Comunicación
Social

Blindar a las elecciones del crimen organizado es una constante preocupación de gobiernos, institutos electorales y partidos políticos, pues el dinero sucio pervierte a nuestro sistema político-electoral.

La reciente reforma aprobada a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para que el INE cuente con una Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas es una respuesta más a la necesidad de evitar que grupos delictivos o aspirantes de dudosa trayectoria accedan al poder público.

A iniciativa de la Presidencia de la República, esta reforma, que será aplicable a partir de los comicios federales y locales de 2027, plantea que dicha comisión recibirá de los partidos políticos o de quienes aspiren a una candidatura independiente, las listas de personas que pretendan postular a un cargo de elección popular, ya sea federal o local.

La entrega de esta información podrá ser total o parcial, previo al registro ante los órganos electorales, y será de manera voluntaria por parte de los partidos políticos o aspirantes a candidaturas independientes.

A su vez, los partidos políticos establecerán mecanismos para que los y las aspirantes acepten que su perfil sea objeto de una revisión.

Una vez recibida la información, la citada comisión del INE la enviará a instancias como la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia, la Unidad de Inteligencia Financiera, y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Estas instituciones, respecto de los perfiles consultados, determinarán la existencia o no de un riesgo razonable, lo cual será notificado a los partidos políticos o aspirantes independientes.

Tras estas tareas de la Comisión de Verificación, la cual estará integrada por tres consejeras o consejeros del INE, corresponderá a los partidos políticos definir a quienes registrarán como candidatos y candidatas ante los órganos electorales, es decir, deberán valorar la información que reciban de las citadas instancias.

Además, de encontrarse información relevante, estas instituciones podrán continuar con las investigaciones.

El nuevo esquema planteado para revisar candidaturas responde a la obligación de dar certeza a los y las electores sobre quiénes son postulados y acceden al poder público, sin duda es un mecanismo que genera mayor claridad sobre quienes nos gobernarán.

No obstante, debe quedar claro que la obligación de verificar las candidaturas siempre ha correspondido a los partidos políticos y no pueden delegar esta función en los órganos electorales.

Los partidos políticos son quienes conocen, con mayor cercanía, los entornos sociales, la geografía y tienen antecedentes históricos de cada región, por lo cual tienen más elementos al momento de postular a un candidato o candidata.

Ahora tendrán otra herramienta con la nueva comisión del INE, y la coordinación que habrá con autoridades de seguridad, justicia y financieras, sin embargo, seguirá siendo un área de oportunidad el transparentar, en todo momento, el origen de los recursos empleados en sus campañas electorales.

Otra tarea pendiente será que los perfiles revisados no sean contaminados durante las campañas electorales o en el ejercicio de su gobierno por el propio entorno, donde pueden prevalecer grupos delictivos o condiciones que tiendan a la corrupción, por ello debe quedar claro que el análisis de perfiles de aspirantes es sólo el inicio para sanear a nuestro sistema político-electoral.

Estoy convencida de que gana. Por una parte, hay que decir que el primer ejercicio de elección de personas juzgadoras en 2024 representó un enorme reto para las instituciones electorales que teníamos la experiencia de organizar comicios de los Poderes Legislativo y Ejecutivo a nivel federal y local, pero no de un poder que por décadas se mantuvo fuera del foco de la ciudadanía.

Así, la propuesta de eliminar el distanciamiento entre la sociedad y las autoridades judiciales y dar credibilidad a las decisiones que toman las personas juzgadoras, implicó el voto libre, secreto y directo para definir estos cargos con responsabilidades nada menores, nada más y nada menos que velar por la libertad, patrimonio, y derechos humanos de la ciudadanía.

La idea de su elección, por la vía del voto popular, es que exista una responsabilidad directa hacia la sociedad que finalmente los elije, que no se antepongan intereses particulares al interés público y que la justicia realmente se materialice.

Lamentablemente todo esto aún no es posible medirlo, la elección de 2024 es muy reciente y también es importante reconocer que la curva de aprendizaje para muchas personas, que recién se incorporaron al Poder Judicial, puede implicar agravios no menores para los justiciables y también para las personas que son víctimas y exigen la reparación del daño.

El proceso de 2024 dejó aprendizajes y fallas que con la recién aprobada reforma constitucional al Poder Judicial se intentarán resolver, las de mayor impacto son: 1) se cambia la fecha para la elección de personas juzgadoras hasta 2028, 2) la revocación de mandato podría realizarse en la misma fecha que esta elección judicial, 3) cada Comité de Evaluación tendrá una persona coordinadora, quienes serán parte de una Comisión Coordinadora que unificará criterios, establecerán metodologías homologadas de evaluación y selección, incluyendo exámenes, 4) se reduce el número de candidaturas por cargo y especialidad, 5) la geografía electoral tendrá como unidad básica el circuito judicial y distritos judiciales, 6) el cómputo se realizara en las casillas. La paridad se mantiene y todo ello deberá replicarse en las entidades federativas.

