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La reciente publicación del Informe sobre Democracia y Desarrollo 2026 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ofrece una radiografía de los avances y desafíos que enfrenta la democracia en América Latina y el Caribe. Al revisar sus hallazgos, encuentro una realidad marcada por claroscuros. Por un lado, los indicadores de desarrollo muestran progresos notables. El informe destaca que el Índice de Desarrollo Humano (IDH) pasó de 0,648 en 1990 a 0,783 en 2023, lo que refleja mejoras en ámbitos fundamentales como los ingresos, la educación y la salud. Además, la región —comparada con otras regiones en desarrollo— continúa siendo la más democrática dentro del mundo en desarrollo.

Sin embargo, estos avances contrastan con una creciente fragilidad institucional. Seis síntomas explican este escenario de vulnerabilidad democrática. El primero es el debilitamiento de las instituciones. El segundo es la concentración del poder en liderazgos personalistas. El tercero corresponde al deterioro de la división de poderes. El cuarto es el auge de narrativas polarizantes. El quinto son los crecientes cuestionamientos a los procesos electorales y, por último, el desgaste de las autoridades electorales.

Quiero detenerme en estos dos últimos aspectos, sobre todo porque los cuestionamientos a las autoridades y a los procesos electorales erosionan la confianza ciudadana, un activo indispensable para sostener la credibilidad democrática. Esta situación ayuda a explicar por qué cada vez más personas en la región se muestran insatisfechas con el funcionamiento de la democracia (64.7 %) e indiferentes respecto al tipo de sistema político bajo el cual viven (25.2 %). Este panorama refleja un proceso de erosión democrática que termina por alimentar y profundizar el debilitamiento de las instituciones. En este punto, el informe es particularmente contundente. Por ejemplo, la confianza en las autoridades electorales cayó del 47 % en 2016 al 34 % en 2024. Al mismo tiempo, el porcentaje de personas que considera que las elecciones en su país son fraudulentas aumentó del 48.5 % al 60.6 % durante el mismo periodo.

Estas cifras evidencian un desafío al que nos enfrentamos las autoridades electorales en cada proceso electoral. Si la ciudadanía deja de confiar en quienes organizamos y garantizamos las elecciones, esa desafección no se limita a una estadística ni a un dato de opinión pública. Por el contrario, se traduce en un cuestionamiento a la legitimidad de los resultados, independientemente de quiénes resulten ganadores.

Sin embargo, no debemos olvidar que, en su papel de árbitros electorales, estas instituciones han desempeñado funciones fundamentales para contener dinámicas regresivas que amenazan la igualdad y los derechos político-electorales de la ciudadanía. Entre ellas destacan la supervisión del cumplimiento de las reglas de postulación paritaria, la promoción de la inclusión de grupos en situación de vulnerabilidad, la gestión de registros de personas sancionadas y otras tareas orientadas a garantizar condiciones más equitativas en la competencia electoral.

Como señala el informe, la democracia no se reduce a la celebración periódica de elecciones; implica, ante todo, el ejercicio pleno de los derechos de la ciudadanía. Por ello, insistir en la necesidad de fortalecer de manera permanente la autonomía de los organismos electorales no es una demanda reiterativa, sino una condición indispensable para preservar la calidad democrática.

Cierro señalando que, si aspiramos a una democracia consolidada y con integridad electoral, necesitamos instituciones independientes, con capacidad técnica y con la credibilidad necesaria para aplicar las reglas de la competencia política de manera imparcial. Pero también es indispensable que la ciudadanía las perciba de ese modo. Después de todo, la fortaleza de una democracia no solo depende de la existencia de instituciones sólidas, sino de la confianza pública que estas son capaces de generar y sostener.