Estamos a cinco semanas de que inicien los procesos electorales federal y local.

A partir de las sesiones solemnes de los Consejos Generales, en los respectivos órganos electorales, comenzarán a correr los plazos para la preparación de la jornada electoral que será el 6 de junio de 2027 para renovar las 500 curules de la Cámara de Diputados federal, 17 gubernaturas, mil 98 Diputaciones Locales y 227 Ayuntamientos en el país.

¿Hay quienes se están adelantando a estos plazos? ¿cómo lo están haciendo? ¿existe regulación alguna? Es un tema del que ya se habla en medios de comunicación, la ciudadanía observa e incluso ha sido motivo de debate en el Consejo General de INE, donde por tercera ocasión consecutiva se pospuso la discusión, y en su caso aprobación, de lineamientos que buscan fiscalizar los actos anticipados de campaña.

Pero ¿qué son los actos anticipados de campaña y precampaña? De acuerdo con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales son aquellos que se realicen bajo cualquier modalidad, fuera de la etapa de campañas, que contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de una candidatura o un partido, o solicitando cualquier tipo de apoyo para contender en el proceso electoral por alguna candidatura o para un partido.

Y los actos anticipados de precampaña son las expresiones que se realicen bajo cualquier modalidad, y en cualquier momento, durante el lapso que va desde el inicio del proceso electoral hasta antes del plazo legal para el inicio de las precampañas, que contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de alguna precandidatura.

En el caso del Estado de México, el Código Electoral agrega quiénes son las personas que pueden realizar este tipo de infracciones a la Ley: partidos políticos, dirigentes, militantes, afiliados y simpatizantes, cuyos actos trasciendan con la finalidad de posicionarse y obtener una candidatura.

Su regulación data de 2006 y 2008, es decir, está desfasada de la época actual, donde se usa inteligencia artificial, redes sociales y los partidos políticos realizan procesos internos de selección a través de coordinaciones.

¿Esto es una simulación legal? ¿se erogan recursos públicos? ¿aplica la nulidad de elecciones que se incluyó constitucionalmente en 2014?

Pareciera que en tanto no exista un ajuste en la regulación, la única vía sería la ética y tener una verdadera cultura democrática, algo difícil de conseguir si sólo se piensa en los espacios de representación popular como la vía para ejercer poder, y sobre todo de recursos públicos en grandes cantidades, sin tener en la mira a la ciudadanía y las exigencias de ésta.

También se deben hacer efectivos los Procedimientos Especiales Sancionadores, de los que comentaremos en próximas entregas, sin olvidar que la erosión de la confianza ciudadana puede llegar pronto a un límite.

Cuando una persona cumple 30 años, el futuro va dejando de ser expectativa y el pasado ya acumula muchas experiencias para nutrir el presente. Madurez que apuntaría a ser mejor reconocido. En teoría.

En el caso de las instituciones, como el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), el arribar a las tres décadas es un momento para ubicarse en un urgente presente, donde el pasado ofrece el legado de las demandas democráticas que se traducen en la organización de elecciones, mientras el futuro abre constantes retos para incrementar la participación ciudadana.

Hace más de 30 años no existía el IEEM. En el Centro Histórico de la capital mexiquense operaba una Comisión Estatal Electoral que dependía del gobierno en turno. La organización de elecciones no era tema ciudadano, eran otros tiempos con la hegemonía de un partido político.

En esa época nació el IEEM, como una respuesta a las demandas nacionales para dejar en manos de órganos ciudadanos la tarea de regresarle legitimidad a las elecciones, en un contexto de mayor participación política que transitaba a escenarios de verdadera pluralidad.

Sus primeros pasos, en 1996, coincidieron con la alternancia electoral de aquel año en los comicios de alcaldías y diputaciones locales, así como la elección de la gubernatura en 1999.

A la fecha, el IEEM ha organizado 10 procesos electorales para renovar alcaldías y diputaciones locales, ocho elecciones extraordinarias municipales, cinco comicios para renovar la gubernatura, y una elección judicial. Esto lo ha consolidado como una autoridad electoral con toda la experiencia técnica y administrativa para afrontar este tipo de procesos.

Sin embargo, nuestro Instituto Electoral es un treintañero, cuyo pasado también es de altibajos, donde el reto permanente es elevar los niveles de participación ciudadana, lo cual suele ser variable en la entidad mexiquense.

Basta recordar las últimas tres elecciones de la gubernatura, donde el abstencionismo se convirtió en la urgencia de vivir en el presente electoral.

En los comicios de la gubernatura de 2011 se registró un porcentaje de participación ciudadana del 46.15% de la lista nominal, lo cual significó un abstencionismo del 53.85%, el más alto de las últimas tres elecciones de este tipo.

