Comunicación
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Las irregularidades denunciadas en el reciente examen de ingreso a licenciatura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) obligan a revisar una decisión que, en principio, buscaba facilitar la participación de miles de aspirantes. La aplicación completamente virtual prometía reducir traslados, costos y dificultades geográficas; sin embargo, también abrió dudas sobre la identidad de quienes respondieron, el uso de apoyos externos, la eficacia de mecanismos de supervisión y la confiabilidad de los resultados. Me parece que el problema no debe reducirse a determinar si algunos aspirantes hicieron trampa. Lo que está en discusión es si el modelo utilizado ofrece las condiciones necesarias para sostener la legitimidad de uno de los procesos de selección académica más importantes del país.

La primera lección es que la tecnología no produce inclusión de manera automática. Un examen remoto exige computadora personal, conexión estable a internet, electricidad continua, iluminación adecuada, silencio, privacidad y habilidades suficientes para manejar plataformas y resolver eventualidades técnicas. Estas condiciones no están igualmente distribuidas entre los hogares mexicanos. Para algunos aspirantes, el examen se realiza en una habitación propia y con equipos adecuados; para otros, supone conseguir una computadora prestada, compartir el espacio familiar o depender de una conexión deficiente. En esas circunstancias, la evaluación corre el riesgo de medir no sólo conocimientos, sino también recursos económicos, condiciones domésticas y habilidades tecnológicas.

Esta realidad resulta especialmente relevante porque puede colocar a ciertos aspirantes en desventaja antes de que comiencen a responder la primera pregunta. Las diferencias de ingreso, región y acceso a infraestructura digital inciden en la concentración, el tiempo disponible y la posibilidad de reaccionar ante fallas del sistema. Al mismo tiempo, los mecanismos de vigilancia remota tampoco garantizan por sí solos la equidad: pueden interpretar como sospechosos movimientos cotidianos, interrupciones familiares o problemas de conectividad, mientras que las personas con mayores recursos tecnológicos pueden encontrar formas más sofisticadas de obtener una ventaja indebida. La digitalización, por tanto, puede reproducir desigualdades existentes e incluso generar otras nuevas.

Frente a este escenario, es legítimo analizar si un examen presencial ofrece mayores garantías de justicia y transparencia. Reunir a los aspirantes en espacios supervisados, bajo reglas homogéneas y sin acceso a teléfonos, asistentes digitales u otras herramientas, permite tener mayor certeza de que son sus conocimientos los que determinan el resultado. Desde luego, esto implica resolver costos, traslados y capacidad de aplicación, pero tales dificultades pueden atenderse con una red más amplia de sedes y convenios con instituciones públicas. Al final, la discusión no debe plantearse como una oposición reduccionista entre modernidad tecnológica y métodos tradicionales, sino como la búsqueda del mejor formato para protejer la igualdad, la confiabilidad y el mérito académico.

La Universidad ha señalado que investigará con rigor, explicará lo ocurrido y comunicará las medidas para proteger tanto a quienes obtuvieron legítimamente un lugar como a quienes pudieron resultar afectados. La sociedad tiene derecho a conocer las conclusiones y las soluciones propuestas. Esa exigencia, sin embargo, debe formularse con pleno respeto a la autonomía de la UNAM. El episodio no puede utilizarse como pretexto para desacreditar o intervenir en la vida académica de nuestra máxima casa de estudios. Defender a la Universidad significa respetar su autonomía y esperar una decisión transparente, responsable y orientada a mejorar sus propios procesos.