Comunicación
Social

Dra. July Erika Armenta Paulino

Consejera Electoral

Instituto Electoral del Estado de México

El pasado 2 de septiembre, la casa encuestadora Enkoll presentó para El País y W Radio los resultados de una encuesta realizada con motivo del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Entre los distintos apartados del estudio, destaca el denominado Panorama Electoral, cuyos resultados cobran especial relevancia tras el inicio formal del proceso electoral federal 2026-2027, declarado por el Instituto Nacional Electoral (INE) el pasado 10 de septiembre.

            Llama particularmente la atención una de las preguntas incluidas en la encuesta: “Independientemente de por cuál partido votaría, ¿con cuál partido se identifica más en este momento?”. Ante este planteamiento, 25 por ciento de las personas encuestadas manifestó no identificarse con ninguna fuerza política, asumiéndose como apartidista. La cifra no es menor si se observa la serie histórica del propio estudio. En diciembre de 2024 —al inicio de la actual administración federal— ese porcentaje se ubicaba en apenas 13 por ciento. En menos de dos años, el apartidismo ciudadano registró un incremento de 12 puntos porcentuales, convirtiéndose en una de las tendencias más relevantes para comprender el comportamiento del electorado rumbo a los próximos comicios del 6 de junio de 2027.

            Lo que muestran estos resultados no deja de ser paradójico. Sobre todo porque las cifras de la encuesta se presentan en un contexto en el que la oferta partidista en México continúa ampliándose y diversificándose. A nivel nacional, el INE otorgó recientemente el registro a dos nuevas fuerzas políticas, Construyendo Sociedades de Paz (Partido Paz) y Somos, las cuales se suman a los seis partidos con registro nacional vigente.

En el ámbito local, el fenómeno es similar. Cuatro Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) aprobaron el registro de siete nuevos partidos: en Chiapas, Fuerza Chiapaneca, Partido Conciencia Humanay Movimiento de Esperanza; en Jalisco, el Partido Humanista; en el Estado de México, Poder Mexiquense de Oportunidades Sociales (Podemos); y en Veracruz, Bienestar y Justicia Social y el Partido Veracruzano Antipopulismo. Con estas incorporaciones, el número de partidos políticos locales con posibilidad de participar en las elecciones de 2027 asciende a 72 en todo el país.

Lo anterior obliga a interpretar los resultados de la encuesta con cautela. Si algo han demostrado diversos procesos electorales es que la ciudadanía no solo protege el sentido de su voto, sino también la expresión pública de sus preferencias partidistas. En ese contexto, el crecimiento del apartidismo debe analizarse más como una manifestación de autonomía ciudadana que como una muestra de apatía política. En gran medida, se trata de un indicador de salud democrática, en el que los ciudadanos participan e intervienen en los asuntos públicos sin asumir necesariamente una identidad partidista.

En este contexto, a los OPLE, como el Instituto Electoral del Estado de México, les corresponde organizar elecciones íntegras, transparentes y confiables. Si algo sugieren los resultados de la encuesta es que, más allá de las identidades partidistas, la ciudadanía exige instituciones capaces de garantizar que cada voto cuente, se respete y tenga incidencia real en la conformación del poder público. En una democracia donde la ciudadanía parece construir sus preferencias con mayor autonomía y sentido crítico, la confianza en las autoridades electorales se vuelve tan importante como la propia competencia entre los partidos políticos.

Con el inicio del Proceso Electoral para la Elección de Diputaciones y Ayuntamientos 2026-2027, la conversación pública comenzará a centrarse, en las próximas semanas, en las estrategias de los diversos actores políticos de la contienda. Mientras tanto, en el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) continuamos trabajando en las etapas de preparación que harán posible la jornada electoral del 6 de junio de 2027. Entre estas actividades preparatorias destaca la selección y designación de las vocalías que encabezarán nuestros órganos desconcentrados. Una figura que pocas veces ocupa espacios en la conversación pública, pero cuya labor resulta indispensable para la organización de las elecciones.

