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El Día de las Madres no es únicamente una fecha para celebrar con flores, reuniones familiares o expresiones de afecto; en realidad debe ser un momento para reconocer el papel fundamental que desempeñan millones de mujeres en la construcción de nuestra sociedad.

La veneración a la maternidad tiene raíces profundas en México. En los pueblos mesoamericanos se rendía culto a la fertilidad y a la figura materna como símbolo de vida y protección. Con la llegada de los españoles, esta tradición se asoció con la figura de la Virgen de Guadalupe, una herencia que se transformó en una celebración que ha perdurado hasta nuestros días.

En 1908 Anna Jarvis fundó oficialmente el Día de las Madres en Estados Unidos como símbolo de paz tras la Guerra Civil. Previo a ese acontecimiento, el Papa Pío IX declaró el dogma de la Inmaculada Concepción en 1854, vinculándolo con la Virgen María. Desde entonces, la Iglesia católica ha celebrado a la Virgen María en mayo, lo que ha influido en que en los países católicos celebren el Día de las Madres en este mes.

En México, el Día de las Madres comenzó a celebrarse el 10 de mayo de 1922, promovido por el director del periódico Excélsior Rafael Alducín, en conjunto con el apoyo de instituciones públicas y privadas. Desde entonces, esta fecha se ha consolidado como una de las conmemoraciones más significativas del país, reflejando el profundo valor cultural y social de la maternidad.

No obstante, pocas veces somos conscientes de la profundidad de esta celebración. Por lo general, la gente piensa únicamente en las flores y en abarrotar los restaurantes, cuando la realidad actual obliga a mirar con mayor amplitud las implicaciones de esta efeméride.

Ser madre en México implica asumir múltiples responsabilidades en contextos marcados por desigualdades estructurales. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 7 de cada 10 mujeres en el país de 15 años o más son madres, y muchas de ellas combinan el cuidado de sus familias con actividades laborales.

Asimismo, casi 6 de cada 10 madres participan en la actividad económica, lo que evidencia su contribución al desarrollo del país. Sin embargo, esta participación ocurre en condiciones desiguales, ya que las mujeres continúan asumiendo la mayor carga del trabajo no remunerado. En promedio, 8 de cada 10 mujeres realizan labores domésticas y de cuidado, dedicando hasta el triple de tiempo que los hombres a estas actividades.

Más del 30% de los hogares en México son encabezados por mujeres, muchas de ellas madres que sostienen económicamente a sus familias, enfrentando desafíos adicionales como la informalidad laboral, la falta de acceso a seguridad social y limitaciones en oportunidades de desarrollo.

Estas cifras reflejan que la maternidad no solo es una experiencia personal, sino también un fenómeno social que requiere atención desde las políticas públicas. Reconocer a las madres implica garantizar condiciones que les permitan desarrollarse plenamente, acceder a oportunidades y ejercer sus derechos en igualdad de circunstancias.

En este sentido, el Partido Revolucionario Institucional ha desempeñado un papel fundamental en la construcción de políticas públicas orientadas al bienestar de las mujeres, promoviendo, a lo largo de su historia, acciones en materia de salud, educación, seguridad social, apoyo a jefas de familia e igualdad de oportunidades.

Para el PRI, las madres no solo representan el núcleo de las familias mexicanas, sino también una fuerza social que contribuye activamente al desarrollo económico, político y comunitario del país. Por ello, el compromiso es permanente: fortalecer políticas que reconozcan su trabajo, cerrar la brecha salarial que limita el desarrollo de millones de mexicanas e impulsar la construcción de un verdadero Sistema Nacional de Cuidados.

La celebración del Día de las Madres debe ser un llamado a la acción. Reconocer su esfuerzo implica también transformar la realidad que enfrentan millones de mujeres en México.

En el PRI creemos que respaldar a las madres es fortalecer a las familias y, con ello, al país. Trabajar por sus derechos, su bienestar y su desarrollo no es un acto simbólico, sino una responsabilidad social. Porque detrás de cada historia de vida, de cada comunidad y de cada avance social, hay una madre que ha hecho posible ese camino. Reconocerlas, respaldarlas y generar mejores oportunidades para ellas también es construir un México más justo y equitativo para todas y todos.

Sen. Cristina Ruiz Sandoval

Presidenta del CDE del PRI en el Estado de México.

