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Hablar de democracia suele remitirnos al debate público, las campañas electorales, las visiones encontradas entre organizaciones políticas y las demandas y exigencias de la ciudadanía. Sin embargo, para quienes tenemos la responsabilidad de organizar las elecciones desde el ámbito técnico, existe una encomienda fundamental: desempeñar nuestra labor con imparcialidad, independencia, legalidad, objetividad, paridad de género, certeza y máxima publicidad. Estos principios no son enunciados fortuitos ni conceptos que queden relegados una vez concluidos los procesos electorales. Por el contrario, se materializan de manera permanente en el trabajo cotidiano de las instituciones electorales y encuentran una expresión concreta en las herramientas tecnológicas que dan cuenta de la organización de los comicios.

Uno de esos ejemplos es el Sistema Geográfico Electoral (SIGE), una herramienta digital desarrollada por el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) con base en los datos y la cartografía utilizada en cada elección. Esta plataforma ha concentrado información geográfica y electoral de los procesos electorales celebrados en la entidad entre 2012 y 2025. A través de ella, la ciudadanía, así como organizaciones e instituciones interesadas, pueden consultar, descargar e imprimir bases de datos y productos cartográficos relacionados con los comicios realizados en el Estado de México. Su valor radica en que integra, sistematiza y preserva información de distintos procesos electorales bajo criterios homogéneos, lo que facilita su consulta, comparación y análisis a lo largo del tiempo.

Gracias a sus distintos módulos, que se actualizan conforme evolucionan las necesidades y la complejidad de cada proceso electoral —como ocurrió con la elección de personas juzgadoras en 2025—, el SIGE ofrece acceso a información sobre resultados electorales por candidatura o partido político, participación ciudadana y márgenes de victoria. Asimismo, permite consultar la ubicación de casillas electorales, mesas directivas de casilla, marcos geográficos electorales, casillas especiales, órganos desconcentrados instalados y la lista nominal utilizada en cada proceso electoral, entre otros recursos de interés público.

Lo anterior me lleva a afirmar que la labor que realiza el IEEM a través del SIGE va mucho más allá de reunir datos y mapas sobre los procesos electorales celebrados en la entidad. Este tipo de herramientas materializan la trascendencia que tiene el voto de la ciudadanía y son una muestra de que el derecho al sufragio no termina después de depositar la boleta en la urna cada primer domingo de junio de un año electoral.  Desde su creación, esta plataforma ha fortalecido la calidad técnica de la información electoral y contribuido a consolidar la transparencia institucional, un elemento fundamental para fortalecer la confianza de la ciudadanía en el quehacer electoral. Se trata de un esfuerzo permanente orientado a garantizar que la información disponible constituya una herramienta de análisis confiable, verificable y al alcance de todas y todos.

De cara al proceso electoral 2026-2027, el mapa político de nuestra democracia incorporará nuevas fuerzas partidistas que competirán por la preferencia ciudadana. A nivel nacional y local participarán el Partido PAZ y Somos México, mientras que, en el Estado de México, se sumará como partido local Poder Mexiquense de Oportunidades Sociales (Podemos). Con su registro ante el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), la distribución de los recursos públicos destinados a los partidos políticos nacionales y locales se ha ajustado conforme a lo establecido en la legislación electoral. Esto significa que una parte del financiamiento público deberá repartirse entre un mayor número de fuerzas políticas.

Este escenario abre una nueva etapa de competencia política. Será a partir del inicio formal del proceso electoral —previsto para septiembre de este año— cuando las nuevas opciones partidistas pongan a prueba su capacidad para conectar con la ciudadanía y ganar espacio en el debate público.

Conviene señalar que este desafío se desarrollará desde posiciones ideológicas distintas. De acuerdo con sus plataformas y con los planteamientos de sus dirigencias, Podemos se identifica con la socialdemocracia. Por su parte, el partido PAZ se define como una fuerza conservadora, aunque rechaza ubicarse dentro de los tradicionales ejes de derecha e izquierda. En tanto que, Somos México se presenta como una “casa común” que busca integrar expresiones provenientes de la derecha, el centro y la izquierda democrática.

De esta manera, las nuevas fuerzas políticas nacionales y el partido local deben tener presente que, de cara al proceso electoral 2026-2027, el reto no se limita a conservar su registro —para lo cual deberán alcanzar al menos el 3 % de la votación válida emitida—. También tendrán que construir una identidad propia, fortalecer sus estructuras organizativas y ofrecer alternativas atractivas para un electorado cada vez más plural y exigente.

