Comunicación
Social

Es evidente que es anacrónico el actual modelo de comunicación política. 

 

Lo que fue diseñado y puesto en práctica con la reforma electoral de 2007-2008, para que los partidos políticos no compraran tiempo de radio y televisión de forma independiente y sin ningún tipo de regulación, ha sido rebasado desde hace ya varios años, sin que la normativa electoral en México cambie.

 

Lo sucedido con Cambridge Analytica, cuando se reveló que en 2016 se obtuvo información de 80 millones de perfiles de Facebook para diseñar mensajes políticos e influir en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, fue uno de los primeros casos del uso de tecnología digital en campañas.

 

Se ha identificado que este modelo, a través de la aplicación This Is Your Digital Life, operó con un cuestionario psicológico-académico en Facebook y habría influido en alrededor de 200 procesos electorales.

 

Este no es el único caso, lo sucedido en Hungría, en las elecciones parlamentarias del pasado 12 de abril de este año, también son un ejemplo de cómo han cambiado los modelos de comunicación política. 

 

En este caso, si bien obtuvo la victoria Péter Magyar, del partido de centro derecha, sobre el entonces primer ministro Víctor Orbán, del partido ultraconservador, se detectó que en las redes sociales se empleó una campaña con cuentas falsas en Tik Tok y Facebook, que mostraban videos generados por inteligencia artificial, donde se atribuían propuestas falsas al candidato Magyar.

 

En Brasil se identificó la creación de avatares e influencers generados por inteligencia artificial, los cuales mostraban un amplio respaldo a Jair Bolsonaro, hubo videos manipulados que reemplazaban los rostros de figuras públicas y se observó que existían redes coordinadas para redirigir el tráfico hacia bots.

 

¿Qué va a pasar en México? en pleno proceso electoral para renovar miles de cargos en todo el país, los actos anticipados de campaña son un reclamo de medios de comunicación y ciudadanía hacia las autoridades electorales, pues muchas personas sin pedir el voto y decir que asumirán una candidatura se hacen presentes en espectaculares, sin que exista una consecuencia inmediata. Aunado a ello no contamos con una norma de carácter federal que regule el monitoreo a redes sociales y menos que considere el uso de inteligencia artificial. 

 

En el Estado de México se logró adicionar un monitoreo complementario que está atado de manos por la forma como fue aprobado. 

 

Lo que veremos será un uso indiscriminado de inteligencia artificial, la cual no es mala, pero sí tiene riesgos, de no usarse correctamente, como hacer creer apoyos de mayorías a ciertos perfiles, deepfakes, y con ello generar inequidad en la contienda, lo cual es muy grave para una democracia aún no consolidada.

En las últimas semanas se reveló en medios de comunicación una serie de actos de "posible corrupción y conflictos de interés", que han puesto al centro del debate la forma en cómo las instituciones electorales otorgan contratos a empresas proveedoras de material y documentación electoral.

 

Derivado de lo anterior, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) solicitó al Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) información sobre nueve empresas proveedoras, de las cuales al menos cinco han sido contratadas por este instituto en anteriores elecciones. Se trata de Corporativo Zeg, Cajas Graf, Seriplast de México, Formas Finas y Materiales, y Gráficas Corona.

 

Esta revisión, que incluye al Instituto Nacional Electoral (INE) y a organismos locales electorales, tiene como fin identificar la posible existencia de conflictos de interés, prácticas indebidas y responsabilidades en el ejercicio del servicio público.

 

En el IEEM se contrató a Cajas Graf para proporcionar material electoral durante los comicios de 2025 y 2024, lo cual nos obliga a rendir cuentas de las contrataciones electorales, además colaborar con las auditorías en curso, corregir fallas en nuestros controles internos, y garantizar la transparencia y el derecho a la información de la ciudadanía.

 

En este contexto, de manera incorrec-ta, el IEEM ha convertido las contrataciones excepcionales en la regla, pues se han priorizado las adjudicaciones directas por encima de las licitaciones públicas nacionales.

 

De 2015 a 2026 se han efectuado 137 licitaciones públicas nacionales, cifra menor a las 658 adjudicaciones directas y 554 adjudicaciones directas por comité, más 190 procedimientos de contratación por invitación restringida.

 

En estos años, la excepción ha estado por encima de la regla, lo cual no es la mejor práctica. Por ello, es bueno momento para realizar estudios y auditorías externas que permitan conocer la existencia o no de irregularidades.

