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El próximo 10 de septiembre iniciará formalmente el Proceso Electoral Federal 2026-2027 y dará paso a una larga ruta hacia la jornada del 6 de junio de 2027. En el ámbito federal se renovarán las 500 diputaciones de la Cámara de Diputados y a nivel local estarán en disputa 17 gubernaturas y miles de cargos. En el Estado de México, la ciudadanía elegirá 75 diputaciones locales (45 de mayoría relativa y 30 de representación proporcional), así como 125 presidencias municipales, 125 sindicaturas y 966 regidurías, para un total de 1,291 cargos de elección popular. Ante la magnitud de estos comicios, vale la pena preguntarse ¿quién tendrá la capacidad de inclinar los resultados electorales en la entidad? Evidentemente ningún sector social decide por sí solo una elección de estas dimensiones, pero existe uno cuyo peso demográfico, características y comportamiento pueden convertirlo en un actor especialmente relevante: las nuevas generaciones de electores.

De acuerdo con el Censo 2020 del INEGI, en el Estado de México existían 2 millones 782 mil 686 personas de entre 20 y 29 años, equivalentes al 16.38% de la población estatal. Si bien ese grupo etario no corresponde en su totalidad, en sentido estricto, a la denominada generación Z, sí permite observar la magnitud de las generaciones jóvenes que están incorporándose o consolidándose como electorado. Sus características son relevantes: 33.78% contaba con educación media superior y 32.9% con educación superior, mientras que 70.44% se declaraba económicamente activo. Es decir, hablamos de una población que, en buena proporción, estudia, trabaja, consume información de manera constante y experimenta directamente retos como el acceso al empleo, los salarios, la vivienda, la movilidad, la seguridad y la calidad de los servicios públicos.

La generación Z, además, mantiene una relación particular con la política. Su participación no necesariamente pasa por la militancia partidista o por las estructuras tradicionales: suele expresarse también mediante causas específicas, conversaciones digitales, activismo y posicionamientos frente a problemas concretos. Las redes sociales y otras plataformas digitales ocupan un lugar central en su acceso a la información, además de que existe una marcada preferencia entre los jóvenes por contenidos visuales, dinámicos y de rápida circulación. Si bien las juventudes no constituyan un bloque homogéneo, su relación con la política es menos dependiente de las identidades partidistas tradicionales.

Por ello, las campañas de 2027 tendrán que entender que comunicarse con las nuevas generaciones significa algo más que abrir una cuenta de TikTok o publicar videos breves. El desafío será convertir los formatos contemporáneos de comunicación en vehículos para presentar propuestas concretas sobre los asuntos que afectan la vida de las y los jóvenes: oportunidades laborales, acceso a una vivienda, transporte público, seguridad, educación, medio ambiente, espacios públicos y servicios digitales, entre otros. Además, en un ecosistema digital donde proliferan contenidos falsos o engañosos, la credibilidad puede convertirse en un activo electoral tan importante como la visibilidad.

¿Decidirá la generación Z el resultado electoral en el Estado de México? La respuesta dependerá, sobre todo, de si puede transformar su peso demográfico y su conversación digital en una participación electoral efectiva. Una generación numerosa puede ser políticamente determinante si acude a las urnas, pero pierde gran parte de esa capacidad cuando se abstiene. Por eso, de cara al 6 de junio de 2027, el reto no corresponde únicamente a los partidos y candidaturas que intentarán conquistar ese voto; también pertenece a una generación que tendrá la oportunidad de demostrar que su capacidad para cuestionar, informarse y participar en el espacio público puede traducirse en decisiones en las urnas.

El voto joven no tiene dueño ni orientación predeterminada y, precisamente por ello, puede convertirse en uno de los votos que definan la próxima elección mexiquense.

Las irregularidades denunciadas en el reciente examen de ingreso a licenciatura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) obligan a revisar una decisión que, en principio, buscaba facilitar la participación de miles de aspirantes. La aplicación completamente virtual prometía reducir traslados, costos y dificultades geográficas; sin embargo, también abrió dudas sobre la identidad de quienes respondieron, el uso de apoyos externos, la eficacia de mecanismos de supervisión y la confiabilidad de los resultados. Me parece que el problema no debe reducirse a determinar si algunos aspirantes hicieron trampa. Lo que está en discusión es si el modelo utilizado ofrece las condiciones necesarias para sostener la legitimidad de uno de los procesos de selección académica más importantes del país.