En este contexto, considero que el Estado de México vuelve a convertirse en un laboratorio electoral estratégico para las nuevas opciones políticas. Lo afirmo porque, a diferencia de los partidos locales, las fuerzas políticas nacionales no pierden su registro legal si no alcanzan el 3 % de la votación válida emitida en la entidad, aunque sí pueden perder el acceso al financiamiento público estatal, a los tiempos en radio y televisión de la programación estatal durante las campañas electorales, así como a la posibilidad de obtener diputaciones de representación proporcional en el Congreso local. Por ello, un resultado adverso en el Estado de México —que cuenta con una lista nominal superior a los 13 millones de personas— puede debilitar su posicionamiento político de cara a futuros procesos electorales.

Ahí radica la enorme relevancia estratégica de una entidad caracterizada por profundos contrastes geográficos, sociales y políticos, cuyo comportamiento electoral suele convertirse en un referente para evaluar la fortaleza, el alcance y las posibilidades de crecimiento de las nuevas fuerzas partidistas.

Por último, la experiencia electoral en el país ha dejado importantes lecciones a lo largo de nuestra historia democrática. Una de las más relevantes es que, más allá de sus diferencias ideológicas, todas las fuerzas políticas comparten el mismo desafío de generar confianza para atraer el voto ciudadano. Al final, el éxito electoral no depende únicamente de la identidad partidista o de la fuerza de los discursos, sino de la capacidad de cada proyecto político para interpretar las preocupaciones y demandas de la ciudadanía, así como de ofrecer soluciones viables para el país y, en este caso, para el Estado de México.

En el pasado Proceso Electoral Local Ordinario 2025–2026 del estado de Coahuila, en el que se renovaron 25 diputaciones del Congreso local, se marcó un hito en la democracia subnacional. Por primera vez, se implementó en territorio nacional el Sistema de Voto Electrónico por Internet (SIVEI), cuyo uso, hasta entonces, había sido exclusivo para las y los mexicanos residentes en el extranjero. Esta plataforma, desarrollada por el Instituto Nacional Electoral (INE), permitió a la ciudadanía emitir su sufragio de manera digital y remota. Su objetivo es sustituir la boleta física tradicional de papel por una versión digital, garantizando —al menos en el diseño institucional— las mismas certezas jurídicas que una votación presencial.

Algo que destaco de esta prueba piloto es que su uso no se extendió a toda la lista nominal del estado, sino que se dirigió a sectores vulnerables, específicamente a personas con discapacidad motriz grave, así como a sus cuidadoras y cuidadores primarios. El SIVEI estuvo disponible del 24 al 30 de mayo, periodo en el que, previo registro, las personas pudieron acceder al sistema y emitir su voto desde un dispositivo móvil —ya fuera un teléfono inteligente o una tableta—, siempre que este cumpliera con los requisitos mínimos de seguridad establecidos. Los votos emitidos en línea se resguardaron de forma encriptada para computarse formalmente el 7 de junio, día de la jornada electoral.

Lo experimentado en Coahuila presenta dos aspectos a resaltar. Por un lado, la puesta a prueba del SIVEI, en un escenario acotado, evidenció su funcionalidad, confiabilidad y seguridad. Por otro, representa un avance significativo hacia la modernización electoral del país, lo que abre el debate sobre su eventual ampliación a nivel nacional.

Hago hincapié en este segundo punto a propósito de la publicación de los resultados de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2025, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Entre los datos más relevantes, destaco que el porcentaje de hogares con acceso a internet en México prácticamente se duplicó: pasó de 39.1 % en 2015 a 78.3 % en 2025. Asimismo, resulta significativo que 88.9 % de las personas en zonas urbanas y 75.2 % en zonas rurales utilizan internet. Estas cifras sugieren que la brecha digital —tradicionalmente utilizada como argumento en contra del voto electrónico por internet— comienza a reducirse. Más aún, la ENDUTIH muestra que, en 2025, 84.6 % de las y los mexicanos eran usuarios de telefonía celular.

