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El 10 de mayo México celebra a las madres. Entre flores, reuniones familiares y mensajes de reconocimiento, se honra una figura que históricamente ha sido asociada con el amor y la entrega. Sin embargo, esto nos coloca frente a una pregunta que no podemos seguir postergando: ¿quién sostiene realmente las tareas de cuidado en los hogares de nuestro país y en qué condiciones?

La respuesta es tan evidente como preocupante. En México, las mujeres dedican en promedio 39.7 horas a la semana al trabajo doméstico y de cuidados, mientras que los hombres invierten 18.2 horas. La diferencia (21.5 horas semanales) no solo representa una brecha de tiempo; refleja una desigualdad estructural que limita oportunidades, restringe libertades y condiciona el ejercicio pleno de derechos.

Durante décadas, el cuidado ha sido tratado como un asunto privado, casi naturalizado como una responsabilidad femenina. Sin embargo, hoy sabemos que se trata de un auténtico problema público. Basta observar su impacto económico: en 2024, el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado alcanzó un valor equivalente al 23.9% del Producto Interno Bruto nacional, superando incluso sectores como el comercio (19.6%), la industria manufacturera (18.1%) y los servicios educativos (3.6%).

Estos datos son reveladores. Lo que ocurre dentro de los hogares sostiene, en gran medida, el funcionamiento de la economía y de la vida social. Cocinar, limpiar, acompañar a niñas y niños, atender a personas mayores, brindar apoyo a quienes viven con discapacidad o dependencia, son labores indispensables para la reproducción cotidiana de la vida. Sin embargo, siguen siendo invisibilizadas y, sobre todo, desigualmente distribuidas.

La dimensión social del fenómeno es enorme. En México, 58.3 millones de personas son susceptibles de recibir cuidados en los hogares, de las 31.7 millones de personas que brindan cuidados dentro o fuera de sus hogares, 75.1% son mujeres.

Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció expresamente el derecho al cuidado en la Opinión Consultiva 31/2025, estableciendo que el cuidado constituye un medio indispensable para el goce del derecho a una vida digna, pues permite a las personas desarrollarse integralmente y sostener su proyecto de vida. La Corte definió que recibir cuidado, o contar con las condiciones adecuadas para brindarlo, implica que toda persona debe contar con tiempo, espacios y recursos para cuidar, ser cuidada o procurarse condiciones de bienestar integral.

Asimismo, señaló que la distribución desigual de las cargas de cuidado no remunerado, basada en estereotipos de género, constituye una forma de discriminación estructural contra las mujeres. Este reconocimiento obliga a los Estados a adoptar medidas normativas, institucionales y presupuestales que permitan garantizar el derecho al cuidado bajo un principio de corresponsabilidad.

El tema no es ajeno a la vida pública ni al ámbito electoral. La sobrecarga de cuidados impacta directamente en la participación de las mujeres en los espacios de decisión, en su incorporación al mercado laboral, en su desarrollo profesional y en el ejercicio de sus derechos político-electorales. Cuando millones de mujeres destinan gran parte de su tiempo al cuidado no remunerado, se generan barreras reales para su presencia en la vida pública.

Por ello, el día después de celebrar a las madres debe invitarnos a mirar más allá del reconocimiento simbólico. Honrar a las madres no puede reducirse a un solo día de flores, felicitaciones o discursos emotivos. Implica reconocer la carga histórica que muchas de ellas han asumido en silencio: sostener la vida cotidiana, cuidar de hijas e hijos, acompañar a personas mayores, atender enfermedades, organizar los hogares y, en innumerables casos, hacerlo al mismo tiempo que participan en el ámbito laboral y comunitario. Detrás de cada celebración existe una realidad que exige ser visibilizada y transformada.

El verdadero homenaje, está en reconocer su trabajo, redistribuir estas responsabilidades y garantizar que el derecho al cuidado es también una forma de justicia.