Seis años después, en la elección de la gubernatura de 2017, la participación ciudadana fue del 53.53%, mientras el abstencionismo quedó en 46.47%, lo cual represento una mejoría.

Pero en la elección de 2023 la participación ciudadana volvió a bajar al quedar en 50.30%, mientras el abstencionismo fue del 49.70%.

La participación ciudadana no sólo es tarea del IEEM, pues los partidos políticos son actores fundamentales para la cultura democrática, no obstante, también es importante que el Instituto Electoral se ubique más en el campo ciudadano.

Y es que, en 2023, la empresa AvantQuest realizó un estudio de opinión para el IEEM y encontró que sólo el 12% de los encuestados identificaba a nuestro Instituto Electoral, como el encargado de organizar las elecciones locales de la gubernatura, presidencias municipales y diputaciones locales.

Esto nos habla de que no debemos quedarnos en el pasado, como una autoridad que ha organizado elecciones, sino que el IEEM debe advertir que en el aquí, y el ahora, hay una sociedad que sólo ubica y reconoce a autoridades que le sirven en su vida diaria y de manera permanente. Es el reto para los siguientes años.

El Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) logró una ampliación presupuestal para 2026 de 262 millones 324 mil 658.91 pesos, destinados a la organización de la elección de las 125 alcaldías y 75 diputaciones locales.

Este monto autorizado, por el gobierno estatal, representa un compromiso y responsabilidad para el Instituto Electoral, pues cada peso debe convertirse en acciones para incentivar la participación ciudadana. No es un tema menor. Más cuando el IEEM tuvo un saldo a favor.

Y es que inicialmente, el Instituto Electoral solicitó un incremento presupuestal de 361 millones 590 mil 205.63 pesos, con el fin de destinar estos recursos a las elecciones locales, y de personas juzgadoras del Poder Judicial.

Pero tras posponerse la elección judicial para 2028, ya no fueron necesarios 149 millones 646 mil 315.28 pesos que estaban programados para estos comicios.

Sin embargo, comparando las cifras, de la solicitud inicial de ampliación presupuestal, con la autorización final, resulta que el IEEM obtuvo una cantidad adicional de 50 millones 380 mil 768.56 pesos para la elección de alcaldías y diputaciones locales de 2027.

De esta última cantidad, 47 millones 976 mil 768.56 pesos serán canalizados a la Dirección de Administración del IEEM, quien a su vez los destinará a los siguientes rubros:

25 millones 318 mil 868.56 pesos serán para emitir las nóminas del personal eventual del órgano central y enterar las aportaciones y deducciones correspondientes para el cumplimiento de las obligaciones en materia financiera.

17 millones 634 mil 899.57 pesos estarán destinados a la atención de los diversos requerimientos debienes muebles de las diferentes Juntas que integrarán los órganos desconcentrados.

5 millones se canalizarán a elaborar el reporte del suministro de recursos, derivados del Convenio General de Coordinación y Colaboración, celebrado entre el INE y el IEEM.

Y 23 mil pesos, 43 centavos, servirán para atender requerimientos de bienes muebles y consumibles del órgano central.  

A este monto de 47 millones 976 mil 768.56, que será operado por la Dirección de Administración, debemos agregar otros 2 millones 404 mil pesos, cuya aplicación corresponderá a la Unidad de Informática y Estadística del Instituto Electoral para reportar sobre el desarrollo del “Sistema de Apoyo a Cómputos”.

En virtud de todo lo anterior, debemos insistir en la responsabilidad que tenemos para hacer un buen uso de los recursos públicos, lo cual nos obliga a tener un ejercicio eficiente y transparente.

La tarea de organizar elecciones no se limita a una acción administrativa, donde se asegura la compra de insumos y el pago del personal involucrado, sino que el dinero público debe utilizarse para que la ciudadanía incremente su participación democrática.

La reciente detención de Víctor Rodríguez Padilla, acusado de los delitos de violencia familiar y vicaría, tras ser exhibido en un video donde agrede a su esposa, representa un avance para revertir la violencia de género en nuestro país, sin embargo, se trata de un caso donde la denuncia pública y los reflectores nacionales jugaron un papel clave.

Realidad que debería ser la constante, pero que está ausente en la mayoría de las violencias contra mujeres.

El caso del también exdirector de Pemex tocó una de las fibras más sensibles de la administración encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, pues su gobierno se ha caracterizado por una visión feminista bajo el lema de “no llegué sola, llegamos todas las mujeres mexicanas”.

Ante las evidencias de la agresión ocurrida el 25 de marzo, las cuales circularon en redes sociales, y el historial laboral del agresor; el caso llegó a la conferencia mañanera de la presidenta Sheinbaum, quien ha manifestado que debe aplicarse la Ley.

