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El anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum de abrir un debate nacional sobre la regulación de la inteligencia artificial representa una oportunidad que México no debería desaprovechar. La velocidad con la que esta tecnología transforma la manera en que nos informamos, trabajamos y participamos en la vida pública exige la construcción de un marco normativo moderno. Sin embargo, el desafío no consiste únicamente en regular una innovación tecnológica, sino en definir qué principios democráticos queremos proteger en una sociedad cada vez más mediada por algoritmos. La pregunta de fondo no es si debemos regular la inteligencia artificial, sino cómo hacerlo para que fortalezca, y no debilite, nuestros derechos y libertades.

Toda regulación democrática debe partir del reconocimiento de que la inteligencia artificial no es neutral. Como ha advertido el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, los sistemas de inteligencia artificial aprenden de datos que reflejan desigualdades preexistentes y, sin mecanismos de supervisión, pueden reproducir o incluso ampliar sesgos contra mujeres, personas indígenas, comunidades rurales o grupos históricamente excluidos. Por ello, cualquier legislación mexicana debería incorporar principios de transparencia, auditorías independientes, rendición de cuentas y mecanismos de corrección cuando existan decisiones automatizadas que vulneren derechos. La innovación tecnológica solo será socialmente legítima si contribuye a una sociedad más incluyente e igualitaria.

Al mismo tiempo, la regulación debe evitar convertirse en un instrumento que limite libertades fundamentales. La libertad de expresión y el libre intercambio de ideas constituyen pilares esenciales de toda democracia constitucional. Regular no puede significar censurar. El reto consiste en distinguir entre el debate público legítimo, incluso cuando resulta incómodo o crítico, y aquellas prácticas que utilizan herramientas de inteligencia artificial para fabricar deliberadamente contenidos falsos, manipular evidencia, suplantar identidades o alterar artificialmente la conversación pública. La confianza ciudadana en el ecosistema digital depende precisamente de que existan reglas claras que protejan tanto los derechos como la integridad de la información.

Este debate adquiere una relevancia especial ante el proceso electoral de 2027, que será uno de los más amplios en la historia democrática del país. La utilización de contenidos sintéticos, audios o videos manipulados, campañas automatizadas de desinformación y otras aplicaciones de la inteligencia artificial podrían afectar la calidad de la deliberación pública si no existen salvaguardas adecuadas. La protección de la libertad de expresión no puede confundirse con la tolerancia frente a estrategias diseñadas para engañar deliberadamente al electorado. En democracia, la pluralidad de opiniones debe convivir con un compromiso firme con la veracidad de los hechos, particularmente cuando está en juego el ejercicio del voto libre e informado.

México tiene la oportunidad de construir una regulación que coloque a la persona en el centro del desarrollo tecnológico. Una legislación moderna debe promover la innovación, incentivar el desarrollo científico y aprovechar el enorme potencial de la inteligencia artificial para mejorar los servicios públicos y ampliar oportunidades. Pero, al mismo tiempo, debe garantizar que estas herramientas respeten los derechos humanos, reduzcan las desigualdades, fortalezcan la confianza en las instituciones y protejan la integridad de nuestros procesos democráticos. Regular con visión democrática no significa poner obstáculos a la tecnología; significa asegurar que su desarrollo contribuya a una sociedad más libre, más incluyente y mejor preparada para enfrentar los desafíos del futuro.

El más reciente informe de CIVICUS Monitor ofrece una radiografía preocupante sobre el estado de las libertades cívicas en el mundo. El estudio evalúa las condiciones para el ejercicio de la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica en 198 países y territorios, y concluye que el espacio cívico continúa deteriorándose a escala global. Hoy, el 73% de la población mundial vive en países donde estas libertades enfrentan restricciones significativas, mientras que casi una tercera parte habita en contextos donde el espacio cívico se encuentra completamente cerrado. Apenas el 7.2% de la población mundial vive en países clasificados como “abiertos” o “estrechos”, lo que significa una reducción de 7.5 puntos porcentuales respecto al año anterior.

