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Social

El 10 de mayo suele estar acompañado de regalos y mensajes de gratitud. No obstante, esta fecha también debe llamarnos a la reflexión sobre la situación de las mujeres que son madres en nuestro país. Lejos de caer en estereotipos o narrativas simples, lo primero es reconocer que toda mujer tiene derecho a ejercer sus derechos reproductivos como mejor lo considere y convertirse —o no— en madre por propia voluntad. La maternidad no puede entenderse como una obligación social ni como un destino único, sino como una decisión de libertad en el marco de una sociedad democrática y de derechos.

La realidad mexicana muestra, además, la enorme dimensión social de la maternidad. De acuerdo con el INEGI, en México residen 54.9 millones de mujeres que son madres. De este universo, 45.7% señala estar casada, mientras que 23.6% reporta estar separada y 10.6% ser madre soltera. Estas cifras reflejan que la maternidad se vive en contextos familiares y económicos profundamente diversos, muchas veces atravesados por la ausencia de redes de apoyo o la desigualdad estructural. Por ello, hablar de las madres no debe limitarse a discursos simbólicos o conmemorativos, sino que implica discutir políticas públicas, derechos sociales y condiciones materiales de vida.

Uno de los grandes desafíos se encuentra en el acceso a la educación. Sólo 31.9% de las madres en México cuenta con educación media superior o superior; en contraste, 33.8% tiene secundaria concluida, 18.8% primaria completa y 15.3% no concluyó la educación primaria. Esta realidad tiene implicaciones directas sobre las oportunidades laborales, ingresos y movilidad social de millones de mujeres. Una democracia no puede construirse sobre brechas educativas tan profundas, especialmente cuando limitan la autonomía económica y las posibilidades de participación en la vida productiva.

La situación laboral tampoco deja de ser preocupante. Aunque las madres mantienen una importante participación económica —61.8% entre los 35 y 39 años y 57% entre los 30 y 34 años—, los ingresos muestran una realidad marcada por la desigualdad. Casi la mitad de las madres trabajadoras reporta ingresos de hasta un salario mínimo, mientras que apenas 2.2% percibe más de tres salarios mínimos. Detrás de estas cifras existe una combinación de informalidad, discriminación laboral, interrupciones profesionales asociadas a las tareas de cuidado y limitaciones estructurales para acceder a mejores empleos.

A ello se suma una realidad silenciosa pero fundamental: el enorme peso del trabajo de cuidados no remunerado. Las madres destinan en promedio 20.5 horas semanales a los quehaceres del hogar y 17.3 horas al cuidado de menores, personas enfermas, adultos mayores o personas con discapacidad. Estas jornadas invisibles sostienen buena parte del funcionamiento social y económico del país, pero rara vez son reconocidas o acompañadas por políticas públicas suficientes. Sin un sistema nacional de cuidados robusto, accesible y con perspectiva de género, millones de mujeres seguirán enfrentando una doble o incluso triple jornada que limita su desarrollo profesional, educativo y personal.

Un Estado de derecho debe velar por el bienestar de las madres y garantizar que la decisión de ejercer o no la maternidad no confronte otros derechos civiles, políticos, económicos o de salud. Colocar a las madres en el centro de la agenda pública implica discutir la expansión de sus oportunidades laborales, la capacitación continua, la ampliación de la oferta educativa, los espacios de esparcimiento, la salud reproductiva, los mecanismos para garantizarles una vida libre de violencia y, sobre todo, un sistema de cuidados digno y eficiente.

El calendario electoral europeo ha ofrecido una sorpresa significativa para la opinión pública internacional. A pesar del respaldo denodado de figuras como Donald Trump y Vladimir Putin al actual primer ministro húngaro, la sociedad de Hungría ha propinado un revés electoral al partido de ultraderecha Fidesz. Todo indica, en ese sentido, que el cambio de gobierno se realizará de manera ordenada, a través de los cauces institucionales y gracias a la vía electoral.

