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Se considera minorías a las personas que pertenecen a grupos étnicos, religiosos y lingüísticos que siguen en marginación y excluidos del ejercicio del poder.

En México hay millones de personas que cotidianamente se enfrentan a diferentes barreras para el ejercicio pleno de sus derechos, lo que las mantiene sin la posibilidad de acceder a educación y empleos, en pobreza y pobreza extrema a pesar de los esfuerzos que realiza el gobierno federal, quien ha instrumentado diversos programas sociales para ir reduciendo la brecha de la pobreza.

En el ámbito del ejercicio de sus derechos político-electorales, grupos como la comunidad LGBTTIQ+, personas y pueblos afrodescendientes, personas indígenas, personas con discapacidad, y personas migrantes han alzado la voz y exigido condiciones de igualdad para poder participar y arribar a espacios en donde puedan tomar decisiones que beneficien a sus comunidades.

Es así como han surgido las acciones afirmativas, estas medidas de carácter temporal, correctivo y compensatorio, diseñadas especialmente para revertir la desigualdad estructural.

Desde 2021, las acciones afirmativas comenzaron a consolidarse tanto en el ámbito federal, como en diferentes entidades federativas. Desde el Instituto Nacional Electoral se generaron acuerdos para poder establecer pisos mínimos de postulación de estos grupos.

Las sentencias emitidas por las instancias jurisdiccionales también han sido piezas clave para establecer elementos que garanticen una verdadera inclusión, como lo es la adscripción calificada para garantizar una representación efectiva de estas comunidades.

En el caso de la entidad mexiquense, el camino aún es largo por recorrer, nuestra entidad paradójicamente es la que tiene la mayor lista nominal, pero fue la última en incorporar las acciones afirmativas, lo hizo hasta 2024 y con resultados poco óptimos, pues se denunciaron irregularidades y usurpación de espacios por parte de la organización Fuera del Clóset.

La consejera electoral del INE, Carla Humprey, ha expresado que desde su implementación los partidos políticos se resisten a postular a personas de grupos vulnerables, pues hay quienes se han dedicado a hacer trampas, fraudes, buscando cualquier resquicio legal para no cumplir con la ley.

En México, según datos del INEGI, el 1.16% de la población nacional se identifica como afromexicana, por lo cual, al ser un grupo históricamente discriminado por cuestiones de raza y color de piel, afronta la dificultad de ejercer plenamente sus derechos y se enfrenta a la falta de inclusión en la toma de decisiones.

En diversas mesas de análisis, organizadas en 2020, cuando presidí la comisión de Igualdad de Género y No Discriminación del IEEM, destacadas activistas expresaron que es un derecho de las comunidades afrodescendientes participar en política y conocer el nombre de las personas que se postulan, lo cual tendrá que ser revisado de nueva cuenta ante el próximo proceso electoral 2027.

Con una participación de 5 mil 294 personas, 356 propuestas enviadas y 65 eventos programados, según las últimas cifras publicadas, cerraron las audiencias públicas de la Comisión Presidencial para la reforma electoral, donde una de las prioridades será la transformación de los órganos electorales, tanto federal, como locales.

La Comisión Presidencial para la reforma electoral colocó varios ejes sobre los cuales debatir y proponer, sin embargo, desde que se reconoció la necesidad de una reforma electoral, uno de los temas ha girado en torno a la posible desaparición de los órganos locales electorales.

En este rubro, más allá del debate que pueda existir sobre su permanencia o desaparición, lo relevante para la ciudadanía es cómo estas instancias comiciales podrían aumentar su cercanía, transparencia, austeridad y utilidad para la sociedad. Así, la reforma que se proponga debe responder a la pregunta de ¿cuál es la transformación que requieren estos órganos?

Toda reforma electoral debe tener como objetivo principal beneficiar a la ciudadanía, garantizando que se respete su sufragio, que el mismo se exprese en total libertad, sin presiones o clientelismos, además de establecer reglas claras que impidan ventajas para una élite o partido político ¿se ha logrado este ideal?

