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La democracia no se agota en la celebración periódica de elecciones. Su verdadera fortaleza radica en la capacidad de garantizar que todas las personas puedan participar y estar representadas en los espacios donde se toman las decisiones públicas. En este sentido, las acciones afirmativas constituyen una herramienta indispensable para avanzar hacia una representación política más justa, incluyente y sustantiva.

En el Proceso Electoral 2024, el IEEM implementó, por primera vez, acciones afirmativas para personas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas, personas con discapacidad, población LGBTTTIQA+ y personas afromexiquenses. Esta decisión no solo respondió a un mandato de igualdad y no discriminación, sino a la convicción democrática de abrir espacios reales para sectores que han enfrentado barreras estructurales para acceder a cargos de elección popular.

Los resultados fueron alentadores y reflejan el impacto de estas medidas. En el proceso electoral se registraron 148 candidaturas bajo acciones afirmativas: 7 para diputaciones, 23 para presidencias municipales, 20 para sindicaturas y 98 para regidurías. De ellas, 64 lograron el respaldo ciudadano en las urnas y hoy participan activamente en la toma de decisiones públicas. Actualmente ejercen el cargo 17 personas indígenas, 14 integrantes de la población LGBTTTIQA+, 10 personas con discapacidad y 26 personas afromexiquenses.

Cada una de estas personas electas hace tangible la posibilidad de que las políticas públicas, los presupuestos y las prioridades institucionales sean construidas desde experiencias diversas y realidades concretas que durante mucho tiempo no estuvieron presentes en los órganos de gobierno.

Con la mirada puesta en el Proceso Electoral 2027, el IEEM ha asumido el compromiso de evaluar los resultados obtenidos y perfeccionar estas medidas para fortalecer la inclusión política. Para ello, invitó a diversas instituciones académicas con reconocida experiencia en derechos humanos, democracia, gobernanza, violencia política y representación política. Como resultado de este proceso, se seleccionó a El Colegio de México para elaborar el “Estudio sobre el diseño y la implementación de acciones afirmativas en el Proceso Electoral Local 2024 en el Estado de México: evaluación y prospectiva hacia 2027”, que incorporará una perspectiva de género, interculturalidad, interseccionalidad y enfoque de derechos humanos.

Este estudio permitirá analizar los resultados de implementación de las acciones afirmativas en 2024 y trazará rutas y estrategias para su mejora rumbo a 2027. La evaluación rigurosa de estas medidas es una muestra de responsabilidad institucional y de compromiso con la mejora continua de nuestra democracia. No se trata únicamente de mantener mecanismos existentes, sino de perfeccionarlos a partir de evidencia, experiencia comparada y escucha activa de las poblaciones involucradas.

Estoy convencida de que la democracia se enriquece cuando incorpora todas las voces y reconoce la pluralidad social que da vida al Estado de México. Una representación más incluyente no solo amplía derechos, sino que fortalece la legitimidad de las decisiones públicas.

La paridad de género en las gubernaturas es un desafío para la consolidación de la democracia en México, ya que la mayoría de los actores políticos lo siguen viendo como un techo y no como un piso, dado que la postulación para puestos uninominales se inclina más hacia los hombres que hacia las mujeres.

Cierto es que el principio de paridad de género quedó reconocido a nivel constitucional a partir de la reforma de 2014 y de paridad en todos los cargos, en 2019; sin embargo, su implementación en la integración de los Poderes Ejecutivos estatales aún enfrenta retos significativos.

A nivel nacional, el Estado de México, Hidalgo, Puebla, Querétaro y Yucatán son las entidades federativas que han incorporado disposiciones expresas en materia de paridad y alternancia de género para la postulación de candidaturas a gubernaturas. Un avance relevante; sin embargo, es claro que en el ámbito nacional aún falta realizar acciones que consoliden la implementación fáctica de dicho principio.

