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Los órganos electorales están obligados a la transparencia y claridad en el uso de recursos públicos, pues funcionan gracias al dinero de toda la ciudadanía. 

Por ello, voté en contra del Reglamento de la Actividad Administrativa y Financiera del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), el cual se aprobó el pasado 30 de enero en el Consejo General de este órgano electoral. ¿Por qué voté en contra? Porque dicho reglamento contiene elementos que violan la Ley de Contratación Pública del Estado de México, así como su respectivo reglamento.  

En otras palabras, es una normatividad que sigue adoleciendo de fallas que no garantizan un adecuado manejo de los recursos públicos. Es de reconocerse que en su elaboración hubo un esfuerzo de funcionarios y consejerías del IEEM, hubo avances, pero nos quedamos con tareas pendientes. Esta normativa contiene la forma en la que el instituto regulará las políticas, procedimientos y sistemas administrativos para el ejercicio y control de los recursos financieros, materiales y servicios generales institucionales.

En este sentido, contar con un reglamento que cumpla con los estándares normativos estatales garantiza que los recursos asignados se encuentren correctamente empleados.

Es preciso recordar que este reglamento también derivó de las recomendaciones de la Auditoría de Legalidad número AL-150, que el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), realizó al IEEM desde el año 2024, entre cuyos resultados se destaca que el actuar institucional en materia de procedimientos adquisitivos, con base en sus Lineamientos para la Administración de Recursos del IEEM, contravenía en algunos casos  lo que establece la Ley de Contratación Pública del Estado de México y su  reglamento.

De esta forma, las condiciones nos obligaban a ser exhaustivos en la elaboración del multicitado reglamento, lo cual no ocurrió. 

A continuación enumero algunos de los puntos que propuse, mismos que no fueron incluidos en este reglamento: el citado reglamento no permite que ciudadanos y ciudadanas puedan estar presentes como observadores en procesos de contratación, tal y como lo mandata el artículo 85, párrafo primero del Reglamento de la Ley de Contratación Pública estatal, lo cual no sólo se trata de observar lo ordenado por la normatividad, sino que permitiría realmente cumplir con el principio de máxima publicidad.

Tampoco se aceptó que la Dirección de Administración del IEEM sea quien realice los estudios de mercado en las distintas contrataciones, pues quienes las realizarán serán las áreas solicitantes. Esto contrasta con lo establecido en el  Reglamento de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios.

Además, no se incluyó el concepto de precio no aceptable. Esta es una noción jurídica de suma importancia porque evita sobrecostos, previene la corrupción, abona a la transparencia y al principio de honradez, lo que se traduce en un adecuado manejo de recursos públicos.

El afán de estas y otras propuestas que no fueron aceptadas fue acatar la normatividad aplicable en la materia, a fin de asegurar que el IEEM realmente opere bajo las mejores prácticas administrativas. Ese seguirá siendo nuestra obligación legal y convicción ciudadana. 

En el Estado de México, 2026 es un año no electoral, sin embargo, el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), desde el año pasado, aprobó un programa anual de actividades, donde se contempla el seguimiento al posible registro de un nuevo partido político local.

Los partidos políticos locales también reciben financiamiento público y para obtener su registro deben reunir una serie de requisitos que la autoridad electoral nacional y local deben verificar.

En la entidad, desde la creación del IEEM, han tenido registro local los siguientes: Partido del Pueblo Mexiquense, Partido Democracia Social, Partido de Centro Democrático, Parlamento Ciudadano, Partidos Unidos por México, Partido Futuro Democrático, Partido Vía Radical, Partido Nueva Alianza, y recientemente el Partido de la Revolución Democrática.

Actualmente, está en proceso de verificación de requisitos la solicitud de la organización ciudadana “Poder Mexiquense de Oportunidades Sociales A.C.”, que presentó su solicitud en enero de 2024.

Posteriormente, el IEEM le requirió subsanar omisiones e inconsistencias encontradas. El 7 de mayo, en Consejo General, se aprobó el desechamiento del aviso de intención que habían presentado; no obstante, la organización impugnó el acuerdo y en acatamiento a la sentencia del Tribunal local JDCL/225/2024, la organización continúa con el respectivo procedimiento.

Lograr el registro como partido local no es sencillo, entre los requisitos están: realizar asambleas en por lo menos dos terceras partes de los distritos electorales locales o municipios, con la participación de afiliados que no puede ser menor al 0.26% del padrón electoral del distrito o municipio que se trate.