Con tardanza y bajo la presión social se ha ido avanzando, desde la reforma político-electoral de 1977 que buscó incluir a sectores ciudadanos que habían optado por alternativas extremas ante la cerrazón de un régimen autoritario; en este contexto surgieron las diputaciones plurinominales, las mismas que hoy en día se propone eliminar o reducir, debido a que se volvieron espacios de élites partidistas.

Las tareas o retos en esta perspectiva van hacia cómo transformar al Instituto Nacional Electoral (INE) y a los órganos locales electorales para que sean más cercanos a la ciudadanía y no sean espacios cerrados de élites comiciales.

Además, se tendrá que atender la necesidad de contar con instituciones más transparentes, sobre todo en el ámbito local, donde muchas instituciones consideran que por ser instancias autónomas no deben sujetarse a la normatividad estatal en su desempeño financiero y administrativo.

También se espera generar un diseño que consiga que la organización de las elecciones no represente erogaciones onerosas para la sociedad, incluido el monto que reciben los partidos políticos por financiamiento público.

La reforma debe buscar nuevos esquemas en la organización de las votaciones, considerar el voto digital o la urna electrónica como medios para frenar a los monopolios electorales, pues pocas empresas se llevan ganancias millonarias en cada proceso electoral.  

La transformación de las instancias electorales está en gestación, en cuanto se presente la iniciativa veremos si el rumbo atiende las demandas de la ciudadanía.

A punto de concluir 2025 es obligado el balance sobre los cambios estructurales en materia electoral, así como los retos para los próximos años.

2025, un año previsto inicialmente como no electoral, terminó siendo clave para la configuración del nuevo Poder Judicial Federal y de al menos 19 entidades del país, donde los institutos electorales nos enfrentamos a una elección de personas juzgadoras, algo que nunca se había llevado a cabo.

Las complejidades fueron diversas, desde determinar cuál sería el marco geográfico, identificar y utilizar inmuebles que lograran almacenar el material y documentación electoral, hasta generar la mejor pedagogía para explicar las boletas electorales.

La elección fue el primero de junio, en general con una baja participación ciudadana. A nivel federal fue del 13% y en el Estado de México alcanzó el 12%.

Concluido este proceso electoral, la mayoría de los institutos electorales han realizado foros para intercambiar experiencias, el Instituto Nacional Electoral (INE), como autoridad nacional, también convocó a esta reflexión.

En nuestra entidad, el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) realizó mesas de análisis para escuchar a diferentes personas y especialistas que participaron en el desarrollo del proceso, entre los comentarios están el mejorar la elección de inmuebles. También constatamos que, en los distritos más grandes como Ecatepec, Toluca y Naucalpan, el alto número de personas en las Juntas del IEEM generó problemas de organización, lo que nos obligaría a determinar si debe haber una nueva propuesta del marco geográfico.

Además, fue una elección no incluyente, pues a personas con alguna discapacidad, como debilidad visual o personas en prisión preventiva no se les garantizó el ejercicio de este derecho. En muchos casos la ciudadanía consideró muy complejas las boletas y existió desconocimiento de la conformación del Poder Judicial Federal y local.

Ahora vienen más procesos electorales y está en puerta la próxima reforma electoral que camina desde la creación de la Comisión Presidencial, la cual convocó a audiencias públicas para elaborar la propuesta final.

Pablo Gómez, quien encabeza esta comisión, ha expresado que los órganos locales electorales deben desaparecer, así como que las consejerías electorales han sido revestidas como majestad política que rechazan críticas, derrochan fondos en asuntos irrelevantes o personales y ganan más que la presidenta de la República.

En este contexto termina 2025. La próxima reforma electoral está en marcha y hay muchas tareas rumbos a los comicios de 2027. 

2026 no es un año electoral, pero la clase política desde este año definirá sus estrategias. Y en el caso de las autoridades electorales estarán a la espera de la iniciativa para transformar al sistema electoral.

Nos encontramos en los 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género. 

Es una campaña internacional que se celebra cada año. Inicia el 25 de noviembre como recordatorio de lo que nunca más debiera ocurrir, como fue el asesinato de las hermanas Mirabal, quienes lucharon contra un régimen dictatorial y culmina el 10 de diciembre, cuando se conmemora la adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

En estos días de activismo, y de manera permanente, es necesario exigir que la violencia pare en contra de niñas, adolescentes y mujeres, pero también exponer cuáles son esas violencias de las que nuestro género ha sido o es víctima.

