El proceso electoral de 2027 es muy importante para los partidos políticos, pues no sólo buscarán gobernar más municipios e incrementar su representación en el Congreso local, sino también les podría representar tener mayores recursos económicos, derivados del financiamiento público.

Recordemos que la fórmula para distribuir el financiamiento público a partidos, y que aplicamos las autoridades electorales, considera que 30% se distribuye de forma igualitaria para todos los institutos políticos, pero el 70% restante se entrega de forma proporcional, en función de la votación válida efectivaque cada partido obtenga en la última elección de diputaciones locales por el principio de mayoría relativa.

En este 2026, el financiamiento público distribuido a partidos fue por la cantidad de mil 29 millones 289 mil 448.76 pesos, destinado para actividades ordinarias y específicas.

Este dinero debe ser utilizado, por ejemplo, para gastos de oficinas y personal, pero también para realizar diagnósticos, estudios comparados vinculados con problemas nacionales o regionales de carácter socioeconómico o político, mesas redondas y talleres que favorezcan el desarrollo de competencias para la participación política de las mujeres, entre otros, y no para ningún otro fin.

Con las recientes modificaciones a la legislación electoral del Estado de México, el proceso electoral debe iniciar los primeros 15 días de septiembre y entre los acuerdos que se generen habrá uno que establezca, de nueva cuenta, el financiamiento público que los partidos políticos recibirán, no solo para actividades permanentes y específicas de 2027, sino también para la obtención del voto, el cual representa el 30% del monto que se les entrega para actividades ordinarias.

En 2024, con una elección similar a la que viviremos en 2027, los ocho partidos en ese momento acreditados ante el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) recibieron 271 millones 622 mil 3.44 pesos para la obtención del voto, monto en que 2027 seguro será mayor.

En materia política, el proceso electoral también será importante para la ciudadanía, pues a través del sufragio puede reconocer o castigar, la forma en la que los y las representantes populares han ejercido el poder, y cómo han solucionado las problemáticas de la ciudadanía de a pie.

La Presidenta de la República entregó su segundo informe de gobierno, cuenta con una alta aprobación, 69% está de acuerdo con su forma de gobernar; sin embargo, también se observa que lo local tiene un impacto a nivel nacional que puede verse reflejado en los números de la próxima elección, pues la ciudadanía expresa que los temas de inseguridad y corrupción siguen vigentes.

Las autoridades electorales tampoco debemos escapar al juicio de la ciudadanía, ya que se ejercen recursos públicos que no son menores, se deben llevar a cabo licitaciones públicas, procedimientos administrativos y convocatorias transparentes, sin sesgos, de no ser así hay que observarlo y denunciarlo.

Esta semana comienza formalmente el proceso electoral local. Hemos sido convocados y convocadas el próximo 11 de septiembre a las 10:00 horas para la sesión solemne en el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM).

A partir de esa fecha comenzarán a correr términos y plazos para la elección del 6 de junio de 2027, cuando 13 millones 206 mil 301 votantes[1] podrán ejercer libremente su voto.

Entre las prioridades está delinear las convocatorias para la integración de los 170 órganos desconcentrados, es decir, las Juntas Distritales y Municipales, integradas por vocalías que el Consejo General designará en diciembre de 2026.

Nuestro sistema político electoral contempla que sea la ciudadanía la que reciba y cuente los votos.

De igual forma que sean los y las mexiquenses, quienes formen parte de la estructura temporal que instrumenta tareas y decisiones aprobadas por el Consejo General.

Las vocalías del IEEM son distintas a las del INE, las cuales son parte del Servicio Profesional Electoral Nacional. Su procedimiento de selección ha tenido, desde la creación del IEEM en 1996, al menos tres modelos diferentes.

En el primero operaba el consenso entre la autoridad electoral y las representaciones de los partidos políticos, era un tema más político en una entidad, donde la alternancia política era mínima.

El segundo modelo contempló a quienes obtuvieran las más altas calificaciones dentro del procedimiento que se instauraba. Ninguno contemplaba la participación ciudadana. 

Para entonces, el IEEM contaba con un buen número de vocales que sumaban hasta 11 procesos electorales, sin renovación, ni inclusión, el alto puntaje en la experiencia, así como la maestría y especialidad que se cursaban en el propio instituto limitaba que se refrescara esa élite.

Nada menor, pues los vocales toman decisiones importantes como, por ejemplo, la determinación de abrir o no paquetes electorales, algo criticado en la elección para la gubernatura de 2017.

En 2024, el Consejo General logró el consenso de un nuevo modelo. El examen ya no sería sólo del IEEM, ahora participaría un claustro académico, se consideró un apartado de participación ciudadana, un formato de autoadscripción a algún grupo vulnerable, se evaluaron habilidades transversales, y los puntajes en cada rubro de formación académica se modificaron.