Estas vocalías forman parte de las Juntas Distritales y Municipales que, junto con sus respectivos Consejos, integrarán los 170 órganos desconcentrados que el IEEM instalará temporalmente en los 45 distritos y los 125 municipios de la entidad. En cada una de estas juntas, estos cargos se distinguen de acuerdo con el ámbito de competencia que les corresponde organizar. Las Juntas Distritales tienen a su cargo la organización de la elección de diputaciones locales y de la gubernatura del Estado de México. Para ello, se integran por tres vocalías: la Ejecutiva, la de Organización Electoral y la de Capacitación. Por su parte, las Juntas Municipales, responsables de la elección de los integrantes de los ayuntamientos, cuentan con dos vocalías: la Ejecutiva y la de Organización Electoral. En conjunto, a lo largo del territorio mexiquense, se instalarán 385 vocalías para este proceso electoral: 135 en el ámbito distrital y 250 en el municipal.

Más allá de su número y distribución territorial, considero importante detenernos en las funciones que desempeñan estas figuras electorales y en la relevancia que tienen para el proceso electoral. No es una tarea menor visibilizar la labor de quienes desempeñan estas responsabilidades. Valorar su trabajo profesional y especializado también implica dar a conocer su contribución a las condiciones de confianza y certeza que fortalecen la vida democrática en el Estado de México. Lo anterior lo menciono porque, de acuerdo con el Código Electoral del Estado de México —artículos 207 y 216—las vocalías tienen entre sus atribuciones ejecutar los programas que determina el Consejo General del IEEM.

A estas responsabilidades se suma la ejecución de programas en materia de educación cívica y paridad de género. Asimismo, las vocalías informan de manera periódica como Junta y a su Consejo correspondiente, sobre el desarrollo de sus actividades, lo que permite dar seguimiento y transparencia al cumplimiento de sus funciones.

Precisamente debido a la importancia de estas responsabilidades, el proceso para integrar las vocalías requiere perfiles idóneos y un procedimiento de selección cuidadosamente diseñado. Para formar parte de ellas, el IEEM publicará próximamente los criterios y la convocatoria correspondientes para que la ciudadanía interesada en ocupar una vocalía distrital o municipal participe en las diferentes etapas previstas para designar estos cargos. Cabe señalar que el proceso de designación se desarrollará con criterios técnicos y procedimientos institucionales orientados a seleccionar el compromiso necesario para el adecuado desempeño de las vocalías.

Como he señalado en otros espacios, organizar una elección implica enfrentar una gran complejidad operativa, trabajar con tiempos acotados y coordinar esfuerzos en distintos niveles. Las vocalías son, en ese sentido, una muestra clara de lo que significa hacer posible la democracia en el territorio. Aunque rara vez ocupan la atención pública, en los próximos meses recaerá en ellas una parte esencial de la responsabilidad de organizar, en cada distrito y municipio, una elección confiable, transparente y con certeza para la ciudadanía.

El próximo 10 de septiembre, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) dará el banderazo de salida al Proceso Electoral Federal 2026-2027, rumbo a la jornada electoral del 6 de junio de 2027. Un día después, el 11 de septiembre, comenzará también el Proceso Electoral para la Elección de Diputaciones y Ayuntamientos 2026-2027 en el Estado de México, uno de los 32 procesos locales que se desarrollarán de manera concurrente a la elección federal. La magnitud del desafío electoral es considerable: estarán en disputa 19 mil 609 cargos de elección popular en todo el país. Además, en el ámbito federal se renovará la Cámara de Diputados, integrada por 500 curules: 300 de mayoría relativa y 200 de representación proporcional.

Como se ha expuesto en otros espacios, el trabajo de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) no comienza con el arranque formal del proceso electoral. Por el contrario, la mayoría de los institutos electorales locales —entre ellos el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM)— llevamos meses preparándonos para los desafíos que plantea esta elección. Sin embargo, las condiciones para hacerlo no han sido las mismas en todas las entidades. Por ello, considero pertinente poner el acento en las tensiones que rodean este proceso electoral. Aunque son diversos los desafíos que acompañan el inicio de los comicios, uno de ellos merece especial atención por sus posibles efectos sobre el desarrollo de las distintas etapas del proceso: la situación presupuestal de los organismos públicos locales electorales.

