Comunicación
Social

El Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) logró una ampliación presupuestal para 2026 de 262 millones 324 mil 658.91 pesos, destinados a la organización de la elección de las 125 alcaldías y 75 diputaciones locales.

Este monto autorizado, por el gobierno estatal, representa un compromiso y responsabilidad para el Instituto Electoral, pues cada peso debe convertirse en acciones para incentivar la participación ciudadana. No es un tema menor. Más cuando el IEEM tuvo un saldo a favor.

Y es que inicialmente, el Instituto Electoral solicitó un incremento presupuestal de 361 millones 590 mil 205.63 pesos, con el fin de destinar estos recursos a las elecciones locales, y de personas juzgadoras del Poder Judicial.

Pero tras posponerse la elección judicial para 2028, ya no fueron necesarios 149 millones 646 mil 315.28 pesos que estaban programados para estos comicios.

Sin embargo, comparando las cifras, de la solicitud inicial de ampliación presupuestal, con la autorización final, resulta que el IEEM obtuvo una cantidad adicional de 50 millones 380 mil 768.56 pesos para la elección de alcaldías y diputaciones locales de 2027.

De esta última cantidad, 47 millones 976 mil 768.56 pesos serán canalizados a la Dirección de Administración del IEEM, quien a su vez los destinará a los siguientes rubros:

25 millones 318 mil 868.56 pesos serán para emitir las nóminas del personal eventual del órgano central y enterar las aportaciones y deducciones correspondientes para el cumplimiento de las obligaciones en materia financiera.

17 millones 634 mil 899.57 pesos estarán destinados a la atención de los diversos requerimientos debienes muebles de las diferentes Juntas que integrarán los órganos desconcentrados.

5 millones se canalizarán a elaborar el reporte del suministro de recursos, derivados del Convenio General de Coordinación y Colaboración, celebrado entre el INE y el IEEM.

Y 23 mil pesos, 43 centavos, servirán para atender requerimientos de bienes muebles y consumibles del órgano central.  

A este monto de 47 millones 976 mil 768.56, que será operado por la Dirección de Administración, debemos agregar otros 2 millones 404 mil pesos, cuya aplicación corresponderá a la Unidad de Informática y Estadística del Instituto Electoral para reportar sobre el desarrollo del “Sistema de Apoyo a Cómputos”.

En virtud de todo lo anterior, debemos insistir en la responsabilidad que tenemos para hacer un buen uso de los recursos públicos, lo cual nos obliga a tener un ejercicio eficiente y transparente.

La tarea de organizar elecciones no se limita a una acción administrativa, donde se asegura la compra de insumos y el pago del personal involucrado, sino que el dinero público debe utilizarse para que la ciudadanía incremente su participación democrática.

La reciente detención de Víctor Rodríguez Padilla, acusado de los delitos de violencia familiar y vicaría, tras ser exhibido en un video donde agrede a su esposa, representa un avance para revertir la violencia de género en nuestro país, sin embargo, se trata de un caso donde la denuncia pública y los reflectores nacionales jugaron un papel clave.

Realidad que debería ser la constante, pero que está ausente en la mayoría de las violencias contra mujeres.

El caso del también exdirector de Pemex tocó una de las fibras más sensibles de la administración encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, pues su gobierno se ha caracterizado por una visión feminista bajo el lema de “no llegué sola, llegamos todas las mujeres mexicanas”.

Ante las evidencias de la agresión ocurrida el 25 de marzo, las cuales circularon en redes sociales, y el historial laboral del agresor; el caso llegó a la conferencia mañanera de la presidenta Sheinbaum, quien ha manifestado que debe aplicarse la Ley.

Hasta el momento, este caso va por la ruta de “cero impunidad” contra la violencia de género y mantiene una condena unánime de la clase política, no obstante, detrás de esta denuncia hay miles de casos que no logran tener la atención nacional, ni los reflectores deseados para evitar las agresiones contra mujeres.

Y es que las cifras hablan por sí solas: en 2021 vivían en México 128 millones de personas, de las cuales 50.5 millones eran mujeres de 15 años y más.

Del total de mujeres en este rango, el 70.1% habían experimentado al menos un incidente de violencia, que pudo ser psicológica, económica, patrimonial, física, sexual o discriminación en al menos un ámbito y ejercida por cualquier persona agresora a lo largo de su vida. 

Cifras de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH, 2021), también indicaban que la violencia psicológica es la que presentaba mayor prevalencia con el 51.6% del total.