En el ámbito jurídico, existe la obligación legal a cargo de los Organismos Públicos Electorales, como lo es el Instituto Electoral del Estado de México, de la destrucción de la documentación electoral en los OPL que debe realizarse conforme a los Lineamientos que para tal efecto apruebe el Consejo General. De este modo, en el IEEM contamos con los Lineamientos para la destrucción y permuta de la documentación electoral utilizada en procesos electorales locales, papel en desuso que se genere de forma ordinaria por el Instituto, cartón y material desincorporado; así como la conservación y almacenamiento de materiales electorales recuperados. En dicho documento se establece la obligación de destruir y permutar la documentación utilizada en proceso electorales y el papel en desuso que genera deforma ordinaria nuestra institución

También se establece en dichos lineamientos que las actividades de destrucción y permuta de documentación, papel, material desincorporado y cartón en desuso, se llevarán a cabo a través de una empresa que desarrolle las actividades de recolección, traslado, destrucción y permuta, que utilice procedimientos ecológicos en los procesos de reciclaje de papel, cartón y/o material electoral, en beneficio del medio ambiente, observando la seguridad y confidencialidad de la documentación y material electoral, y que retribuya algún beneficio en especie al Instituto

Así, una vez concluido el Proceso Electoral Judicial Extraordinario 2025 del Estado de México, el Consejo General aprobó un acuerdo para la destrucción y permuta de la documentación electoral correspondiente, así como del papel en desuso y del material electoral desincorporado. Luego, la entrega y traslado de dicho papel generado durante el primer trimestre del año, se realizó el 20 de abril de este año.

Esta actividad se llevó a cabo mediante un esquema de permuta con la empresa especializada DPS Gestión Documental, S. de R.L. de C.V. que fue seleccionada tras un proceso de evaluación comparativa entre dos propuestas presentadas al Instituto. Dicha empresa ofreció las condiciones más favorables, al maximizar el aprovechamiento de los recursos mediante la entrega de 30 paquetes de papel bond de 500 hojas por tonelada de material reciclado, además de asumir la totalidad de los costos operativos asociados al proceso.

Así, se llevaron a cabo dos cargas de documentación, papel, material desincorporado y cartón en desuso en la bodega de materiales del IEEM. La primera inició a las nueve de la mañana y culminó con la destrucción correspondiente, al mediodía. La segunda inició inmediatamente de la destrucción de la primera y culminó a las quince horas con cincuenta minutos del mismo día. En total el IEEM entregó 7,751.8 kg. de papel en desuso para su reciclaje

Este procedimiento desarrollado por el IEEM permite reciclar los documentos y materiales, evitando la generación de contaminantes; al mismo tiempo que se reciben hojas de papel bond para el trabajo cotidiano, lo que se traduce en un ahorro en este rubro. En le IEEM estamos convencidos de que una política de reciclable sustentable repercute en el beneficio de nuestro medio ambiente.

El Programa de Cultura Cívica (PCC) del IEEM, se ha consolidado como un instrumento estratégico que convierte los principios democráticos en experiencias formativas para la población mexiquense. Este programa se aprueba y ejecuta cada año para fomentar la construcción de una ciudadanía informada, participativa y corresponsable.

A 30 años de existencia del IEEM, más de 11.2 millones de personas han sido atendidas mediante acciones permanentes en cultura cívica. Este alcance refleja no sólo cobertura, sino continuidad institucional y compromiso con la democracia.

El avance del PCC 2026 confirma esta tendencia. De enero a marzo se han realizado 160 sesiones en 27 municipios, con 9,948 personas participantes en pláticas, jornadas cívicas, visitas guiadas y stands informativos. Destaca la incorporación de contenidos como educación cívica en el entorno digital y perspectiva de género, lo que muestra una adaptación a los retos actuales.

