Las elecciones legislativas celebradas en Colombia el pasado 8 de marzo dejaron una fotografía que debe leerse más allá de la repartición de escaños y curules. No se trata únicamente de quién ganó y quién perdió, sino de analizar qué tan incluyentes son las democracias latinoamericanas. En ese terreno, los preconteos avanzan una verdad incómoda: la paridad no llega por inercia, ni como consecuencia natural del voto. Es el resultado de reglas y mecanismos eficaces para contener la violencia política de género.

Colombia eligió 102 escaños del Senado y 183 curules de la Cámara de Representantes. Pero la magnitud no es lo relevante, sino por la distancia entre el discurso igualitario y sus resultados. Aun cuando el país ha avanzado hacia reglas más favorables para la inclusión de las mujeres, su representación política está lejos de una lógica paritaria.

Los datos del preconteo muestran que sólo el 31.4% de los escaños del Senado fue ganado por mujeres, mientras que –con un porcentaje menor–el 29.8% de las curules de la cámara baja serán ocupadas por legisladoras. Este desfase tiene una explicación institucional.

En Colombia, la legislación ha reforzado la inclusión de mujeres en determinadas listas, pero no impuso una alternancia obligatoria entre hombres y mujeres. Esa diferencia es decisiva. Cuando la norma permite cumplir la cuota sin ordenar la ubicación competitiva de las candidaturas, los partidos conservan margen para simular apertura y, al mismo tiempo, reservar espacios más viables para hombres. Además, las fuerzas políticas tienen la posibilidad de elegir entre presentar listas preferentes o no preferentes. Con esta instrumentalización, la desigualdad permanece y se vuelve jurídicamente sofisticada.

Por eso conviene mirar no solo cuántas mujeres resultan electas, sino en dónde empieza la exclusión. Las candidaturas de mujeres rondaban apenas cuatro de cada diez postulaciones. El problema comienza en la antesala de los comicios, cuando los partidos avalan candidaturas, definen la posición en las listas, reparten recursos y priorizan visibilidad. Aunque ese momento sea menos visible que la votación misma, ahí se decide buena parte de la representación futura y las probabilidades de victoria en el tarjetón.

Hay otro factor que no puede considerase secundario: la violencia política contra las mujeres. En Colombia, ONU Mujeres documentó que casi el 77% de las candidatas a las elecciones territoriales de 2023 sufrió violencia durante la campaña. La cifra dialoga con la calidad de la democracia, donde participar implica, para muchas, asumir un costo diferenciado y cotidiano.

Las brechas de género en el acceso a cargos de elección popular suelen producirse, sabemos, al seno de los institutos políticos y en el andamiaje jurídico. Por eso, México ofrece una referencia. La reforma constitucional de 2019 en materia de paridad amplió la exigencia de igualdad a todos los cargos públicos y consolidó una visión más robusta que la sola cuota de candidaturas. Sus efectos fueron visibles: más allá de la postulación, cada vez más espacios tuvieron una conformación paritaria. Después la reforma de 2020 en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género agregó un componente indispensable: reconocer que no basta con abrir el acceso si no se protege a quienes entran.

Aunque México no es un modelo perfecto, deja una lección útil para la región: las reglas importan. Importa el orden de las listas, si la paridad es vertical y horizontal, si existen sanciones, si el Estado reconoce la violencia política como una forma específica de exclusión democrática. Será importante observar la aplicación de la Ley 2453 de 2025 en materia de violencia contra las mujeres en política. Sin esa arquitectura, la representación de las mujeres queda expuesta a la discrecionalidad.

Es cierto que las cuotas no eliminan las dinámicas estructurales que reproducen la desigualdad, pero sí contribuyen a generar condiciones más equitativas de competencia para abrir paso a una presencia efectiva de mujeres en espacios de poder. Espacios en donde su presencia no es accesoria, sino sustantiva.

El pasado 12 de febrero se convocó a elecciones en Bangladesh. En esta ocasión, la ciudadanía no solo decidió quién ocupará la titularidad del Poder Ejecutivo, sino cómo deberá gobernar. 

La jornada electoral se desarrolló en un contexto particular. La ex primera ministra, Sheikh Hasina, después de un gobierno autoritario que duró 15 años, se encuentra en el exilio tras haber sido condenada por crímenes de lesa humanidad. Si bien su liderazgo fue un referente político de democracia por años, la posterior concentración de poder y el debilitamiento de contrapesos institucionales generó una profunda fractura social. Entre sus consecuencias se encuentran aproximadamente 1,400 muertes y miles de personas heridas durante la represión de la llamada Revolución del Monzón de 2024.