El cambio generó una renovación del 43%. Todo diseño, sin duda, tiene aspectos que deben mejorarse. Nuestra misión como institución es tener cohesión y una visión ciudadana. La participación de la ciudadanía, sin sesgos, legitima el trabajo institucional, por ello, las vocalías son parte sustancial del proceso electoral.

En la próxima entrega hablaremos de las Consejerías Distritales y Municipales, que también son parte de los órganos desconcentrados.

[1] Estadísticos de Padrón y lista nominal corte al 31 de julio de 2026.

El Estado de México tiene un importante peso político. Cuenta con la lista nominal más grande de todo el país con más de 13 millones de electores. Lo integran municipios como Ecatepec, cuya población es mayor a la de Nayarit o de Asunción, capital de Paraguay, ya que supera los 1.2 millones de electores.

La entidad mexiquense aporta una media centena de diputaciones a la Cámara de Diputados federal, considerando a las de mayoría y representación proporcional, aunque fue uno de los gobiernos que más tardó en vivir la alternancia política en la gubernatura (2023) y fue cuestionado por la existencia del llamado Grupo Atlacomulco.

El organismo encargado de organizar elecciones no ha estado exento de críticas, un estudio de opinión, realizado por la empresa AvantQuest, reveló en 2023 que el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) no era muy conocido por la ciudadanía.

Respecto de cómo se conducía frente a los partidos políticos, un 46% consideró, en dicho estudio, que favorecía a un partido en particular. La percepción sobre su autonomía estaba dividida, 45% pensaba que el instituto recibía órdenes del gobierno estatal y 46% que no.  En temas de gasto la evaluación era negativa, ya que el 66% decía que realizábamos gastos excesivos.

En esta entrega comparto qué está en juego y los puntos que en un primer momento deben ser observados con absoluta atención por la ciudadanía y medios de comunicación, además de ser atendidos con plena responsabilidad y legalidad por quienes tomamos las decisiones de cada etapa del proceso electoral.

El 6 de junio de 2027 se elegirán un total de 75 diputaciones locales en el Estado de México, 45 son de mayoría relativa y 30 de representación proporcional. También se renovarán los 125 Ayuntamientos, un total de mil 291 cargos de elección popular.

Retos para el árbitro. El primero es su actuar; después de la reciente reforma electoral donde se discutió la desaparición de los Organismos Públicos Locales, los procedimientos que vote el Consejo General deben estar alejados de vicios, opacidad y a la altura de la exigencia ciudadana.

Designación de vocalías. En el Estado de México se instalan 170 órganos desconcentrados: 45 Juntas Distritales que corresponden a los distritos donde quien gane por mayoría de votos obtiene su constancia de mayoría y 125 Juntas Municipales que organizan la elección para renovar los Ayuntamientos.

En las juntas distritales hay tres personas que fungen como vocales Ejecutivo, de Organización, y de Capacitación. En las municipales son dos: Ejecutivo y de Organización. Esta estructura se creó en 1992 y a 34 años de distancia se mantiene vigente.

385 espacios que están diseñados para que la ciudadanía participe en cada proceso, pues son temporales, por ello su procedimiento de selección debe ser mediante convocatoria pública, ampliamente difundida. Es importante garantizar que los criterios de ponderación no supongan barreras, ni ventajas previas para ningún sector de la ciudadanía, asegurar una competencia justa con un piso parejo desde la convocatoria.

Licitaciones públicas. El IEEM carga una pesada losa en este tema, tras lo ocurrido con Cartonera Plástica en 2005.  Los consejeros de ese momento dejaron el cargo, tras la controversial contratación de esta empresa de material electoral, desde entonces quienes integran el Consejo General no toman esa decisión, pero sí existe una Comité de Adquisiciones, cuyo presidente es el director de Administración.

Recientemente se renovó la normativa del IEEM, sobre la forma en cómo se emplean los recursos públicos derivado de la auditoria AL-150; pero el reglamento actual permite alta opacidad, por ejemplo, no contempla que los procesos de contratación puedan ser observados por la ciudadanía, contrario a lo que establece la legislación estatal.

Habrá que estar atentos a las bases de las licitaciones. Aunque la decisión final no pase por Consejo General, la Comisión de Vigilancia tendrá que hacer su trabajo, no hacerlo podría implicar omisiones y faltas administrativas. Tenemos un gran trabajo por hacer.

En septiembre de 2020, en el Estado de México, se reformaron diversas disposiciones en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. Las modificaciones también se realizaron al Código Electoral de la entidad.