En este contexto, otro avance importante es que diez entidades federativas reconocen la paridad de manera general; sin embargo, carecen de reglas específicas aplicables a la elección de gubernaturas. A su vez, quince entidades no cuentan con legislación ni mecanismos concretos en la materia, lo que evidencia la necesidad de armonizar el marco normativo local para garantizar el cumplimiento efectivo del principio de paridad en la postulación de candidaturas a los Poderes Ejecutivos estatales. A ello se suman dos casos en los que las reformas aprobadas sobre este tema quedaron sin efectos (Coahuila y San Luis Potosí).

La relevancia de este análisis adquiere una dimensión mayor al considerar el Proceso Electoral 2027, en el que se renovarán 17 gubernaturas, además de diversos cargos de elección popular, en una de las jornadas electorales más trascendentes de los últimos años. Este contexto representa una oportunidad histórica para evaluar si el principio de paridad se ha consolidado como una realidad en el ámbito local o si, por el contrario, persisten barreras estructurales que limitan el acceso de las mujeres a las gubernaturas.

La experiencia reciente ha demostrado que, ante la ausencia de regulación local específica, han sido las autoridades electorales quienes han intervenido para garantizar la postulación paritaria. No obstante, esta función no puede sustituir de manera permanente la responsabilidad que corresponde a los congresos locales de armonizar su marco jurídico conforme a los principios constitucionales.

En ese sentido, resulta fundamental contar con reglas ciertas, objetivas y efectivas que permitan hacer de la paridad no sólo una aspiración normativa, sino una práctica democrática permanente y una realidad institucional en todo el país.

Ante los posibles retrocesos en este tema en las entidades federativas, hay que recordar que la obligación de alternancia de género en las postulaciones a gubernatura por periodo electivo, no restringe la postulación consecutiva de mujeres; la limitante, de acuerdo con los criterios jurisdiccionales, va dirigida a los hombres.

El 10 de mayo México celebra a las madres. Entre flores, reuniones familiares y mensajes de reconocimiento, se honra una figura que históricamente ha sido asociada con el amor y la entrega. Sin embargo, esto nos coloca frente a una pregunta que no podemos seguir postergando: ¿quién sostiene realmente las tareas de cuidado en los hogares de nuestro país y en qué condiciones?

La respuesta es tan evidente como preocupante. En México, las mujeres dedican en promedio 39.7 horas a la semana al trabajo doméstico y de cuidados, mientras que los hombres invierten 18.2 horas. La diferencia (21.5 horas semanales) no solo representa una brecha de tiempo; refleja una desigualdad estructural que limita oportunidades, restringe libertades y condiciona el ejercicio pleno de derechos.

Durante décadas, el cuidado ha sido tratado como un asunto privado, casi naturalizado como una responsabilidad femenina. Sin embargo, hoy sabemos que se trata de un auténtico problema público. Basta observar su impacto económico: en 2024, el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado alcanzó un valor equivalente al 23.9% del Producto Interno Bruto nacional, superando incluso sectores como el comercio (19.6%), la industria manufacturera (18.1%) y los servicios educativos (3.6%).

Estos datos son reveladores. Lo que ocurre dentro de los hogares sostiene, en gran medida, el funcionamiento de la economía y de la vida social. Cocinar, limpiar, acompañar a niñas y niños, atender a personas mayores, brindar apoyo a quienes viven con discapacidad o dependencia, son labores indispensables para la reproducción cotidiana de la vida. Sin embargo, siguen siendo invisibilizadas y, sobre todo, desigualmente distribuidas.

La dimensión social del fenómeno es enorme. En México, 58.3 millones de personas son susceptibles de recibir cuidados en los hogares, de las 31.7 millones de personas que brindan cuidados dentro o fuera de sus hogares, 75.1% son mujeres.

Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció expresamente el derecho al cuidado en la Opinión Consultiva 31/2025, estableciendo que el cuidado constituye un medio indispensable para el goce del derecho a una vida digna, pues permite a las personas desarrollarse integralmente y sostener su proyecto de vida. La Corte definió que recibir cuidado, o contar con las condiciones adecuadas para brindarlo, implica que toda persona debe contar con tiempo, espacios y recursos para cuidar, ser cuidada o procurarse condiciones de bienestar integral.

Asimismo, señaló que la distribución desigual de las cargas de cuidado no remunerado, basada en estereotipos de género, constituye una forma de discriminación estructural contra las mujeres. Este reconocimiento obliga a los Estados a adoptar medidas normativas, institucionales y presupuestales que permitan garantizar el derecho al cuidado bajo un principio de corresponsabilidad.

El tema no es ajeno a la vida pública ni al ámbito electoral. La sobrecarga de cuidados impacta directamente en la participación de las mujeres en los espacios de decisión, en su incorporación al mercado laboral, en su desarrollo profesional y en el ejercicio de sus derechos político-electorales. Cuando millones de mujeres destinan gran parte de su tiempo al cuidado no remunerado, se generan barreras reales para su presencia en la vida pública.

Por ello, el día después de celebrar a las madres debe invitarnos a mirar más allá del reconocimiento simbólico. Honrar a las madres no puede reducirse a un solo día de flores, felicitaciones o discursos emotivos. Implica reconocer la carga histórica que muchas de ellas han asumido en silencio: sostener la vida cotidiana, cuidar de hijas e hijos, acompañar a personas mayores, atender enfermedades, organizar los hogares y, en innumerables casos, hacerlo al mismo tiempo que participan en el ámbito laboral y comunitario. Detrás de cada celebración existe una realidad que exige ser visibilizada y transformada.

El verdadero homenaje, está en reconocer su trabajo, redistribuir estas responsabilidades y garantizar que el derecho al cuidado es también una forma de justicia.

En el ámbito jurídico, existe la obligación legal a cargo de los Organismos Públicos Electorales, como lo es el Instituto Electoral del Estado de México, de la destrucción de la documentación electoral en los OPL que debe realizarse conforme a los Lineamientos que para tal efecto apruebe el Consejo General. De este modo, en el IEEM contamos con los Lineamientos para la destrucción y permuta de la documentación electoral utilizada en procesos electorales locales, papel en desuso que se genere de forma ordinaria por el Instituto, cartón y material desincorporado; así como la conservación y almacenamiento de materiales electorales recuperados. En dicho documento se establece la obligación de destruir y permutar la documentación utilizada en proceso electorales y el papel en desuso que genera deforma ordinaria nuestra institución

También se establece en dichos lineamientos que las actividades de destrucción y permuta de documentación, papel, material desincorporado y cartón en desuso, se llevarán a cabo a través de una empresa que desarrolle las actividades de recolección, traslado, destrucción y permuta, que utilice procedimientos ecológicos en los procesos de reciclaje de papel, cartón y/o material electoral, en beneficio del medio ambiente, observando la seguridad y confidencialidad de la documentación y material electoral, y que retribuya algún beneficio en especie al Instituto

Así, una vez concluido el Proceso Electoral Judicial Extraordinario 2025 del Estado de México, el Consejo General aprobó un acuerdo para la destrucción y permuta de la documentación electoral correspondiente, así como del papel en desuso y del material electoral desincorporado. Luego, la entrega y traslado de dicho papel generado durante el primer trimestre del año, se realizó el 20 de abril de este año.

Esta actividad se llevó a cabo mediante un esquema de permuta con la empresa especializada DPS Gestión Documental, S. de R.L. de C.V. que fue seleccionada tras un proceso de evaluación comparativa entre dos propuestas presentadas al Instituto. Dicha empresa ofreció las condiciones más favorables, al maximizar el aprovechamiento de los recursos mediante la entrega de 30 paquetes de papel bond de 500 hojas por tonelada de material reciclado, además de asumir la totalidad de los costos operativos asociados al proceso.