En entidades federativas como el Estado de México, donde coexisten zonas urbanas altamente conectadas con comunidades rurales, considero que el voto electrónico por internet puede ser una alternativa viable. Este tipo de sufragio no solo podría beneficiar a personas con movilidad reducida, sino también llegaría a millones de ciudadanas y ciudadanos que, el día de la elección, trabajan fuera de su distrito y terminan saturando las casillas especiales.

Asimismo, el hecho de que 21.7 % de los hogares en el país aún no cuente con acceso a internet no debería ser un obstáculo para modernizar el sistema electoral. En un contexto en el que se busca reducir costos —como la impresión de boletas, la renta de inmuebles, el resguardo de paquetes y la compra de materiales, entre otros—, transitar al voto electrónico por internet en zonas con alta conectividad permitiría redirigir recursos públicos para fortalecer el acceso en aquellas comunidades donde aún es limitado.

A mi juicio, la prueba piloto del SIVEI en Coahuila ofreció una base empírica valiosa y dejó claro que avanzar hacia este tipo de votación es posible. No obstante, dar este paso estará sujeto a la voluntad política y al fortalecimiento de aspectos clave, tales como las capacidades de criptografía, la garantía de la secrecía absoluta del voto, la certificación del sistema, las auditorías externas y la vigilancia de los protocolos. En suma, modernizar la forma en que votamos y avanzar hacia la implementación del voto electrónico por internet, no implica renunciar a las certezas democráticas; por el contrario, se fortalece la inclusión, la eficiencia y la confianza en nuestros procesos electorales.

La elección de personas juzgadoras en 2025 funcionó como una experiencia valiosa que permitió identificar áreas de oportunidad clave que se materializaron en la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 2 de junio de 2026. Desde mi perspectiva, este rediseño normativo no solo separa los procesos electorales ordinarios de los judiciales, sino que optimiza el modelo original de 2024 al dotar a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) de un marco técnico más eficiente, ordenado y, sobre todo, ejecutable.

Así, identifico al menos tres cambios aprobados que considero relevantes. El primero es la creación de la Comisión Coordinadora —integrada por las personas coordinadoras de cada uno de los tres comités—, que responde a las observaciones hechas al esquema anterior. En ese diseño previo, la autonomía de cada Comité de Evaluación de candidaturas derivó en tres procesos de selección paralelos para los mismos cargos. Con la reforma judicial de este año, se busca unificar los criterios, las metodologías y los exámenes de conocimientos. Además, los OPLE recibirán listas depuradas bajo un mismo estándar técnico y jurídico, lo que previsiblemente reducirá las impugnaciones por rechazo de candidaturas o por la disparidad de criterios entre los poderes locales, una vez que los estados repliquen este modelo en sus leyes. Todo ello abona a los principios democráticos de legitimidad como la transparencia, la equidad, la idoneidad, la independencia y la diversidad.

El segundo cambio relevante es la reducción del número de candidaturas por Poder. La reforma obliga a los Comités de Evaluación a seleccionar a las cuatro personas mejor evaluadas por cada cargo y, mediante un proceso de insaculación pública, reducirlas a dos candidaturas por cargo y especialidad, siempre observando la paridad de género. Lo anterior, tiene implicaciones operativas importantes. Para los OPLE, contar con un número más acotado de perfiles implica una disminución en la carga administrativa, particularmente en tareas como el monitoreo del cumplimiento de reglas —por ejemplo, la no contratación de espacios o el financiamiento de las campañas—. Asimismo, se facilita la difusión de los perfiles de las candidaturas, evitando saturar de información a la ciudadanía y favoreciendo una comunicación más clara y efectiva.

El tercer cambio es la simplificación de la boleta electoral. Con el modelo anterior, se tenía listas extensas de nombres numerados, lo que obligaba a la ciudadanía a escribir en recuadros en blanco el número o el nombre de la candidatura elegida. En la elección judicial de 2025, esto contribuyó a ralentizar el proceso de votación. Con el nuevo diseño, las candidaturas se organizarán en recuadros ordenados por especialidad, donde la ciudadanía únicamente deberá marcar una casilla por columna. El nuevo diseño tiene efectos prácticos relevantes.

Para los OPLE, se facilita la tarea de diseñar sus propuestas de boleta local, ajustadas a los lineamientos del Instituto Nacional Electoral. Además, la simplificación de la boleta permitirá que el cómputo se realice por las y los funcionarios de casilla, es decir, un procesamiento más ágil de la información y de los resultados electorales. En este punto, me parece pertinente precisar que, si bien se reconoce la importancia de este ajuste, en el caso del Estado de México la simplificación de la boleta no necesariamente implica una reducción en la cantidad de boletas a producir. Esto se debe a que, en la próxima elección judicial local, se elegirán más de 400 cargos.