Además, datos del INEGI reportaban que, en 2021, las entidades federativas donde se presentaba mayor violencia contra las mujeres de 15 años y más, eran el Estado de México, Ciudad de México y Querétaro con más del 70%.

Estas violencias también van asociadas con las desigualdades que aún persisten contra las mujeres en materia de acceso a la salud, educación, trabajo y en los ámbitos de la toma de decisiones, a lo cual se suma el no tener garantizado un adecuado sistema de justicia que facilite las denuncias por violencia de género.

En este sentido, la denuncia y juicio contra el exdirector de Pemex puede marcar un hito en la erradicación de la violencia contra las mujeres, pero también debe ser un llamado de atención para visibilizar los millones de casos, donde las mujeres siguen siendo agredidas, lejos de los reflectores nacionales.

Vivimos una época donde la democracia se erosiona cada vez más. No es necesario un golpe de Estado u otra acción de este nivel para minarla, basta debilitar a las instituciones que fueron creadas, como una exigencia de la ciudadanía para que existiera igualdad en las contiendas electorales, pluralismo político y aplicar sanciones cuando hubiera una irregularidad o falta grave.

En democracia importa que existan instituciones sólidas, con conocimiento técnico, pero también con legitimidad y credibilidad. Esto se materializa con nuestras decisiones y acciones, cuando esto no ocurre viene el debilitamiento.

Los institutos electorales son un legado de voces que exigieron respeto al voto, sistema electoral que se ha ido configurando para corregir errores del pasado.

Se creó el Instituto Federal Electoral (IFE), hoy Instituto Nacional Electoral (INE). Y en cada entidad federativa existe un instituto electoral, que desde 2014 se denominan Organismos Públicos Locales, quienes son las autoridades administrativas que organizan elecciones.

La Constitución establece que estos órganos electorales deben regirse por los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, transparencia y una máxima publicidad. Cada decisión debe estar ampliamente consensuada, pero bajo el marco de los citados principios.

¿Qué decisiones toma una autoridad electoral? Son muy variadas, van desde el registro de candidaturas hasta la integración de sus órganos internos, como las direcciones de área o jefaturas de unidades.

Y aquí destaca que es muy alto el costo de no tener transparencia en estos procesos de designaciones, pues se afecta la confianza ciudadana.

Por ejemplo, en un reciente procedimiento para definir la titularidad de la Unidad de Comunicación Social del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) advertí ciertos vicios, como la aplicación de criterios de ponderación que derivaron en sesgos.

En este procedimiento de selección se equiparó el ejercicio de una suplencia o ser encargado de despacho, con la titularidad formal de una dirección, mientras en las entrevistas se registraron elementos de subjetividad, al no conocerse la puntuación total de todos los y las participantes.

Además, la difusión del aviso para inscribirse al procedimiento no fue amplia y en la información proporcionada a los y las aspirantes nunca se les indicó cuál sería la puntuación máxima a obtener en cada etapa del procedimiento, ni cómo se otorgarían los puntos de la valoración curricular, o cuáles serían las competencias que se valorarían en las entrevistas.

Los resultados de las puntuaciones de aspirantes, por cada etapa del procedimiento, tampoco fueron públicos, como sí ocurre en otros concursos de autoridades electorales.

En suma, la falta de un procedimiento que garantizara una ponderación más objetiva en el análisis de quien resultaría en ser el mejor perfil, dificultó conocer al o la aspirante mejor evaluada, de entre quienes cumplieron los criterios de idoneidad.

Para mayor contexto, la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) indica que entre 2023 y 2025 se registró una caída en la confianza ciudadana hacia los institutos electorales, al bajar del 54.7 al 48.1 por ciento.

Por ello, se advierte que las instituciones electorales no se sostienen automáticamente, sino a través de sus decisiones, además de la observación y exigencia ciudadana. De ahí la importancia de rechazar la opacidad que daña gradualmente a la democracia.

La semana anterior voté en contra de la designación del nuevo titular de la Unidad de Comunicación Social del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) debido a vicios que advertí en el procedimiento de selección.

No es un tema menor. En el Instituto Electoral estamos obligados a fortalecer la credibilidad ciudadana mediante la claridad en nuestras acciones y tareas como promotores de la participación ciudadana y organizadores de elecciones.

Sin embargo, el procedimiento que derivó en esta designación presentó fallas que impidieron realizar una evaluación adecuada.

Si bien hubo criterios objetivos en el procedimiento utilizado para la designación, también existieron elementos de subjetividad, como el equiparar a un encargado de despacho con un cargo directivo, lo cual afectó a otros aspirantes.

