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El más reciente informe de CIVICUS Monitor ofrece una radiografía preocupante sobre el estado de las libertades cívicas en el mundo. El estudio evalúa las condiciones para el ejercicio de la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica en 198 países y territorios, y concluye que el espacio cívico continúa deteriorándose a escala global. Hoy, el 73% de la población mundial vive en países donde estas libertades enfrentan restricciones significativas, mientras que casi una tercera parte habita en contextos donde el espacio cívico se encuentra completamente cerrado. Apenas el 7.2% de la población mundial vive en países clasificados como “abiertos” o “estrechos”, lo que significa una reducción de 7.5 puntos porcentuales respecto al año anterior.

Los datos muestran que la principal presión sobre el espacio cívico se ejerce contra la libertad de expresión. Cerca del 45% de las violaciones registradas durante el último año estuvieron relacionadas con restricciones, ataques o sanciones dirigidas a quienes ejercen este derecho. A ello se suman afectaciones a la libertad de reunión pacífica y a la libertad de asociación. Las detenciones de manifestantes, periodistas y personas defensoras de derechos humanos, así como el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades, se mantienen entre las prácticas más recurrentes documentadas por el informe.

Otro hallazgo relevante es el avance de mecanismos legales y tecnológicos que limitan la participación ciudadana. CIVICUS advierte sobre la proliferación de legislaciones restrictivas para la protesta social, así como sobre nuevas formas de censura y control digital, que incluyen bloqueos de internet, restricciones a redes sociales, vigilancia, intimidación y persecución de activistas y periodistas en entornos digitales. Incluso democracias consolidadas han mostrado retrocesos, reflejando que ninguna sociedad es inmune al debilitamiento de sus espacios cívicos.

Estas tendencias globales adquieren especial relevancia para México. El proceso electoral de 2027 se perfila como uno de los más grandes en la historia del país, con la renovación de la Cámara de Diputados federal, 17 gubernaturas y miles de cargos locales. Una elección de esta magnitud no depende únicamente de la competencia entre partidos y candidaturas; requiere también de una ciudadanía activa, informada y participativa. El debate público, la observación electoral, la integración de mesas directivas de casilla, la capacitación electoral y la vigilancia ciudadana son expresiones concretas de un espacio cívico saludable que fortalece la legitimidad democrática.

Por ello, la principal lección del informe es que la democracia no puede darse por sentada. Proteger y ampliar los espacios cívicos debe convertirse en una prioridad pública. Las autoridades tenemos la responsabilidad de garantizar consultas abiertas con la ciudadanía y la sociedad civil antes de aprobar normas que afecten derechos fundamentales, eliminar disposiciones ambiguas que limiten la libertad de expresión y construir estrategias efectivas contra la desinformación en coordinación con organizaciones sociales, medios independientes y empresas tecnológicas.

De cara a 2027, la mejor garantía para la integridad electoral será una ciudadanía que se apropie del proceso democrático y un Estado comprometido con la protección de las libertades que hacen posible la participación política.