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La reciente publicación del Informe sobre Democracia y Desarrollo 2026 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ofrece una radiografía de los avances y desafíos que enfrenta la democracia en América Latina y el Caribe. Al revisar sus hallazgos, encuentro una realidad marcada por claroscuros. Por un lado, los indicadores de desarrollo muestran progresos notables. El informe destaca que el Índice de Desarrollo Humano (IDH) pasó de 0,648 en 1990 a 0,783 en 2023, lo que refleja mejoras en ámbitos fundamentales como los ingresos, la educación y la salud. Además, la región —comparada con otras regiones en desarrollo— continúa siendo la más democrática dentro del mundo en desarrollo.

Sin embargo, estos avances contrastan con una creciente fragilidad institucional. Seis síntomas explican este escenario de vulnerabilidad democrática. El primero es el debilitamiento de las instituciones. El segundo es la concentración del poder en liderazgos personalistas. El tercero corresponde al deterioro de la división de poderes. El cuarto es el auge de narrativas polarizantes. El quinto son los crecientes cuestionamientos a los procesos electorales y, por último, el desgaste de las autoridades electorales.

Quiero detenerme en estos dos últimos aspectos, sobre todo porque los cuestionamientos a las autoridades y a los procesos electorales erosionan la confianza ciudadana, un activo indispensable para sostener la credibilidad democrática. Esta situación ayuda a explicar por qué cada vez más personas en la región se muestran insatisfechas con el funcionamiento de la democracia (64.7 %) e indiferentes respecto al tipo de sistema político bajo el cual viven (25.2 %). Este panorama refleja un proceso de erosión democrática que termina por alimentar y profundizar el debilitamiento de las instituciones. En este punto, el informe es particularmente contundente. Por ejemplo, la confianza en las autoridades electorales cayó del 47 % en 2016 al 34 % en 2024. Al mismo tiempo, el porcentaje de personas que considera que las elecciones en su país son fraudulentas aumentó del 48.5 % al 60.6 % durante el mismo periodo.

Estas cifras evidencian un desafío al que nos enfrentamos las autoridades electorales en cada proceso electoral. Si la ciudadanía deja de confiar en quienes organizamos y garantizamos las elecciones, esa desafección no se limita a una estadística ni a un dato de opinión pública. Por el contrario, se traduce en un cuestionamiento a la legitimidad de los resultados, independientemente de quiénes resulten ganadores.

Sin embargo, no debemos olvidar que, en su papel de árbitros electorales, estas instituciones han desempeñado funciones fundamentales para contener dinámicas regresivas que amenazan la igualdad y los derechos político-electorales de la ciudadanía. Entre ellas destacan la supervisión del cumplimiento de las reglas de postulación paritaria, la promoción de la inclusión de grupos en situación de vulnerabilidad, la gestión de registros de personas sancionadas y otras tareas orientadas a garantizar condiciones más equitativas en la competencia electoral.

Como señala el informe, la democracia no se reduce a la celebración periódica de elecciones; implica, ante todo, el ejercicio pleno de los derechos de la ciudadanía. Por ello, insistir en la necesidad de fortalecer de manera permanente la autonomía de los organismos electorales no es una demanda reiterativa, sino una condición indispensable para preservar la calidad democrática.

Cierro señalando que, si aspiramos a una democracia consolidada y con integridad electoral, necesitamos instituciones independientes, con capacidad técnica y con la credibilidad necesaria para aplicar las reglas de la competencia política de manera imparcial. Pero también es indispensable que la ciudadanía las perciba de ese modo. Después de todo, la fortaleza de una democracia no solo depende de la existencia de instituciones sólidas, sino de la confianza pública que estas son capaces de generar y sostener.

Desde hace algunas semanas, el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) ha comenzado los preparativos para el inicio del proceso electoral 2026-2027 en la entidad. La magnitud de la contienda está lejos de ser menor. A pesar de la experiencia que hemos acumulado como autoridad electoral, la organización de una elección siempre plantea exigencias importantes, especialmente en una entidad que cuenta con la lista nominal más grande del país.

