Comunicación
Social

Ser mujer en México es peligroso, pero ser niña o adolescente implica un doble riesgo ante la problemática de la desaparición de personas.

El reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advierte que en nuestro país las niñas y adolescentes son más susceptibles de sufrir una desaparición, en comparación con los hombres de su misma edad.

Las cifras de la CIDH indican que, a junio de 2025, el 76.83% de las personas desaparecidas eran hombres y el resto, 23%, mujeres.

Sin embargo, dicha cifra significa una realidad más cruel para las mujeres, aunque de manera global representan un porcentaje menor al de los hombres desaparecidos.

Del citado informe se desprende que ser una adolescente mexicana es ubicarse en una edad peligrosa, pues el rango de edad, con la mayor cantidad de mujeres desaparecidas, se encuentra entre los 15 y 19 años, seguido del rango entre 20 y 24 años.

Además, la CIDH refiere que el grupo etario entre los 12 y 16 años es el único segmento en el cual la desaparición de mujeres supera la desaparición de hombres, ya que después de los 17 años, la desaparición de varones cobra prevalencia nuevamente.

Y es que, en los hombres, el rango de edad con mayor cantidad de desaparecidos se encuentra entre los 25 y 29 años, seguido por los rangos entre 30 y 34 y entre 20 y 24 años.

A lo anterior se suma que la CIDH identificó que en México desaparecen más niñas que niños, pues según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, hasta agosto de 2025, el total de personas desaparecidas de entre 0 y 17 años era de 18 mil 192 niños, niñas y adolescentes.

De ese global, 48.47% correspondía a niños y adolescentes, mientras 51.35% eran niñas y adolescentes desaparecidas.

Las causas del por qué desaparecen más niñas y adolescentes son multifactoriales, como indica la propia CIDH, sin embargo, la desaparición de niñas y adolescentes estaría ligada a la violencia de género, a la par de problemáticas relacionadas con la violencia intrafamiliar.

Como también lo señala la CIDH, la desaparición de niñas y adolescentes puede conducir a la trata de personas y las redes sociales hoy juegan un papel fundamental para evitar que sean víctimas de una desaparición.

Derivado del multicitado informe queda clara que las tareas también son multidimensionales, pues desde el ámbito familiar puede evitarse la desaparición de una niña o adolescente, garantizando la unidad y comunicación al interior de la familia.

No obstante, la tarea también está en las autoridades de los tres niveles de gobierno, quienes deben reforzar políticas en materia de prevención, garantizando espacios públicos seguros para niñas y adolescentes, además de la identificación de grupos criminales dedicados a este ilícito.

De manera reciente se instaló un Centro de Mando de la Alerta Nacional de Búsqueda, coordinado por la Comisión Nacional de Búsqueda, con el fin de asegurar la coordinación entre la FGR y autoridades de seguridad y militares, lo cual es un aliciente en esta problemática, no obstante, las fallas siguen existiendo en las Fiscalías de Justicia de las distintas entidades.

Hoy las madres buscadoras y mujeres solidarias, que viven con la ausencia de un familiar, tienen una perspectiva que no admite buenas intenciones o promesas a cumplir a mediano o largo plazo, pues la desaparición de una persona representa no sólo una tragedia familiar, sino una derrota para cualquier gobierno, ya que es la vulneración total de los derechos humanos.

En este contexto, es de reconocerse los avances legislativos y políticas públicas creadas en los últimos años, pero también es preocupante que las desapariciones existan y peor aún presenten signos lacerantes, donde las niñas y adolescentes juegan un papel donde no deberían estar.

Además, la desaparición de niñas predominaba en el Estado de México, Ciudad de México y Tamaulipas.

El papel que tienen los y las periodistas en la vida pública y en la democracia es muy importante. Derechos como la libertad de expresión y prensa, así como el acceso a la información pública, son fundamentales para estos actores de primer nivel, quienes con su labor informativa contribuyen a que la sociedad cuente con elementos que le permita tomar decisiones, opinar, participar y exigir sus derechos.

Los y las periodistas, quienes realizan su labor en los medios de comunicación, son ese amplificador natural de demandas sociales y de exigencias no cumplidas muchas veces. Gracias a ellos y ellas es posible que la información llegue in cluso a lugares alejados, no solamente informan, sino también forman ciudadanía, por ello es vital que desde las instituciones se generen canales totalmente incluyentes.

El pasado sábado tuve la oportunidad de estar en Chalco y reunirme con un número muy nutrido de periodistas de la zona oriente del Estado de México. donde es necesario crear una estrategia de comunicación social que permita compartir información del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), no solo con boletines de prensa, que, si bien son útiles, pueden y deben existir mejores mecanismos para dotar de información a todos los medios de comunicación de dicha región.