Muchas mujeres viven siendo vulneradas sin siquiera conocer qué actos, conductas u omisiones son constitutivos de violencia. 

La violencia en contra de las mujeres, que de manera enunciativa y no limitativa refiere la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia, son la violencia familiar, digital y violencia mediática, además de la laboral y docente, violencia en la comunidad, violencia institucional, obstétrica, política y feminicida. 

En el ámbito político existe la violencia política que es toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres.

Además de limitar el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización; así como el acceso a las prerrogativas, tratándose de precandidaturas y candidaturas.

¿Qué actos u omisiones son las que pueden ser constitutivas de este tipo de violencia? La ley en mención expresa 37 actos u omisiones, por razón de espacio mencionare algunas que me parecen relevantes sobre todo en el ejercicio de cargos públicos:

Desestimar o descalificar las propuestas que presentan las mujeres; llevar a cabo represalias o hacer difusión diferenciada por vincularse y defender temas de género y derechos humanos de las mujeres; ocultar información o bien, proporcionar a las mujeres candidatas o autoridades electas o designadas información falsa.

Estas son sólo algunas de las acciones que son constitutivas de violencia política en contra de las mujeres. Debe quedar claro que las mujeres que hoy estamos en espacios de toma de decisión tenemos derecho a disentir y a expresar opiniones y propuestas. 

Es cierto que la violencia se ejerce de forma mayoritaria por hombres, pero lamentablemente también viene de algunas mujeres, por ello, debemos seguir visibilizando y luchando por erradicar cualquier tipo de violencia. 

De acuerdo con el calendario de audiencias públicas de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral quedan 10 audiencias por realizar durante 2025.

El pasado 13 de noviembre tuve la oportunidad de participar en una de estas audiencias. El tiempo de cinco minutos para la exposición es breve para la cantidad de argumentos requeridos, sin embargo, el ejercicio es valioso por las diversas propuestas que se presentan, las cuales se espera sean consideradas al momento de delinear las nuevas reglas del sistema político electoral.

Durante mi participación en la referida audiencia hice cuatro propuestas específicas para esta reforma electoral que se avecina.

La primera propuesta se refiere a la necesidad de ya no favorecer a monopolios en la impresión de boletas electorales. Y es que en procesos comiciales hay una alta demanda de impresión de boletas y muy pocas empresas pueden hacerlo en los tiempos y cantidades requeridas. Son pocos proveedores con ganancias millonarias, con muy poca o nula competencia.

Ello genera encarecimiento de las boletas y en ocasiones poner en jaque a los institutos electorales, derivado de las fechas de entrega que plantean, sin duda esta reforma tendría que atender esta problemática.

El segundo planteamiento que presenté es la seria reflexión que se exige desde los espacios feministas, sobre la forma en cómo los partidos políticos postulan y cumplen con números en el tema de la paridad, pues se debe revisar si se privilegia la cantidad, de manera cosmética, sobre la calidad.

Hay un gran número de mujeres que han luchado durante décadas en distintos colectivos, se han preparado en temas de perspectiva de género y no son postuladas, no ocupan espacios de toma de decisión.

Una tercera propuesta fue la reducción al financiamiento público de partidos políticos. Es evidente que la fórmula actual debe considerar otras variables y no sólo el padrón electoral, quizas sea oportuno considerar el porcentaje de votación o el número de votos que obtiene cada partido.

Prioritario será que esta reforma electoral defina si se mantendrá el doble financiamiento que reciben los partidos políticos (federal y local) o sólo será federal con reglas claras para su utilización, finalmente todos son recursos públicos.

Y una cuarta propuesta fue reforzar la ciudadanizacion de las consejerías electorales. En este nuevo rediseño es vital recuperar perfiles con una reconocida trayectoria social, que no sucumban ante las presiones de los partidos políticos, ni cedan ante la aspiración de ocupar otros cargos públicos, algo muy común, lo cual merma su imparcialidad y autonomía.

En conclusión, las propuestas vertidas en esta audiencia buscan abonar a la transformación de nuestros órganos electorales para que nuestro voto, nuestra democracia, sea más justa y efectiva.