Un elemento central es el impacto en niñas, niños y adolescentes (NNA), a través de la Red Digital de Educación Cívica y Participación Ciudadana, estrategia de monitoreo permanente de indicadores sobre la cultura cívica en educación básica y media superior. Las escuelas que forman parte de la Red aplican mensualmente una encuesta que mide habilidades y competencias en seis ejes: ejercicio responsable de la libertad, conocimiento y cuidado de sí, sentido de pertenencia y valoración de la diversidad, convivencia pacífica y solución de conflictos, sentido de justicia y apego a la legalidad, así como democracia y participación ciudadana. Con corte al 23 de marzo, esta estrategia alcanzó a 101,268 NNA en 123 municipios.

En el ámbito de los entornos escolares, destacan acciones como sesiones informativas dirigidas a adolescencias próximas a cumplir la mayoría de edad, en las que se difunden sus derechos político-electorales; la celebración de elecciones escolares para la integración de figuras de representación estudiantil; así como actividades sobre la educación cívica en el mundo digital para NNA.

Este año destaca, además, la instrumentación de un programa piloto denominado “Ciclo de formación ciudadana para jóvenes mexiquenses”, que contempla la realización de ocho conferencias, de mayo a julio, dirigidas a personas jóvenes de entre 18 y 29 años, estudiantes de nivel superior de instituciones públicas y privadas. Esta iniciativa busca brindar conocimientos y herramientas que fortalezcan habilidades para su formación como agentes de cambio y acción social.

El carácter permanente del PCC resulta fundamental, ya que su impacto no se limita a acciones aisladas, sino que incide de manera continua en la formación de una ciudadanía más consciente y participativa. Esta constancia permite que las y los mexiquenses no sólo adquieran conocimientos, sino que los incorporen en su vida cotidiana, fortaleciendo así una cultura democrática sólida. Esto cobra especial relevancia de cara a los próximos procesos electorales —Diputaciones Locales y Ayuntamientos, así como la elección de personas juzgadoras del Poder Judicial Local—, pues contribuye a que la ciudadanía conozca y ejerza plenamente sus derechos y obligaciones político-electorales, participando de manera informada y responsable en la vida pública del Estado.

El pasado 23 de marzo, en un ejercicio conjunto entre el IEEM y la UAEMéx, la Dra. Graciela Márquez Colín, Presidenta del Consejo de Gobierno del INEGI; nos recordó que la estadística no es un fin en sí mismo, sino una herramienta para transformar la realidad. En su Conferencia Magistral "Estadísticas de Género" se presentaron datos que ponen en evidencia desigualdades y brechas que aún afectan el desarrollo y el acceso a los derechos de las mujeres.

Cinco de cada diez mujeres que trabajan, lo hacen en la informalidad y, aun realizando las mismas actividades, perciben en promedio 87 pesos por cada 100 que ganan los hombres. Cerca del 75% de los hombres participa en el mercado laboral y solamente el 45% de las mujeres lo hace. México se mantiene entre los países con menor participación laboral femenina en América Latina. ¿Dónde están las demás? También trabajan, pero en actividades no remuneradas.

Las cifras son contundentes: las mujeres dedican en promedio 39.7 horas semanales al trabajo no remunerado, frente a 18.2 de los hombres; en el Estado de México, 37.7 frente a 16.8. Este desequilibrio no solo evidencia una distribución desigual del tiempo, sino que limita su autonomía económica y su participación pública.

La desigualdad se profundiza con la maternidad. Los ingresos de las mujeres crecen hasta los 39 años y después disminuyen, particularmente a partir del primer hijo. En contraste, los hombres ven incrementos en sus ingresos con la paternidad. Incluso con el mismo nivel educativo, las mujeres ganan sistemáticamente menos, confirmando que el acceso a la educación no ha sido suficiente para cerrar la brecha.

A ello se suma una realidad estructural: en el 77.8% de los hogares hay personas que requieren cuidados para infancias, personas mayores o con discapacidad, y de cada 100 personas cuidadoras, 75 son mujeres; trabajo, indispensable para la sostenibilidad de la vida, que sigue siendo invisibilizado y no remunerado.