Los retos que se tienen en temas de democracia, concretamente de promoción de la cultura cívica y participación ciudadana no son menores, por ejemplo, Chalco es un municipio que en las elecciones municipales de 2015 y 2021 ha presentado un alto índice de abstencionismo con el 44.4% y 45.3%, respectivamente.

Se suman municipios como Valle de Chalco que en 2012 presento un 58.6% de abstencionismo у Chimalhuacán con un 56.8% en 2012 y un 52.5% en 2024.

Ante estos datos resulta una prioridad generar vínculos con los medios de comunicación de la zona oriente que nos permitan llegar de manera efectiva a la ciudadanía mexiquense para informarla de sus derechos político-electorales y del proceso electoral de 2027.

Sin duda acercar a los periodistas cursos y talleres sobre temas de géne-ro, organización del proceso electoral, acciones afirmativas, lenguaje incluyente, por mencionar sólo algunos ru-bros, es algo que debemos impulsar y materializar.

Durante décadas se ha centralizado la información y aunque los poderes públicos están en Toluca, bien vale replantearse también ese centralismo y recordar que el Estado de México cuenta con una gran extensión territorial, la lista nominal más grande del país y una gran pluralidad, lo que exige mantener canales y vías de comunicación con medios locales y radios comunitarias. Sus audiencias merecen un trato más digno. No solo son espacios que la ciudadanía sigue, sino son plataformas en las cuales confía y donde fortalece su identidad regional y estatal.

Organizar elecciones en un sistema democrático siempre tiene costos, y no me refiero a los políticos, que también vaya que los hay.

En términos económicos, la institucionalización del poder implica una serie de gastos que deben ser presupuestados por las instituciones del Estado para cumplir con sus fines.

En este sentido, con suficiente anticipación el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) aprobó un anteproyecto de presupuesto para 2026. De lo originalmente solicitado le fueron asignados menos recursos, lo cual motivo pedir una ampliación presupuestal de poco más de 361 millones de pesos.

En días recientes se han difundido algunas notas periodísticas, donde se refiere que la ampliación presupuestal fue autorizada por el gobierno mexiquense. Como consejera electoral del IEEM no tengo ningún comunicado oficial de ello, sin embargo, es oportuno que la ciudadanía conozca algunos rubros contemplados en esa ampliación, con independencia del momento en el cual ocurra.

Por ejemplo, el área que más recursos solicitó fue la Dirección de Administración del IEEM, con un total de 222 millones 588 mil 300 pesos.

¿En qué se gastará? Un rubro en el cual se eroga una importante cantidad de dinero es en la renta de los inmuebles que serán las sedes de los órganos desconcentrados, los cuales se instalan en cada proceso electoral. El monto de renta, contemplado a pagarse sólo en los meses de noviembre y diciembre de 2026, es de 28 millones de pesos a lo que hay que sumar los cinco millones que se emplearán para búsqueda de estos espacios.

De estos 28 millones, 23 millones son para las 170 sedes que históricamente se instalan, correspondientes a la elección de alcaldías y diputaciones locales de 2027, y cuatro millones 611 mil son para las sedes de la elección judicial, la cual está en proceso de posponerse, pues la Presidencia de la República propondrá a la Cámara de Diputados federal que se realice en junio de 2028.

Otra área es la Unidad de Comunicación Social del IEEM, la cual tiene enormes áreas de oportunidad, sobre todo ante el desconocimiento que persiste en la ciudadanía para conocer lo que hacemos en el Instituto Electoral. En esta ampliación solicitó un millón 260 mil pesos para el servicio de publicidad en redes sociales. Monto que también incluía difusión para la elección judicial de 2027.

Para esta tarea, la Unidad de Comunicación Social propone la contratación de una empresa, que será a propuesta de esta área. Al respecto, no hay que olvidar que ya se utilizará el recién aprobado Reglamento de la Actividad Administrativa y Financiera del IEEM, donde no se contempla que la ciudadanía observe en tiempo real los procesos de licitación, pero ello no impide dar seguimiento a cada una de las contrataciones.

Por último, de aplazarse la elección del Poder Judicial para 2028 habrá que restar, de la citada ampliación presupuestal, los rubros que son referentes a estos comicios.

La pasada celebración del 10 de mayo fue recordatorio de una problemática nacional que sigue esperando respuestas: la desaparición de personas y de las madres que se han convertido en buscadoras de sus seres queridos.

Con datos al 11 de mayo de 2026 las personas desaparecidas y no localizadas en México ascendían a 133 mil 950, siendo el Estado de México la entidad con el mayor número de mexicanos y mexicanas en esta situación al acumular 14 mil 671.