La primera lección es que la tecnología no produce inclusión de manera automática. Un examen remoto exige computadora personal, conexión estable a internet, electricidad continua, iluminación adecuada, silencio, privacidad y habilidades suficientes para manejar plataformas y resolver eventualidades técnicas. Estas condiciones no están igualmente distribuidas entre los hogares mexicanos. Para algunos aspirantes, el examen se realiza en una habitación propia y con equipos adecuados; para otros, supone conseguir una computadora prestada, compartir el espacio familiar o depender de una conexión deficiente. En esas circunstancias, la evaluación corre el riesgo de medir no sólo conocimientos, sino también recursos económicos, condiciones domésticas y habilidades tecnológicas.

Esta realidad resulta especialmente relevante porque puede colocar a ciertos aspirantes en desventaja antes de que comiencen a responder la primera pregunta. Las diferencias de ingreso, región y acceso a infraestructura digital inciden en la concentración, el tiempo disponible y la posibilidad de reaccionar ante fallas del sistema. Al mismo tiempo, los mecanismos de vigilancia remota tampoco garantizan por sí solos la equidad: pueden interpretar como sospechosos movimientos cotidianos, interrupciones familiares o problemas de conectividad, mientras que las personas con mayores recursos tecnológicos pueden encontrar formas más sofisticadas de obtener una ventaja indebida. La digitalización, por tanto, puede reproducir desigualdades existentes e incluso generar otras nuevas.

Frente a este escenario, es legítimo analizar si un examen presencial ofrece mayores garantías de justicia y transparencia. Reunir a los aspirantes en espacios supervisados, bajo reglas homogéneas y sin acceso a teléfonos, asistentes digitales u otras herramientas, permite tener mayor certeza de que son sus conocimientos los que determinan el resultado. Desde luego, esto implica resolver costos, traslados y capacidad de aplicación, pero tales dificultades pueden atenderse con una red más amplia de sedes y convenios con instituciones públicas. Al final, la discusión no debe plantearse como una oposición reduccionista entre modernidad tecnológica y métodos tradicionales, sino como la búsqueda del mejor formato para protejer la igualdad, la confiabilidad y el mérito académico.

La Universidad ha señalado que investigará con rigor, explicará lo ocurrido y comunicará las medidas para proteger tanto a quienes obtuvieron legítimamente un lugar como a quienes pudieron resultar afectados. La sociedad tiene derecho a conocer las conclusiones y las soluciones propuestas. Esa exigencia, sin embargo, debe formularse con pleno respeto a la autonomía de la UNAM. El episodio no puede utilizarse como pretexto para desacreditar o intervenir en la vida académica de nuestra máxima casa de estudios. Defender a la Universidad significa respetar su autonomía y esperar una decisión transparente, responsable y orientada a mejorar sus propios procesos.

América Latina y el Caribe han conseguido algo que hace apenas unas décadas parecía poco probable para algunos observadores: mantener a la democracia como la principal forma de gobierno. Sin embargo, conservar elecciones periódicas no significa que la democracia esté plenamente consolidada. El Informe sobre Democracia y Desarrollo 2026 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) advierte que las instituciones democráticas están actualmente sometidas a presiones crecientes y que muchas personas sienten que sus necesidades no son escuchadas. El razonamiento es claro: la democracia no puede reducirse al momento de votar, sino que debe reflejarse en derechos, oportunidades y mejores condiciones de vida.

Esta idea resulta especialmente relevante para México ante el proceso electoral de 2027. Por una parte, la ciudadanía electoral nos permite elegir representantes, participar en campañas, vigilar los comicios y exigir que se respete el voto. Pero la ciudadanía social debe ir más allá al garantizar que las personas puedan acceder efectivamente a la educación, salud, seguridad, justicia, empleo digno, conectividad o servicios públicos, sin importar su ingreso o el lugar donde habitan. Cuando esos derechos existen únicamente en el papel, pero no en la experiencia cotidiana, la participación política también se vuelve desigual: no todos cuentan con el mismo tiempo, información, seguridad o recursos para hacer valer su voz.

