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El 6 de mayo el Congreso del Estado de México aprobó una reforma electoral que, revela una transformación de fondo: las elecciones mexiquenses han entrado en una etapa de mayor complejidad institucional. La reforma armoniza disposiciones locales con cambios recientes de la Constitución federal y reconoce que el sistema electoral estatal enfrenta una dimensión operativa distinta, marcada por la concurrencia de elecciones locales y federales con la elección de personas juzgadoras. No es un ajuste aislado de fechas; es una forma de reconocer que la elección de 2027 exigirá tiempos distintos a los que durante años ordenaron la vida electoral local.

La magnitud logística y territorial de esa tarea modifica la arquitectura bajo la que el Instituto Electoral del Estado de México había organizado elecciones los últimos años. Entre los ajustes aprobados destaca el inicio formal del proceso electoral en la primera quincena de septiembre del año previo a la jornada. La medida responde a una necesidad concreta: contar con más tiempo para la planeación técnica, presupuestal y operativa.

Conviene insistir en un punto que suele pasar inadvertido. El proceso electoral no empieza el día de la jornada ni se reduce a la instalación de casillas. Antes de que la ciudadanía acuda a votar, se requiere integrar órganos desconcentrados, designar consejerías y vocalías, buscar inmuebles, planear presupuestos, reclutar SEL y CAEL, así como preparar candidaturas independientes. En los hechos, estas actividades ya rebasaban los tiempos previstos por la legislación anterior.

En el caso mexiquense, la complejidad adquiere una dimensión adicional por el tamaño del electorado, la incorporación de la elección judicial y la coexistencia de distintos cargos, boletas y procedimientos dentro de una misma jornada. Esa realidad obliga a revisar si las normas responden a las necesidades prácticas de la autoridad electoral, pero también a las expectativas de una ciudadanía.

Lo que está de fondo es la adaptación del sistema electoral del Estado de México a una nueva realidad institucional. La manera en que el IEEM logre traducir estos ajustes en elecciones técnicamente viables y administrativamente funcionales será una prueba relevante de su capacidad para responder a los retos democráticos en los próximos años. Esa será, quizá, la verdadera medida de la reforma: que los cambios legales se traduzcan en una elección mejor preparada.

Por décadas, la definición de estos límites en Estados Unidos había sido un proceso periódico y sujeto a estrictos principios de equidad. Contra esa consolidación de derechos de las personas históricamente subrepresentadas en la política, esta geografía hoy se perfila como una contienda permanente, marcada por incentivos partidistas cada vez más agresivos que, en diversas localidades, coincide con factores raciales.

El punto de inflexión reciente proviene de una decisión de la Corte Suprema que modifica el alcance de la Ley del Derecho al Voto de 1965. Desde su creación, la Voting Rights Act permitió frenar redistritaciones que diluían principalmente el peso político de poblaciones afroestadounidenses y privilegiar las que lo potenciaban. Esa protección ahora será mucho más difícil de hacer valer en tribunales.

Las consecuencias son inmediatas. Estados controlados por ambos partidos han comenzado a considerar —o ya implementar— nuevos distritos. Lo que antes ocurría cada diez años, en línea con el censo, amenaza con volverse un ejercicio sin pausa. La lógica que se instala es vengativa: si la oposición redibuja distritos para maximizar su ventaja, el otro responderá en los mismos términos.

En este escenario, una de las principales víctimas es la competencia política. Cuando los distritos se diseñan para garantizar ventajas claras, las elecciones pierden incertidumbre. Las contiendas cerradas pasan a ser anecdóticas y el momento decisivo se desplaza a las primarias. Si de antemano se sabe qué partido ganará en una demarcación, la persona electa es aquella que logra imponerse dentro de la base más activa de su fuerza política, no la que convence a una mayoría amplia.

El efecto no termina ahí. Si la competencia desaparece, también lo hace uno de los mecanismos más básicos de rendición de cuentas. Las personas que son seleccionadas para esas elecciones primarias en procesos de selección de candidaturas ya no necesitan apelar a electorados amplios. La moderación pierde valor, las posiciones más duras ganan rentabilidad y la polarización encuentra campo fértil para consolidarse como el común denominador en la contienda política.

