Comunicación
Social

El PVEM propone disminuir el cobro por concepto de tenencia vehicular.

Una de las múltiples consecuencias de la pandemia por Covid 19 fue el incremento en los precios de los vehículos a nivel mundial. La interrupción en la cadena de suministros para la fabricación de autopartes y semiconductores provocó que los precios se incrementarán por la alta demanda que se generaba a nivel mundial, toda vez que los mercados regresaban a la normalidad.

Ello repercutió directamente en los bolsillos de los consumidores al fijarse tarifas más altas en la adquisición de vehículos nuevos, sin embargo, estos aumentos también implicaron un alza en el impuesto por concepto de tenencia al producirse un efecto en cadena que exige pagar montos mayores a los propietarios de vehículos de media y alta gama.

El Estado de México es el ejemplo perfecto en donde ocurre esto, existen incentivos fiscales que apoyan al contribuyente a pagar una tarifa menor toda vez que su vehículo no exceda el monto establecido por el programa, no obstante, este tipo de acciones son insuficientes para que los contribuyentes opten por buscar alternativas en otras entidades federativas para aminorar el pago de este impuesto.

El Partido Verde Ecologista recientemente ha presentado una iniciativa ante la Legislatura en esta materia para fortalecer los bolsillos de las y los mexiquenses. El contenido de la misma versa en proponer tarifas especificas a automóviles destinados al transporte particular de hasta quince pasajeros, a fin de generar un esquema competitivo acorde a las capacidades económicas de los contribuyentes tomando en cuenta los valores contemplados en el Código Financiero del Estado de México.

De tal forma que el pago por concepto de tenencia vehicular quede de la siguiente forma: de $0.01 a $550,000.00, se otorga exención del pago; de $550,000.01 a $691,092.34, $1,036.64; de $691,092.35 a $1,000,000.00, $1,500; de $1,000,001 a $2,000,000, $3,000; de $2,000,001 a $3,000,000, $4,000; y de $3,000,001 en adelante, $5,000.

A su vez, se propone que estas cantidades se actualicen anualmente en el marco del Paquete Económico y que dicha actualización no exceda en la inflación observada durante el periodo de su vigencia

En este marco el Partido Verde busca fortalecer la economía de las y los ciudadanos que ostenten un vehículo particular, a fin de reducir la carga económica que contribuya al bienestar de las familias mexiquenses. 

La transparencia y la rendición de cuentas constituyen principios rectores del sistema democrático mexicano, particularmente en lo que respecta al funcionamiento de los partidos políticos como entidades de interés público, por lo que su materialización se convierte en un gran tema de conversación, relevancia e interés para la ciudadanía, máxime cuando esta se encuentra cada vez más interesada en conocer el destino de los recursos públicos.

Bajo esta tesitura y tomando en consideración la reciente revisión anual por parte de la autoridad electoral, se puede advertir el notorio fortalecimiento que han tenido las prácticas administrativas y financieras al interior de los partidos, siendo en esta ocasión referente de estas prácticas nuestro partido, al registrar un mínimo de observaciones en su informe, posicionándose así como un referente útil para reflexionar sobre la relevancia de los controles internos, la planeación financiera y la supervisión constante del ejercicio del gasto.

Ciertos estamos de que cuando el dinero se cuida, hay más resultados para la ciudadanía, por lo que el orden y la responsabilidad se convierten en los pilares fundamentales una adecuada organización financiera, no obstante, el trabajo generado en este rubro también es el reflejo del cuidado de observación de las autoridades electorales, quienes al efectuar su labor contribuyen a la promoción de la cultura democrática y fungen como garante de condiciones de equidad.

En general los espacios de fiscalización y difusión de resultados instaurados en las instituciones electorales, permiten no solo sancionar incumplimientos, sino que también logran visibilizar avances y generar incentivos positivos hacia mejores prácticas, es por ello que más allá de posicionarnos como un partido político referente en el área, consideramos que una lección muy importante dentro de este ejercicio evaluativo, es que este tipo de resultados no debe interpretarse como una competencia política, sino como un indicador para replicar y fortalecer en su conjunto al sistema de partidos.

Y es que la fiscalización, como puede advertirse, va de la mano con el cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia; en otras palabras, una no existe sin la otra, por lo que su realización más allá de ser un mandato legal contribuye directamente al fortalecimiento de la legitimidad de todo proceso electoral.