Además, se requiere una asamblea local constitutiva, con delegados propietarios y suplentes, previamente elegidos. El IEEM debe dar aviso al INE para que sea esta autoridad la que verifique las afiliaciones.

Adicionalmente, los ciudadanos y ciudadanas que conforman las listas de afiliados y aquellos que participen en las asambleas deben hacerlo en absoluta libertad.

De cumplir estos requisitos, la organización se constituiría como partido político local, al que se le tendría que asignar financiamiento público, el cual impactaría al monto que recibirán los siete partidos políticos, ya acreditados ante el IEEM, pues el presupuesto global de financiamiento se reparte entre el número total de partidos con registro.

Los partidos políticos locales han tenido una efímera duración, presupuestos de millones y al final un procedimiento complejo para su liquidación, un ejemplo reciente fue Nueva Alianza (NAEM), que en 2024 recibió poco más de 76 millones de financiamiento público y ese mismo año perdió el registro.

¿Son necesarios? Asociarse es un derecho y siempre es importante que la ciudadanía cuente con diferentes opciones, sin embargo, tendría que analizarse si efectivamente cumplen con ese fin.

Hace 110 años se realizó el Primer Congreso Feminista en Mérida, Yucatán, el Teatro Peón Contreras fue escenario, donde en plena Revolución Mexicana mujeres como Elvia Carrillo Puerto, Hermila Galindo, Consuelo Zavala, Candelaria Ruiz Patrón, Dominga Canto Pastrana y Rosa Torre González, además de otras profesoras y escritoras, discutieron e impulsaron derechos civiles y políticos de las mujeres.

617 mujeres acudieron a este Congreso del 13 al 16 de enero de 1916. En esa época las mujeres no tenían reconocido el derecho a votar, tampoco podían firmar contratos civiles aun siendo propietarias de bienes inmuebles, ni administrar sus bienes o comparecer a juicio sin la autorización de su marido.

Los resultados de la lucha de las sufragistas, como todas las batallas de las mujeres, han sido tardíos, el derecho a votar fue una propuesta en 1917 y a nivel federal ocurrió hasta 1953.

También hay aciertos que debemos reconocer, la paridad total es uno de ellos. México es uno de los países donde el 50 por ciento de los espacios públicos son ocupados por mujeres, un gran logro a partir de la suma de mujeres de colectivos feministas y con diferentes ideologías, quienes unieron esfuerzos para hacerlo posible.

Sin embargo, sigue vigente la agenda de género para erradicar violencias en contra de niñas, adolescentes y mujeres, así como reducir las brechas de desigualdad que persisten.

Hay retos que atender y están relacionados con el entorno donde viven y laboran las mujeres. En un estudio elaborado por el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) en 2024, con datos obtenidos del INEGI, se reveló que en nuestro país una de cada cuatro mujeres de 15 años o más no cuenta con ingresos propios, lo cual la condiciona y hace vulnerable en un sistema que sigue siendo sumamente patriarcal.

Nuestro país ocupa uno de los últimos lugares en su capacidad de atracción y retención de talento de las mujeres en el mercado laboral, ocupa el lugar 110 de 146, cerca de economías como Costa de Marfil o Corea del Sur.

Las mujeres mexicanas ganan 14 por ciento menos que los hombres en los mismos cargos y les es más difícil en el ámbito privado ocupar espacios de dirección, debido a que se mantienen los roles y estereotipos, así como la tarea de cuidados a cargo de mujeres.

Además, en México una mujer destina 60.2 por ciento más horas al trabajo no remunerado que un hombre. Los estados con mayor desigualdad siguen siendo Chiapas y Puebla.

Todos estos indicadores son medibles y pueden revertirse, obligado es generar políticas públicas que reduzcan estas brechas y permitan igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Sigamos visibilizando y deconstruyendo esquemas patriarcales.

La democracia como régimen político requiere de un ingrediente sencillo, pero complejo: el voto ciudadano.

La Declaración Universal de Derechos Humanos en el artículo 21, expresa: “Toda persona tiene el derecho en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.”

En Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Panamá, Perú y Uruguay el sufragio es obligatorio, contrario a Costa Rica, Honduras, Paraguay y México.

Pero más que hacer obligatorio un derecho humano, se requiere generar una fuerte conciencia del poder que se tiene, al detentar este derecho que ha permitido que partidos políticos con diferentes ideologías arriben a los espacios de poder en los tres niveles de gobierno y exista alternancia política.

