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En septiembre de 2020, en el Estado de México, se reformaron diversas disposiciones en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. Las modificaciones también se realizaron al Código Electoral de la entidad.

En el caso del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), esta reforma no solo establecía la obligatoriedad de contar con una Unidad de Igualdad de Género y Erradicación de la Violencia, que se encargaría de implementar e institucionalizar la perspectiva de género y fungir como órgano de consulta, sino también de contar con una Unidad Técnica para atender la Violencia Política contra las Mujeres, a través de la cual las precandidatas, candidatas, aspirantes, militantes de los partidos políticos, servidoras públicas, periodistas y defensoras de derechos humanos o ciudadanas que manifestaran ser objeto de violencia política en razón de género recibieran apoyo, asistencia y asesoría.

Esto no ocurrió sino hasta después de un exhorto hecho al IEEM por unanimidad del Congreso local en 2022. Esa misma reforma también mandataba que, como medidas cautelares, el instituto podría realizar un análisis de riesgos y un plan de seguridad para las mujeres que lo necesitaran.

Poco más de cinco años después de esa reforma, en este proceso electoral 2026-2027, las mujeres que sufran violencia política podrán contar con estas medidas, una vez que ya fue aprobada una Ruta de Acción en el Consejo General del IEEM.

Esta Ruta incluye un análisis de riesgos y, en su caso, la elaboración de un plan de seguridad para la presunta víctima.

A través de cuestionarios de riesgo o de evaluación, las instancias electorales podrán contar con información para identificar, desde la presentación del procedimiento especial sancionador, las condiciones, el contexto y la gravedad de la agresión que denuncia una mujer víctima de violencia política.

Con esa información se puede generar un plan de seguridad, a partir del cual se prevengan y mitiguen esos factores de riesgo que limitan el pleno ejercicio de sus derechos político-electorales y que incluso pueden poner en riesgo su vida.

Estamos a semanas de que inicie el proceso electoral local y las cifras han demostrado que, a mayor número de mujeres participando, mayor número de agresiones reciben de diferentes vías, sobre todo la violencia digital, ello sin contar que hay muchas mujeres que no denuncian por miedo o desconocimiento de las vías para hacerlo y las medidas de protección que pueden obtener.

Hasta el 31 de julio de 2026, el IEEM registraba ocho Procedimientos Especiales Sancionadores (PES), de los cuales uno de ellos es de 2025 y siete corresponden a 2026.

Seis de estos procedimientos se encuentran en diligencias del IEEM y dos de ellos en diligencias ordenadas por el Tribunal Electoral del Estado de México. Los datos revelan que hay mucho que hacer y, tras aprobarse la Ruta de Acción, habrá que hacer una gran difusión para que se conozca la forma en cómo pueden llevarse a cabo estos análisis de riesgos y planes de seguridad.

Como ciudadanía, debemos estar atentos a la aplicación de esta nueva Ruta de Acción, que, dependiendo de cada caso, puede incluir planes de seguridad para que las presuntas víctimas cuenten con redes de apoyo, señales de seguridad y estrategias de autocuidado, entre otras.

El sábado pasado fui invitada a un evento en el que dos importantes moneros, Rafael Pineda y José García Hernández, compartieron con un nutrido grupo de ciudadanos y ciudadanas lo que para ellos ha significado el realizar caricatura política en un país como México en diferentes momentos de nuestro devenir.

Y es que la caricatura política no sólo es un género periodístico que ayuda a interpretar nuestra realidad, sino también es una forma dinámica y accesible para vivir nuestra vida cotidiana desde una perspectiva irónica, pero responsable. La caricatura política además se mantiene vigente, no es por proceso electoral, sino cotidiana.

La caricatura política es una expresión artística que termina siendo un termómetro de nuestra vida democrática como sociedad, ¿cuántas veces no hemos visto en marchas el uso de cartones que representan la exigencia de justica o el alto a la violación de derechos humanos? cuántas de esas caricaturas reflejaron en algún contexto particular nuestro sentir y nuestro rechazo a conductas inmorales de quienes detentan el poder.

Es así, porque la caricatura política lleva como elemento implícito la crítica social y esa misma se convierte en un motor de la participación ciudadana informada al presentar una realidad, una controversia, un hecho o una condición política de manera rápida y accesible, lo cual incentiva la necesidad de informarse, lo que fortalece el derecho a la información.

En una democracia, donde existe una sociedad plural, debe privar la libertad de expresión, y con información se pueden tomar mejores decisiones y esto se traduce en contar con un voto informado, es así como la ciudadanía cuenta con mayores elementos para decidir su propio destino.

