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El pasado 19 de mayo, la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex) rindió un homenaje a Marcela Lagarde y de los Ríos, antropóloga e investigadora mexicana, a quien se le otorgó un doctorado Honoris Causa en reconocimiento a su destacada trayectoria, activismo y aportaciones en la defensa de los derechos humanos de las mujeres.

Durante su discurso, la académica resaltó las aportaciones del feminismo en la construcción de una sociedad más justa y destacó que la labor de las nuevas generaciones radica en defender y ampliar las conquistas alcanzadas. Sus palabras resuenan fuertemente en una realidad global que en pleno siglo XXI coloca obstáculos en la preservación y ampliación en el ejercicio de nuestros derechos.

En los últimos años, el mundo ha sido testigo del avance de corrientes políticas e ideológicas conservadoras que, entre otros puntos, promueven abiertamente la subordinación y marginación de grupos sociales. Esta postura regresiva se ha visto fortalecida a través de la expansión de redes en países con gobiernos de corte radical que forjan agendas en contra de algunos principios democráticos, incluyendo la igualdad de género, con un discurso que promueve la idea de que el feminismo es una amenaza para los “valores tradicionales”.

No obstante, lejos de representar una amenaza a la sana convivencia social, el feminismo debe reconocerse como un movimiento de liberación que coloca en el centro a las mujeres, con el fin de cerrar brechas simbólicas y materiales. Un claro ejemplo de estas brechas de representación se evidenció recientemente en la reunión entre los presidentes Donald Trump y Xi Jinping el pasado 15 de mayo. En dicha reunión los gobiernos de las dos potencias globales trataron temas de trascendencia mundial, sin embargo, en la mesa no hubo lugar para una sola mujer. Esta realidad despierta interrogantes de fondo: ¿Cómo se pretende construir un “nuevo orden mundial” en donde no hay espacio para las mujeres? Y, en consecuencia, ¿qué implica la responsabilidad de visibilizar y subsanar estas asimetrías?

Retomando la reflexión que Lagarde ofreció en la UAEMex, a las nuevas generaciones de mujeres nos atañe la tarea de ampliar y difundir estas conquistas, porque una nueva conciencia social solo emanará de las vivencias e historias que el género femenino atraviesa y comparte. Pero también nos toca insistir en que esta tarea civilizatoria corresponde a la sociedad en su conjunto, pues solo entonces transversalizará a las masculinidades y alcanzará al resto de los grupos sociales históricamente vulnerados.

En su tesis de licenciatura, Lagarde mencionaba que “el gobierno es casi masculino y permite la participación de las mujeres en una escala hasta ahora ascendente pero menor, limitada y confinada a pequeñas áreas”. Como parte del Instituto Electoral del Estado de México, primer órgano electoral compuesto en su totalidad por mujeres, considero imprescindible zanjar esta deuda histórica garantizando políticas encaminadas a la plena paridad de género y defendiendo los avances logrados desde los espacios de toma de decisión, pero también desde los lugares que cada una de nosotras ocupa en la academia, el trabajo, el ámbito familiar o la plaza pública.

Frente al embate del conservadurismo, debemos insistir en la importancia de construir una conciencia de género, particularmente en las mujeres de las nuevas generaciones. Sólo a través de la socialización de estas realidades las niñas y jóvenes comprenderán que los espacios no se otorgan; se conquistan y se defienden.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) publicó recientemente su Informe sobre Democracia y Desarrollo en América Latina y el Caribe 2026. El documento de análisis es un excelente retrato de la situación por la que atraviesa nuestra región en cuanto a sus desafíos democráticos, tanto para nuestras sociedades como para el Estado.

Entre los principales retos que identifica el PNUD en América Latina y el Caribe se encuentran los problemas en la calidad de la democracia, la crisis de representación política, los pendientes en el desarrollo humano, la polarización, la desinformación como distorsión de la esfera pública, la presión de grupos criminales, y los desafíos que porta la migración y el desplazamiento de personas.

