El 2 de febrero de 2007 entró en vigor la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a 19 años de su creación un gran número de mexicanas no viven libres de violencia y hay agresiones que deben tipificarse como delitos.

Vivimos en un sistema patriarcal en el que persiste la idea de que las mujeres no somos iguales a los hombres y por lo tanto no tenemos como género el mismo valor; se siguen perpetrando actos de extrema violencia con impunidad para quienes los cometen, un ejemplo de ello es la violencia ácida o química.

Esta violencia extrema se caracteriza por exponer a una mujer, niña o adolescente al ácido, a sustancias químicas, agentes físicos o gases con la intención de causar daño, sufrimiento, dolor, ejercer poder, miedo o control sobre ellas.

Los agresores, en poco más del 86 por ciento, son exparejas, quienes motivados por venganza, celos o rechazo, deciden dañar a la mujer que fue su pareja buscando desfigurarla, mutilarla y marcarla física y psicológicamente de por vida. Se atenta contra la identidad y belleza femenina de quienes han decidido terminar la relación.

Los efectos son devastadores, víctimas que no son atendidas por el Estado, quien debería ser su primer garante, a través de protocolos y procesos con perspectiva de género. Todo les es negado causando un enorme déficit de justicia para las mujeres atacadas con sustancias corrosivas, quienes se enfrentan a dolor, secuelas permanentes y traumáticas.

Así lo expresa Carmen Sánchez, quien fue atacada con ácido por su expareja en 2014. Carmen es una sobreviviente, una activista que decidió crear la Fundación Carmen Sánchez MX, donde dan apoyo a otras mujeres que vivieron o están pasando por la misma situación, sin embargo, es condenable que exista este tipo de violencia, que su tipificación no sea uniforme a nivel nacional, e incluso se permita enmarcarla como violencia familiar o lesiones que no tardan en sanar más de 15 días, como le sucedió a Carmen.

Hay una deuda de justicia con Carmen y con muchas mujeres, es recriminable que el Estado no cuente con registros de estos casos, que cada vez son más comunes.

Desde la Fundación Carmen Sánchez se logró documentar que en tres décadas han existido 41 casos de este tipo de agresión, mientras que la prensa solo refería cuatro y las instituciones gubernamentales ninguna. 

Es necesario continuar con esta lucha para visibilizar y atender la violencia ácida, no se trata de poner restricciones a las sustancias corrosivas, pues actualmente existen cerca de 125 mil sustancias químicas peligrosas capaces de producir daños al entrar en contacto con el cuerpo humano. 

Se debe erradicar la cultura patriarcal, el machismo y los estereotipos de género. La citada fundación requiere siempre de voluntades para hacer un trabajo que tendría que hacer el Estado, donar es una forma activa de contribuir a esta causa.

En la democracia existen las instituciones y el Estado de derecho que protege derechos inalienables y garantiza democracia sustancial y no solo formal.

En este escenario, el disenso que deriva de di-sentio, que significa sentir, cobra una gran relevancia. El disenso es un derecho humano, un valor revolucionador y perentorio de la democracia deliberativa y participativa.

Disentir significa decir que no a una situación dada, al poder o al orden simbólico. A través del disenso se expresa el sentir diferente, a los y las demás, que forman parte de la sociedad o de una institución.

¿Es malo el disenso? No, por supuesto que no, al contrario, es necesario contar con disensos en un gobierno democrático y en sus instituciones gubernamentales, jurisdiccionales y autónomas. Gracias al disenso hay transformaciones que abonan a la democracia, que logran incidir y corregir actos que limitan derechos. 

En muchos espacios no es bienvenido el disenso porque se busca mantener el status quo, privilegios o prácticas contrarias a la ley; por ello cuando alguien disiente lo primero que el grupo mayoritario hace, es presionar y tratar de acabar con ese disenso. Es inmoral que ello ocurra, pero quien ejerce poder y mayoría puede llegar a cegarse, incluso teniendo ciertos principios y valores democráticos. 

En democracia son valiosos los consensos y las mayorías ayudan en la toma de decisiones, pero éstas no pueden anular los disensos que existan.

Aún y cuando sólo una persona estuviera en contra de una decisión, esa persona tiene garantizado su derecho a disentir por ser un derecho inalienable a través del cual se ofrece una visión diferente, una alternativa a lo que está dado.

En las instituciones públicas el disenso debe verse como aportación, querer presionar, invisibilizar o utilizar los medios de que dispone quien ejerce poder para tratar de acallar las voces de disenso, solo nos muestra una cara dictatorial y una falta de altura política. 