Ese cambio o sustitución de un grupo gobernante por otro, que sucede de manera pacífica y de acuerdo a las reglas electorales del momento, premia o castiga el trabajo de los representantes populares.

Por ello, la participación ciudadana representa un reto permanente para instituciones electorales y partidos políticos, sobre todo para estos últimos, ya que la mayor debilidad de nuestra democracia reside en que la ciudadanía no se siente representada por los partidos políticos, gobernantes y legisladores[1], lo cual se refleja en los porcentajes de participación. Por ejemplo, en el Estado de México, a pesar de estar por arriba de la media nacional, en la última década ha sido contrastante; en 2018 fue de 67.18%, en 2021 de 54.05%, y en 2024 de 64.18%.

Un dato que llama la atención es que sólo un 10% de personas asocia el derecho al voto con la condición de ciudadanía. Y las personas de 20 a 29 años presentan el porcentaje más elevado de insatisfacción, respecto de lo que implica la democracia, al alcanzar un 43%.[2]

De los 15 municipios mexiquenses con la mayor lista nominal, se observa que el abstencionismo se ha incrementado, ejemplos: Ecatepec en 2018 registró un 34.84%, en 2024 un 38.07%, y en 2021 el abstencionsimos fue del 52.49%.

Se suman a esta lista Nezahualcóyotl, que en 2021 tuvo 47.88%, Naucalpan 49.82%, Chimalhuacán 55.75%, Tultitlán 50.64%, y Chalco 54.69%.

El 2026 es la antesala del proceso electoral de 2027, y aún con la nueva legislación electoral que se genere, estos datos deben ser considerados por los partidos políticos. La legitimidad también reside en un mayor porcentaje de participación, ganar sólo con el voto duro no tendría que ser el objetivo final.

_{[1] Estrategia Nacional de Educación Cívica 2024-2026.}

_{[2] Estrategia Nacional de Educación Cívica 2024-2026.}

Este 2026 inició con un ataque bélico en contra de Venezuela.

Desde finales de agosto, la Operación Resolución Absoluta comenzó con la presencia de tropas navales estadounidenses en el sur del Caribe. El objetivo que expresó Trump fue combatir el narcotráfico que mata a miles de ciudadanos y ciudadanas de Estados Unidos, argumentando que es droga que proviene de países latinoamericanos, entre los cuales ha mencionado a México.

La realidad es otra, tanto el combate al narcotráfico, como la migración son temas secundarios para el presidente del país vecino. El principal interés radica en el control del petróleo.

De acuerdo con información de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), Venezuela es la nación con el mayor volumen de hidrocarburos en yacimientos con 304 mil millones de barriles, que corresponde al 18% de las reservas de petróleo a escala mundial, después se encuentran Arabia Saudita, Irán e Irak.

En este negro episodio hay potentes intereses económicos y políticos en juego. El tablero político mundial fue sacudido y todo indica que veremos un reacomodo geopolítico.

Desde que se dio a conocer la noticia, a través de las redes sociales, las cuales han ganado el espacio dominante en la política; líderes y lideresas políticos de ideologías, incluso opuestas, además de la academia e intelectuales de diferentes naciones, han expresado su rechazo a lo que se considera una arbitrariedad por parte de los Estados Unidos, al violentar lo establecido en el artículo 2 de la Carta de Naciones Unidas.

En América Latina, la presidenta Claudia Sheinbaum condenó y rechazó la intervención militar en Venezuela, haciendo un llamado urgente a respetar el derecho internacional y reafirmado la posición del gobierno de México para apoyar cualquier esfuerzo de diálogo. También lo hicieron los presidentes Gabriel Boric y Lula da Silva.

Aunque Trump en entrevista con la agencia Fox no dejó pasar el momento para mencionar a México como parte de su intervencionismo, el golpe a Venezuela está encaminado a cumplir las ambiciones geopolíticas de expansión y control de un hombre populista, estridente, que polariza y quien ha dado un paso adelante de otros países como China y Rusia.

Este contexto, también obliga a pensar en la democracia y la seria crisis de legitimidad y credibilidad que enfrentan los partidos políticos y los actores que forman parte de ella.

Un punto prioritario son los derechos humanos de la ciudadanía del mundo y la soberanía que radica en ella. Maduro llevó al exilio a millones de venezolanos. Tras las elecciones altamente cuestionadas de 2024 estaba en el año 12 de su gobierno, algo inaceptable en democracia.