Sin embargo, aun y cuando los resultados nos favorecen, consideramos que la evolución constante de los marcos regulatorios, así como la creciente complejidad en el manejo de la información financiera, nos exige como partidos políticos mantener un compromiso permanente con la mejora continua, por lo que la transparencia en este sentido se convierte en un proceso dinámico que demanda adaptación, profesionalización y responsabilidad institucional, factores que desde nuestra trinchera siempre optamos por ceñirnos a ellos.

En consecuencia, concluimos que el trabajo en conjunto ha hecho posible mantener resultados como el que hemos obtenido en materia de transparencia, esto es, la autoridad al ir adecuado y exigiendo nuevas maneras de observar que se cumplan estas obligaciones, y nosotros como partido político al apegarnos a todas y cada una de las disposiciones normativas que prevé la autoridad electoral en la materia, por lo que con ello, reiteramos, replicar estas buenas prácticas en materia de fiscalización no solo favorece el cumplimiento normativo, sino que su ejercicio permea en la construcción de la confianza pública tanto para las instituciones electorales así como para los partidos políticos.

Proponer una reforma electoral vislumbra una transición democrática tal y como ocurrió en el periodo de 1977 a 1997, en donde existieron importantes cambios en el sistema electoral mexicano, en palabras de José Woldenberg “México vivió una transición democrática, pasando de un sistema autoritario a una germinal democracia”, de igual manera sostiene que el proceso de transición democrática concluye con la reforma electoral de 1996, periodo al que se le conoce como autentica transición democrática.

De esta manera, lo que se busca con una reforma precisamente es un cambio o modificación, para ir mejorando la ley a los nuevos cambios sociales.

Desde hace un par de años se ha buscado generar una reforma electoral en el sistema jurídico mexicano, el primer intento de reforma se materializo el 28 de abril de 2022, cuando el Ejecutivo Federal presentó una iniciativa de reforma constitucional en materia electoral, la cual buscaba modificar sustancialmente la estructura y el funcionamiento del Instituto Nacional Electoral (INE) e incluía la reducción del número de consejerías y la elección de sus integrantes mediante el voto popular.

Dicha reforma no alcanzo la mayoría calificada requerida en la Cámara de Diputados, sin embargo, el ejecutivo tenía un plan B que consistía en la reforma a la legislación secundaria, consistía en modificar diversas leyes federales para reestructurar al INE, reducir su presupuesto y estructura territorial, limitar la fiscalización de partidos y modificar las reglas de comunicación social, dicha reforma tampoco logro la mayoría calificada por el Congreso.

En relación con lo anterior, en el mes de agosto de 2025, el actual Ejecutivo Federal, instaló la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, sus objetivos eran revisar el financiamiento y fiscalización de partidos, sistema de votación, tiempo en radio y televisión, uso de inteligencia artificial, democracia participativa, entre otros temas, sin embargo, se cuestionaba si realmente el gobierno en turno buscaba una reforma electoral para fortalecer el sistema democrático o una adaptación de la ley a una legitimidad ganada en las urnas.

No obstante, el pasado 2 de marzo el ejecutivo presentó la iniciativa de reforma electoral misma que contemplaba la nueva integración del Congreso de la Unión, reducción del gasto, fiscalización, tiempos en radio y televisión, cómputos distritales, democracia participativa y acciones afirmativas, la cual no fue aprobada por lo que nuevamente el ejecutivo presentara un plan B para generar cambios en el sistema electoral.  

En conclusión, esperemos que México a través de las reformas que se planteen pueda lograr nuevamente una autentica transición hacia la democracia, ya que existen diversas áreas de oportunidad para mejorar el sistema electoral mexicano, desde una perspectiva neutral e integral.  

Hace un par de días, el Tribunal Electoral del Estado de México cumplió 30 años de actividad jurisdiccional, por ello, es importante reconocer la ardua labor que ha realizado su estructura en la impartición de justicia electoral para la consolidación de nuestra joven democracia.

La reforma electoral de 1996 introdujo cambios significativos al sistema electoral, lo que devino en un fortalecimiento institucional, así como en la descentralización y autonomía de las funciones electorales. Durante esta década, el país vivió importantes cambios que implicaron la incorporación de un sistema de profesionalización y especialización en el ámbito electoral.