Uno de nuestros primeros retos será atender la participación de más de 17 mil candidaturas previstas para competir por 1,291 cargos de elección popular. Entre ellos se encuentran 75 diputaciones locales —45 de mayoría relativa y 30 de representación proporcional—, 125 presidencias municipales, 125 sindicaturas y 966 regidurías. Estas cifras convierten al Estado de México en la entidad federativa con el mayor número de cargos en disputa entre las 31 que celebrarán elecciones locales en 2027.

La dimensión de este proceso también se aprecia al compararla con la de otras entidades que también celebrarán comicios. Estados como Chiapas, Puebla, Oaxaca, Michoacán y Jalisco enfrentarán importantes retos organizativos; sin embargo, por el tamaño de su lista nominal, la cantidad de cargos en disputa y el volumen de candidaturas esperadas, el proceso electoral del Estado de México presenta características particulares.

Incluso con la aprobación de la reforma electoral de este año —conocida también como Plan B—, que redujo el número de integrantes de los ayuntamientos al establecer un máximo de 15 regidurías y una sindicatura en los municipios con más de 500 mil habitantes, el impacto en el Estado de México fue limitado. Esta modificación solo afectó a 11 municipios en los que se eliminó uno de los cargos de síndico: Ecatepec, Nezahualcóyotl, Toluca, Naucalpan, Chimalhuacán, Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli, Tecámac, Ixtapaluca, Atizapán de Zaragoza y Tultitlán.

En consecuencia, la dimensión del proceso electoral mexiquense prácticamente se mantiene intacta. La carga administrativa, operativa y logística asociada a la organización de la elección de 2026-2027 seguirá representando un desafío para nuestra institución. A las exigencias operativas se suma también una mayor complejidad política. La incorporación de nuevos actores al escenario político mexiquense ampliará la pluralidad de fuerzas que competirán en la contienda de 2027. Esta ampliación de la oferta política es resultado del registro otorgado por el Instituto Nacional Electoral (INE) a dos nuevos partidos políticos nacionales —Partido PAZ y Somos México—, así como de la acreditación ante el IEEM de un nuevo partido local —Podemos—.

Ante este escenario, la labor del árbitro electoral local estará acompañada de importantes frentes de trabajo. Deberemos garantizar el adecuado registro de las candidaturas, la observancia del principio de paridad de género y la progresividad de las acciones afirmativas, con el propósito de que la pluralidad y diversidad que caracterizan al Estado de México encuentren una representación efectiva en las urnas. Todo ello en una de las geografías electorales más diversas, complejas y pobladas del país.

Hablar de democracia suele remitirnos al debate público, las campañas electorales, las visiones encontradas entre organizaciones políticas y las demandas y exigencias de la ciudadanía. Sin embargo, para quienes tenemos la responsabilidad de organizar las elecciones desde el ámbito técnico, existe una encomienda fundamental: desempeñar nuestra labor con imparcialidad, independencia, legalidad, objetividad, paridad de género, certeza y máxima publicidad. Estos principios no son enunciados fortuitos ni conceptos que queden relegados una vez concluidos los procesos electorales. Por el contrario, se materializan de manera permanente en el trabajo cotidiano de las instituciones electorales y encuentran una expresión concreta en las herramientas tecnológicas que dan cuenta de la organización de los comicios.

Uno de esos ejemplos es el Sistema Geográfico Electoral (SIGE), una herramienta digital desarrollada por el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) con base en los datos y la cartografía utilizada en cada elección. Esta plataforma ha concentrado información geográfica y electoral de los procesos electorales celebrados en la entidad entre 2012 y 2025. A través de ella, la ciudadanía, así como organizaciones e instituciones interesadas, pueden consultar, descargar e imprimir bases de datos y productos cartográficos relacionados con los comicios realizados en el Estado de México. Su valor radica en que integra, sistematiza y preserva información de distintos procesos electorales bajo criterios homogéneos, lo que facilita su consulta, comparación y análisis a lo largo del tiempo.

Gracias a sus distintos módulos, que se actualizan conforme evolucionan las necesidades y la complejidad de cada proceso electoral —como ocurrió con la elección de personas juzgadoras en 2025—, el SIGE ofrece acceso a información sobre resultados electorales por candidatura o partido político, participación ciudadana y márgenes de victoria. Asimismo, permite consultar la ubicación de casillas electorales, mesas directivas de casilla, marcos geográficos electorales, casillas especiales, órganos desconcentrados instalados y la lista nominal utilizada en cada proceso electoral, entre otros recursos de interés público.

