La reciente experiencia del registro de candidaturas nos permite (y obliga) a señalar algunos aspectos que, en mi opinión, deberán ser corregidos en aras de que los procesos electorales venideros sean más pulcros y eficientes. En este sentido, existen al menos dos rubros que requieren ser revisados: el plazo que el Instituto Electoral de nuestro estado (IEEM) tiene para calificar tal registro, así como el cumplimiento de las acciones afirmativas para grupos en situación de vulnerabilidad.
En cuanto al primer tema, los partidos políticos cuentan con diez días para registrar sus candidaturas y, una vez vencido ese plazo, el IEEM tiene cinco días para revisar que cada candidatura cumpla con lo establecido en la normativa (requisitos de elegibilidad, paridad de género y acciones afirmativas). Al respecto, la experiencia ha mostrado que los partidos políticos solamente utilizan los últimos tres días para el registro (la mayoría lo hace el último día), y en tan sólo cinco días el IEEM debió revisar más de ocho mil candidaturas. Es evidente que se necesita un plazo más amplio para lograr una adecuada revisión y, por supuesto, los partidos políticos requieren plazos suficientes (previos al inicio de las campañas) para atender los requerimientos que se les formulen.
Respecto a las acciones afirmativas, es imperioso tener presente que es la primera ocasión que tales postulaciones son implementadas en nuestra entidad, por lo que aún sin el resultado de la votación, pero ya con el registro de candidaturas efectuado, es evidente que tenemos (partidos políticos e Instituto), un amplio espectro para eficientar el registro y, sobre todo, para cumplir auténticamente con su objetivo primigenio: involucrar a los grupos en situación de vulnerabildad en la vida política.
Así, toda vez que la participación política no sólo aparece a partir del registro de candidaturas, valoremos si la exigibilidad de registrar acciones afirmativas debe ser, en realidad, un segundo momento, y considerar que en primer lugar resulta necesario prever que al interior de los partidos, esto es, desde su militancia, la formación de sus cuadros y, por supuesto, en las precampañas, se fomente la participación de personas que pertenezcan a todos los grupos en situación de vulnerablidad.
Estimo que sería muy pertinente que una vez finalizado el actual proceso electoral e integrados los congresos (federal y local), las fuerzas políticas y las autoridades electorales analicemos críticamente la experiencia obtenida. Quiero expresarlo con todas sus letras: reconocer los errores, las lagunas y los vacíos de nuestra normatividad electoral es imprescindible si realmente queremos avanzar en la consolidación de nuestra democracia. Impulsemos que tomando en cuenta los aciertos y desaciertos, se inicien los trabajos para impulsar una reforma electoral integral en la cual se escuche la experiencia de los partidos políticos, las autoridades electorales y, por supuesto, de la ciudadanía.
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