En el caso del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), esta reforma no solo establecía la obligatoriedad de contar con una Unidad de Igualdad de Género y Erradicación de la Violencia, que se encargaría de implementar e institucionalizar la perspectiva de género y fungir como órgano de consulta, sino también de contar con una Unidad Técnica para atender la Violencia Política contra las Mujeres, a través de la cual las precandidatas, candidatas, aspirantes, militantes de los partidos políticos, servidoras públicas, periodistas y defensoras de derechos humanos o ciudadanas que manifestaran ser objeto de violencia política en razón de género recibieran apoyo, asistencia y asesoría.

Esto no ocurrió sino hasta después de un exhorto hecho al IEEM por unanimidad del Congreso local en 2022. Esa misma reforma también mandataba que, como medidas cautelares, el instituto podría realizar un análisis de riesgos y un plan de seguridad para las mujeres que lo necesitaran.

Poco más de cinco años después de esa reforma, en este proceso electoral 2026-2027, las mujeres que sufran violencia política podrán contar con estas medidas, una vez que ya fue aprobada una Ruta de Acción en el Consejo General del IEEM.

Esta Ruta incluye un análisis de riesgos y, en su caso, la elaboración de un plan de seguridad para la presunta víctima.

A través de cuestionarios de riesgo o de evaluación, las instancias electorales podrán contar con información para identificar, desde la presentación del procedimiento especial sancionador, las condiciones, el contexto y la gravedad de la agresión que denuncia una mujer víctima de violencia política.

Con esa información se puede generar un plan de seguridad, a partir del cual se prevengan y mitiguen esos factores de riesgo que limitan el pleno ejercicio de sus derechos político-electorales y que incluso pueden poner en riesgo su vida.

Estamos a semanas de que inicie el proceso electoral local y las cifras han demostrado que, a mayor número de mujeres participando, mayor número de agresiones reciben de diferentes vías, sobre todo la violencia digital, ello sin contar que hay muchas mujeres que no denuncian por miedo o desconocimiento de las vías para hacerlo y las medidas de protección que pueden obtener.

Hasta el 31 de julio de 2026, el IEEM registraba ocho Procedimientos Especiales Sancionadores (PES), de los cuales uno de ellos es de 2025 y siete corresponden a 2026.

Seis de estos procedimientos se encuentran en diligencias del IEEM y dos de ellos en diligencias ordenadas por el Tribunal Electoral del Estado de México. Los datos revelan que hay mucho que hacer y, tras aprobarse la Ruta de Acción, habrá que hacer una gran difusión para que se conozca la forma en cómo pueden llevarse a cabo estos análisis de riesgos y planes de seguridad.

Como ciudadanía, debemos estar atentos a la aplicación de esta nueva Ruta de Acción, que, dependiendo de cada caso, puede incluir planes de seguridad para que las presuntas víctimas cuenten con redes de apoyo, señales de seguridad y estrategias de autocuidado, entre otras.

El sábado pasado fui invitada a un evento en el que dos importantes moneros, Rafael Pineda y José García Hernández, compartieron con un nutrido grupo de ciudadanos y ciudadanas lo que para ellos ha significado el realizar caricatura política en un país como México en diferentes momentos de nuestro devenir.

Y es que la caricatura política no sólo es un género periodístico que ayuda a interpretar nuestra realidad, sino también es una forma dinámica y accesible para vivir nuestra vida cotidiana desde una perspectiva irónica, pero responsable. La caricatura política además se mantiene vigente, no es por proceso electoral, sino cotidiana.

La caricatura política es una expresión artística que termina siendo un termómetro de nuestra vida democrática como sociedad, ¿cuántas veces no hemos visto en marchas el uso de cartones que representan la exigencia de justica o el alto a la violación de derechos humanos? cuántas de esas caricaturas reflejaron en algún contexto particular nuestro sentir y nuestro rechazo a conductas inmorales de quienes detentan el poder.

Es así, porque la caricatura política lleva como elemento implícito la crítica social y esa misma se convierte en un motor de la participación ciudadana informada al presentar una realidad, una controversia, un hecho o una condición política de manera rápida y accesible, lo cual incentiva la necesidad de informarse, lo que fortalece el derecho a la información.

En una democracia, donde existe una sociedad plural, debe privar la libertad de expresión, y con información se pueden tomar mejores decisiones y esto se traduce en contar con un voto informado, es así como la ciudadanía cuenta con mayores elementos para decidir su propio destino.

La caricatura política tiene una gran cualidad, pues al utilizar al humor como herramienta para conectar con las audiencias, se convierte en un contenido muy accesible para todo tipo de público, jóvenes o incluso sectores apáticos, ya que lo sagrado se vuelve común, lo formal se hace sencillo, y el protocolo suele convertirse en un rasgo trivial.

Seguramente vendrán muchos cartones, habrá que tener claro que la caricatura política no desdibuja a las y los actores políticos, por el contrario, les advierte que su actuación debe garantizar honestidad y el reconocimiento de errores para tener mejores trazos, tonalidades y colores en el servicio público.