A pesar de los avances hay controversia y un legítimo reproche: el de extender el periodo de funciones de magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quienes además podrían participar en 2028.

La democracia exige cumplir principios y actuar con ética, parece que esta propuesta no embona, algunos legisladores de Morena lo expresaron y se abstuvieron de votar a favor de ello, con esto la ciudadanía ¿gana o pierde? aquí es donde debe existir debate y argumentos a favor o en contra.

Ser mujer en México es peligroso, pero ser niña o adolescente implica un doble riesgo ante la problemática de la desaparición de personas.

El reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advierte que en nuestro país las niñas y adolescentes son más susceptibles de sufrir una desaparición, en comparación con los hombres de su misma edad.

Las cifras de la CIDH indican que, a junio de 2025, el 76.83% de las personas desaparecidas eran hombres y el resto, 23%, mujeres.

Sin embargo, dicha cifra significa una realidad más cruel para las mujeres, aunque de manera global representan un porcentaje menor al de los hombres desaparecidos.

Del citado informe se desprende que ser una adolescente mexicana es ubicarse en una edad peligrosa, pues el rango de edad, con la mayor cantidad de mujeres desaparecidas, se encuentra entre los 15 y 19 años, seguido del rango entre 20 y 24 años.

Además, la CIDH refiere que el grupo etario entre los 12 y 16 años es el único segmento en el cual la desaparición de mujeres supera la desaparición de hombres, ya que después de los 17 años, la desaparición de varones cobra prevalencia nuevamente.

Y es que, en los hombres, el rango de edad con mayor cantidad de desaparecidos se encuentra entre los 25 y 29 años, seguido por los rangos entre 30 y 34 y entre 20 y 24 años.

A lo anterior se suma que la CIDH identificó que en México desaparecen más niñas que niños, pues según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, hasta agosto de 2025, el total de personas desaparecidas de entre 0 y 17 años era de 18 mil 192 niños, niñas y adolescentes.

De ese global, 48.47% correspondía a niños y adolescentes, mientras 51.35% eran niñas y adolescentes desaparecidas.

Las causas del por qué desaparecen más niñas y adolescentes son multifactoriales, como indica la propia CIDH, sin embargo, la desaparición de niñas y adolescentes estaría ligada a la violencia de género, a la par de problemáticas relacionadas con la violencia intrafamiliar.

Como también lo señala la CIDH, la desaparición de niñas y adolescentes puede conducir a la trata de personas y las redes sociales hoy juegan un papel fundamental para evitar que sean víctimas de una desaparición.

Derivado del multicitado informe queda clara que las tareas también son multidimensionales, pues desde el ámbito familiar puede evitarse la desaparición de una niña o adolescente, garantizando la unidad y comunicación al interior de la familia.

No obstante, la tarea también está en las autoridades de los tres niveles de gobierno, quienes deben reforzar políticas en materia de prevención, garantizando espacios públicos seguros para niñas y adolescentes, además de la identificación de grupos criminales dedicados a este ilícito.

De manera reciente se instaló un Centro de Mando de la Alerta Nacional de Búsqueda, coordinado por la Comisión Nacional de Búsqueda, con el fin de asegurar la coordinación entre la FGR y autoridades de seguridad y militares, lo cual es un aliciente en esta problemática, no obstante, las fallas siguen existiendo en las Fiscalías de Justicia de las distintas entidades.

Hoy las madres buscadoras y mujeres solidarias, que viven con la ausencia de un familiar, tienen una perspectiva que no admite buenas intenciones o promesas a cumplir a mediano o largo plazo, pues la desaparición de una persona representa no sólo una tragedia familiar, sino una derrota para cualquier gobierno, ya que es la vulneración total de los derechos humanos.

En este contexto, es de reconocerse los avances legislativos y políticas públicas creadas en los últimos años, pero también es preocupante que las desapariciones existan y peor aún presenten signos lacerantes, donde las niñas y adolescentes juegan un papel donde no deberían estar.

Además, la desaparición de niñas predominaba en el Estado de México, Ciudad de México y Tamaulipas.

El papel que tienen los y las periodistas en la vida pública y en la democracia es muy importante. Derechos como la libertad de expresión y prensa, así como el acceso a la información pública, son fundamentales para estos actores de primer nivel, quienes con su labor informativa contribuyen a que la sociedad cuente con elementos que le permita tomar decisiones, opinar, participar y exigir sus derechos.