Fuentes de Consulta

INEGI. (2024). Estadísticas a propósito del Día de las Madres, https://www.inegi.
org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2024/EAP_10Mayo24.pdf

ONU-HABITAT. (2021). Labores de cuidado y trabajo doméstico no remunerado, https://onu-habitat.org/index.php/labores-de-cuidado-y-trabajo-domestico-no-remunerado

UNAMGLOBAL (2025). Día de las Madres: Orígenes y significado, https://unam
global.unam.mx/global_revista/dia-de-las-madres-origenes-y-significado/

El Día de la Niña y el Niño no es solamente una fecha para regalar sonrisas, juguetes o celebrar con festivales escolares; representa, sobre todo, un recordatorio de la responsabilidad colectiva que tenemos como sociedad para garantizar el bienestar, la protección y el desarrollo integral de la infancia.

Su origen se remonta a los años posteriores a la Primera Guerra Mundial, cuando el mundo tomó conciencia del enorme sufrimiento que enfrentaban millones de niñas y niños afectados por los conflictos armados, la pobreza y el abandono. Fue entonces cuando la activista británica Eglantyne Jebb fundó la organización Save the Children e impulsó una idea revolucionaria para su tiempo: reconocer que todas las niñas y los niños debían ser titulares de derechos propios.

Gracias a su labor, en 1924 la Sociedad de Naciones —antecesora de la Organización de las Naciones Unidas— adoptó la Declaración de Ginebra sobre los Derechos del Niño, primer antecedente internacional en la materia. Décadas más tarde, en 1959, la ONU aprobaría la Declaración de los Derechos del Niño y, en 1989, la Convención sobre los Derechos del Niño, el instrumento jurídico internacional más importante para la protección de la infancia.

En México, la celebración del Día del Niño comenzó también en 1924, durante el gobierno del presidente Álvaro Obregón, con el impulso del entonces Secretario de Educación Pública José Vasconcelos. Ambos promovieron la adhesión de nuestro país a los principios de protección de la niñez y establecieron el 30 de abril como fecha para conmemorar a las niñas y los niños mexicanos.

A nivel internacional, la ONU reconoce el 20 de noviembre como el Día Universal del Niño, debido a que en esa fecha se aprobaron tanto la Declaración de 1959 como la Convención de 1989. Sin embargo, en México esa fecha coincide con la conmemoración de la Revolución Mexicana, por lo que se mantuvo la tradición del 30 de abril como una celebración nacional propia.

Más allá de las fechas, el verdadero sentido de esta conmemoración es hacer un llamado permanente a favor de los derechos de la infancia. Los conflictos armados, la violencia, la desigualdad, el trabajo infantil, la desnutrición y hasta el cambio climático siguen poniendo en riesgo la vida y el futuro de millones de niñas y niños en el mundo.

Por ello, en nuestro país, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes reconoce a la infancia como titular plena de derechos y obliga al Estado a garantizarlos. Entre ellos destacan el derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo; el derecho a vivir en familia; el acceso a la salud y la educación; el derecho a la identidad y a no ser discriminados; el derecho al descanso, al juego y a la libertad de expresión; así como el derecho a la intimidad y a la protección jurídica frente a cualquier forma de violencia o vulneración.

UNICEF recuerda que escuchar a la infancia y defender sus derechos debe ser una tarea de todos los días. Garantizar un hogar seguro, un planeta sostenible y una infancia digna no puede ser una promesa de ocasión, sino una obligación permanente de gobiernos, instituciones y sociedad.

En el Partido Revolucionario Institucional creemos firmemente que la niñez no sólo representa el futuro de México, sino también su presente más valioso. Por ello, nuestro compromiso con las niñas y los niños es permanente: impulsar políticas públicas que les brinden educación de calidad, acceso a la salud, entornos seguros y oportunidades reales para desarrollarse plenamente.

Proteger a la infancia no es un acto de asistencia, sino un deber de justicia social. Cada niña y cada niño merece crecer con dignidad, seguridad y esperanza. En el PRI seguiremos trabajando para que sus derechos no sean letra muerta, sino una realidad cotidiana, porque un país que cuida a su infancia es un país que construye un mejor futuro para todos.

Sen. Cristina Ruiz Sandoval

Presidenta del CDE del PRI en el Estado de México.