En la historia de la humanidad han disentido Prometeo, Sócrates, Lutero, Espartaco y el propio Cristo. Las revoluciones francesa y norteamericana nacieron del disenso, también disintieron Martin Luther King y Nelson Mandela.

En los tiempos actuales, a nivel mundial, nacional y estatal, el respeto al disenso es fundamental, quienes no logren comprenderlo y buscar vías de escucha, podrán contar con mayorías para ciertos actos, pero eso es temporal, todos los espacios públicos lo son, lo que trasciende es la esencia y forma en la que se ejerció el poder que en algún momento se detentó.

Mujeres como Sor Juana Inés de la Cruz, Josefa Ortiz Téllez Girón, Leona Vicario, Matilde Montoya, Elvia Carrillo Puerto, Rita Cetina, y Hermila Galindo también disintieron. La actual presidenta Claudia Sheinbaum, desde que era estudiante, expresó su disenso al poder hegemónico de la época y logro ser parte del cambio de régimen que vivimos. El disenso es una virtud de la democracia.

Los órganos electorales están obligados a la transparencia y claridad en el uso de recursos públicos, pues funcionan gracias al dinero de toda la ciudadanía. 

Por ello, voté en contra del Reglamento de la Actividad Administrativa y Financiera del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), el cual se aprobó el pasado 30 de enero en el Consejo General de este órgano electoral. ¿Por qué voté en contra? Porque dicho reglamento contiene elementos que violan la Ley de Contratación Pública del Estado de México, así como su respectivo reglamento.  

En otras palabras, es una normatividad que sigue adoleciendo de fallas que no garantizan un adecuado manejo de los recursos públicos. Es de reconocerse que en su elaboración hubo un esfuerzo de funcionarios y consejerías del IEEM, hubo avances, pero nos quedamos con tareas pendientes. Esta normativa contiene la forma en la que el instituto regulará las políticas, procedimientos y sistemas administrativos para el ejercicio y control de los recursos financieros, materiales y servicios generales institucionales.

En este sentido, contar con un reglamento que cumpla con los estándares normativos estatales garantiza que los recursos asignados se encuentren correctamente empleados.

Es preciso recordar que este reglamento también derivó de las recomendaciones de la Auditoría de Legalidad número AL-150, que el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), realizó al IEEM desde el año 2024, entre cuyos resultados se destaca que el actuar institucional en materia de procedimientos adquisitivos, con base en sus Lineamientos para la Administración de Recursos del IEEM, contravenía en algunos casos  lo que establece la Ley de Contratación Pública del Estado de México y su  reglamento.

De esta forma, las condiciones nos obligaban a ser exhaustivos en la elaboración del multicitado reglamento, lo cual no ocurrió. 

A continuación enumero algunos de los puntos que propuse, mismos que no fueron incluidos en este reglamento: el citado reglamento no permite que ciudadanos y ciudadanas puedan estar presentes como observadores en procesos de contratación, tal y como lo mandata el artículo 85, párrafo primero del Reglamento de la Ley de Contratación Pública estatal, lo cual no sólo se trata de observar lo ordenado por la normatividad, sino que permitiría realmente cumplir con el principio de máxima publicidad.

Tampoco se aceptó que la Dirección de Administración del IEEM sea quien realice los estudios de mercado en las distintas contrataciones, pues quienes las realizarán serán las áreas solicitantes. Esto contrasta con lo establecido en el  Reglamento de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios.

Además, no se incluyó el concepto de precio no aceptable. Esta es una noción jurídica de suma importancia porque evita sobrecostos, previene la corrupción, abona a la transparencia y al principio de honradez, lo que se traduce en un adecuado manejo de recursos públicos.

El afán de estas y otras propuestas que no fueron aceptadas fue acatar la normatividad aplicable en la materia, a fin de asegurar que el IEEM realmente opere bajo las mejores prácticas administrativas. Ese seguirá siendo nuestra obligación legal y convicción ciudadana. 

En el Estado de México, 2026 es un año no electoral, sin embargo, el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), desde el año pasado, aprobó un programa anual de actividades, donde se contempla el seguimiento al posible registro de un nuevo partido político local.

Los partidos políticos locales también reciben financiamiento público y para obtener su registro deben reunir una serie de requisitos que la autoridad electoral nacional y local deben verificar.

En la entidad, desde la creación del IEEM, han tenido registro local los siguientes: Partido del Pueblo Mexiquense, Partido Democracia Social, Partido de Centro Democrático, Parlamento Ciudadano, Partidos Unidos por México, Partido Futuro Democrático, Partido Vía Radical, Partido Nueva Alianza, y recientemente el Partido de la Revolución Democrática.