La representación de las “minorías”, entonces, se verá desproporcionalmente afectada. La Ley del Derecho al Voto no sólo removió barreras estructurales al sufragio, sino que impulsó que comunidades históricamente marginadas eligieron representantes afines a sus intereses. Algunos artículos han retomado que, a partir de la introducción de dicha Ley, el electorado afroestadounidense registrado para votar en el Sur del país aumentó en 42%, mientras que el número de personas electas del mismo grupo, pero en todo el país, aumentó de 500 a 10 mil 500.

No perdamos de vista que, más allá de la configuración del Congreso en las próximas elecciones intermedias, lo que está en juego es la calidad misma de la democracia del país vecino. Si la redistritación se consolida como moneda de cambio, la competencia pasará de ser el motor del sistema a ser la excepción.

La creación de partidos políticos suele percibirse como un proceso político. Sin embargo, su consolidación depende de una capacidad organizativa importante para cumplir con requisitos estrictos. El reciente caso del Estado de México lo confirma: detrás del registro de una nueva fuerza política hay cifras concretas que permiten dimensionar su respaldo.

El punto de partida es el tiempo. La normativa establece que el aviso de intención debe presentarse en el mes de enero del año siguiente al de la elección de gubernatura. Esto supone un proceso en el que las organizaciones deben acreditar –de manera ordenada y bajo un calendario estricto– el cumplimiento de los requisitos legales. Así, surge una pregunta clave: ¿qué se necesita para registrar un partido político en el Estado de México?

Dada la naturaleza de estas asociaciones, uno de los primeros aspectos a observar es su base social; es decir, el número de afiliaciones. La ley mexiquense es muy clara y fija un umbral mínimo correspondiente al 0.26% del padrón electoral, lo que equivale a aproximadamente 32 mil 999 ciudadanos y ciudadanas. En el caso del nuevo partido “Poder Mexiquense de Oportunidades Sociales, A.C.”, se acreditaron 44 mil 113 afiliaciones válidas.

A ello se suma el despliegue territorial. La legislación exige la realización de asambleas en al menos dos terceras partes de municipios o distritos locales, lo que se traduce en un mínimo de 84 asambleas. La organización realizó 98 asambleas que cumplieron con los requisitos legales, es decir, 14 más de las exigidas por la ley. Este dato refleja una cobertura territorial amplia y una capacidad efectiva de movilización en distintas cobertura territorial amplia y una capacidad efectiva de movilización en distintas regiones de la entidad.

En la asamblea local constitutiva participaron delegaciones provenientes de 88 municipios –el mínimo requerido es de 84– y se acreditó la asistencia del número de personas delegadas propietarias y suplentes suficientes para garantizar la validez de la sesión. Con esto, la asociación logró el cumplimiento de los requisitos formales de representación.

Otro ángulo relevante es el financiero. Durante el periodo comprendido entre enero de 2024 y enero de 2026, la organización presentó 25 informes mensuales sobre el origen y destino de sus recursos. La transparencia permite observar no solo la constancia en el cumplimiento de obligaciones, así como la trazabilidad de los ingresos y gastos durante todo el proceso de constitución.

Además, el proceso no se limita a cumplir metas numéricas, pues implica una verificación constante por parte de la autoridad electoral. Cada afiliación es revisada, las asambleas son certificadas y los documentos básicos son analizados a detalle. Este acompañamiento institucional asegura que los datos reportados sean auténticos y válidos, fortaleciendo la certeza del procedimiento en todas sus etapas.

Finalmente, regresamos al punto de partida. El procedimiento tiene tiempos definidos para su resolución. Una vez presentada la solicitud de registro, la autoridad electoral cuenta con un plazo de hasta 60 días para emitir una determinación. De resultar favorable –como lo fue en este caso– el nuevo partido adquiere su registro con efectos a partir del 1 de julio de 2026 y accede a financiamiento público equivalente al 2% del total destinado a actividades ordinarias. Esto, conviene precisarlo, implica un ajuste en los recursos que cada uno de los partidos constituidos recibió inicialmente.