Llama la atención, sin embargo, que el informe reconoce a la región como la segunda más democrática del mundo, sólo después de Norteamérica y Europa Occidental. Lo anterior debido a que este régimen político persiste en los países que integramos la región, pues 4 de cada 5 personas vive en países democráticos. No obstante, lo anterior no resta relevancia a los riesgos comunes que enfrentamos, tanto por la erosión de las instituciones, como por la creciente presión ciudadana por encontrar soluciones a los problemas más apremiantes.

La visión del informe es integral: no conceptualiza a la democracia como mero fenómeno procedimental basado en elecciones recurrentes. Su foco de atención incluye el análisis del ejercicio de los derechos civiles, políticos, económicos y sociales a través de los procesos deliberativos, la construcción de políticas de bienestar, así como las capacidades institucionales del Estado. Derivado de ello, una de las conclusiones que me parecen más relevantes es que la región enfrenta procesos de erosión democrática signados no siempre por rupturas abruptas (golpes de Estado, revueltas, crisis democráticas), sino por trayectorias de debilitamiento gradual de las instituciones.

El informe señala que esta dinámica incluye el creciente cuestionamiento de los procesos electorales, el desgaste de las autoridades electorales, la concentración del poder en liderazgos personalistas, el debilitamiento de contrapesos y la difusión de narrativas polarizadas que minan la confianza en las instituciones. Algo que, por cierto, hemos visto de manera cada vez más recurrente en diversas latitudes y que no se manifiesta exclusivamente dentro de un espectro político-ideológico, sino que se ha generalizado cada vez más.

A partir de este diagnóstico, el informe del PNUD también plantea una idea fundamental: ningún actor, por sí solo, puede ofrecer una solución integral a los desafíos de la democracia. Las respuestas requieren de la cooperación entre gobiernos, instituciones, sociedad civil, academia, medios de comunicación y ciudadanía para construir acuerdos en contextos cada vez más complejos. En el centro de esta discusión se encuentra la necesidad de preservar condiciones mínimas de competencia política, particularmente en el ámbito electoral.

Elementos mínimos como fortalecer la autonomía de los organismos electorales y reconstruir la confianza ciudadana en los procesos electorales son indispensables para garantizar elecciones libres y justas. Así, la democracia no solo requiere árbitros imparciales, sino con la suficiente capacidad para decidir con independencia frente a poderes políticos, económicos o mediáticos. En tiempos de polarización y desinformación, proteger la integridad electoral y asegurar la posibilidad de alternancia pacífica en el poder constituye una condición esencial para evitar el deterioro gradual de las instituciones democráticas.

Finalmente, el informe advierte sobre la necesidad de restringir la influencia desmedida del poder económico en la esfera política. Cuando los recursos —lícitos o ilícitos— alteran las condiciones de competencia democrática, se profundizan las desigualdades en la capacidad de influir sobre las decisiones públicas y se debilita la representación política. Por ello, la defensa de la democracia también implica garantizar que las reglas de participación política no sean capturadas por intereses particulares capaces de distorsionar la voluntad ciudadana.

El 10 de mayo suele estar acompañado de regalos y mensajes de gratitud. No obstante, esta fecha también debe llamarnos a la reflexión sobre la situación de las mujeres que son madres en nuestro país. Lejos de caer en estereotipos o narrativas simples, lo primero es reconocer que toda mujer tiene derecho a ejercer sus derechos reproductivos como mejor lo considere y convertirse —o no— en madre por propia voluntad. La maternidad no puede entenderse como una obligación social ni como un destino único, sino como una decisión de libertad en el marco de una sociedad democrática y de derechos.

La realidad mexicana muestra, además, la enorme dimensión social de la maternidad. De acuerdo con el INEGI, en México residen 54.9 millones de mujeres que son madres. De este universo, 45.7% señala estar casada, mientras que 23.6% reporta estar separada y 10.6% ser madre soltera. Estas cifras reflejan que la maternidad se vive en contextos familiares y económicos profundamente diversos, muchas veces atravesados por la ausencia de redes de apoyo o la desigualdad estructural. Por ello, hablar de las madres no debe limitarse a discursos simbólicos o conmemorativos, sino que implica discutir políticas públicas, derechos sociales y condiciones materiales de vida.