Los y las periodistas, quienes realizan su labor en los medios de comunicación, son ese amplificador natural de demandas sociales y de exigencias no cumplidas muchas veces. Gracias a ellos y ellas es posible que la información llegue in cluso a lugares alejados, no solamente informan, sino también forman ciudadanía, por ello es vital que desde las instituciones se generen canales totalmente incluyentes.

El pasado sábado tuve la oportunidad de estar en Chalco y reunirme con un número muy nutrido de periodistas de la zona oriente del Estado de México. donde es necesario crear una estrategia de comunicación social que permita compartir información del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), no solo con boletines de prensa, que, si bien son útiles, pueden y deben existir mejores mecanismos para dotar de información a todos los medios de comunicación de dicha región.

Los retos que se tienen en temas de democracia, concretamente de promoción de la cultura cívica y participación ciudadana no son menores, por ejemplo, Chalco es un municipio que en las elecciones municipales de 2015 y 2021 ha presentado un alto índice de abstencionismo con el 44.4% y 45.3%, respectivamente.

Se suman municipios como Valle de Chalco que en 2012 presento un 58.6% de abstencionismo у Chimalhuacán con un 56.8% en 2012 y un 52.5% en 2024.

Ante estos datos resulta una prioridad generar vínculos con los medios de comunicación de la zona oriente que nos permitan llegar de manera efectiva a la ciudadanía mexiquense para informarla de sus derechos político-electorales y del proceso electoral de 2027.

Sin duda acercar a los periodistas cursos y talleres sobre temas de géne-ro, organización del proceso electoral, acciones afirmativas, lenguaje incluyente, por mencionar sólo algunos ru-bros, es algo que debemos impulsar y materializar.

Durante décadas se ha centralizado la información y aunque los poderes públicos están en Toluca, bien vale replantearse también ese centralismo y recordar que el Estado de México cuenta con una gran extensión territorial, la lista nominal más grande del país y una gran pluralidad, lo que exige mantener canales y vías de comunicación con medios locales y radios comunitarias. Sus audiencias merecen un trato más digno. No solo son espacios que la ciudadanía sigue, sino son plataformas en las cuales confía y donde fortalece su identidad regional y estatal.

Organizar elecciones en un sistema democrático siempre tiene costos, y no me refiero a los políticos, que también vaya que los hay.

En términos económicos, la institucionalización del poder implica una serie de gastos que deben ser presupuestados por las instituciones del Estado para cumplir con sus fines.

En este sentido, con suficiente anticipación el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) aprobó un anteproyecto de presupuesto para 2026. De lo originalmente solicitado le fueron asignados menos recursos, lo cual motivo pedir una ampliación presupuestal de poco más de 361 millones de pesos.

En días recientes se han difundido algunas notas periodísticas, donde se refiere que la ampliación presupuestal fue autorizada por el gobierno mexiquense. Como consejera electoral del IEEM no tengo ningún comunicado oficial de ello, sin embargo, es oportuno que la ciudadanía conozca algunos rubros contemplados en esa ampliación, con independencia del momento en el cual ocurra.

Por ejemplo, el área que más recursos solicitó fue la Dirección de Administración del IEEM, con un total de 222 millones 588 mil 300 pesos.

¿En qué se gastará? Un rubro en el cual se eroga una importante cantidad de dinero es en la renta de los inmuebles que serán las sedes de los órganos desconcentrados, los cuales se instalan en cada proceso electoral. El monto de renta, contemplado a pagarse sólo en los meses de noviembre y diciembre de 2026, es de 28 millones de pesos a lo que hay que sumar los cinco millones que se emplearán para búsqueda de estos espacios.

De estos 28 millones, 23 millones son para las 170 sedes que históricamente se instalan, correspondientes a la elección de alcaldías y diputaciones locales de 2027, y cuatro millones 611 mil son para las sedes de la elección judicial, la cual está en proceso de posponerse, pues la Presidencia de la República propondrá a la Cámara de Diputados federal que se realice en junio de 2028.

Otra área es la Unidad de Comunicación Social del IEEM, la cual tiene enormes áreas de oportunidad, sobre todo ante el desconocimiento que persiste en la ciudadanía para conocer lo que hacemos en el Instituto Electoral. En esta ampliación solicitó un millón 260 mil pesos para el servicio de publicidad en redes sociales. Monto que también incluía difusión para la elección judicial de 2027.

Para esta tarea, la Unidad de Comunicación Social propone la contratación de una empresa, que será a propuesta de esta área. Al respecto, no hay que olvidar que ya se utilizará el recién aprobado Reglamento de la Actividad Administrativa y Financiera del IEEM, donde no se contempla que la ciudadanía observe en tiempo real los procesos de licitación, pero ello no impide dar seguimiento a cada una de las contrataciones.

Por último, de aplazarse la elección del Poder Judicial para 2028 habrá que restar, de la citada ampliación presupuestal, los rubros que son referentes a estos comicios.