En suma, la creación de un partido político en el Estado de México no es producto de una decisión discrecional. Por el contrario, responde a una normatividad construida a partir de exigencias legales, controles institucionales y aprendizajes derivados de la práctica electoral. Más de 44 mil afiliaciones, 98 asambleas válidas y 25 informes financieros dan cuenta de un proceso en el que los números importan porque son base que sostiene la legitimidad formal del nuevo actor partidista.

El 25 de abril de 2026 los territorios palestinos celebraron elecciones locales. La convocatoria estuvo dirigida a elegir representantes en consejos municipales, en un contexto marcado por la larga parálisis política que pesa sobre la representación palestina y por la ausencia de renovación de autoridades nacionales. Aun así, la jornada terminó por mostrar algo más profundo: cuando una sociedad vota en medio de la guerra, las urnas dejan de ser únicamente un instrumento electoral y se convierten en una prueba de existencia pública.

La elección no ocurrió de manera uniforme. La participación se concentró principalmente en Cisjordania, mientras que en la Franja de Gaza tuvo un alcance excepcional y casi simbólico. Solo Deir el Balah, una localidad menos devastada que otras zonas del enclave, pudo instalar votación. Allí, alrededor de 70 mil personas registradas pudieron votar, una cifra mínima frente a los más de dos millones de habitantes de Gaza. La imagen es elocuente: un territorio entero marcado por el desplazamiento, la destrucción y la emergencia humanitaria, reducido electoralmente a una sola ciudad.

Las condiciones materiales explican buena parte de esa excepcionalidad. La organización de una elección suele pensarse desde calendarios, padrones, boletas, casillas y procedimientos. En Gaza, en cambio, el proceso tuvo que abrirse paso entre restricciones de movilidad, escasez de insumos y falta de electricidad. Las urnas fueron construidas con madera por las propias personas electoras; las papeletas se imprimieron en la zona, y los horarios se ajustaron para que el conteo pudiera realizarse con luz natural. Votar, en esas condiciones, dejó de ser un acto ordinario para convertirse en una afirmación mínima de vida pública.

El alcance del proceso fue igualmente desigual. La ciudadanía estaba convocada para elegir representantes en 183 consejos locales responsables de servicios básicos como agua, caminos, electricidad y administración municipal. Sin embargo, en numerosas localidades no hubo instalación de urnas ni competencia efectiva. En varios casos, los cargos fueron definidos por aclamación y en 48 de las principales ciudades no se llevó a cabo votación. El dato revela una tensión central: hubo elección, pero no necesariamente competencia plena; hubo convocatoria, pero no todas las comunidades tuvieron condiciones reales para participar.

Los niveles de afluencia también muestran esa fractura. En Gaza, la participación se ubicó cerca del 23%, mientras que en Cisjordania alcanzó aproximadamente el 56%. No son cifras que puedan leerse solo como entusiasmo o desinterés ciudadano. En un contexto de guerra, desplazamiento y fragmentación territorial, la participación depende tanto de la voluntad política de acudir a votar como de la posibilidad material de hacerlo.

Los resultados favorecieron principalmente las listas vinculadas a Al Fatah, fuerza política del presidente Mahmoud Abbas. En Deir el Balah, la lista respaldada por esa fuerza obtuvo seis de los quince escaños, mientras que otras agrupaciones locales se distribuyeron el resto. La ausencia de Hamas como actor formal de la contienda, así como la no participación de otras facciones relevantes, incidió en el nivel de competencia electoral.

Por eso, estos comicios deben leerse con cautela. No fueron una elección nacional ni pueden interpretarse como una renovación democrática completa. Palestina no celebra elecciones presidenciales desde 2005, ni legislativas desde 2006. La división política entre Gaza y Cisjordania sigue condicionando cualquier intento de reconstrucción institucional. En ese marco, la jornada del 25 de abril fue menos una fotografía de alternancia que un espejo de las limitaciones actuales de la vida política palestina.