Así, se llevaron a cabo dos cargas de documentación, papel, material desincorporado y cartón en desuso en la bodega de materiales del IEEM. La primera inició a las nueve de la mañana y culminó con la destrucción correspondiente, al mediodía. La segunda inició inmediatamente de la destrucción de la primera y culminó a las quince horas con cincuenta minutos del mismo día. En total el IEEM entregó 7,751.8 kg. de papel en desuso para su reciclaje

Este procedimiento desarrollado por el IEEM permite reciclar los documentos y materiales, evitando la generación de contaminantes; al mismo tiempo que se reciben hojas de papel bond para el trabajo cotidiano, lo que se traduce en un ahorro en este rubro. En le IEEM estamos convencidos de que una política de reciclable sustentable repercute en el beneficio de nuestro medio ambiente.

El Programa de Cultura Cívica (PCC) del IEEM, se ha consolidado como un instrumento estratégico que convierte los principios democráticos en experiencias formativas para la población mexiquense. Este programa se aprueba y ejecuta cada año para fomentar la construcción de una ciudadanía informada, participativa y corresponsable.

A 30 años de existencia del IEEM, más de 11.2 millones de personas han sido atendidas mediante acciones permanentes en cultura cívica. Este alcance refleja no sólo cobertura, sino continuidad institucional y compromiso con la democracia.

El avance del PCC 2026 confirma esta tendencia. De enero a marzo se han realizado 160 sesiones en 27 municipios, con 9,948 personas participantes en pláticas, jornadas cívicas, visitas guiadas y stands informativos. Destaca la incorporación de contenidos como educación cívica en el entorno digital y perspectiva de género, lo que muestra una adaptación a los retos actuales.

Un elemento central es el impacto en niñas, niños y adolescentes (NNA), a través de la Red Digital de Educación Cívica y Participación Ciudadana, estrategia de monitoreo permanente de indicadores sobre la cultura cívica en educación básica y media superior. Las escuelas que forman parte de la Red aplican mensualmente una encuesta que mide habilidades y competencias en seis ejes: ejercicio responsable de la libertad, conocimiento y cuidado de sí, sentido de pertenencia y valoración de la diversidad, convivencia pacífica y solución de conflictos, sentido de justicia y apego a la legalidad, así como democracia y participación ciudadana. Con corte al 23 de marzo, esta estrategia alcanzó a 101,268 NNA en 123 municipios.

En el ámbito de los entornos escolares, destacan acciones como sesiones informativas dirigidas a adolescencias próximas a cumplir la mayoría de edad, en las que se difunden sus derechos político-electorales; la celebración de elecciones escolares para la integración de figuras de representación estudiantil; así como actividades sobre la educación cívica en el mundo digital para NNA.

Este año destaca, además, la instrumentación de un programa piloto denominado “Ciclo de formación ciudadana para jóvenes mexiquenses”, que contempla la realización de ocho conferencias, de mayo a julio, dirigidas a personas jóvenes de entre 18 y 29 años, estudiantes de nivel superior de instituciones públicas y privadas. Esta iniciativa busca brindar conocimientos y herramientas que fortalezcan habilidades para su formación como agentes de cambio y acción social.

El carácter permanente del PCC resulta fundamental, ya que su impacto no se limita a acciones aisladas, sino que incide de manera continua en la formación de una ciudadanía más consciente y participativa. Esta constancia permite que las y los mexiquenses no sólo adquieran conocimientos, sino que los incorporen en su vida cotidiana, fortaleciendo así una cultura democrática sólida. Esto cobra especial relevancia de cara a los próximos procesos electorales —Diputaciones Locales y Ayuntamientos, así como la elección de personas juzgadoras del Poder Judicial Local—, pues contribuye a que la ciudadanía conozca y ejerza plenamente sus derechos y obligaciones político-electorales, participando de manera informada y responsable en la vida pública del Estado.