Lo anterior me lleva a afirmar que la labor que realiza el IEEM a través del SIGE va mucho más allá de reunir datos y mapas sobre los procesos electorales celebrados en la entidad. Este tipo de herramientas materializan la trascendencia que tiene el voto de la ciudadanía y son una muestra de que el derecho al sufragio no termina después de depositar la boleta en la urna cada primer domingo de junio de un año electoral.  Desde su creación, esta plataforma ha fortalecido la calidad técnica de la información electoral y contribuido a consolidar la transparencia institucional, un elemento fundamental para fortalecer la confianza de la ciudadanía en el quehacer electoral. Se trata de un esfuerzo permanente orientado a garantizar que la información disponible constituya una herramienta de análisis confiable, verificable y al alcance de todas y todos.

De cara al proceso electoral 2026-2027, el mapa político de nuestra democracia incorporará nuevas fuerzas partidistas que competirán por la preferencia ciudadana. A nivel nacional y local participarán el Partido PAZ y Somos México, mientras que, en el Estado de México, se sumará como partido local Poder Mexiquense de Oportunidades Sociales (Podemos). Con su registro ante el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), la distribución de los recursos públicos destinados a los partidos políticos nacionales y locales se ha ajustado conforme a lo establecido en la legislación electoral. Esto significa que una parte del financiamiento público deberá repartirse entre un mayor número de fuerzas políticas.

Este escenario abre una nueva etapa de competencia política. Será a partir del inicio formal del proceso electoral —previsto para septiembre de este año— cuando las nuevas opciones partidistas pongan a prueba su capacidad para conectar con la ciudadanía y ganar espacio en el debate público.

Conviene señalar que este desafío se desarrollará desde posiciones ideológicas distintas. De acuerdo con sus plataformas y con los planteamientos de sus dirigencias, Podemos se identifica con la socialdemocracia. Por su parte, el partido PAZ se define como una fuerza conservadora, aunque rechaza ubicarse dentro de los tradicionales ejes de derecha e izquierda. En tanto que, Somos México se presenta como una “casa común” que busca integrar expresiones provenientes de la derecha, el centro y la izquierda democrática.

De esta manera, las nuevas fuerzas políticas nacionales y el partido local deben tener presente que, de cara al proceso electoral 2026-2027, el reto no se limita a conservar su registro —para lo cual deberán alcanzar al menos el 3 % de la votación válida emitida—. También tendrán que construir una identidad propia, fortalecer sus estructuras organizativas y ofrecer alternativas atractivas para un electorado cada vez más plural y exigente.

En este contexto, considero que el Estado de México vuelve a convertirse en un laboratorio electoral estratégico para las nuevas opciones políticas. Lo afirmo porque, a diferencia de los partidos locales, las fuerzas políticas nacionales no pierden su registro legal si no alcanzan el 3 % de la votación válida emitida en la entidad, aunque sí pueden perder el acceso al financiamiento público estatal, a los tiempos en radio y televisión de la programación estatal durante las campañas electorales, así como a la posibilidad de obtener diputaciones de representación proporcional en el Congreso local. Por ello, un resultado adverso en el Estado de México —que cuenta con una lista nominal superior a los 13 millones de personas— puede debilitar su posicionamiento político de cara a futuros procesos electorales.

Ahí radica la enorme relevancia estratégica de una entidad caracterizada por profundos contrastes geográficos, sociales y políticos, cuyo comportamiento electoral suele convertirse en un referente para evaluar la fortaleza, el alcance y las posibilidades de crecimiento de las nuevas fuerzas partidistas.

Por último, la experiencia electoral en el país ha dejado importantes lecciones a lo largo de nuestra historia democrática. Una de las más relevantes es que, más allá de sus diferencias ideológicas, todas las fuerzas políticas comparten el mismo desafío de generar confianza para atraer el voto ciudadano. Al final, el éxito electoral no depende únicamente de la identidad partidista o de la fuerza de los discursos, sino de la capacidad de cada proyecto político para interpretar las preocupaciones y demandas de la ciudadanía, así como de ofrecer soluciones viables para el país y, en este caso, para el Estado de México.

