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El pasado 9 de agosto se conmemoró el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, una fecha que, más allá de su significado cultural, constituye una oportunidad para sensibilizar a la sociedad y llamar la atención de los gobiernos sobre los desafíos que aún requieren respuestas y medidas concretas. En este caso, la efeméride invita a reflexionar sobre uno de los grandes retos de las democracias contemporáneas: lograr que la diversidad de una sociedad encuentre un verdadero espacio de participación y representación en las instituciones públicas.

Esta reflexión resulta particularmente relevante para México, un país cuya identidad, historia y riqueza cultural están profundamente vinculadas con sus pueblos y comunidades indígenas. Sin embargo, la riqueza de esa diversidad no siempre se ha visto reflejada en los espacios de representación política. De ahí la necesidad de continuar impulsando mecanismos que permitan que los pueblos indígenas no sólo sean reconocidos como parte fundamental de nuestra identidad nacional, sino que tengan una participación efectiva en las decisiones públicas y una representación auténtica en las instituciones democráticas.

Durante mucho tiempo entendimos la igualdad desde una perspectiva esencialmente formal: si la ley reconoce a todas las personas el derecho a votar y ser votadas, entonces todos somos iguales frente a la democracia. Pero reconocer un derecho no siempre significa garantizar las condiciones necesarias para ejercerlo.

Por ello, las democracias contemporáneas han desarrollado mecanismos destinados a corregir desigualdades históricas. Entre ellos se encuentran las acciones afirmativas, cuyo propósito es generar condiciones que permitan a grupos que han enfrentado situaciones de exclusión acceder efectivamente a los espacios de representación y toma de decisiones.

La aplicación de acciones afirmativas no tiene el propósito de incrementar el número de personas pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad únicamente para que ocupen cargos de elección popular, su finalidad no se agota en una cuestión cuantitativa, como si la inclusión democrática pudiera medirse únicamente por el número de candidaturas o de cargos obtenidos.

El verdadero propósito debe ser mucho más ambicioso; garantizar que las personas de los grupos vulnerables tengan una representación auténtica por conducto de los integrantes de esos grupos. Tratándose de comunidades indígenas se precisa que las personas beneficiarias de las acciones afirmativas sean auténticos representantes, personas vinculadas con sus pueblos y comunidades, capaces de llevar al ámbito institucional sus necesidades, sus aspiraciones y su propia visión del desarrollo.

La representación política debe convertirse, así, en un instrumento para impulsar la agenda de los pueblos ancestrales y para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos. Esto implica defender su identidad, sus territorios, sus formas de organización comunitaria, sus prácticas ancestrales, sus sistemas normativos y, de manera muy especial, sus lenguas originarias, que constituyen una parte esencial del patrimonio cultural de México.

Esta reflexión cobra particular importancia ante el proceso electoral de 2027, que está próximo a iniciar. Esto representa una nueva oportunidad para fortalecer las medidas afirmativas que garanticen el acceso efectivo de las personas indígenas a los cargos de elección popular.

También constituye una oportunidad para revisar críticamente la manera en que esas medidas se implementan. No basta con reservar determinados espacios en las candidaturas; Es indispensable que esos espacios sean ocupados por personas que tengan un vínculo auténtico con las comunidades que pretenden representar y que, una vez electas, asuman la responsabilidad de defender sus derechos e impulsar sus legítimas demandas.

La inclusión de las personas indígenas en los congresos y ayuntamientos no debe verse únicamente como una cuestión de números. Necesitamos más representación indígena auténtica; representantes que conozcan las comunidades, que comprendan sus problemas, que respeten sus prácticas ancestrales, que reconozcan el valor de sus lenguas originarias y que entiendan que representar a un pueblo no significa hablar en su nombre desde fuera, sino llevar su voz a las instituciones y contribuir a que sus derechos sean plenamente reconocidos y respetados.

Desde esta perspectiva; el PRI tiene claro que las acciones afirmativas son una herramienta mediante la cual la democracia busca corregir sus propias desigualdades y hacerse más incluyente. El trabajo que hemos desarrollado en el territorio nos permite identificar a quiénes pueden competir en condiciones de igualdad sustantiva y quiénes son las personas que efectivamente representan el sentir de su comunidad que impulsarán la agenda indígena en los espacios de toma de decisiones.

Quizá esa sea una de las reflexiones más importantes que podemos extraer de la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas: una democracia verdaderamente incluyente no es aquella en la que todos pueden observar desde afuera cómo se toman las decisiones, sino aquella en la que quienes históricamente estuvieron fuera de la mesa también tienen la posibilidad de sentarse a ella y hacer escuchar su propia voz y representar efectivamente a los grupos de los que fueron emanados.

Sen. Cristina Ruiz Sandoval

Presidenta del CDE del PRI en el Estado de México.

Fuentes de Consulta

ONU (2026). Día Internacional de los Pueblos Indígenas 9 de agosto, https://www.un.org/es/observances/indigenous-day