Los datos muestran que la principal presión sobre el espacio cívico se ejerce contra la libertad de expresión. Cerca del 45% de las violaciones registradas durante el último año estuvieron relacionadas con restricciones, ataques o sanciones dirigidas a quienes ejercen este derecho. A ello se suman afectaciones a la libertad de reunión pacífica y a la libertad de asociación. Las detenciones de manifestantes, periodistas y personas defensoras de derechos humanos, así como el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades, se mantienen entre las prácticas más recurrentes documentadas por el informe.

Otro hallazgo relevante es el avance de mecanismos legales y tecnológicos que limitan la participación ciudadana. CIVICUS advierte sobre la proliferación de legislaciones restrictivas para la protesta social, así como sobre nuevas formas de censura y control digital, que incluyen bloqueos de internet, restricciones a redes sociales, vigilancia, intimidación y persecución de activistas y periodistas en entornos digitales. Incluso democracias consolidadas han mostrado retrocesos, reflejando que ninguna sociedad es inmune al debilitamiento de sus espacios cívicos.

Estas tendencias globales adquieren especial relevancia para México. El proceso electoral de 2027 se perfila como uno de los más grandes en la historia del país, con la renovación de la Cámara de Diputados federal, 17 gubernaturas y miles de cargos locales. Una elección de esta magnitud no depende únicamente de la competencia entre partidos y candidaturas; requiere también de una ciudadanía activa, informada y participativa. El debate público, la observación electoral, la integración de mesas directivas de casilla, la capacitación electoral y la vigilancia ciudadana son expresiones concretas de un espacio cívico saludable que fortalece la legitimidad democrática.

Por ello, la principal lección del informe es que la democracia no puede darse por sentada. Proteger y ampliar los espacios cívicos debe convertirse en una prioridad pública. Las autoridades tenemos la responsabilidad de garantizar consultas abiertas con la ciudadanía y la sociedad civil antes de aprobar normas que afecten derechos fundamentales, eliminar disposiciones ambiguas que limiten la libertad de expresión y construir estrategias efectivas contra la desinformación en coordinación con organizaciones sociales, medios independientes y empresas tecnológicas.

De cara a 2027, la mejor garantía para la integridad electoral será una ciudadanía que se apropie del proceso democrático y un Estado comprometido con la protección de las libertades que hacen posible la participación política.

El pasado 19 de mayo, la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex) rindió un homenaje a Marcela Lagarde y de los Ríos, antropóloga e investigadora mexicana, a quien se le otorgó un doctorado Honoris Causa en reconocimiento a su destacada trayectoria, activismo y aportaciones en la defensa de los derechos humanos de las mujeres.

Durante su discurso, la académica resaltó las aportaciones del feminismo en la construcción de una sociedad más justa y destacó que la labor de las nuevas generaciones radica en defender y ampliar las conquistas alcanzadas. Sus palabras resuenan fuertemente en una realidad global que en pleno siglo XXI coloca obstáculos en la preservación y ampliación en el ejercicio de nuestros derechos.

En los últimos años, el mundo ha sido testigo del avance de corrientes políticas e ideológicas conservadoras que, entre otros puntos, promueven abiertamente la subordinación y marginación de grupos sociales. Esta postura regresiva se ha visto fortalecida a través de la expansión de redes en países con gobiernos de corte radical que forjan agendas en contra de algunos principios democráticos, incluyendo la igualdad de género, con un discurso que promueve la idea de que el feminismo es una amenaza para los “valores tradicionales”.

No obstante, lejos de representar una amenaza a la sana convivencia social, el feminismo debe reconocerse como un movimiento de liberación que coloca en el centro a las mujeres, con el fin de cerrar brechas simbólicas y materiales. Un claro ejemplo de estas brechas de representación se evidenció recientemente en la reunión entre los presidentes Donald Trump y Xi Jinping el pasado 15 de mayo. En dicha reunión los gobiernos de las dos potencias globales trataron temas de trascendencia mundial, sin embargo, en la mesa no hubo lugar para una sola mujer. Esta realidad despierta interrogantes de fondo: ¿Cómo se pretende construir un “nuevo orden mundial” en donde no hay espacio para las mujeres? Y, en consecuencia, ¿qué implica la responsabilidad de visibilizar y subsanar estas asimetrías?