Este movimiento, liderado por estudiantes, buscaba expresar inconformidad con la reintroducción del sistema de cuotas —que destina el 30% de los empleos públicos a familiares de veteranos de la guerra de independencia—. Pero el uso de la fuerza por parte del Estado opacó la lucha inicial. El centro de las protestas gravitó de la falta de oportunidades laborales para las juventudes a la búsqueda de justicia.

Como resultado, la movilización estudiantil provocó la dimisión de Hasina y abrió un espacio inédito de diálogo entre fuerzas partidistas, organizaciones de la sociedad civil y el gobierno interino, liderado hasta hace unos días por Muhammad Yunus, Premio Nobel de la Paz. Del consenso surgió la llamada Carta de Julio, documento que fue sometido a escrutinio público el mismo día de la elección.

Con el respaldo del 60% del electorado, el referéndum busca cambios sustantivos en la democracia de Bangladesh. Entre otros, la transición a un sistema bicameral, medidas para incrementar la participación política de las mujeres y, sobre todo, garantizar un sistema de contrapesos mediante la independencia judicial y la limitación de los mandatos del Poder Ejecutivo.

Pero los logros de las juventudes en términos normativos no se replicaron en el ámbito legislativo. El Partido Nacional Ciudadano (PNC), encabezado por las juventudes bangladesíes, formó una coalición con el Partido Jamaat-e-Islami —de corte tradicionalista—. Esta alianza generó descontento en el sector que inicialmente buscaba representar y, más allá de una desalineación, el movimiento se desarticuló. Argumentando que las propuestas del Jamaat-e-Islami son contrarias a los principios de la Revolución del Monzón, algunos liderazgos estudiantiles dejaron de militar en el PNC para, en su lugar, postularse mediante candidaturas independientes.

En consecuencia, con una participación ciudadana de 59%, el Partido Nacionalista de Bangladesh (PNB) obtuvo 212 escaños, mientras que la coalición liderada por el Jamaat-e-Islami alcanzó 77, de los cuales apenas 6 son del PNC. La paradoja es evidente: las personas jóvenes fueron el motor de la movilización que derribó al antiguo régimen, pero esa fuerza no logró traducirse en representación política significativa.

Lo que ocurre en la Tierra de los Ríos no es un fenómeno aislado. Las nuevas generaciones están enviando un mensaje contundente: los cambios estructurales son impostergables y su representación en la política no es plena. El sur asiático, entre Nepal y Bangladesh, es ejemplo de esa presión que tiene el potencial de reconfigurar sistemas políticos.

Pero las elecciones no son el punto final. El gobierno entrante deberá implementar las reformas aprobadas en las urnas, integrar a las juventudes en la política y avanzar medidas de reparación social. La forma en que se aborden estos retos será determinante para que la transición no se limite a un relevo de élites, sino que abra paso a una etapa de profundización democrática.

Lo ocurrido en las urnas costarricenses el domingo no puede leerse únicamente en clave ideológica. Bajo la superficie se mueve una tensión profunda que hemos tendido a ignorar por concentrarnos en el clivaje de izquierda y derecha.

Laura Fernández, la candidata oficialista, será la presidenta de Costa Rica, por lo que es pertinente preguntarse cuáles son las causas de esta victoria.

Tanto en la elección presidencial como en la legislativa se expresó un tipo de motor social que surge del miedo a la violencia y de la expectativa de orden. Esa fuente de legitimidad movilizadora, pero ambivalente, paradójicamente, puede pavimentar el camino a la debilitación de las instituciones que hacen posible a la democracia misma.

La conexión entre la demanda de orden y la expansión de la confianza hacia liderazgos populistas y antisistema no es nueva. Sin embargo, Costa Rica se posicionó como una de las democracias más estables de la región, con instituciones y cultura política sólidas. Esa imagen de excepcionalidad ha comenzado a desvanecerse por las dinámicas del crimen organizado y de la desigualdad social.

La sensación de vulnerabilidad se convirtió en el terreno fértil donde las propuestas de mano dura contra la delincuencia echó raíces. Entre estados de excepción, endurecimiento penal, la promesa de megaprisiones y una retórica refundacional iniciada por su predecesor, Laura Fernández consiguió una victoria irrefutable.

El triunfo de la segunda mujer electa para la presidencia del país de la “pura vida” no es menor. Se sustenta en una participación cercana al 70% y en un porcentaje de votos para esquivar una segunda vuelta. La nueva administración inicia la “tercera república” con un margen político respaldado por una movilización ciudadana.

Pero los contrapesos a las mayorías suelen emerger incluso cuando los liderazgos gozan altos niveles de aprobación. Aunque la elección de la candidata oficialista representa un respaldo a la continuidad del proyecto iniciado por Rodrigo Chaves –actual presidente sin posibilidad de reelección inmediata–, el escenario legislativo introduce matices.

