Comunicación
Social

El 10 de mayo suele estar acompañado de regalos y mensajes de gratitud. No obstante, esta fecha también debe llamarnos a la reflexión sobre la situación de las mujeres que son madres en nuestro país. Lejos de caer en estereotipos o narrativas simples, lo primero es reconocer que toda mujer tiene derecho a ejercer sus derechos reproductivos como mejor lo considere y convertirse —o no— en madre por propia voluntad. La maternidad no puede entenderse como una obligación social ni como un destino único, sino como una decisión de libertad en el marco de una sociedad democrática y de derechos.

La realidad mexicana muestra, además, la enorme dimensión social de la maternidad. De acuerdo con el INEGI, en México residen 54.9 millones de mujeres que son madres. De este universo, 45.7% señala estar casada, mientras que 23.6% reporta estar separada y 10.6% ser madre soltera. Estas cifras reflejan que la maternidad se vive en contextos familiares y económicos profundamente diversos, muchas veces atravesados por la ausencia de redes de apoyo o la desigualdad estructural. Por ello, hablar de las madres no debe limitarse a discursos simbólicos o conmemorativos, sino que implica discutir políticas públicas, derechos sociales y condiciones materiales de vida.

Uno de los grandes desafíos se encuentra en el acceso a la educación. Sólo 31.9% de las madres en México cuenta con educación media superior o superior; en contraste, 33.8% tiene secundaria concluida, 18.8% primaria completa y 15.3% no concluyó la educación primaria. Esta realidad tiene implicaciones directas sobre las oportunidades laborales, ingresos y movilidad social de millones de mujeres. Una democracia no puede construirse sobre brechas educativas tan profundas, especialmente cuando limitan la autonomía económica y las posibilidades de participación en la vida productiva.

La situación laboral tampoco deja de ser preocupante. Aunque las madres mantienen una importante participación económica —61.8% entre los 35 y 39 años y 57% entre los 30 y 34 años—, los ingresos muestran una realidad marcada por la desigualdad. Casi la mitad de las madres trabajadoras reporta ingresos de hasta un salario mínimo, mientras que apenas 2.2% percibe más de tres salarios mínimos. Detrás de estas cifras existe una combinación de informalidad, discriminación laboral, interrupciones profesionales asociadas a las tareas de cuidado y limitaciones estructurales para acceder a mejores empleos.

A ello se suma una realidad silenciosa pero fundamental: el enorme peso del trabajo de cuidados no remunerado. Las madres destinan en promedio 20.5 horas semanales a los quehaceres del hogar y 17.3 horas al cuidado de menores, personas enfermas, adultos mayores o personas con discapacidad. Estas jornadas invisibles sostienen buena parte del funcionamiento social y económico del país, pero rara vez son reconocidas o acompañadas por políticas públicas suficientes. Sin un sistema nacional de cuidados robusto, accesible y con perspectiva de género, millones de mujeres seguirán enfrentando una doble o incluso triple jornada que limita su desarrollo profesional, educativo y personal.

Un Estado de derecho debe velar por el bienestar de las madres y garantizar que la decisión de ejercer o no la maternidad no confronte otros derechos civiles, políticos, económicos o de salud. Colocar a las madres en el centro de la agenda pública implica discutir la expansión de sus oportunidades laborales, la capacitación continua, la ampliación de la oferta educativa, los espacios de esparcimiento, la salud reproductiva, los mecanismos para garantizarles una vida libre de violencia y, sobre todo, un sistema de cuidados digno y eficiente.