Fuentes de Consulta

México Desconocido (2026). ¿Por qué el Día del Niño se celebra el 30 de abril en México? https://www.mexicodesconocido.com.mx/dia-del-nino-30-de-abril-mexico-por-que-se-festeja.html

Save the Children. (2026). Nuestra historia, https://savethechildren.mx/nuestra-historia/

UNICEF. (2025). Día mundial de la infancia. Escuchemos a la infancia y defendamos sus derechos, todos los días, https://www.unicef.org/es/
iniciativas/dia-mundial-de-la-infancia

El pasado 14 de abril participé en la presentación del libro Guerreras de la Democracia: Mujeres que no se rindieron, coordinado por nuestra querida amiga Melissa Vargas Camacho, Secretaria de Gestión Social del Comité Directivo Estatal del PRI en el Estado de México. El evento se llevó a cabo en el Palacio Legislativo de San Lázaro, en el marco del 40 aniversario luctuoso de Simone de Beauvoir. Se trata de una obra que reúne 32 historias de mujeres que, desde distintos espacios, hemos luchado por abrirnos camino en la vida pública del país.

Quiero compartir con la ciudadanía que este libro no solo recopila trayectorias, sino también emociones, sacrificios y momentos difíciles que muchas veces no se ven. A muchas de las mujeres que aparecen en sus páginas las conozco; con varias de ellas he coincidido, he conversado y he escuchado de viva voz sus historias. En más de una ocasión, esos relatos han estado acompañados de enojo, tristeza y coraje, sentimientos que reflejan lo complejo que ha sido para nosotras participar en la política.

Porque esa es una realidad que no podemos ignorar: las mujeres en la vida pública hemos tenido que trabajar el doble para que se nos reconozca la mitad. Hemos enfrentado violencia política, descalificaciones y obstáculos que no siempre son visibles, pero que marcan profundamente nuestras trayectorias. Sin embargo, aquí seguimos. De pie, luchando y trabajando todos los días.

Por eso reconozco el enorme valor de este libro. No fue sencillo construirlo. Revivir experiencias, narrarlas y compartirlas implica una gran fortaleza. Pero también es un acto de generosidad, porque permite que otras mujeres conozcan estos caminos y sepan que no están solas.

Estoy convencida de que esta obra puede contribuir a fortalecer algo que aún nos hace falta: la sororidad. A veces, entre nosotras mismas, juzgamos sin conocer, opinamos sin entender las circunstancias de las demás. Este libro nos invita precisamente a lo contrario: a escuchar, a comprender y a respaldarnos. Cuando conocemos las historias detrás de cada mujer, es más fácil tender la mano y construir alianzas.

Participar en política no solo es un reto, es también un acto de valentía. Es una actividad de alto riesgo, pero también de alto valor para nuestra democracia. Por ello, necesitamos que más mujeres se inspiren en estas historias, así como muchas de nosotras nos inspiramos en quienes nos precedieron. Saber que otras pudieron abrir camino nos dio la certeza de que también nosotras podíamos hacerlo.

Hoy hay más leyes que nos protegen, es cierto, pero la realidad es que la violencia y las resistencias no han desaparecido. El crecimiento de las mujeres en los espacios de poder sigue incomodando. Y frente a ello, lo digo con convicción: vamos a seguir incomodando. Porque esa incomodidad es señal de que estamos transformando las estructuras, de que estamos avanzando.

También quiero reconocer el doble esfuerzo que muchas de nosotras realizamos como madres. No es sencillo equilibrar la vida pública con la responsabilidad de formar a nuestras hijas e hijos. Pero estoy convencida de que el ejemplo es la herramienta más poderosa que tenemos. Predicamos con fortaleza, con trabajo y con perseverancia.

Hoy más que nunca, debemos acompañarnos. Ninguna mujer debería caminar sola en la política. Necesitamos construir redes de apoyo, cuidarnos entre nosotras y avanzar juntas. Esa es la única manera de consolidar los avances que hemos logrado y de abrir nuevas oportunidades para quienes vienen detrás.

Este libro es testimonio de ello. Es memoria, es reconocimiento y, sobre todo, es una invitación a no rendirse.

Finalmente, quiero decirlo con toda claridad: México necesita a sus mujeres. Nos necesita participando, proponiendo, defendiendo la libertad y fortaleciendo nuestra democracia. La lucha no ha terminado, pero tampoco se ha detenido. Y mientras haya mujeres dispuestas a alzar la voz y a dar la batalla, seguirá habiendo esperanza.

Sen. Cristina Ruiz Sandoval

Presidenta del CDE del PRI en el Estado de México.

Fuentes de consulta

Vargas, Melissa. (2026). Guerreras de la Democracia: Mujeres que no se rindieron, México, Ed. Mentes Libres.