En este contexto, el INE, en el Informe sobre la Situación Presupuestal de los OPLE 2026, con corte al 10 de julio, identificó al OPLE de Colima como el único organismo en situación de alto riesgo, debido a que su presupuesto para este año fue recortado en 53.25 % respecto de lo solicitado. Por su parte, los OPLE de Guerrero, Hidalgo, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí y Yucatán registraron un nivel de riesgo moderado, una condición que podría traducirse en desafíos operativos importantes de cara al inicio de los próximos comicios.

Desde esta perspectiva, la suficiencia presupuestal no puede entenderse únicamente como un asunto administrativo. Ningún andamiaje institucional puede funcionar adecuadamente sin los recursos necesarios, no sólo por el riesgo de erosión de la capacidad operativa y logística, sino porque también se pone en juego la percepción de imparcialidad que sostiene la legitimidad de las elecciones ante la ciudadanía. En otras palabras, la situación presupuestal de los OPLE y su fortalecimiento institucional no son un tema menor, ya que trascienden el ámbito administrativo. Sus efectos se reflejan directamente en la calidad, la integridad y la legitimidad de las elecciones, así como en su capacidad para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales de la ciudadanía.

De ahí que el verdadero desafío de la integridad electoral no se ponga a prueba únicamente el día de la jornada comicial, sino a lo largo de cada una de las etapas que conforman el proceso electoral. La democracia no comienza cuando se instala una casilla ni termina cuando se cuentan los votos; se construye mucho antes, en las condiciones institucionales que permiten organizar elecciones auténticas. Por ello, garantizar que los OPLE cuenten con recursos suficientes no es sólo una decisión presupuestal, sino una apuesta por la certeza, la equidad y la confianza ciudadana que sostienen la legitimidad democrática.

La reciente publicación del Informe sobre Democracia y Desarrollo 2026 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ofrece una radiografía de los avances y desafíos que enfrenta la democracia en América Latina y el Caribe. Al revisar sus hallazgos, encuentro una realidad marcada por claroscuros. Por un lado, los indicadores de desarrollo muestran progresos notables. El informe destaca que el Índice de Desarrollo Humano (IDH) pasó de 0,648 en 1990 a 0,783 en 2023, lo que refleja mejoras en ámbitos fundamentales como los ingresos, la educación y la salud. Además, la región —comparada con otras regiones en desarrollo— continúa siendo la más democrática dentro del mundo en desarrollo.

Sin embargo, estos avances contrastan con una creciente fragilidad institucional. Seis síntomas explican este escenario de vulnerabilidad democrática. El primero es el debilitamiento de las instituciones. El segundo es la concentración del poder en liderazgos personalistas. El tercero corresponde al deterioro de la división de poderes. El cuarto es el auge de narrativas polarizantes. El quinto son los crecientes cuestionamientos a los procesos electorales y, por último, el desgaste de las autoridades electorales.

Quiero detenerme en estos dos últimos aspectos, sobre todo porque los cuestionamientos a las autoridades y a los procesos electorales erosionan la confianza ciudadana, un activo indispensable para sostener la credibilidad democrática. Esta situación ayuda a explicar por qué cada vez más personas en la región se muestran insatisfechas con el funcionamiento de la democracia (64.7 %) e indiferentes respecto al tipo de sistema político bajo el cual viven (25.2 %). Este panorama refleja un proceso de erosión democrática que termina por alimentar y profundizar el debilitamiento de las instituciones. En este punto, el informe es particularmente contundente. Por ejemplo, la confianza en las autoridades electorales cayó del 47 % en 2016 al 34 % en 2024. Al mismo tiempo, el porcentaje de personas que considera que las elecciones en su país son fraudulentas aumentó del 48.5 % al 60.6 % durante el mismo periodo.

Estas cifras evidencian un desafío al que nos enfrentamos las autoridades electorales en cada proceso electoral. Si la ciudadanía deja de confiar en quienes organizamos y garantizamos las elecciones, esa desafección no se limita a una estadística ni a un dato de opinión pública. Por el contrario, se traduce en un cuestionamiento a la legitimidad de los resultados, independientemente de quiénes resulten ganadores.