 

Es cierto que en temas del material y documentación electoral puede argumentarse la urgencia y premura en los tiem-pos, en virtud de los plazos para las vota-ciones, pero de acuerdo con la doctrina jurídica y distintos expertos, tantas excepciones también pueden abrir la puerta a la opacidad y a irregularidades como sobre costos, conflictos de interés, fallas en la planeación, simulación de competencia daño al erario, y falta de credibilidad en la institución.

 

De igual forma, en el IEEM debe modificarse el Reglamento de la Actividad Administrativa y Financiera para permitir, durante los procesos de contratación, mecanismos reales de vigilancia y apertura a la observación ciudadana.

 

Incluso en el actual proceso electoral, llegado el momento, debe existir un mecanismo amplio de observación que no deje dudas sobre una actuación correcta, de lo contrario los riesgos son altos para el IEEM y la ciudadanía.

La transparencia de los gobiernos y órganos autónomos es un bien jurídico que sirve a toda la sociedad, pues permite observar lo que ocurre al interior de una institución. A su vez el derecho a la información abona a la participación ciudadana, pues permite el involucramiento en asuntos públicos.

 

Por, ello es obligación de todas las autoridades no sólo cumplir con los mínimos que establece la Ley, sino incentivar que la transparencia y el derecho a la información formen parte de la vida cotidiana de los ciudadanos y ciudadanas.

 

En este contexto, hay una realidad que no podemos obviar, ni omitir, el derecho a la información y la transparencia gubernamental siguen sin normalizarse en toda la sociedad. Existe sí un interés ciudadano de cómo se ejercen los recursos públicos y trabajan las autoridades, sin embargo, sólo son ciertos sectores de la sociedad quienes de manera activa ejercen el derecho a la información.

 

Un ejemplo se advierte en el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), donde de 2018 a lo que va de 2026 se han recibido 11 mil 233 solicitudes de información pública, las cuales fueron presentadas por ciudadanos y ciudadanas interesadas en conocer distintas actividades y gastos de este órgano electoral.

 

Dicha cifra equivale a que cada año se presentaron mil 248 peticiones de información, pero si comparamos el total de solicitudes con la lista nominal de electores de la entidad, que asciende a 13 millones 377 mil 608 personas, no representan ni el cero por ciento. Incluso considerando que cada solicitud haya sido presentada por una persona, pues en ocasiones un mismo ciudadano o ciudadana es quien presenta varias peticiones.

 

Hace más de 20 años se aprobó la primera Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de México. Esta legislación ha ido evolucionando, pues de órganos autónomos que garantizaban el derecho a la información, ahora se pasó a un modelo donde las mismas autoridades serán quienes resuelvan inconformidades de la ciudadanía, cuando se les niegue información pública.

 

En esta nueva era, como en la anterior, la transparencia y el derecho a la información deben aumentar y fortalecerse, por lo cual debemos reconocer que desde el ámbito de los órganos electorales estamos doblemente obligados a promover la apertura de datos públicos.

 

No es una concesión, ni una prerrogativa que se le otorga al ciudadano o ciudadana, es un derecho humano que debe ejercer en un entorno democrático. No hacerlo implica renunciar a una forma de participación ciudadana.

 

Hoy en el IEEM contamos con un nuevo Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales que será clave para la gestión de las solicitudes, pues delimita las funciones de la Unidad y el Comité de Transparencia, además de la Contraloría General, quien resolverá las inconformidades de la ciudadanía en esta materia.

 

Sin embargo, como instituto electoral es momento para preguntarnos qué hemos hecho en los últimos años para que la ciudadanía se interese en revisar la información que publicamos en nuestro portal de Transparencia, así como en presentar solicitudes de información.

 

Y debemos reflexionar sobre cómo hemos atendido las peticiones de información, qué trámite y respuestas hemos otorgado a los y las peticionarias, así como el grado de satisfacción ciudadana, el cual no puede remitirse sólo al número de recursos de revisión o inconformidades presentadas, pues lo fundamental no es litigar la información, sino obtenerla.

 

Martes, 27 Octubre 2026 06:00

Transparencia en las contrataciones

La transparencia y rendición de cuentas son obligadas en los órganos electorales, sin embargo, para que existan ambas debe contarse con una reglamentación que evite la discrecionalidad y permita el buen uso de los recursos públicos.

 

El tema no es menor. El Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) ha vivido de manera reciente episodios, donde se ha visto cuestionado por la falta de claridad en la contratación del material electoral.

 

En noviembre de 2023 lo escribí en esta misma columna, cuando fue declarada desierta la licitación púbica nacional IEEM/LPN/14/2023, referente al material electoral que sería utilizado en las elecciones locales de 2024.