En la narrativa tradicional de la democracia mexicana, suele afirmarse que los derechos políticos de las mujeres fueron “otorgados” por el Estado en 1953. Sin embargo, esta visión resulta incompleta e incluso engañosa. Previo al Decreto de reforma constitucional y a su publicación en el Diario Oficial de la Federación, existió un momento decisivo que suele pasar desapercibido: el 6 de abril de 1952.

Ese día, más de 20 mil mujeres se congregaron al norte de la Ciudad de México en el parque “Deportivo 18 de marzo” a efecto de realizar la “Asamblea Nacional Femenil” en presencia del entonces candidato del PRI a la presidencia Adolfo Ruíz Cortines, con la consigna de que reiterara su promesa de campaña de plasmar en la Constitución el derecho de las mexicanas de votar y ser electas.

No se trató de un acto simbólico, sino de una expresión organizada de presión democrática. Mujeres de distintos sectores sociales alzaron la voz para demandar su inclusión en la vida pública, dejando claro que la democracia no podía seguir construyéndose sin ellas.

Este episodio constituye un punto de inflexión en la historia política del país. Lejos de ser un gesto aislado, la movilización del 6 de abril evidenció que los derechos no nacen espontáneamente desde el poder, sino que son resultado de la exigencia social. En este sentido, el reconocimiento del sufragio femenino mediante la reforma constitucional del 17 de octubre de 1953 no debe entenderse como una concesión, sino como la culminación de una lucha sostenida.

Aquí radica una enseñanza central para la educación cívica contemporánea: es un error común pensar que los derechos “se otorgan”. La realidad histórica demuestra que los derechos se conquistan, se exigen y, posteriormente, se consolidan institucionalmente. El tránsito entre la movilización social y la reforma constitucional refleja la esencia misma de la democracia: un proceso dinámico en el que la ciudadanía incide, presiona y transforma las estructuras de poder.

El 6 de abril de 1952 no solo anticipó la reforma de 1953; también sentó las bases de una ciudadanía activa, consciente de sus derechos y dispuesta a defenderlos. Esa jornada es testimonio de que la participación política no se limita al ejercicio del voto, sino que incluye la capacidad de organización, protesta y exigencia frente al poder público.

No obstante, a más de siete décadas de aquel momento, la lucha por el acceso pleno de las mujeres al poder público continúa. Si bien se han logrado avances significativos —como la paridad en cargos de elección popular— persisten desafíos estructurales, particularmente en materia de violencia política en razón de género y en el acceso real a espacios de toma de decisiones en condiciones de igualdad sustantiva.

La historia del 6 de abril nos recuerda que la democracia no es un estado concluido, sino una construcción permanente. La paridad no puede entenderse únicamente como una cifra o una obligación normativa; debe traducirse en condiciones efectivas para que las mujeres ejerzan el poder sin obstáculos, sin violencia y con plena autonomía.

En este contexto, resulta fundamental reconocer el papel que las instituciones políticas han desempeñado y deben seguir desempeñando para impulsar la participación de las mujeres. El PRI ha sido históricamente un actor relevante en la promoción de liderazgos femeninos, y hoy tiene la responsabilidad de seguir fortaleciendo mecanismos que garanticen no solo el acceso, sino el ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres.

Recordar el 6 de abril de 1952 no es un ejercicio de nostalgia histórica, sino un acto de conciencia democrática. Es reconocer que cada avance ha sido fruto de la determinación colectiva y que los derechos, para ser verdaderamente efectivos, requieren de una ciudadanía vigilante y participativa.

La democracia mexicana tiene en las mujeres no solo a sujetas de derechos, sino a protagonistas de su transformación. Honrar su lucha implica no solo recordar su historia, sino continuarla.

Sen. Cristina Ruiz Sandoval

Presidenta del CDE del PRI en el Estado de México.

Fuentes de Consulta

Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM). (2014). La Revolución de las Mujeres en México, Ciudad de México: Secretaría de Cultura.

Tuñón Pablos, E. (1987). Mujeres en México: una historia olvidada. Ciudad de México: Planeta.

La democracia mexicana enfrenta hoy riesgos evidentes de regresión. Lejos de consolidarse como un sistema basado en la equidad, la pluralidad y el respeto irrestricto a las reglas del juego electoral, atraviesa tensiones derivadas de iniciativas que, bajo el discurso de la transformación y del ahorro de recursos, parecen erosionar sus bases más esenciales. La construcción de una democracia plena exige reformas que amplíen derechos, no que los restrinjan o distorsionen.