Con una participación cercana al 80%, los comicios marcaron un punto de inflexión en la vida política del país. El primer ministro Viktor Orbán reconoció la victoria del opositor Péter Magyar, calificando el resultado como “doloroso, pero claro”. Con ello, se abre la puerta al fin de más de una década y media de dominio político continuo, en un proceso que, por su cauce institucional, fortalece la legitimidad del sistema democrático.

Durante los últimos años, Orbán se consolidó como una de las figuras más visibles del movimiento de derecha radical en Europa. Su cercanía política con Trump y Putin, así como su discurso soberanista y conservador, le permitieron articular una narrativa de resistencia frente a las instituciones europeas. Esta posición lo convirtió en un referente para sectores políticos que cuestionan el orden liberal internacional y promueven modelos de democracia con fuertes rasgos nacionalistas.

Desde su llegada al poder en 2010, Orbán y Fidesz construyeron una hegemonía política sostenida en mayorías parlamentarias obtenidas en elecciones sucesivas. Este control les permitió impulsar una transformación profunda del marco institucional, incluida la promulgación de una nueva Ley Fundamental que, según diversos especialistas, operó como una Carta Magna paralela. En ella se consolidaron principios conservadores —como la centralidad de la familia tradicional y la tradición cristiana— junto con políticas restrictivas en materia de migración, derechos de minorías y mecanismos de control sobre otras instituciones del Estado.

En contraste, Péter Magyar delineó desde el inicio una agenda de reposicionamiento internacional y reconstrucción institucional. En su discurso de victoria subrayó que Hungría forma parte de Occidente, de la comunidad europea y de la OTAN, al tiempo que llamó a “liberar” al país y restablecer la democracia. No obstante, el nuevo liderazgo enfrentará retos complejos: la relación con Rusia y Ucrania, así como su postura ante el conflicto en Medio Oriente, pondrán a prueba su capacidad para privilegiar la diplomacia y las soluciones políticas sobre las vías militares.

El caso húngaro ofrece una lección relevante en un contexto global marcado por la polarización ideológica. Más allá de los resultados, lo que destaca es el papel de las instituciones electorales como garantes de la competencia política y como válvulas de escape frente a posibles tensiones sociales. Cuando funcionan con autonomía e imparcialidad, las instituciones electorales permiten procesar el conflicto dentro de cauces pacíficos y legítimos. En última instancia, son piezas torales que debemos preservar para garantizar la estabilidad y la calidad de los regímenes democráticos.

El relevo en la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) abre una discusión que trasciende nombres y regiones: la necesidad de renovar el liderazgo global en un contexto marcado por conflictos prolongados, tensiones geopolíticas y signos de desgaste democrático. En este escenario, las prioridades de la mayor institución del multilateralismo son claras: reforzar el papel mediador del organismo en disputas internacionales, garantizar el respeto a los acuerdos multilaterales, ajustar su estructura presupuestaria y, de manera cada vez más urgente, romper inercias históricas que han limitado el acceso de las mujeres a los más altos cargos de decisión.

La eventual sucesión de António Guterres en la Secretaría General de la ONU ha colocado en el centro del debate la candidatura de Michelle Bachelet. Su perfil, marcado por la experiencia en la presidencia de Chile y en organismos internacionales, representa una posibilidad concreta de redefinir el liderazgo global desde una perspectiva que combine pragmatismo político y sensibilidad social. Sin embargo, la decisión del gobierno chileno de retirar su apoyo ha reconfigurado el tablero diplomático, evidenciando que las dinámicas internas de los Estados siguen siendo determinantes incluso en procesos de alcance global.

A pesar de este revés, la candidatura de Bachelet mantiene respaldo en países clave de América Latina, como Brasil y México, lo que refleja una apuesta regional por posicionar liderazgos propios en el sistema multilateral. No obstante, la fragmentación ideológica en la región dificulta la construcción de consensos amplios. La falta de alineación con gobiernos como los de Argentina, Ecuador o Perú ilustra los límites de una estrategia que, aunque ambiciosa, enfrenta un entorno político altamente polarizado.