Retomando la reflexión que Lagarde ofreció en la UAEMex, a las nuevas generaciones de mujeres nos atañe la tarea de ampliar y difundir estas conquistas, porque una nueva conciencia social solo emanará de las vivencias e historias que el género femenino atraviesa y comparte. Pero también nos toca insistir en que esta tarea civilizatoria corresponde a la sociedad en su conjunto, pues solo entonces transversalizará a las masculinidades y alcanzará al resto de los grupos sociales históricamente vulnerados.

En su tesis de licenciatura, Lagarde mencionaba que “el gobierno es casi masculino y permite la participación de las mujeres en una escala hasta ahora ascendente pero menor, limitada y confinada a pequeñas áreas”. Como parte del Instituto Electoral del Estado de México, primer órgano electoral compuesto en su totalidad por mujeres, considero imprescindible zanjar esta deuda histórica garantizando políticas encaminadas a la plena paridad de género y defendiendo los avances logrados desde los espacios de toma de decisión, pero también desde los lugares que cada una de nosotras ocupa en la academia, el trabajo, el ámbito familiar o la plaza pública.

Frente al embate del conservadurismo, debemos insistir en la importancia de construir una conciencia de género, particularmente en las mujeres de las nuevas generaciones. Sólo a través de la socialización de estas realidades las niñas y jóvenes comprenderán que los espacios no se otorgan; se conquistan y se defienden.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) publicó recientemente su Informe sobre Democracia y Desarrollo en América Latina y el Caribe 2026. El documento de análisis es un excelente retrato de la situación por la que atraviesa nuestra región en cuanto a sus desafíos democráticos, tanto para nuestras sociedades como para el Estado.

Entre los principales retos que identifica el PNUD en América Latina y el Caribe se encuentran los problemas en la calidad de la democracia, la crisis de representación política, los pendientes en el desarrollo humano, la polarización, la desinformación como distorsión de la esfera pública, la presión de grupos criminales, y los desafíos que porta la migración y el desplazamiento de personas.

Llama la atención, sin embargo, que el informe reconoce a la región como la segunda más democrática del mundo, sólo después de Norteamérica y Europa Occidental. Lo anterior debido a que este régimen político persiste en los países que integramos la región, pues 4 de cada 5 personas vive en países democráticos. No obstante, lo anterior no resta relevancia a los riesgos comunes que enfrentamos, tanto por la erosión de las instituciones, como por la creciente presión ciudadana por encontrar soluciones a los problemas más apremiantes.

La visión del informe es integral: no conceptualiza a la democracia como mero fenómeno procedimental basado en elecciones recurrentes. Su foco de atención incluye el análisis del ejercicio de los derechos civiles, políticos, económicos y sociales a través de los procesos deliberativos, la construcción de políticas de bienestar, así como las capacidades institucionales del Estado. Derivado de ello, una de las conclusiones que me parecen más relevantes es que la región enfrenta procesos de erosión democrática signados no siempre por rupturas abruptas (golpes de Estado, revueltas, crisis democráticas), sino por trayectorias de debilitamiento gradual de las instituciones.

El informe señala que esta dinámica incluye el creciente cuestionamiento de los procesos electorales, el desgaste de las autoridades electorales, la concentración del poder en liderazgos personalistas, el debilitamiento de contrapesos y la difusión de narrativas polarizadas que minan la confianza en las instituciones. Algo que, por cierto, hemos visto de manera cada vez más recurrente en diversas latitudes y que no se manifiesta exclusivamente dentro de un espectro político-ideológico, sino que se ha generalizado cada vez más.

A partir de este diagnóstico, el informe del PNUD también plantea una idea fundamental: ningún actor, por sí solo, puede ofrecer una solución integral a los desafíos de la democracia. Las respuestas requieren de la cooperación entre gobiernos, instituciones, sociedad civil, academia, medios de comunicación y ciudadanía para construir acuerdos en contextos cada vez más complejos. En el centro de esta discusión se encuentra la necesidad de preservar condiciones mínimas de competencia política, particularmente en el ámbito electoral.

Elementos mínimos como fortalecer la autonomía de los organismos electorales y reconstruir la confianza ciudadana en los procesos electorales son indispensables para garantizar elecciones libres y justas. Así, la democracia no solo requiere árbitros imparciales, sino con la suficiente capacidad para decidir con independencia frente a poderes políticos, económicos o mediáticos. En tiempos de polarización y desinformación, proteger la integridad electoral y asegurar la posibilidad de alternancia pacífica en el poder constituye una condición esencial para evitar el deterioro gradual de las instituciones democráticas.