Actualmente, está en proceso de verificación de requisitos la solicitud de la organización ciudadana “Poder Mexiquense de Oportunidades Sociales A.C.”, que presentó su solicitud en enero de 2024.

Posteriormente, el IEEM le requirió subsanar omisiones e inconsistencias encontradas. El 7 de mayo, en Consejo General, se aprobó el desechamiento del aviso de intención que habían presentado; no obstante, la organización impugnó el acuerdo y en acatamiento a la sentencia del Tribunal local JDCL/225/2024, la organización continúa con el respectivo procedimiento.

Lograr el registro como partido local no es sencillo, entre los requisitos están: realizar asambleas en por lo menos dos terceras partes de los distritos electorales locales o municipios, con la participación de afiliados que no puede ser menor al 0.26% del padrón electoral del distrito o municipio que se trate.

Además, se requiere una asamblea local constitutiva, con delegados propietarios y suplentes, previamente elegidos. El IEEM debe dar aviso al INE para que sea esta autoridad la que verifique las afiliaciones.

Adicionalmente, los ciudadanos y ciudadanas que conforman las listas de afiliados y aquellos que participen en las asambleas deben hacerlo en absoluta libertad.

De cumplir estos requisitos, la organización se constituiría como partido político local, al que se le tendría que asignar financiamiento público, el cual impactaría al monto que recibirán los siete partidos políticos, ya acreditados ante el IEEM, pues el presupuesto global de financiamiento se reparte entre el número total de partidos con registro.

Los partidos políticos locales han tenido una efímera duración, presupuestos de millones y al final un procedimiento complejo para su liquidación, un ejemplo reciente fue Nueva Alianza (NAEM), que en 2024 recibió poco más de 76 millones de financiamiento público y ese mismo año perdió el registro.

¿Son necesarios? Asociarse es un derecho y siempre es importante que la ciudadanía cuente con diferentes opciones, sin embargo, tendría que analizarse si efectivamente cumplen con ese fin.

Hace 110 años se realizó el Primer Congreso Feminista en Mérida, Yucatán, el Teatro Peón Contreras fue escenario, donde en plena Revolución Mexicana mujeres como Elvia Carrillo Puerto, Hermila Galindo, Consuelo Zavala, Candelaria Ruiz Patrón, Dominga Canto Pastrana y Rosa Torre González, además de otras profesoras y escritoras, discutieron e impulsaron derechos civiles y políticos de las mujeres.

617 mujeres acudieron a este Congreso del 13 al 16 de enero de 1916. En esa época las mujeres no tenían reconocido el derecho a votar, tampoco podían firmar contratos civiles aun siendo propietarias de bienes inmuebles, ni administrar sus bienes o comparecer a juicio sin la autorización de su marido.

Los resultados de la lucha de las sufragistas, como todas las batallas de las mujeres, han sido tardíos, el derecho a votar fue una propuesta en 1917 y a nivel federal ocurrió hasta 1953.

También hay aciertos que debemos reconocer, la paridad total es uno de ellos. México es uno de los países donde el 50 por ciento de los espacios públicos son ocupados por mujeres, un gran logro a partir de la suma de mujeres de colectivos feministas y con diferentes ideologías, quienes unieron esfuerzos para hacerlo posible.

Sin embargo, sigue vigente la agenda de género para erradicar violencias en contra de niñas, adolescentes y mujeres, así como reducir las brechas de desigualdad que persisten.

Hay retos que atender y están relacionados con el entorno donde viven y laboran las mujeres. En un estudio elaborado por el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) en 2024, con datos obtenidos del INEGI, se reveló que en nuestro país una de cada cuatro mujeres de 15 años o más no cuenta con ingresos propios, lo cual la condiciona y hace vulnerable en un sistema que sigue siendo sumamente patriarcal.

Nuestro país ocupa uno de los últimos lugares en su capacidad de atracción y retención de talento de las mujeres en el mercado laboral, ocupa el lugar 110 de 146, cerca de economías como Costa de Marfil o Corea del Sur.

Las mujeres mexicanas ganan 14 por ciento menos que los hombres en los mismos cargos y les es más difícil en el ámbito privado ocupar espacios de dirección, debido a que se mantienen los roles y estereotipos, así como la tarea de cuidados a cargo de mujeres.

Además, en México una mujer destina 60.2 por ciento más horas al trabajo no remunerado que un hombre. Los estados con mayor desigualdad siguen siendo Chiapas y Puebla.

Todos estos indicadores son medibles y pueden revertirse, obligado es generar políticas públicas que reduzcan estas brechas y permitan igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Sigamos visibilizando y deconstruyendo esquemas patriarcales.