El informe del PNUD muestra justamente esa contradicción. Aunque la región ha avanzado en salud, educación e ingresos, continúa como una de las más desiguales del mundo. Esta brecha tiene consecuencias políticas que debemos tomar en cuenta seriamente. Una persona que vive con miedo, sin servicios básicos o sin oportunidades difícilmente percibirá que la democracia está resolviendo sus problemas. Por ello, la insatisfacción con su funcionamiento alcanza, de acuerdo con el reporte, cerca de dos terceras partes de la población regional. No se trata necesariamente de un rechazo a la democracia, sino de una exigencia para que produzca resultados concretos y distribuya sus beneficios de forma más justa.

A estas deudas se suman nuevas amenazas. La polarización convierte al adversario en enemigo; la desinformación deteriora la conversación pública; los algoritmos pueden amplificar prejuicios y noticias falsas; y el crimen organizado puede limitar la libertad de las comunidades e incluso distorsionar la competencia política. Frente a estos riesgos, no basta con pedir a la ciudadanía que vote de manera informada. Es necesario proteger el espacio cívico, fortalecer la educación democrática y digital, garantizar la seguridad de quienes participan, cuidar la autonomía de las autoridades electorales y abrir canales permanentes para que las personas influyan en las decisiones públicas, no únicamente durante las campañas.

De cara a 2027, México tiene la oportunidad de entender el proceso electoral como parte de una tarea más amplia. Esto exige elecciones confiables, pero también instituciones capaces de convertir las decisiones colectivas en políticas públicas, bienes y derechos efectivos. Cerrar las brechas de ciudadanía social significa que el lugar de residencia, el género, el origen, la edad o el nivel de ingreso no determinen quién puede participar y quién permanece al margen. La democracia se fortalece cuando votar importa, pero también cuando las personas comprueban, en su vida diaria, que su voz cuenta y que las instituciones pueden ayudarlas a construir un futuro con bienestar.

El anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum de abrir un debate nacional sobre la regulación de la inteligencia artificial representa una oportunidad que México no debería desaprovechar. La velocidad con la que esta tecnología transforma la manera en que nos informamos, trabajamos y participamos en la vida pública exige la construcción de un marco normativo moderno. Sin embargo, el desafío no consiste únicamente en regular una innovación tecnológica, sino en definir qué principios democráticos queremos proteger en una sociedad cada vez más mediada por algoritmos. La pregunta de fondo no es si debemos regular la inteligencia artificial, sino cómo hacerlo para que fortalezca, y no debilite, nuestros derechos y libertades.

Toda regulación democrática debe partir del reconocimiento de que la inteligencia artificial no es neutral. Como ha advertido el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, los sistemas de inteligencia artificial aprenden de datos que reflejan desigualdades preexistentes y, sin mecanismos de supervisión, pueden reproducir o incluso ampliar sesgos contra mujeres, personas indígenas, comunidades rurales o grupos históricamente excluidos. Por ello, cualquier legislación mexicana debería incorporar principios de transparencia, auditorías independientes, rendición de cuentas y mecanismos de corrección cuando existan decisiones automatizadas que vulneren derechos. La innovación tecnológica solo será socialmente legítima si contribuye a una sociedad más incluyente e igualitaria.

Al mismo tiempo, la regulación debe evitar convertirse en un instrumento que limite libertades fundamentales. La libertad de expresión y el libre intercambio de ideas constituyen pilares esenciales de toda democracia constitucional. Regular no puede significar censurar. El reto consiste en distinguir entre el debate público legítimo, incluso cuando resulta incómodo o crítico, y aquellas prácticas que utilizan herramientas de inteligencia artificial para fabricar deliberadamente contenidos falsos, manipular evidencia, suplantar identidades o alterar artificialmente la conversación pública. La confianza ciudadana en el ecosistema digital depende precisamente de que existan reglas claras que protejan tanto los derechos como la integridad de la información.