Más allá de la coyuntura regional, el proceso de sucesión tiene un componente histórico: por primera vez, una mujer podría ocupar la Secretaría General de la ONU. De los cinco perfiles en contienda, tres corresponden a mujeres con trayectorias consolidadas en la arena internacional: además de Bachelet, la economista costarricense Rebeca Grynspan y la diplomática argentina Virginia Gamba. Este hecho no es menor: refleja una transformación gradual, pero consistente, en la percepción del liderazgo femenino como una opción no solo viable, sino necesaria en contextos de alta complejidad.

El avance de las mujeres hacia posiciones de liderazgo global no es exclusivo del ámbito político. Incluso instituciones tradicionalmente conservadoras han comenzado a reflejar este cambio. La designación de Sarah Mullally como Arzobispa de Canterbury marca un precedente en más de cinco siglos de historia de la Iglesia de Inglaterra. En un mundo atravesado por crisis múltiples, el liderazgo femenino no solo simboliza la ruptura de un techo de cristal largamente cuestionado, sino también la oportunidad de incorporar enfoques distintos —más inclusivos, dialogantes y orientados a la construcción de consensos— en la conducción de los asuntos globales.

Actualmente, uno de los mayores riesgos para las democracias es el ascenso de fuerzas políticas con venas autoritarias y discursos xenófobos y nativistas. Diversos análisis coinciden en que la sombra del autoritarismo recorre buena parte del mundo “desarrollado”. Las otrora democracias liberales han mostrado signos claros de agotamiento y falta de resultados que han provocado el aumento de las preferencias ciudadanas por perfiles “duros” que denuestan las instituciones, el debate y los mecanismos de control al poder.

Por ello, es importante observar cuidadosamente el desarrollo político en otras latitudes. Si bien los comicios reflejan intereses y posturas eminentemente locales, también es cierto que los efectos del voto y de las fuerzas políticas que llegan al poder portan consecuencias regionales e, incluso, mundiales.

En este contexto, el pasado 15 y 22 de marzo Francia celebró su primera y segunda vuelta de comicios municipales. Al menos 35,000 comunas participaron en dicha jornada, donde la batalla ideológica se materializó en los principales partidos políticos: el Partido Socialista, de izquierda moderada; Los Republicanos, de derecha moderada; La Francia Insumisa, representante de la izquierda radical; Reagrupamiento Nacional, de la ultraderecha, y diversas agrupaciones centristas. Si bien hubo resultados variados, estas fuerzas políticas se perfilaron como las más relevantes.

Con la participación electoral más baja registrada en años (apenas 48%), la derecha moderada representada por Los Republicanos se alzó con la mayoría en la segunda vuelta, obteniendo 1,245 victorias municipales; seguidos por la izquierda, con el Partido Socialista a la cabeza (802 victorias) y los partidos de centro (589). El Partido Socialista destaca por su triunfo en las tres ciudades más importantes: París, Marsella y Lyon, mientras que la derecha moderada extendió su influencia en Burdeos, Le Havre y Toulon, circunscripciones que influyen en el debate y que, sin duda, funcionan como termómetros electorales para anticipar tendencias a nivel nacional.

Aunque de manera sorpresiva los resultados mostraron un distanciamiento del electorado respecto de los extremos ideológicos, Francia aún se encuentra dividida entre dos grandes proyectos políticos: el de la derecha, que defiende el libre mercado, la iniciativa privada, el Estado como principal garante del orden, la seguridad y el control migratorio; y los ideales del espectro político de la izquierda, centrados en la lucha contra la desigualdad en el mercado, la protección de derechos laborales y la transición ecológica. Por ello, los comicios todavía dejan abiertas interrogantes de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

La polarización de opiniones responde, en buena medida, al bajo nivel de aprobación del actual mandatario, Emmanuel Macron, quien ha sido fuertemente criticado desde la izquierda por su apoyo denodado al libre mercado, ganándose incluso el mote de “presidente de los ricos”. Desde la derecha, Macron también ha sido cuestionado por no impulsar reformas más contundentes en materia de migración. Por si fuera poco, su gobierno se ha visto plagado de inestabilidad política, cambios frecuentes de primeros ministros e iniciativas polémicas que han dividido a la sociedad y al parlamento.