En la evaluación curricular y laboral se incluyeron criterios como grados académicos, publicaciones y cargos desempeñados, pero no se evitaron criterios subjetivos como la ponderación desigual para quienes tuvieron cargos de nivel estatal o nacional.

Otro aspecto fue que a los aspirantes se les pidieron artículos publicados, pero la ponderación no consideró la dimensión o calidad del respectivo contenido.

De igual forma, las entrevistas fueron un elemento valioso para conocer las habilidades y aptitudes de los y las aspirantes, pero nuevamente la ponderación registró elementos de subjetividad, como la falta de una batería común de preguntas para los y las entrevistados.

A estas situaciones se suman otras como la limitada difusión del aviso para participar en el procedimiento de selección y la falta de información para los y las participantes respecto a cuál sería la puntuación máxima a obtener en cada etapa del procedimiento, ni cómo se otorgarían los puntos de la valoración curricular según la cédula respectiva, o cuáles serían las competencias que se valorarían en la entrevista.

Además, los resultados de las puntuaciones de las personas aspirantes, por cada etapa del procedimiento, no se hicieron públicas, como sí ocurre en los concursos para la designación de los y las integrantes de los Consejos Distritales y Municipales que organiza el IEEM.

Por estas razones mi voto fue en contra de dicha designación, cuyo procedimiento de evaluación y selección obliga a mejorar las metodologías y evaluaciones con rubros más objetivos que den mayor certeza a la definición de titulares de las áreas y unidades del IEEM.

Como lo escribo al inicio, no es un tema menor, pues la Unidad de Comunicación Social del IEEM es clave para disminuir niveles de abstencionismo e indiferencia ciudadana. Basta recordar que, en las tres últimas elecciones de la gubernatura, el abstencionismo ha sido del 50 por ciento en promedio, por ello era, y sigue siendo urgente, que como autoridad electoral seamos más claros en nuestras distintas acciones.

La violencia contra las mujeres en nuestro país es producto de un arraigado machismo que persiste y que sin duda se debe erradicar. Históricamente la posición de las mujeres ha sido de opresión y de control por parte de los hombres.

Rosario Castellanos en su ensayo “Sobre cultura femenina”, un texto de 1950, detalla cómo filósofos, intelectuales y escritores construyeron la idea de una mujer débil, inferior, y reducida sólo al ámbito doméstico, una idea falsa, pero que derivó en alejar a las mujeres de la ciencia, economía y política.

La violencia como el uso intencional de la fuerza para someter, dominar, controlar o causar daño ha estado latente. No se exponía porque los estereotipos y roles de género la mantenían oculta.

El caso recientemente expuesto de violencia familiar que ejerció Víctor Rodríguez Padilla, quien fungió como titular de PEMEX del actual gobierno, en contra de su esposa, sólo confirma que la violencia contra las mujeres sigue presente en una sociedad, donde la impunidad y falta de denuncia, por miedo y desconocimiento de las víctimas, son más comunes de lo que se piensa.

A pesar de que las mujeres contamos con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que fue publicada hace 19 años, los datos de violencia contra las mujeres deben llamar nuestra atención, por ejemplo, de acuerdo con la ENDIREH 2021, de los 50.5 millones de mujeres de 15 años y más en México, el 39.9% ha experimentado algún tipo de violencia por parte de su pareja actual o de su última pareja.

La violencia psicológica es la forma más frecuente de violencia ejercida por la pareja, al afectar al 35.4% de las mujeres de 15 años y más, después aparece la violencia económica (19.1%) y la violencia física (16.8%).

La mayoría de las mujeres que sufrieron violencia física o sexual por parte de su pareja no presentó denuncia, ¿las razones? en muchos casos no solo es el desconocimiento de cómo hacerlo o ante qué autoridad acudir, sino también los estigmas sociales que se generan, como el miedo a no contar con recursos económicos para sostener a su familia, algo que sigue siendo común en nuestro país.

Este caso nos revela que la violencia no es exclusiva de un sector de la sociedad, sino también de muchas mujeres que cuentan con preparación académica y antecedentes laborales sólidos.

La actuación de la Secretaria de las Mujeres federal fue inmediata, pero ¿cuantos casos como el de María Felicia Jiménez hay diariamente? Sin duda promover la denuncia al 079 es fundamental, pero también sanciones acordes a los hechos que limiten o anulen a cualquier agresor, con el fin de garantizar un cambio en la cultura de igualdad y respeto a los derechos humanos de las personas.