Expuesto lo anterior, mi lectura es que los cambios introducidos por la reforma judicial de 2026 no son simplificación administrativa, sino que constituyen una condición indispensable para garantizar la viabilidad operativa de las elecciones judiciales. En otras palabras, no se trata únicamente de hacer más eficiente el proceso, sino de asegurar que, en un contexto de alta complejidad, el ejercicio democrático pueda llevarse a cabo con certeza, oportunidad y legitimidad.

El mover la fecha de realización de la elección judicial —tanto federal como local— a 2028 no es un simple ajuste de calendario para las instituciones electorales. En términos simples, implica evitar un posible colapso operativo o, en el mejor de los casos, la incursión en escenarios inéditos, en los que los referentes más cercanos no aportan evidencia de que empatar dos elecciones fortalezca la integridad electoral. En el caso del Estado de México, el escenario involucra hablar de una lista nominal —13 059 554— la más grande del país, con una proyección de crecimiento del 3% para el 2027 y por supuesto, una extensión territorial compleja, donde organizar elecciones dista de ser una tarea sencilla.

Así, al trasladar la elección judicial local a 2028 se evita que autoridades electorales como el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) operen simultáneamente dos marcos geográficos. Por un lado, los 45 distritos electorales locales y los 125 municipios, donde se eligen diputaciones locales y presidencias municipales; y por otro, 18 distritos judiciales electorales locales y cuatro regiones judiciales electorales para el proceso en el que se designarían más de 400 cargos de juezas, jueces, magistradas y magistrados del Poder Judicial estatal. Este escenario habría implicado el funcionamiento de Comisiones del Consejo General paralelas para atender cada tipo de elección con o sin participación de partidos políticos, respectivamente.

En el terreno tecnológico, la división de las elecciones mitiga riesgos operativos y tecnológicos de cada proceso electoral. Ejemplo, si bien los cómputos se realizarían de manera independiente, la concurrencia habría disparado los costos. Esto habría exigido una inversión extraordinaria en adquisición de equipos, software, fortalecimiento de la ciberseguridad y sistemas de encriptación para garantizar la certeza e integridad de los resultados. A ello se suma la necesidad de contratar y capacitar personal —sin tener la certeza de igualar la experiencia de quienes han operado varios procesos electorales— para atender las eventualidades propias de cualquier proceso electoral, una exigencia que se volvería aún más incierta frente a la coincidencia de dos elecciones en una entidad que concentra el mayor número de distritos electorales del país.

Por último, no hay que olvidar que la ciudadanía es la principal beneficiaria de la separación de los procesos para renovar diputaciones locales e integrantes de los ayuntamientos y personas juzgadoras del Poder Judicial. Con la experiencia de la elección judicial de 2025 detrás, puedo afirmar que esta decisión evita saturar a las y los votantes con información derivada de dos campañas paralelas y de múltiples debates, en los que, previsiblemente, la atención mediática tendería a concentrarse en la contienda entre partidos políticos. Asimismo, permitirá que el IEEM eficiente el uso de herramientas informativas —plataforma Conóceles— cuyo propósito es que la población pueda conocer mejor a las candidaturas y tomar decisiones más informadas el día de la jornada electoral.

Queda claro que organizar dos elecciones de manera concurrente supondría un desafío significativo en términos operativos, administrativos, logísticos y territoriales para el IEEM; sin embargo, también podría traducirse en costos en materia de legitimidad democrática. Los procesos electorales concurrentes en Durango y Veracruz en 2025 así lo evidenciaron. En ambos casos, la participación ciudadana en las elecciones judiciales fue 50% menor que en las municipales, a pesar de haberse realizado en la misma fecha en casillas separadas, en algunos casos, por apenas unos metros. Esto demuestra que la simultaneidad no garantiza eficiencia.

Desde mi perspectiva, la separación aprobada por el Poder Legislativo federal es una muestra de prudencia institucional. En el caso del Estado de México, además, permite blindar los tiempos de organización para operar con plenitud técnica y ofrecer a la ciudadanía una jornada electoral con certeza y transparencia, en la que su participación se apegue a los principios de una democracia con integridad electoral.