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Viernes, 28 Agosto 2026 06:00

Elecciones 2027: nuevas reglas, el mismo desafío ciudadano

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En la primera quincena de septiembre comenzará el Proceso Electoral 2026-2027, con lo que darán inicio formalmente los preparativos para la elección que tendrá verificativo el 6 de junio del año entrante. En esta jornada, millones de mexiquenses acudiremos nuevamente a las urnas para elegir a quienes integrarán la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, así como a las 75 diputaciones del Congreso del Estado de México (45 por el principio de mayoría relativa y 30 por representación proporcional) y a los integrantes de los 125 ayuntamientos de la entidad.

 

Será una elección distinta en varios sentidos: llegará después de importantes modificaciones al marco legal y pondrá nuevamente a prueba la capacidad de las instituciones para organizar una elección confiable.

 

En primer término, uno de los efectos de la reforma consiste en la supresión de la sindicatura de representación proporcional, en concordancia con la reforma constitucional conocida como “Plan B”, que estableció como límite un síndico por ayuntamiento. En consecuencia, la reforma local eliminó la segunda sindicatura en los 11 municipios que anteriormente contaban con dos. Esta modificación afecta la representatividad en la integración de los ayuntamientos, pues las fuerzas políticas que obtengan el segundo lugar en la elección municipal pierden un espacio de representación al que antes tenían acceso. La reducción de estos espacios no fortalece la pluralidad democrática; por el contrario, la debilita, al disminuir la presencia de las fuerzas de oposición en los cabildos y, con ello, los espacios de deliberación, vigilancia y contrapeso frente al partido que obtuvo el triunfo.

 

Por otra parte, se modificó la fecha de inicio del Proceso Electoral Local, anteriormente iniciaba en la primera semana de enero del año de la elección; con la reforma, dicho proceso inicia en la primera quincena de septiembre al año previo de la elección, es decir, el calendario electoral se adelanta casi cuatro meses, ampliando significativamente el periodo destinado a la preparación y organización de la jornada electoral.

 

Otro cambio derivado de la reforma se refiere al registro de candidaturas, cuyo plazo se amplió de 15 a 30 días para los procesos ordinarios. Paralelamente, se incorporarán herramientas tecnológicas para simplificar y hacer más eficiente este procedimiento, mediante la sustitución de la entrega física de los 17,080 expedientes correspondientes a las candidaturas —1,708 por cada uno de los diez partidos en contienda— por un nuevo sistema de registro en línea, que permitirá agilizar el procesamiento de la documentación, facilitar su revisión y reducir posibles errores en la captura de datos.

 

Otra innovación en la siguiente elección consiste en la creación de la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas del INE, que tiene la función de recibir los listados que le envíen los partidos políticos de personas que pretendan postular como candidatas a un cargo de elección popular, ya sea federal o local, para que en coordinación con las autoridades competentes en materia de seguridad, inteligencia, procuración de justicia y financiera, se realice un análisis de riesgo sobre sus perfiles, y con base a esa información, los partidos determinarán si postulan o no a las personas evaluadas.

 

Si bien este ejercicio tiene como finalidad alertar a los partidos políticos sobre la existencia de un riesgo razonable relacionado con posibles actividades delictivas de las personas que pretendan postular, y con ello contribuir a evitar el acceso a los espacios públicos de personas vinculadas con la delincuencia organizada, la Comisión debe actuar con suma responsabilidad, objetividad e imparcialidad, a fin de evitar que la información obtenida sea utilizada para desprestigiar, estigmatizar o afectar indebidamente la imagen de las personas candidatas.

 

Un gran reto en la siguiente elección será la de garantizar el acceso a los espacios de representación a las personas pertenecientes a grupos vulnerables. En diversos foros con organizaciones defensoras de los derechos de estos sectores se ha señalado que, en la elección de 2024, existieron casos de simulación en la postulación de personas ya que la mitad de las candidaturas electas no forman parte de la comunidad LGBTI y en el caso de las personas con discapacidad, ninguna de ellas llegó a ocupar una diputación a pesar de que fueron postuladas por todos los partidos y coaliciones.

 

Esta situación obliga a repensar la aplicación de las acciones afirmativas para garantizar el acceso real y efectivo en los cargos de elección popular para estos sectores históricamente excluidos, tomando en cuenta que la reciente reforma incluyó a los jóvenes menores de 30 años como sujetos a los que se debe garantizar el ejercicio de sus derechos político-electorales.

 

Se puede advertir que el proceso electoral 2027 viene acompañado de nuevas reglas y también retos fundamentales que deben ser atendidos; sin embargo, hay algo que no cambia: la democracia seguirá dependiendo, en última instancia, de la ciudadanía. Norberto Bobbio sostenía que la democracia no podía reducirse a un conjunto de procedimientos, aunque éstos fueran indispensables. Detrás de las reglas debe existir una sociedad capaz de participar, deliberar y ejercer sus derechos políticos.

 

Por ello, aun cuando en la próxima elección se apliquen nuevas reglas, se incorporen herramientas tecnológicas y se adopten medidas para hacer efectivas las acciones afirmativas, permanecerá un desafío que ninguna reforma electoral puede resolver por sí sola: el desafío ciudadano. Porque una democracia no se fortalece únicamente con mejores procedimientos ni con más normas, sino con ciudadanos informados, participativos y capaces de exigir que las instituciones cumplan su función. Frente a las nuevas reglas y a los retos que plantea el proceso electoral 2026-2027, el desafío seguirá siendo el mismo: hacer de la democracia una práctica cotidiana y no solamente una cita frente a las urnas.

 

Sen. Cristina Ruiz Sandoval

Presidenta del CDE del PRI en el Estado de México.

 

Fuentes de Consulta

Bobbio, Norberto. El futuro de la democracia. México: Fondo de Cultura Económica, 2.ª ed., 1996, p. 24.

La Jornada (2026), IEEM y partidos acuerdan registro digitalizado de candidaturas para elección 2027, https://lajornadaestadodemexico.com/ieem-y-partidos-acuerdan-registro-digitalizado-de-candidaturas-para-eleccion-2027/?utm_source=chatgpt.com

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