Según los resultados preliminares del Tribunal Supremo de Elecciones, el Partido Pueblo Soberano (PPSO) de Fernández y Chaves obtuvo una bancada amplia, pero insuficiente para aprobar reformas constitucionales sin coaliciones. Las 31 diputaciones le dan al partido la mayoría que le permite actuar en áreas como seguridad y presupuesto. Sin embargo, la generación de alianzas será impostergable para pasar el discurso “refundacional” a la acción.

El cambio observado en el votante mediano no puede reducirse a un apoyo superficial a soluciones punitivas. La inseguridad y la desigualdad operan como fuerzas que reconfiguran la relación entre ciudadanía e instituciones. Ahí donde la sensación de vulnerabilidad se vuelve la norma, la paciencia con los procedimientos y los equilibrios institucionales se esfuma.

En este contexto, el discurso de “refundación” adquiere un peso simbólico. Pero lo decisivo es su contenido: si se interpreta como el desplazamiento de controles para la concentración de poder, la fragilidad institucional que alimentó el malestar puede profundizarse. Si se asume como un proceso de fortalecimiento institucional y reconstrucción social, el horizonte cambia. El desafío está en transformar las instituciones para volverlas capaces de responder de manera sostenida dentro de los límites democráticos.

Costa Rica grita lo que la región ha susurrado: el miedo puede ser un motor político o un atajo peligroso. Más que una anomalía, lo ocurrido en Costa Rica parece un espejo de la creciente tensión entre orden y democracia; urgencia y procedimiento; miedo y Estado de derecho. Mirar esa tensión sin confusores es el primer paso para que la legitimidad que hoy se expande no sea la grieta del mañana.

La IA avanzó con una rapidez vertiginosa que dejó poco margen para que las instituciones entendiéramos qué nos puede aportar -y qué riesgos encierra

Hace unos días, el Museo Nacional de Antropología fue sede de la presentación de los Principios de Chapultepec y la Declaración de ética y buenas prácticas para el uso y desarrollo de la inteligencia artificial (IA) en México. El encuentro, coordinado entre la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, no fue un gesto simbólico menor: colocó pasado, presente y futuro en un mismo plano para encarar a una tecnología que ya opera en nuestras instituciones.

La IA avanzó con una rapidez vertiginosa que dejó poco margen para que las instituciones entendiéramos qué nos puede aportar -y qué riesgos encierra-. Aunque los postulados no sean vinculantes, estos principios son un primer paso valioso para dejar de fingir que la penetración de la IA en la esfera pública no requiere reglas claras.

En el centro del documento hay diez enunciados que orientan la integración de la IA en el actuar institucional. Algunos funcionan como líneas rojas: “La IA debe ampliar derechos, nunca reducirlos”; “Si una decisión no puede explicarse, no debe automatizarse”. Tener responsables humanos es, más que un tecnicismo, una salvaguarda democrática frente a la opacidad algorítmica y la dilución de responsabilidades.

Pero el valor agregado de los principios reside en su enfoque en la justicia social. La tecnología no es neutral: sus sesgos provienen del diseño humano y su inaccesibilidad puede profundizar brechas. En una región donde coexisten extremos de riqueza y exclusión, la IA puede amplificar desigualdades si no se orienta con criterios de equidad.

Las mesas del foro sobre IA que acompañaron la presentación tocaron puntos esenciales y complementarios, como el dilema respecto a los derechos de autor, el rol del Estado frente al mercado, y su relación con la justicia, la seguridad y la participación democrática. La discusión centrada en la cooperación interinstitucional e integración de perfiles diversos es clave para responder a la diversidad cultural del país.

Aunque este encuentro supone un avance considerable para la agenda pública, aún existen vacíos. Hay tres retos que, considero, no hemos terminado de delinear.

En primer lugar, es necesario alejarnos de una agenda tecnológica androcentrista o extractivista. México no puede limitarse a consumir tecnología ni replicar modelos que ponen la competitividad por encima de la ética. Para cambiar el rumbo, hay que combinar participación pública, profesionalización de talento local y reglas que permitan auditorías y evaluación ambiental. La carrera por “ponernos al día” no puede convertirse en nuestra “hora cero”.

En segundo término, los Principios no pueden quedarse en papel. Avanzar al terreno legislativo es indispensable para que la regulación no se quede en buenas intenciones. Hasta el año pasado, en la LXVI Legislatura se habían presentado 87 iniciativas relacionadas con IA. Aun así, seguimos sin un marco regulatorio consolidado. Esa tensión exige instrumentos que permitan evaluar y auditar sin renunciar a derechos fundamentales.