Uno de los grandes desafíos se encuentra en el acceso a la educación. Sólo 31.9% de las madres en México cuenta con educación media superior o superior; en contraste, 33.8% tiene secundaria concluida, 18.8% primaria completa y 15.3% no concluyó la educación primaria. Esta realidad tiene implicaciones directas sobre las oportunidades laborales, ingresos y movilidad social de millones de mujeres. Una democracia no puede construirse sobre brechas educativas tan profundas, especialmente cuando limitan la autonomía económica y las posibilidades de participación en la vida productiva.

La situación laboral tampoco deja de ser preocupante. Aunque las madres mantienen una importante participación económica —61.8% entre los 35 y 39 años y 57% entre los 30 y 34 años—, los ingresos muestran una realidad marcada por la desigualdad. Casi la mitad de las madres trabajadoras reporta ingresos de hasta un salario mínimo, mientras que apenas 2.2% percibe más de tres salarios mínimos. Detrás de estas cifras existe una combinación de informalidad, discriminación laboral, interrupciones profesionales asociadas a las tareas de cuidado y limitaciones estructurales para acceder a mejores empleos.

A ello se suma una realidad silenciosa pero fundamental: el enorme peso del trabajo de cuidados no remunerado. Las madres destinan en promedio 20.5 horas semanales a los quehaceres del hogar y 17.3 horas al cuidado de menores, personas enfermas, adultos mayores o personas con discapacidad. Estas jornadas invisibles sostienen buena parte del funcionamiento social y económico del país, pero rara vez son reconocidas o acompañadas por políticas públicas suficientes. Sin un sistema nacional de cuidados robusto, accesible y con perspectiva de género, millones de mujeres seguirán enfrentando una doble o incluso triple jornada que limita su desarrollo profesional, educativo y personal.

Un Estado de derecho debe velar por el bienestar de las madres y garantizar que la decisión de ejercer o no la maternidad no confronte otros derechos civiles, políticos, económicos o de salud. Colocar a las madres en el centro de la agenda pública implica discutir la expansión de sus oportunidades laborales, la capacitación continua, la ampliación de la oferta educativa, los espacios de esparcimiento, la salud reproductiva, los mecanismos para garantizarles una vida libre de violencia y, sobre todo, un sistema de cuidados digno y eficiente.

El calendario electoral europeo ha ofrecido una sorpresa significativa para la opinión pública internacional. A pesar del respaldo denodado de figuras como Donald Trump y Vladimir Putin al actual primer ministro húngaro, la sociedad de Hungría ha propinado un revés electoral al partido de ultraderecha Fidesz. Todo indica, en ese sentido, que el cambio de gobierno se realizará de manera ordenada, a través de los cauces institucionales y gracias a la vía electoral.

Con una participación cercana al 80%, los comicios marcaron un punto de inflexión en la vida política del país. El primer ministro Viktor Orbán reconoció la victoria del opositor Péter Magyar, calificando el resultado como “doloroso, pero claro”. Con ello, se abre la puerta al fin de más de una década y media de dominio político continuo, en un proceso que, por su cauce institucional, fortalece la legitimidad del sistema democrático.

Durante los últimos años, Orbán se consolidó como una de las figuras más visibles del movimiento de derecha radical en Europa. Su cercanía política con Trump y Putin, así como su discurso soberanista y conservador, le permitieron articular una narrativa de resistencia frente a las instituciones europeas. Esta posición lo convirtió en un referente para sectores políticos que cuestionan el orden liberal internacional y promueven modelos de democracia con fuertes rasgos nacionalistas.

Desde su llegada al poder en 2010, Orbán y Fidesz construyeron una hegemonía política sostenida en mayorías parlamentarias obtenidas en elecciones sucesivas. Este control les permitió impulsar una transformación profunda del marco institucional, incluida la promulgación de una nueva Ley Fundamental que, según diversos especialistas, operó como una Carta Magna paralela. En ella se consolidaron principios conservadores —como la centralidad de la familia tradicional y la tradición cristiana— junto con políticas restrictivas en materia de migración, derechos de minorías y mecanismos de control sobre otras instituciones del Estado.

