La IA avanzó con una rapidez vertiginosa que dejó poco margen para que las instituciones entendiéramos qué nos puede aportar -y qué riesgos encierra

Hace unos días, el Museo Nacional de Antropología fue sede de la presentación de los Principios de Chapultepec y la Declaración de ética y buenas prácticas para el uso y desarrollo de la inteligencia artificial (IA) en México. El encuentro, coordinado entre la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, no fue un gesto simbólico menor: colocó pasado, presente y futuro en un mismo plano para encarar a una tecnología que ya opera en nuestras instituciones.

La IA avanzó con una rapidez vertiginosa que dejó poco margen para que las instituciones entendiéramos qué nos puede aportar -y qué riesgos encierra-. Aunque los postulados no sean vinculantes, estos principios son un primer paso valioso para dejar de fingir que la penetración de la IA en la esfera pública no requiere reglas claras.

En el centro del documento hay diez enunciados que orientan la integración de la IA en el actuar institucional. Algunos funcionan como líneas rojas: “La IA debe ampliar derechos, nunca reducirlos”; “Si una decisión no puede explicarse, no debe automatizarse”. Tener responsables humanos es, más que un tecnicismo, una salvaguarda democrática frente a la opacidad algorítmica y la dilución de responsabilidades.

Pero el valor agregado de los principios reside en su enfoque en la justicia social. La tecnología no es neutral: sus sesgos provienen del diseño humano y su inaccesibilidad puede profundizar brechas. En una región donde coexisten extremos de riqueza y exclusión, la IA puede amplificar desigualdades si no se orienta con criterios de equidad.

Las mesas del foro sobre IA que acompañaron la presentación tocaron puntos esenciales y complementarios, como el dilema respecto a los derechos de autor, el rol del Estado frente al mercado, y su relación con la justicia, la seguridad y la participación democrática. La discusión centrada en la cooperación interinstitucional e integración de perfiles diversos es clave para responder a la diversidad cultural del país.

Aunque este encuentro supone un avance considerable para la agenda pública, aún existen vacíos. Hay tres retos que, considero, no hemos terminado de delinear.

En primer lugar, es necesario alejarnos de una agenda tecnológica androcentrista o extractivista. México no puede limitarse a consumir tecnología ni replicar modelos que ponen la competitividad por encima de la ética. Para cambiar el rumbo, hay que combinar participación pública, profesionalización de talento local y reglas que permitan auditorías y evaluación ambiental. La carrera por “ponernos al día” no puede convertirse en nuestra “hora cero”.

En segundo término, los Principios no pueden quedarse en papel. Avanzar al terreno legislativo es indispensable para que la regulación no se quede en buenas intenciones. Hasta el año pasado, en la LXVI Legislatura se habían presentado 87 iniciativas relacionadas con IA. Aun así, seguimos sin un marco regulatorio consolidado. Esa tensión exige instrumentos que permitan evaluar y auditar sin renunciar a derechos fundamentales.

Y con eso el tercer y último punto. El nombre de estos principios representa una continuidad simbólica con el pasado. En 1994, la Declaración de Chapultepec estableció 10 principios bajo la convicción de que el poder no puede limitar la libertad de expresión o de prensa. La lección permanece: cualquier regulación democrática debe buscar expandir las libertades, no coartarlas.

Si queremos que la IA fortalezca la democracia y reduzca desigualdades, debemos ir más allá de lo técnico. Solo cuando estos principios se traduzcan en prácticas evaluables, la discusión dejará de ser una carrera declarativa para convertirse en una apuesta real por un desarrollo tecnológico justo y democrático.

Dra. Amalia Pulido Gómez

Consejera Presidenta del Instituto Electoral del Estado de México