Sin embargo, no debemos olvidar que, en su papel de árbitros electorales, estas instituciones han desempeñado funciones fundamentales para contener dinámicas regresivas que amenazan la igualdad y los derechos político-electorales de la ciudadanía. Entre ellas destacan la supervisión del cumplimiento de las reglas de postulación paritaria, la promoción de la inclusión de grupos en situación de vulnerabilidad, la gestión de registros de personas sancionadas y otras tareas orientadas a garantizar condiciones más equitativas en la competencia electoral.

Como señala el informe, la democracia no se reduce a la celebración periódica de elecciones; implica, ante todo, el ejercicio pleno de los derechos de la ciudadanía. Por ello, insistir en la necesidad de fortalecer de manera permanente la autonomía de los organismos electorales no es una demanda reiterativa, sino una condición indispensable para preservar la calidad democrática.

Cierro señalando que, si aspiramos a una democracia consolidada y con integridad electoral, necesitamos instituciones independientes, con capacidad técnica y con la credibilidad necesaria para aplicar las reglas de la competencia política de manera imparcial. Pero también es indispensable que la ciudadanía las perciba de ese modo. Después de todo, la fortaleza de una democracia no solo depende de la existencia de instituciones sólidas, sino de la confianza pública que estas son capaces de generar y sostener.

Desde hace algunas semanas, el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) ha comenzado los preparativos para el inicio del proceso electoral 2026-2027 en la entidad. La magnitud de la contienda está lejos de ser menor. A pesar de la experiencia que hemos acumulado como autoridad electoral, la organización de una elección siempre plantea exigencias importantes, especialmente en una entidad que cuenta con la lista nominal más grande del país.

Uno de nuestros primeros retos será atender la participación de más de 17 mil candidaturas previstas para competir por 1,291 cargos de elección popular. Entre ellos se encuentran 75 diputaciones locales —45 de mayoría relativa y 30 de representación proporcional—, 125 presidencias municipales, 125 sindicaturas y 966 regidurías. Estas cifras convierten al Estado de México en la entidad federativa con el mayor número de cargos en disputa entre las 31 que celebrarán elecciones locales en 2027.

La dimensión de este proceso también se aprecia al compararla con la de otras entidades que también celebrarán comicios. Estados como Chiapas, Puebla, Oaxaca, Michoacán y Jalisco enfrentarán importantes retos organizativos; sin embargo, por el tamaño de su lista nominal, la cantidad de cargos en disputa y el volumen de candidaturas esperadas, el proceso electoral del Estado de México presenta características particulares.

Incluso con la aprobación de la reforma electoral de este año —conocida también como Plan B—, que redujo el número de integrantes de los ayuntamientos al establecer un máximo de 15 regidurías y una sindicatura en los municipios con más de 500 mil habitantes, el impacto en el Estado de México fue limitado. Esta modificación solo afectó a 11 municipios en los que se eliminó uno de los cargos de síndico: Ecatepec, Nezahualcóyotl, Toluca, Naucalpan, Chimalhuacán, Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli, Tecámac, Ixtapaluca, Atizapán de Zaragoza y Tultitlán.

En consecuencia, la dimensión del proceso electoral mexiquense prácticamente se mantiene intacta. La carga administrativa, operativa y logística asociada a la organización de la elección de 2026-2027 seguirá representando un desafío para nuestra institución. A las exigencias operativas se suma también una mayor complejidad política. La incorporación de nuevos actores al escenario político mexiquense ampliará la pluralidad de fuerzas que competirán en la contienda de 2027. Esta ampliación de la oferta política es resultado del registro otorgado por el Instituto Nacional Electoral (INE) a dos nuevos partidos políticos nacionales —Partido PAZ y Somos México—, así como de la acreditación ante el IEEM de un nuevo partido local —Podemos—.

Ante este escenario, la labor del árbitro electoral local estará acompañada de importantes frentes de trabajo. Deberemos garantizar el adecuado registro de las candidaturas, la observancia del principio de paridad de género y la progresividad de las acciones afirmativas, con el propósito de que la pluralidad y diversidad que caracterizan al Estado de México encuentren una representación efectiva en las urnas. Todo ello en una de las geografías electorales más diversas, complejas y pobladas del país.