Este debate adquiere una relevancia especial ante el proceso electoral de 2027, que será uno de los más amplios en la historia democrática del país. La utilización de contenidos sintéticos, audios o videos manipulados, campañas automatizadas de desinformación y otras aplicaciones de la inteligencia artificial podrían afectar la calidad de la deliberación pública si no existen salvaguardas adecuadas. La protección de la libertad de expresión no puede confundirse con la tolerancia frente a estrategias diseñadas para engañar deliberadamente al electorado. En democracia, la pluralidad de opiniones debe convivir con un compromiso firme con la veracidad de los hechos, particularmente cuando está en juego el ejercicio del voto libre e informado.

México tiene la oportunidad de construir una regulación que coloque a la persona en el centro del desarrollo tecnológico. Una legislación moderna debe promover la innovación, incentivar el desarrollo científico y aprovechar el enorme potencial de la inteligencia artificial para mejorar los servicios públicos y ampliar oportunidades. Pero, al mismo tiempo, debe garantizar que estas herramientas respeten los derechos humanos, reduzcan las desigualdades, fortalezcan la confianza en las instituciones y protejan la integridad de nuestros procesos democráticos. Regular con visión democrática no significa poner obstáculos a la tecnología; significa asegurar que su desarrollo contribuya a una sociedad más libre, más incluyente y mejor preparada para enfrentar los desafíos del futuro.

El más reciente informe de CIVICUS Monitor ofrece una radiografía preocupante sobre el estado de las libertades cívicas en el mundo. El estudio evalúa las condiciones para el ejercicio de la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica en 198 países y territorios, y concluye que el espacio cívico continúa deteriorándose a escala global. Hoy, el 73% de la población mundial vive en países donde estas libertades enfrentan restricciones significativas, mientras que casi una tercera parte habita en contextos donde el espacio cívico se encuentra completamente cerrado. Apenas el 7.2% de la población mundial vive en países clasificados como “abiertos” o “estrechos”, lo que significa una reducción de 7.5 puntos porcentuales respecto al año anterior.

Los datos muestran que la principal presión sobre el espacio cívico se ejerce contra la libertad de expresión. Cerca del 45% de las violaciones registradas durante el último año estuvieron relacionadas con restricciones, ataques o sanciones dirigidas a quienes ejercen este derecho. A ello se suman afectaciones a la libertad de reunión pacífica y a la libertad de asociación. Las detenciones de manifestantes, periodistas y personas defensoras de derechos humanos, así como el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades, se mantienen entre las prácticas más recurrentes documentadas por el informe.

Otro hallazgo relevante es el avance de mecanismos legales y tecnológicos que limitan la participación ciudadana. CIVICUS advierte sobre la proliferación de legislaciones restrictivas para la protesta social, así como sobre nuevas formas de censura y control digital, que incluyen bloqueos de internet, restricciones a redes sociales, vigilancia, intimidación y persecución de activistas y periodistas en entornos digitales. Incluso democracias consolidadas han mostrado retrocesos, reflejando que ninguna sociedad es inmune al debilitamiento de sus espacios cívicos.

Estas tendencias globales adquieren especial relevancia para México. El proceso electoral de 2027 se perfila como uno de los más grandes en la historia del país, con la renovación de la Cámara de Diputados federal, 17 gubernaturas y miles de cargos locales. Una elección de esta magnitud no depende únicamente de la competencia entre partidos y candidaturas; requiere también de una ciudadanía activa, informada y participativa. El debate público, la observación electoral, la integración de mesas directivas de casilla, la capacitación electoral y la vigilancia ciudadana son expresiones concretas de un espacio cívico saludable que fortalece la legitimidad democrática.

Por ello, la principal lección del informe es que la democracia no puede darse por sentada. Proteger y ampliar los espacios cívicos debe convertirse en una prioridad pública. Las autoridades tenemos la responsabilidad de garantizar consultas abiertas con la ciudadanía y la sociedad civil antes de aprobar normas que afecten derechos fundamentales, eliminar disposiciones ambiguas que limiten la libertad de expresión y construir estrategias efectivas contra la desinformación en coordinación con organizaciones sociales, medios independientes y empresas tecnológicas.

De cara a 2027, la mejor garantía para la integridad electoral será una ciudadanía que se apropie del proceso democrático y un Estado comprometido con la protección de las libertades que hacen posible la participación política.