Con todo, parece que la democracia francesa, siempre imprevisible, ha mostrado signos de vitalidad. Por ahora, las posiciones extremistas han sido detenidas en los principales núcleos demográficos, dejando abierta la posibilidad de que un partido moderado pueda hacerse del poder en 2027. Lo relevante, en el fondo, no es tanto el signo político que tome las riendas del país galo, sino el fortalecimiento o debilitamiento de las instituciones democráticas, pues cuando éstas se ven vulneradas, los discursos autoritarios ganan terreno y crece el riesgo de que prospere un clima de mayor fragmentación y tensiones políticas, económicas y culturales de largo plazo. De ahí la importancia de que los partidos, antes de sus aspiraciones de poder, demuestren su compromiso por preservar el régimen democrático como condición para una convivencia social basada en elementos como el debate público, la libertad y la rendición de cuentas.

“La vergüenza debe cambiar de bando”. Con esas palabras Gisèle Pelicot se convenció a sí misma, en un momento de profunda tribulación, de que no era ella quien debía temer y mostrar vergüenza. Su caso, hoy internacionalmente conocido, marcó no solo a sus familiares y círculo cercano, también a millones de personas quienes han visto en ella no solo a una mujer valiente, sino un ejemplo a seguir para alzar la voz ante las múltiples violencias que se ejercen contra las mujeres alrededor del mundo.

Los detalles de su historia las conocemos gracias al juicio contra su exesposo Dominique Pelicot, pero sobre todo a su testimonio frente a medios de comunicación y a su reciente libro Un himno a la vida. Gisèle es una mujer de 73 años, quien vivía en la región de Provenza, Francia, con su marido, ambos jubilados, tras una vida de pareja y trabajo. Desde 2011, y bajo los efectos de anestesia administrada sin su conocimiento, Gisèle fue violada por su marido y por cerca de 80 hombres en diferentes ocasiones, a quienes él invitaba a su casa mientras ella era fotografiada y grabada.

Casi una década después, en 2020, su marido fue arrestado por fotografiar mujeres en el supermercado, sin su consentimiento. Tras una investigación inicial, la policía francesa descubrió las imágenes que lo inculparían y que revelarían los delitos contra su propia esposa. Gisèle no pudo dar crédito a lo sucedido. Pero después de recibir asistencia psicológica y de hablarlo con su familia, decidió no esconder su nombre y que el juicio contra su pareja se llevara de manera pública.

Lo que Gisèle ha narrado desde entonces no debe ser visto únicamente como un caso de violencia sexual hacia la mujer. En su justa dimensión, su narración es, sobre todo, una muestra de tenacidad para denunciar a su propia expareja y a las decenas de hombres que la violentaron sin su conocimiento. Su testimonio, que ha sido escuchado en diversos foros y en entrevistas con medios tan distinguidos como la BBC, el New York Times o El País, ha inspirado a decenas de miles de mujeres a marchar, a exhibir, a alzar la voz.

Como ella misma lo ha señalado, callar es revictimizarse, es asumir una vergüenza y una culpa no merecida. Es, también, una forma de proteger involuntariamente al agresor. Por ello afirma que la vergüenza, la culpa, el peso de la ley, deben recaer en las personas agresoras y no en las víctimas.

En el marco del reciente 8M, en el que nuevamente miles de mexicanas marchamos contra la violencia, este ejemplo de vida no debe llevarnos únicamente a admirar el valor que representa la actitud de Gisèle y de millones de mujeres. Debe invitarnos a reflexionar que las mujeres, en nuestros diversos espacios de responsabilidad, ya sea como servidoras públicas, docentes, trabajadoras, hermanas, hijas, madres o profesionistas, debemos asumir el compromiso de hablar y de acompañar y escuchar a las víctimas que hablan.

Nosotras somos el primer pilar de apoyo de quienes han sufrido la violencia en primera persona, porque el feminismo, entendido como la lucha colectiva de las mujeres a una vida digna, libre de violencia y con pleno respeto a nuestros derechos, no puede construirse de manera individual o aislada. Requiere del acompañamiento permanente de la sociedad y de las instituciones democráticas. Solo de esta manera comenzaremos a modificar una realidad que, todavía hoy, es marcadamente violenta contra las mujeres.