voto las y los migrantes será el sufragio postal, electrónico por internet, y la votación presencial en sedes habilitadas en el exterior.

A la fecha las y los migrantes también pueden votar en la elección de la Presidencia de la República y de Senadurías. Resalta que, en el Estado de México, y derivado de un litigio electoral iniciado por una ciudadana, en 2024 las y los mexiquenses en el exterior pudieron votar por diputaciones locales de representación proporcional.

Los avances en el voto migrante son un aliciente para una sociedad más igualitaria, donde prive el respeto a los derechos fundamentales, sin embargo, las demandas de las y los migrantes apuntan a una mayor participación, por ejemplo, el que puedan votar por presidencias municipales y aumentar el número de las diputaciones y senadurías migrantes, además de evitar simulaciones.

En el caso del voto migrante por las alcaldías resulta una demanda básica, pues la autoridad municipal es la más cercana a sus familias, incluso puede representar nuevas condiciones para su posible retorno al país.

Y respecto a las senadurías y diputaciones migrantes, la demanda va en distintos sentidos. Aumentar estos espacios es el inicio, pues los migrantes también consideran necesario que los partidos no sólo postulen a representantes migrantes, sino que les garanticen alcanzar un escaño, en el caso de ser postulados por la vía de la representación proporcional.

De igual forma, la comunidad migrante ha propuesto que sus representantes sean elegidos por ellos, y no propuestos por los partidos. A la fecha han existido postulaciones que sí responden a las necesidades de los migrantes, sin embargo, debe cerrarse cualquier espacio a la simulación.

El voto migrante no es una concesión, es una demanda de mexicanos y mexicanas, cuya única diferencia es su lugar de residencia. Migraron en busca de mejores condiciones económicas y sociales, pero sus derechos políticos siguen vigentes. Son un poder ciudadano que trasciende las fronteras.