La caricatura política tiene una gran cualidad, pues al utilizar al humor como herramienta para conectar con las audiencias, se convierte en un contenido muy accesible para todo tipo de público, jóvenes o incluso sectores apáticos, ya que lo sagrado se vuelve común, lo formal se hace sencillo, y el protocolo suele convertirse en un rasgo trivial.

Seguramente vendrán muchos cartones, habrá que tener claro que la caricatura política no desdibuja a las y los actores políticos, por el contrario, les advierte que su actuación debe garantizar honestidad y el reconocimiento de errores para tener mejores trazos, tonalidades y colores en el servicio público.

Estamos a cinco semanas de que inicien los procesos electorales federal y local.

A partir de las sesiones solemnes de los Consejos Generales, en los respectivos órganos electorales, comenzarán a correr los plazos para la preparación de la jornada electoral que será el 6 de junio de 2027 para renovar las 500 curules de la Cámara de Diputados federal, 17 gubernaturas, mil 98 Diputaciones Locales y 227 Ayuntamientos en el país.

¿Hay quienes se están adelantando a estos plazos? ¿cómo lo están haciendo? ¿existe regulación alguna? Es un tema del que ya se habla en medios de comunicación, la ciudadanía observa e incluso ha sido motivo de debate en el Consejo General de INE, donde por tercera ocasión consecutiva se pospuso la discusión, y en su caso aprobación, de lineamientos que buscan fiscalizar los actos anticipados de campaña.

Pero ¿qué son los actos anticipados de campaña y precampaña? De acuerdo con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales son aquellos que se realicen bajo cualquier modalidad, fuera de la etapa de campañas, que contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de una candidatura o un partido, o solicitando cualquier tipo de apoyo para contender en el proceso electoral por alguna candidatura o para un partido.

Y los actos anticipados de precampaña son las expresiones que se realicen bajo cualquier modalidad, y en cualquier momento, durante el lapso que va desde el inicio del proceso electoral hasta antes del plazo legal para el inicio de las precampañas, que contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de alguna precandidatura.

En el caso del Estado de México, el Código Electoral agrega quiénes son las personas que pueden realizar este tipo de infracciones a la Ley: partidos políticos, dirigentes, militantes, afiliados y simpatizantes, cuyos actos trasciendan con la finalidad de posicionarse y obtener una candidatura.

Su regulación data de 2006 y 2008, es decir, está desfasada de la época actual, donde se usa inteligencia artificial, redes sociales y los partidos políticos realizan procesos internos de selección a través de coordinaciones.

¿Esto es una simulación legal? ¿se erogan recursos públicos? ¿aplica la nulidad de elecciones que se incluyó constitucionalmente en 2014?

Pareciera que en tanto no exista un ajuste en la regulación, la única vía sería la ética y tener una verdadera cultura democrática, algo difícil de conseguir si sólo se piensa en los espacios de representación popular como la vía para ejercer poder, y sobre todo de recursos públicos en grandes cantidades, sin tener en la mira a la ciudadanía y las exigencias de ésta.

También se deben hacer efectivos los Procedimientos Especiales Sancionadores, de los que comentaremos en próximas entregas, sin olvidar que la erosión de la confianza ciudadana puede llegar pronto a un límite.

Cuando una persona cumple 30 años, el futuro va dejando de ser expectativa y el pasado ya acumula muchas experiencias para nutrir el presente. Madurez que apuntaría a ser mejor reconocido. En teoría.

En el caso de las instituciones, como el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), el arribar a las tres décadas es un momento para ubicarse en un urgente presente, donde el pasado ofrece el legado de las demandas democráticas que se traducen en la organización de elecciones, mientras el futuro abre constantes retos para incrementar la participación ciudadana.

Hace más de 30 años no existía el IEEM. En el Centro Histórico de la capital mexiquense operaba una Comisión Estatal Electoral que dependía del gobierno en turno. La organización de elecciones no era tema ciudadano, eran otros tiempos con la hegemonía de un partido político.

En esa época nació el IEEM, como una respuesta a las demandas nacionales para dejar en manos de órganos ciudadanos la tarea de regresarle legitimidad a las elecciones, en un contexto de mayor participación política que transitaba a escenarios de verdadera pluralidad.

Sus primeros pasos, en 1996, coincidieron con la alternancia electoral de aquel año en los comicios de alcaldías y diputaciones locales, así como la elección de la gubernatura en 1999.