 

En aquella ocasión distintos medios de comunicación difundieron presuntas irregularidades en ese proceso de adquisición de urnas, cajas, marcadores de boleta y sujetadores que representaban un total de 35 millones de pesos.

 

Al analizar las bases de esa licitación, mi consejería encontró que, comparando las bases de licitación de 2023, y las del citado procedimiento, fueron modificadas para agregar que los oferentes debían tener en su acta constitutiva que eran fabricantes de material electoral.

 

Además, se detectó que el Testigo Social no participó en las visitas de verificación que se realizaron a las empresas y tampoco se dio cuenta de la participación de observadores. Otro dato fue que la publicación de la convocatoria de la licitación sólo se hizo en un diario a nivel nacional y otro local, y sólo durante 3 días.

 

Debe quedar claro que las distintas contrataciones que realice el IEEM requieren apertura para todos los posibles competidores, buscar el mejor precio para el instituto electoral, y garantizar la mejor calidad.

 

En este contexto, el instituto electoral necesita reforzar su Reglamento de la Actividad Administrativa y Financiera, cuya aprobación derivó de observaciones del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), contenidas en la auditoría AL-150, las cuales estuvieron relacionadas con la ausencia de programas de adquisiciones, falta de controles sobre proveedores, y variaciones indebidas en los procedimientos de contratación, entre otros rubros.

 

Aún con este antecedente, dicho Reglamento, el cual yo voté en contra, sigue sin asegurar contrataciones totalmente transparentes, por ejemplo, no permite la posibilidad de que cualquier persona sea observadora en una contratación, como lo prevé el artículo 85 del Reglamento de la Ley de Contratación Pública estatal.

 

Además, la Dirección de Administración del IEEM no realiza los estudios de mercado en las distintas contrataciones, pues quienes los hacen son las áreas solicitantes. Y tampoco se incluye el concepto de precio no aceptable, que es una noción jurídica para evitar sobrecostos.

 

Por ello, la importancia de preguntarnos si nuestra actual reglamentación resistirá el tamiz de la transparencia y rendición de cuentas.

El proceso electoral que está en marcha tiene cambios importantes. El primero de ellos fue la homologación de su inicio con el federal. 

 

En el Estado de México, los procesos electorales iniciaban formalmente en la primera semana de enero del año de la elección. Implicaba retos en los tiempos y coordinación con el Instituto Nacional Electoral (INE), cuyo inicio formal, de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es la primera semana del mes de septiembre del año previo a la elección. 

 

El Estado de México iniciaba tres meses después, lo cual cambió a partir de este año, pues la reforma aprobada por el Congreso local estableció como fecha máxima para que inicie el proceso electoral el día 15 de septiembre del año anterior a la elección, con la sesión solemne del Consejo General del Instituto Electoral, la cual se llevó a cabo el pasado 14 de septiembre.

 

Pero este no será el único cambio, de entrada y en pleno proceso ya hemos visto como la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación modificó dos acuerdos importantes aprobados por el INE.

 

El primero de ellos sobre los requisitos que deben cumplir los observadores electorales para garantizar la neutralidad de esa figura y el mecanismo que debe implementar el INE para hacer los cruces necesarios e identificar que ninguna persona que se registre para realizar observación electoral, maneje recursos de programas sociales. 

 

Y el segundo acuerdo fue relativo a la nulidad de cualquier boleta que este en la urna y no tenga doblez alguno, pues para depositar las boletas en las urnas electorales es obligado doblarlas.

 

Ambas determinaciones también impactan en el Estado de México, pues debe atenderse tanto en la convocatoria de observación electoral, como en los lineamientos que en su momento emita el Consejo General para los cómputos de votos.

 

No serán los únicos. Otros cambios los veremos en la integración final que tengan los ayuntamientos, recordemos que la Legislatura del estado, mediante el Decreto número 332, aprobó la reforma a diversos artículos que modifican la integración de los ayuntamientos, con lo cual se eliminó la sindicatura que se asignaba vía la representación proporcional.

 

En cuanto a las regidurías también se reducen. En los municipios de menos de ciento cincuenta mil habitantes habrá cuatro regidurías de mayoría relativa y tres por el principio de representación proporcional. En los municipios de más de ciento cincuenta mil y hasta quinientos mil habitantes serán cinco regidurías de mayoría relativa y cuatro de representación proporcional; y en los municipios de más de quinientos mil habitantes, el ayuntamiento estará integrado por siete regidurías de mayoría relativa y cinco regidurías de representación proporcional. 

 

En todos los casos deberá verificarse el pricipio de paridad horizontal y vertical, así que será un cambio que la ciudadanía podrá valorar y evaluar.

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