Finalmente, el informe advierte sobre la necesidad de restringir la influencia desmedida del poder económico en la esfera política. Cuando los recursos —lícitos o ilícitos— alteran las condiciones de competencia democrática, se profundizan las desigualdades en la capacidad de influir sobre las decisiones públicas y se debilita la representación política. Por ello, la defensa de la democracia también implica garantizar que las reglas de participación política no sean capturadas por intereses particulares capaces de distorsionar la voluntad ciudadana.

El 10 de mayo suele estar acompañado de regalos y mensajes de gratitud. No obstante, esta fecha también debe llamarnos a la reflexión sobre la situación de las mujeres que son madres en nuestro país. Lejos de caer en estereotipos o narrativas simples, lo primero es reconocer que toda mujer tiene derecho a ejercer sus derechos reproductivos como mejor lo considere y convertirse —o no— en madre por propia voluntad. La maternidad no puede entenderse como una obligación social ni como un destino único, sino como una decisión de libertad en el marco de una sociedad democrática y de derechos.

La realidad mexicana muestra, además, la enorme dimensión social de la maternidad. De acuerdo con el INEGI, en México residen 54.9 millones de mujeres que son madres. De este universo, 45.7% señala estar casada, mientras que 23.6% reporta estar separada y 10.6% ser madre soltera. Estas cifras reflejan que la maternidad se vive en contextos familiares y económicos profundamente diversos, muchas veces atravesados por la ausencia de redes de apoyo o la desigualdad estructural. Por ello, hablar de las madres no debe limitarse a discursos simbólicos o conmemorativos, sino que implica discutir políticas públicas, derechos sociales y condiciones materiales de vida.

Uno de los grandes desafíos se encuentra en el acceso a la educación. Sólo 31.9% de las madres en México cuenta con educación media superior o superior; en contraste, 33.8% tiene secundaria concluida, 18.8% primaria completa y 15.3% no concluyó la educación primaria. Esta realidad tiene implicaciones directas sobre las oportunidades laborales, ingresos y movilidad social de millones de mujeres. Una democracia no puede construirse sobre brechas educativas tan profundas, especialmente cuando limitan la autonomía económica y las posibilidades de participación en la vida productiva.

La situación laboral tampoco deja de ser preocupante. Aunque las madres mantienen una importante participación económica —61.8% entre los 35 y 39 años y 57% entre los 30 y 34 años—, los ingresos muestran una realidad marcada por la desigualdad. Casi la mitad de las madres trabajadoras reporta ingresos de hasta un salario mínimo, mientras que apenas 2.2% percibe más de tres salarios mínimos. Detrás de estas cifras existe una combinación de informalidad, discriminación laboral, interrupciones profesionales asociadas a las tareas de cuidado y limitaciones estructurales para acceder a mejores empleos.

A ello se suma una realidad silenciosa pero fundamental: el enorme peso del trabajo de cuidados no remunerado. Las madres destinan en promedio 20.5 horas semanales a los quehaceres del hogar y 17.3 horas al cuidado de menores, personas enfermas, adultos mayores o personas con discapacidad. Estas jornadas invisibles sostienen buena parte del funcionamiento social y económico del país, pero rara vez son reconocidas o acompañadas por políticas públicas suficientes. Sin un sistema nacional de cuidados robusto, accesible y con perspectiva de género, millones de mujeres seguirán enfrentando una doble o incluso triple jornada que limita su desarrollo profesional, educativo y personal.

Un Estado de derecho debe velar por el bienestar de las madres y garantizar que la decisión de ejercer o no la maternidad no confronte otros derechos civiles, políticos, económicos o de salud. Colocar a las madres en el centro de la agenda pública implica discutir la expansión de sus oportunidades laborales, la capacitación continua, la ampliación de la oferta educativa, los espacios de esparcimiento, la salud reproductiva, los mecanismos para garantizarles una vida libre de violencia y, sobre todo, un sistema de cuidados digno y eficiente.