Uno de los elementos más innovadores que aportó esta reforma fue la modificación a la estructura del Poder Judicial de la Federación, al establecer un Tribunal Electoral como órgano garante para la resolución de controversias suscitadas en el sistema electoral. A su vez, se crearon Tribunales Electorales Locales capaces de brindar certeza jurídica en los procesos comiciales y de garantizar la legalidad de los actos de las autoridades electorales.

Así nació el Tribunal Electoral del Estado de México, como un órgano jurisdiccional encargado de resolver y dirimir conflictos en materia electoral, con el firme propósito de garantizar justicia electoral para toda persona que así lo requiera, una trayectoria que no se simplifica en una fecha o en un número, sino que representa el reconocimiento al trabajo y compromiso de todas las personas que han aportado y continúan aportando a la consolidación de esta institución.

Desde esta Instituto Político, reconocemos esta labor invaluable que realiza el Tribunal Electoral del Estado de México, ya que cada proyecto de resolución implica esfuerzos significativos orientados a salvaguardar el pleno respeto de los instrumentos normativos que regulan nuestro sistema político y electoral.

¡Feliz 30 Aniversario!

A un día de haber conmemorado uno de nuestros símbolos patrios, la Bandera Nacional ondeó -luego de días complejos que como nación tuvimos que atravesar-como un refugio en donde ni el crimen organizado ni los disturbios pueden arrancar a la ciudadanía la identidad y el irrenunciable derecho a la paz.

Este 24 de febrero, fue más que una conmemoración oficial, fue un respiro colectivo ante la ola de violencia que vivió el país y es que el izamiento de la Bandera Nacional se sintió como un refugio para la paz que tanto necesitamos como nación. Este símbolo patrio nos recuerda que es más que un lienzo, sino que representa la suma de voluntades unidas en un contrato social que nos hermana y mantiene resilientes.

Si bien, cada símbolo patrio guarda su particular historia, la de la Bandera de México se remonta a 1821 cuando Agustín de Iturbide se inspiró en dar garantías a los mexicanos declarando la independencia de México, es entonces cuando surge nuestra Bandera, dándonos identidad y pertenencia.

En la declaración del Plan de Iguala, Iturbide llevaba la Bandera Trigarante, misma que tenía las franjas en diagonales de color verde, blanco y rojo, los colores en ese entonces tenían estos significados, el blanco representaba la religión católica, el verde representaba la independencia de México ante España y el rojo la igualdad y la unión de los mexicanos con los españoles y las castas.

Años más tarde, el Congreso Constituyente instauró oficialmente la Bandera Nacional conservando los colores verde, blanco y rojo, pero con algunos cambios, dado que al águila se le quito la corona imperial y se agregaron los símbolos republicanos de las ramas de laurel y encino.

En el siglo XIX, con la llegada de Benito Juárez a la presidencia del país, se cambió el significado de sus colores, como consecuencia de la separación del estado con la iglesia: verde-esperanza; blanco-unidad y rojo-la sangre de los héroes nacionales.

Por otro lado, actualmente se encuentra vigente la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, dicha disposición establece las normas necesarias para el correcto uso y respeto de nuestros símbolos patrios, por lo que de conformidad con el artículo tercero se establecen las características que debe tener la Bandera Nacional consiste en un rectángulo dividido en tres franjas verticales de medidas idénticas, con los colores en el siguiente orden a partir del asta: verde, blanco y rojo, en la franja blanca y al centro, con el Escudo Nacional.

Como mexiquenses debemos de guardar respeto a cada símbolo patrio, son una referencia de identidad que nos hermana como mexicanos, cada uno de ellos guarda nuestra historia y encierra intensas luchas.

Con lo anterior, hacemos un llamado a la necesidad de luchar por la paz en medio de un contexto complejo por el que México está atravesando, nuestros símbolos patrios son muestra de que el país ha sido resiliente en situaciones adversas y hoy más que nunca se debe de alzar la Bandera Nacional como muestra de que nuestra nación seguirá estando de pie.

Finalmente, hacemos votos para que los izamientos de la Bandera Nacional realizados el día de ayer por intuiciones gubernamentales y escuelas, sean un símbolo de que México vela por la paz nacional y la unión del pueblo mexicano.