Y con eso el tercer y último punto. El nombre de estos principios representa una continuidad simbólica con el pasado. En 1994, la Declaración de Chapultepec estableció 10 principios bajo la convicción de que el poder no puede limitar la libertad de expresión o de prensa. La lección permanece: cualquier regulación democrática debe buscar expandir las libertades, no coartarlas.

Si queremos que la IA fortalezca la democracia y reduzca desigualdades, debemos ir más allá de lo técnico. Solo cuando estos principios se traduzcan en prácticas evaluables, la discusión dejará de ser una carrera declarativa para convertirse en una apuesta real por un desarrollo tecnológico justo y democrático.

Dra. Amalia Pulido Gómez

Consejera Presidenta del Instituto Electoral del Estado de México

El frío congelante ha aislado a buena parte de la población y el periodo de campaña reduce la posibilidad de que el electorado conozca otras propuestas

A finales de octubre del 2025 Japón vivió un parteaguas histórico, por primera vez una mujer se convertía en Primera Ministra. A tres meses de ese momento, Takaichi vuelve a ser el centro de la conversación. Esta vez, la noticia es su decisión de convocar a elecciones anticipadas.

Aunque las diferencias entre sistemas presidenciales y parlamentarios se han estudiado durante décadas, este tipo de recursos nos recuerdan que la política real siempre va un paso más allá de lo que dice la literatura.

En la teoría, tenemos contrastes claros. En los sistemas presidenciales, el Poder Ejecutivo se elige por voto popular para un periodo fijo y no necesariamente quien encabeza al Ejecutivo es la misma persona que lidera al partido. En cambio, en los parlamentarios, quien ocupa el cargo de primer o primera ministra (PM) depende de la confianza del Parlamento; es decir, su permanencia depende de mayorías legislativas.

La literatura reconoce que un o una PM puede convocar a elecciones anticipadas o plantear votos de confianza para renovar su respaldo. En Japón, estas snap elections son más una constante que una excepción.

Las razones suelen ser estratégicas: aprovechar la debilidad de la oposición, capitalizar la “luna de miel” de los primeros días/meses en el cargo, superar una crisis política o legitimar el liderazgo partidista ante el electorado. En esta ocasión, la decisión gravita en un contexto complejo, donde la política doméstica y exterior se entrelazan.

Se pueden distinguir al menos tres elementos que ayudan a dimensionar la singularidad de estas elecciones anticipadas.

El primero responde al ajuste político del país. El Partido Liberal Democrático (PLD), que ha mantenido el poder durante décadas, perdió el apoyo del partido de centro-derecha Komeito por sus diferencias sobre Takaichi. Para sostenerse, el partido se alió con el Partido de Innovación de Japón. Esta coalición, que apenas es mayoría en la Cámara Baja por un asiento, no ha sido refrendada en las urnas. Desde la lógica de la lideresa, acudir al electorado es una forma de preguntar si esa ingeniería parlamentaria cuenta con respaldo ciudadano.

El segundo elemento: la tensión entre gobierno y partido. La PM tiene una aprobación que ronda el 70%, pero su partido apenas roza el 30%. Así, las elecciones se convierten en una apuesta de alto riesgo. Podrían servir para que la popularidad de Takaichi arrastre al partido y le devuelva una mayoría sólida. O, por el contrario, la debilidad partidista podría desgastar a la jefa de gobierno.

El tercer factor trasciende fronteras territoriales. La PM ha mostrado afinidad con Donald Trump y ha expresado la decisión de intervenir si China intentara anexarse a Taiwán. Estas posturas dialogan con el clima internacional actual y con el ascenso interconectado de expresiones de ultraderecha. La cercanía con Washington parece estar fortaleciendo su respaldo entre sectores juveniles que se identifican con el movimiento MAGA.

Pero la estrategia política no siempre encuentra eco en la ciudadanía. Algunas voces señalan que la participación del próximo 8 de febrero será baja. El frío congelante sin precedentes ha aislado a buena parte de la población y el corto periodo de campaña, de tan solo 12 días, reduce la posibilidad de que el electorado conozca a fondo otras propuestas.

Al final, la política suele esconderse en la instrumentalización de las reglas y en el uso fino, a veces oportunista, de los mecanismos institucionales. Pero la ciudadanía no es un actor pasivo. Conserva agencia aun en escenarios diseñados estratégicamente desde las cúpulas del poder.

Si la participación se erosiona, ¿estas elecciones fortalecerán el liderazgo de la PM o terminarán colocándola en una posición de vulnerabilidad difícil de revertir? Esa es la apuesta que hoy tiene a Japón mirando a las urnas.

Dra. Amalia Pulido Gómez

Consejera Presidenta del Instituto Electoral del Estado de México