En este contexto, las recientes iniciativas de reforma constitucional impulsadas por la titular del Poder Ejecutivo Federal se apartan preocupantemente de ese ideal democrático. En particular, la discusión en el Senado de la República del denominado “Plan B” revela una orientación que no fortalece las instituciones electorales, sino que abre la puerta a prácticas que comprometen la equidad en la contienda. Lejos de tratarse de un ajuste técnico o administrativo, la iniciativa de reforma parece constituir, en los hechos, una autorización para que la propia Presidenta participe de manera activa en el proceso electoral de 2027 a través del procedimiento de revocación de mandato, lo que desdibuja los límites entre el ejercicio del poder y la competencia política-electoral.

Esto obedece a que la concurrencia de la revocación de mandato con los procesos electorales federal y locales incide inevitablemente en la dinámica de las múltiples campañas que se desarrollarán en ese año. A ello se suma un factor particularmente preocupante: la posibilidad, prevista en la iniciativa de reforma, de que la Presidenta participe activamente en la promoción de su propia permanencia en el cargo, lo que introduce una ventaja indebida en la contienda y vulnera de manera directa el principio de equidad.

Tal situación resulta especialmente grave si se considera que uno de los pilares de la democracia contemporánea es la neutralidad de los poderes públicos frente a los procesos electorales. Como sostenía Norberto Bobbio, la democracia no puede reducirse a la mera regla de la mayoría; requiere también de condiciones efectivas de igualdad en la competencia y de respeto a las normas que garantizan esa igualdad. Cuando el poder se utiliza para influir en el resultado electoral, se rompe el principio básico de imparcialidad y se socava la confianza ciudadana en las instituciones.

En la misma línea, Robert Dahl subrayó que una democracia auténtica —una “poliarquía”— se sostiene sobre la existencia de elecciones libres, justas y competitivas, donde todos los actores políticos participan en condiciones equitativas. Cualquier reforma que tienda a favorecer a un actor específico, particularmente a quien detenta el poder, constituye una regresión democrática. El riesgo no es menor: se trata de transitar de un sistema de competencia plural a uno de predominio hegemónico, donde las reglas se ajustan en función de intereses coyunturales.

Por su parte, Giovanni Sartori advirtió sobre los peligros de las desviaciones de la democracia, que se presentan cuando las instituciones formales subsisten, pero su funcionamiento real se aparta de los principios que deberían regirlas. En ese sentido, una reforma que permita la intervención directa del Ejecutivo en procesos electorales no sólo altera el equilibrio de poderes, sino que desnaturaliza el propio concepto de democracia.

Frente a este panorama, resulta indispensable reorientar el debate público hacia las verdaderas necesidades del sistema democrático mexicano. En lugar de promover iniciativas que generan inequidad en la contienda, el Congreso debería concentrarse en impulsar reformas estructurales que fortalezcan la representación política y amplíen derechos. Entre ellas, destaca la urgente necesidad de eliminar los mecanismos de sobrerrepresentación legislativa, que distorsionan la voluntad popular y permiten la conformación de mayorías artificiales.

Asimismo, es fundamental avanzar en la implementación de acciones afirmativas que garanticen la inclusión efectiva de grupos en situación de vulnerabilidad, no sólo como un acto de justicia social, sino como un requisito indispensable para la legitimidad democrática. La democracia no puede ser plena si excluye sistemáticamente a sectores de la población.

De igual forma, la paridad de género debe transitar de un principio formal a una realidad sustantiva. Esto implica no sólo asegurar el acceso de las mujeres a cargos de elección popular, sino también garantizarles condiciones libres de violencia para el ejercicio de sus derechos políticos. La violencia política en razón de género sigue siendo uno de los principales obstáculos para la consolidación democrática, y su erradicación debe ser una prioridad en cualquier agenda reformista seria.

En suma, México no necesita reformas que debiliten las reglas del juego democrático, sino consensos que lo fortalezcan. La democracia plena no se construye desde la concentración del poder ni desde la manipulación de las normas, sino desde el respeto irrestricto a los principios de equidad, legalidad y pluralismo. Cualquier desviación de estos principios no sólo pone en riesgo la calidad de nuestra democracia, sino también la estabilidad institucional del país.

Sen. Cristina Ruiz Sandoval

Presidenta del CDE del PRI en el Estado de México.

Fuentes de consulta

Bobbio, N. (1986). El futuro de la democracia. México: Fondo de Cultura Económica.

Dahl, R. A. (1989). La poliarquía: participación y oposición. Madrid: Tecnos.

Sartori, G. (2003). ¿Qué es la democracia? México: Taurus.