Hasta el momento, este caso va por la ruta de “cero impunidad” contra la violencia de género y mantiene una condena unánime de la clase política, no obstante, detrás de esta denuncia hay miles de casos que no logran tener la atención nacional, ni los reflectores deseados para evitar las agresiones contra mujeres.

Y es que las cifras hablan por sí solas: en 2021 vivían en México 128 millones de personas, de las cuales 50.5 millones eran mujeres de 15 años y más.

Del total de mujeres en este rango, el 70.1% habían experimentado al menos un incidente de violencia, que pudo ser psicológica, económica, patrimonial, física, sexual o discriminación en al menos un ámbito y ejercida por cualquier persona agresora a lo largo de su vida. 

Cifras de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH, 2021), también indicaban que la violencia psicológica es la que presentaba mayor prevalencia con el 51.6% del total.

Además, datos del INEGI reportaban que, en 2021, las entidades federativas donde se presentaba mayor violencia contra las mujeres de 15 años y más, eran el Estado de México, Ciudad de México y Querétaro con más del 70%.

Estas violencias también van asociadas con las desigualdades que aún persisten contra las mujeres en materia de acceso a la salud, educación, trabajo y en los ámbitos de la toma de decisiones, a lo cual se suma el no tener garantizado un adecuado sistema de justicia que facilite las denuncias por violencia de género.

En este sentido, la denuncia y juicio contra el exdirector de Pemex puede marcar un hito en la erradicación de la violencia contra las mujeres, pero también debe ser un llamado de atención para visibilizar los millones de casos, donde las mujeres siguen siendo agredidas, lejos de los reflectores nacionales.

Vivimos una época donde la democracia se erosiona cada vez más. No es necesario un golpe de Estado u otra acción de este nivel para minarla, basta debilitar a las instituciones que fueron creadas, como una exigencia de la ciudadanía para que existiera igualdad en las contiendas electorales, pluralismo político y aplicar sanciones cuando hubiera una irregularidad o falta grave.

En democracia importa que existan instituciones sólidas, con conocimiento técnico, pero también con legitimidad y credibilidad. Esto se materializa con nuestras decisiones y acciones, cuando esto no ocurre viene el debilitamiento.

Los institutos electorales son un legado de voces que exigieron respeto al voto, sistema electoral que se ha ido configurando para corregir errores del pasado.

Se creó el Instituto Federal Electoral (IFE), hoy Instituto Nacional Electoral (INE). Y en cada entidad federativa existe un instituto electoral, que desde 2014 se denominan Organismos Públicos Locales, quienes son las autoridades administrativas que organizan elecciones.

La Constitución establece que estos órganos electorales deben regirse por los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, transparencia y una máxima publicidad. Cada decisión debe estar ampliamente consensuada, pero bajo el marco de los citados principios.

¿Qué decisiones toma una autoridad electoral? Son muy variadas, van desde el registro de candidaturas hasta la integración de sus órganos internos, como las direcciones de área o jefaturas de unidades.

Y aquí destaca que es muy alto el costo de no tener transparencia en estos procesos de designaciones, pues se afecta la confianza ciudadana.

Por ejemplo, en un reciente procedimiento para definir la titularidad de la Unidad de Comunicación Social del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) advertí ciertos vicios, como la aplicación de criterios de ponderación que derivaron en sesgos.

En este procedimiento de selección se equiparó el ejercicio de una suplencia o ser encargado de despacho, con la titularidad formal de una dirección, mientras en las entrevistas se registraron elementos de subjetividad, al no conocerse la puntuación total de todos los y las participantes.

Además, la difusión del aviso para inscribirse al procedimiento no fue amplia y en la información proporcionada a los y las aspirantes nunca se les indicó cuál sería la puntuación máxima a obtener en cada etapa del procedimiento, ni cómo se otorgarían los puntos de la valoración curricular, o cuáles serían las competencias que se valorarían en las entrevistas.

Los resultados de las puntuaciones de aspirantes, por cada etapa del procedimiento, tampoco fueron públicos, como sí ocurre en otros concursos de autoridades electorales.

En suma, la falta de un procedimiento que garantizara una ponderación más objetiva en el análisis de quien resultaría en ser el mejor perfil, dificultó conocer al o la aspirante mejor evaluada, de entre quienes cumplieron los criterios de idoneidad.

Para mayor contexto, la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) indica que entre 2023 y 2025 se registró una caída en la confianza ciudadana hacia los institutos electorales, al bajar del 54.7 al 48.1 por ciento.

Por ello, se advierte que las instituciones electorales no se sostienen automáticamente, sino a través de sus decisiones, además de la observación y exigencia ciudadana. De ahí la importancia de rechazar la opacidad que daña gradualmente a la democracia.