A la fecha, el IEEM ha organizado 10 procesos electorales para renovar alcaldías y diputaciones locales, ocho elecciones extraordinarias municipales, cinco comicios para renovar la gubernatura, y una elección judicial. Esto lo ha consolidado como una autoridad electoral con toda la experiencia técnica y administrativa para afrontar este tipo de procesos.

Sin embargo, nuestro Instituto Electoral es un treintañero, cuyo pasado también es de altibajos, donde el reto permanente es elevar los niveles de participación ciudadana, lo cual suele ser variable en la entidad mexiquense.

Basta recordar las últimas tres elecciones de la gubernatura, donde el abstencionismo se convirtió en la urgencia de vivir en el presente electoral.

En los comicios de la gubernatura de 2011 se registró un porcentaje de participación ciudadana del 46.15% de la lista nominal, lo cual significó un abstencionismo del 53.85%, el más alto de las últimas tres elecciones de este tipo.

Seis años después, en la elección de la gubernatura de 2017, la participación ciudadana fue del 53.53%, mientras el abstencionismo quedó en 46.47%, lo cual represento una mejoría.

Pero en la elección de 2023 la participación ciudadana volvió a bajar al quedar en 50.30%, mientras el abstencionismo fue del 49.70%.

La participación ciudadana no sólo es tarea del IEEM, pues los partidos políticos son actores fundamentales para la cultura democrática, no obstante, también es importante que el Instituto Electoral se ubique más en el campo ciudadano.

Y es que, en 2023, la empresa AvantQuest realizó un estudio de opinión para el IEEM y encontró que sólo el 12% de los encuestados identificaba a nuestro Instituto Electoral, como el encargado de organizar las elecciones locales de la gubernatura, presidencias municipales y diputaciones locales.

Esto nos habla de que no debemos quedarnos en el pasado, como una autoridad que ha organizado elecciones, sino que el IEEM debe advertir que en el aquí, y el ahora, hay una sociedad que sólo ubica y reconoce a autoridades que le sirven en su vida diaria y de manera permanente. Es el reto para los siguientes años.

El Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) logró una ampliación presupuestal para 2026 de 262 millones 324 mil 658.91 pesos, destinados a la organización de la elección de las 125 alcaldías y 75 diputaciones locales.

Este monto autorizado, por el gobierno estatal, representa un compromiso y responsabilidad para el Instituto Electoral, pues cada peso debe convertirse en acciones para incentivar la participación ciudadana. No es un tema menor. Más cuando el IEEM tuvo un saldo a favor.

Y es que inicialmente, el Instituto Electoral solicitó un incremento presupuestal de 361 millones 590 mil 205.63 pesos, con el fin de destinar estos recursos a las elecciones locales, y de personas juzgadoras del Poder Judicial.

Pero tras posponerse la elección judicial para 2028, ya no fueron necesarios 149 millones 646 mil 315.28 pesos que estaban programados para estos comicios.

Sin embargo, comparando las cifras, de la solicitud inicial de ampliación presupuestal, con la autorización final, resulta que el IEEM obtuvo una cantidad adicional de 50 millones 380 mil 768.56 pesos para la elección de alcaldías y diputaciones locales de 2027.

De esta última cantidad, 47 millones 976 mil 768.56 pesos serán canalizados a la Dirección de Administración del IEEM, quien a su vez los destinará a los siguientes rubros:

25 millones 318 mil 868.56 pesos serán para emitir las nóminas del personal eventual del órgano central y enterar las aportaciones y deducciones correspondientes para el cumplimiento de las obligaciones en materia financiera.

17 millones 634 mil 899.57 pesos estarán destinados a la atención de los diversos requerimientos debienes muebles de las diferentes Juntas que integrarán los órganos desconcentrados.

5 millones se canalizarán a elaborar el reporte del suministro de recursos, derivados del Convenio General de Coordinación y Colaboración, celebrado entre el INE y el IEEM.

Y 23 mil pesos, 43 centavos, servirán para atender requerimientos de bienes muebles y consumibles del órgano central.  

A este monto de 47 millones 976 mil 768.56, que será operado por la Dirección de Administración, debemos agregar otros 2 millones 404 mil pesos, cuya aplicación corresponderá a la Unidad de Informática y Estadística del Instituto Electoral para reportar sobre el desarrollo del “Sistema de Apoyo a Cómputos”.

En virtud de todo lo anterior, debemos insistir en la responsabilidad que tenemos para hacer un buen uso de los recursos públicos, lo cual nos obliga a tener un ejercicio eficiente y transparente.

La tarea de organizar elecciones no se limita a una acción administrativa, donde se asegura la compra de insumos y el pago del personal involucrado, sino que el dinero público debe utilizarse para que la ciudadanía incremente su participación democrática.