En el pasado Proceso Electoral Local Ordinario 2025–2026 del estado de Coahuila, en el que se renovaron 25 diputaciones del Congreso local, se marcó un hito en la democracia subnacional. Por primera vez, se implementó en territorio nacional el Sistema de Voto Electrónico por Internet (SIVEI), cuyo uso, hasta entonces, había sido exclusivo para las y los mexicanos residentes en el extranjero. Esta plataforma, desarrollada por el Instituto Nacional Electoral (INE), permitió a la ciudadanía emitir su sufragio de manera digital y remota. Su objetivo es sustituir la boleta física tradicional de papel por una versión digital, garantizando —al menos en el diseño institucional— las mismas certezas jurídicas que una votación presencial.

Algo que destaco de esta prueba piloto es que su uso no se extendió a toda la lista nominal del estado, sino que se dirigió a sectores vulnerables, específicamente a personas con discapacidad motriz grave, así como a sus cuidadoras y cuidadores primarios. El SIVEI estuvo disponible del 24 al 30 de mayo, periodo en el que, previo registro, las personas pudieron acceder al sistema y emitir su voto desde un dispositivo móvil —ya fuera un teléfono inteligente o una tableta—, siempre que este cumpliera con los requisitos mínimos de seguridad establecidos. Los votos emitidos en línea se resguardaron de forma encriptada para computarse formalmente el 7 de junio, día de la jornada electoral.

Lo experimentado en Coahuila presenta dos aspectos a resaltar. Por un lado, la puesta a prueba del SIVEI, en un escenario acotado, evidenció su funcionalidad, confiabilidad y seguridad. Por otro, representa un avance significativo hacia la modernización electoral del país, lo que abre el debate sobre su eventual ampliación a nivel nacional.

Hago hincapié en este segundo punto a propósito de la publicación de los resultados de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2025, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Entre los datos más relevantes, destaco que el porcentaje de hogares con acceso a internet en México prácticamente se duplicó: pasó de 39.1 % en 2015 a 78.3 % en 2025. Asimismo, resulta significativo que 88.9 % de las personas en zonas urbanas y 75.2 % en zonas rurales utilizan internet. Estas cifras sugieren que la brecha digital —tradicionalmente utilizada como argumento en contra del voto electrónico por internet— comienza a reducirse. Más aún, la ENDUTIH muestra que, en 2025, 84.6 % de las y los mexicanos eran usuarios de telefonía celular.

En entidades federativas como el Estado de México, donde coexisten zonas urbanas altamente conectadas con comunidades rurales, considero que el voto electrónico por internet puede ser una alternativa viable. Este tipo de sufragio no solo podría beneficiar a personas con movilidad reducida, sino también llegaría a millones de ciudadanas y ciudadanos que, el día de la elección, trabajan fuera de su distrito y terminan saturando las casillas especiales.

Asimismo, el hecho de que 21.7 % de los hogares en el país aún no cuente con acceso a internet no debería ser un obstáculo para modernizar el sistema electoral. En un contexto en el que se busca reducir costos —como la impresión de boletas, la renta de inmuebles, el resguardo de paquetes y la compra de materiales, entre otros—, transitar al voto electrónico por internet en zonas con alta conectividad permitiría redirigir recursos públicos para fortalecer el acceso en aquellas comunidades donde aún es limitado.

A mi juicio, la prueba piloto del SIVEI en Coahuila ofreció una base empírica valiosa y dejó claro que avanzar hacia este tipo de votación es posible. No obstante, dar este paso estará sujeto a la voluntad política y al fortalecimiento de aspectos clave, tales como las capacidades de criptografía, la garantía de la secrecía absoluta del voto, la certificación del sistema, las auditorías externas y la vigilancia de los protocolos. En suma, modernizar la forma en que votamos y avanzar hacia la implementación del voto electrónico por internet, no implica renunciar a las certezas democráticas; por el contrario, se fortalece la inclusión, la eficiencia y la confianza en nuestros procesos electorales.