Pero tampoco conviene desestimar su significado. En medio de la devastación, hubo personas que ayudaron a construir urnas, imprimieron boletas, organizaron centros de votación y acudieron a ejercer un derecho que la guerra vuelve precario. Esa participación no borra las restricciones del proceso, pero sí recuerda que la democracia también se sostiene en gestos mínimos cuando las instituciones parecen insuficientes.

La elección, por tanto, no cierra ninguna discusión. Los gobiernos locales electos deberán operar con severas limitaciones materiales e institucionales. Su desempeño permitirá observar si estos resultados pueden traducirse en servicios, representación y reconstrucción comunitaria. Porque una urna puede estar casi vacía de votos y, aun así, estar llena de preguntas sobre el futuro político de un pueblo.

La primera vuelta presidencial ha expuesto la falta de confianza en el proceso electoral, la politización del voto rural y la facilidad con que ciertas narrativas se propagan

Los elecciones no solamente definen ganadores y perdedores. También ponen a prueba la calidad de los regímenes democráticos que las convocan. Lo que sucede actualmente en Perú se inscribe en una de las muchas situaciones desalentadoras por las que atraviesan los sistemas democráticos. La desconfianza de la ciudadanía sobre la legitimidad del proceso electoral gana terreno frente al conteo de votos. 

La primera vuelta presidencial ha expuesto la falta de confianza en el proceso electoral, la politización del voto rural y la facilidad con que ciertas narrativas se propagan. En un contexto donde las ideologías partidarias claramente se contraponen, los comicios que se llevarán a cabo en junio de este año se caracterizan por ser una disputa por la representación de la ciudadanía peruana.   

Mientras Keiko Fujimori –por cuarta vez consecutiva– tiene asegurado su nombre en el balotaje, el segundo espacio se disputa entre Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga. Entre un conteo lento y una porción de las actas aún sujetas a revisión por parte de las instancias electorales, la diferencia entre ambos candidatos oscila con cada actualización del escrutinio. 

La atención no debe prestarse a las demoras administrativas que caracteriza cualquier conteo durante una elección, sino el carácter reñido de la contienda. El proceso evidencia cómo el pasado no pierde vigencia.

Tan sólo cinco años después volvemos a ver el patrón que distinguió la candidatura de Fujimori en 2021: la solicitud por la anulación de votos provenientes de regiones andinas y amazónicas. Rafael López Aliaga, candidato de la ultraderecha y tan sólo uno de los 35 contendientes, traslada la controversia a las mesas de la sierra norte. 

De una forma lamentable, el candidato de ultraderecha expresó que “en provincia no saben llenar un acta”. A esto se suma la propagación de expresiones discriminatorias, por parte de sus simpatizantes, en contra del electorado de zonas rurales. Esto ha detonado un número importante de denuncias de racismo y exclusión. 

Las manifestaciones excluyentes van más allá de lo legal, se inscriben en un ámbito moral y político. La deslegitimización del sufragio rural le resta agencia a un pilar clave de la ciudadanía. Además, se transmite un mensaje claramente antidemocrático: la voluntad expresada de ciertos grupos sociales en las urnas es válida, pero sólo si no se altera el resultado esperado. 

Esta elección nos deja una lección: las denuncias de fraude no siempre se aparecen al término de una elección. Se gestan antes y resuenan con fuerza donde ya existen desigualdades estructurales. En este contexto, el conteo electoral deja de ser un procedimiento técnico y se convierte en una batalla por la autoridad moral del resultado. 

Lo que más preocupa es que la desconfianza se ha alimentado de fallas concretas que entorpecieron el proceso. La Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (MOE/OEA) expuso que existieron retrasos en la instalación de mesas, apertura tardía de algunos locales y obsáculos con el traslado de materiales. Estas cuestiones han sido instrumentalizadas para propagar desconfianza en las instituciones electorales. 

La segunda vuelta debe entenderse como una oportunidad frente al panorama desalentador que dejó la primera. El sistema político peruano puede aún reparar los daños ocasionados por la reiterada desestimación del sufragio de poblaciones indígenas, rurales y andinas. Perú, en una situación que pende de un hilo, debe demostrar que la igualdad todavía se defiende. 

POR AMALIA PULIDO

Consejera Presidenta del Instituto Electoral del Estado de México

@pulido_amalia