En contraste, Péter Magyar delineó desde el inicio una agenda de reposicionamiento internacional y reconstrucción institucional. En su discurso de victoria subrayó que Hungría forma parte de Occidente, de la comunidad europea y de la OTAN, al tiempo que llamó a “liberar” al país y restablecer la democracia. No obstante, el nuevo liderazgo enfrentará retos complejos: la relación con Rusia y Ucrania, así como su postura ante el conflicto en Medio Oriente, pondrán a prueba su capacidad para privilegiar la diplomacia y las soluciones políticas sobre las vías militares.

El caso húngaro ofrece una lección relevante en un contexto global marcado por la polarización ideológica. Más allá de los resultados, lo que destaca es el papel de las instituciones electorales como garantes de la competencia política y como válvulas de escape frente a posibles tensiones sociales. Cuando funcionan con autonomía e imparcialidad, las instituciones electorales permiten procesar el conflicto dentro de cauces pacíficos y legítimos. En última instancia, son piezas torales que debemos preservar para garantizar la estabilidad y la calidad de los regímenes democráticos.

El relevo en la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) abre una discusión que trasciende nombres y regiones: la necesidad de renovar el liderazgo global en un contexto marcado por conflictos prolongados, tensiones geopolíticas y signos de desgaste democrático. En este escenario, las prioridades de la mayor institución del multilateralismo son claras: reforzar el papel mediador del organismo en disputas internacionales, garantizar el respeto a los acuerdos multilaterales, ajustar su estructura presupuestaria y, de manera cada vez más urgente, romper inercias históricas que han limitado el acceso de las mujeres a los más altos cargos de decisión.

La eventual sucesión de António Guterres en la Secretaría General de la ONU ha colocado en el centro del debate la candidatura de Michelle Bachelet. Su perfil, marcado por la experiencia en la presidencia de Chile y en organismos internacionales, representa una posibilidad concreta de redefinir el liderazgo global desde una perspectiva que combine pragmatismo político y sensibilidad social. Sin embargo, la decisión del gobierno chileno de retirar su apoyo ha reconfigurado el tablero diplomático, evidenciando que las dinámicas internas de los Estados siguen siendo determinantes incluso en procesos de alcance global.

A pesar de este revés, la candidatura de Bachelet mantiene respaldo en países clave de América Latina, como Brasil y México, lo que refleja una apuesta regional por posicionar liderazgos propios en el sistema multilateral. No obstante, la fragmentación ideológica en la región dificulta la construcción de consensos amplios. La falta de alineación con gobiernos como los de Argentina, Ecuador o Perú ilustra los límites de una estrategia que, aunque ambiciosa, enfrenta un entorno político altamente polarizado.

Más allá de la coyuntura regional, el proceso de sucesión tiene un componente histórico: por primera vez, una mujer podría ocupar la Secretaría General de la ONU. De los cinco perfiles en contienda, tres corresponden a mujeres con trayectorias consolidadas en la arena internacional: además de Bachelet, la economista costarricense Rebeca Grynspan y la diplomática argentina Virginia Gamba. Este hecho no es menor: refleja una transformación gradual, pero consistente, en la percepción del liderazgo femenino como una opción no solo viable, sino necesaria en contextos de alta complejidad.

El avance de las mujeres hacia posiciones de liderazgo global no es exclusivo del ámbito político. Incluso instituciones tradicionalmente conservadoras han comenzado a reflejar este cambio. La designación de Sarah Mullally como Arzobispa de Canterbury marca un precedente en más de cinco siglos de historia de la Iglesia de Inglaterra. En un mundo atravesado por crisis múltiples, el liderazgo femenino no solo simboliza la ruptura de un techo de cristal largamente cuestionado, sino también la oportunidad de incorporar enfoques distintos —más inclusivos, dialogantes y orientados a la construcción de consensos— en la conducción de los asuntos globales.