La problemática de las personas desaparecidas ya ha generado alertas en organismos internacionales. Justo ayer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó el informe “Desaparición de Personas en México”, donde se detallan acciones que el gobierno mexicano ha instrumentado desde 2018, así como los retos existentes.

Destaca que dicho informe, con cifras hasta junio de 2025, reporta más de 128 mil personas desaparecidas y refiere que conteos independientes calculaban más de 70 mil cuerpos bajo custodia del Estado no identificados. 

La causa de las desapariciones, de acuerdo con el informe de la CIDH, apunta al crimen organizado, sin embargo, refiere que las desapariciones forzadas, es decir, aquellas cometidas por funcionarios estatales, aún no han sido erradicadas, incluso se documentan casos donde habría ocurrido connivencia entre el crimen organizado y autoridades.

La impunidad es otro factor que lacera, pues la CIDH indica que es casi nula la judicialización de casos y es baja la emisión de sentencias. 

La CIDH, con cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, indica que, a agosto de 2025, había alrededor de 18 mil niños, niñas y adolescentes desaparecidos en México menores de 18 años. Lo cual se agrava con las problemáticas paralelas como el reclutamiento que hace el crimen organizado.

¿Ante esta situación qué pueden hacer instituciones públicas cómo el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM)?

La respuesta la dieron el pasado 7 de mayo madres buscadoras y mujeres solidarias que asistieron a un diálogo con funcionarias y funcionarios electorales, con el fin de sensibilizar sobre esta problemática.

Entre las propuestas está el aprovechar la infraestructura del IEEM para ampliar la difusión sobre personas desaparecidas y fortalecer la coordinación con el INE para la utilización de datos biométricos que faciliten la identificación de personas, entre otras alternativas.

Las madres buscadoras y mujeres solidarias también indicaron que un proceso electoral se legitima con votos, pero también se fortalece a la democracia buscando a personas que han desparecido. 

Hoy más que nunca se requiere no sólo de la sensibilización de autoridades, sino del involucramiento en tareas que van desde la prevención, búsqueda y reparación del daño, instituciones como el IEEM estamos llamadas a ser parte de la solución. 

El debate de la nueva conformación del Instituto Nacional Electoral (INE) no sólo debe centrarse en los 11 perfiles que integran su Consejo General, sino en cuáles son sus prioridades para garantizar derechos de la ciudadanía.

Sin duda quienes integran el Consejo General deben demostrar autonomía e independencia, pero también es importante recordar que existen áreas de oportunidad en rubros como la paridad de género, acciones afirmativas, participación de migrantes, voto electrónico y fiscalización, entre otros.

Durante mi pasada participación en el proceso de designación de tres nuevas consejerías del INE hice propuestas en dichos aspectos, las cuales ahora comparto en un ejercicio de transparencia para abonar a la reflexión de la agenda del INE.

En el caso de la paridad de género, uno de los retos no sólo es verificar la postulación numérica entre hombres y mujeres, que suele derivar en una paridad cosmética, sino en generar herramientas y mecanismos que nos lleven a lograr una paridad sustantiva, además de tener una mayor vinculación con los institutos electorales locales para cerrar el paso a decisiones que no garantizan la paridad.

Algo similar debe ocurrir en las acciones afirmativas, es decir, no conformarse con el cumplimiento numérico en la postulación de integrantes de sectores vulnerables, sino que también sean postulados y postuladas en distritos, municipios y entidades con alta competitividad, del respectivo partido, y en los primeros lugares de las listas plurinominales.

Otra tarea es la votación de migrantes, donde se requieren campañas focalizadas donde se informe de las fechas de elecciones y cargos en contienda, además de revisar los plazos de registro para inscribirse en la lista nominal de electores. El objetivo es que la situación irregular de migrantes, en países como Estados Unidos, no limite su voto en comicios de México.

No menos importante es la implementación del voto electrónico, ya existen antecedentes, pero deben instrumentarse pruebas piloto con muestras reducidas en ambos modelos de elección, es decir, en comicios donde participan partidos y en la elección judicial. Destaca que el voto electrónico debe reducir costos en la impresión de boletas electorales. 

Una de las críticas más constantes a nuestro sistema electoral, es la presunta laxitud que puede existir en el buen uso de recursos públicos destinados a los partidos políticos, por ello, en la fiscalización de gastos a partidos y candidaturas debe considerarse a la inteligencia artificial para la revisión en tiempo real de las operaciones financieras y contar con una coordinación efectiva entre el INE y la Unidad de Inteligencia Financiera para detectar cualquier tipo de irregularidad durante las campañas y en años no electorales.

Hasta aquí algunas de las propuestas para la agenda del INE.