En los espacios públicos, los avances son innegables, pero aún insuficientes. A partir del siglo XX, transcurrieron 53 años para que se reconociera la ciudadanía a las mujeres (incluido el derecho a votar y ser votadas); 121 años para alcanzar la paridad en la Cámara de Diputados y 124 años para que México tenga su primera presidenta. En el ámbito municipal, el número de mujeres en presidencias municipales pasó de 120 en 2010 a 605 en 2024, frente a 1,821 hombres. En el Estado de México, en 2024 se registran 54 presidentas municipales frente a 73 hombres; y, si bien el Congreso local ha alcanzado la paridad —38 mujeres y 37 hombres—, la distribución del poder aún refleja profundas desigualdades.

La evidencia es clara: las mujeres son mayoría en la población, sostienen gran parte del trabajo no remunerado y, sin embargo, enfrentan menores ingresos, menor acceso a oportunidades y difícil acceso a los espacios de decisión.

Por ello, como autoridades electorales, nuestra responsabilidad no se limita a garantizar elecciones libres, sino a promover condiciones de igualdad sustantiva. Toda acción pública necesita información, pero la información no sirve si no se utiliza con sensibilidad. La estadística de género nos muestra dónde estamos; la decisión institucional debe definir hacia dónde vamos.

El pasado cinco de marzo, en el IEEM, el Instituto para las Transiciones Integrales (IFIT) presentó el estudio:  Selección Judicial en México: Lecciones aprendidas del proceso de selección de cargos en cortes de última instancia (2024–2025). El IFIT es una organización internacional que promueve el fortalecimiento institucional y democrático y que participó como observador electoral en el proceso judicial a nivel nacional y en el Estado de México.

Como parte de su labor de observación electoral, elaboró este estudio para analizar la selección de candidaturas y aportar recomendaciones para mejorar futuros ejercicios.

En dicho estudio se muestra, con datos concretos, los aciertos y contratiempos que sucedieron en la elección federal 2024-2025 de integrantes del Poder Judicial de última instancia (Suprema Corte, Tribunal de Disciplina Judicial y Sala Superior del Tribunal Electoral); además, se brindan recomendaciones muy precisas sobre lo que se puede mejorar en un siguiente ejercicio, particularmente, dentro de las etapas de convocatoria, registro y selección de candidaturas por los comités de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial.

Entre los hallazgos que se obtuvieron, se destaca el relativo a que existió una convocatoria general; sin embargo, cada comité de evaluación estableció reglas, metodologías y mecanismos de evaluación propios. En la práctica, esto derivó en tres procesos paralelos para cargos equivalentes, con diferencias en requisitos documentales, plataformas de registro y criterios de evaluación, lo que generó condiciones procedimentales heterogéneas y dificultades para comparar perfiles entre aspirantes.

El estudio muestra que, incluso en la etapa de elegibilidad, surgieron retos importantes. Los comités enfrentaron altos volúmenes de postulaciones y plazos muy acotados, revisando miles de expedientes en pocos días. Esta presión operativa evidenció la necesidad de contar con capacidades técnicas, tecnológicas y metodológicas más robustas para garantizar revisiones consistentes y transparentes.

Las diferencias se profundizaron en la evaluación de idoneidad. Mientras algunos comités privilegiaron entrevistas y valoraciones cualitativas, otros establecieron ponderaciones entre méritos académicos, experiencia profesional y reputación pública. Incluso se contemplaban evaluaciones técnicas más rigurosas; sin embargo, en el caso del comité del Poder Judicial, el proceso se vio interrumpido por una serie de impugnaciones y suspensiones judiciales que finalmente derivaron en la renuncia de sus integrantes, lo que obligó a que el Senado concluyera esa etapa mediante insaculación.

A partir de estos hallazgos, el estudio plantea recomendaciones concretas para fortalecer futuros procesos de selección judicial: estandarizar plazos y plataformas de registro, homologar criterios de evaluación, definir metodologías claras y fortalecer el diseño institucional del proceso. Todo ello con el objetivo de asegurar principios fundamentales como la transparencia, la equidad, la independencia judicial, la idoneidad de los perfiles, la diversidad y el diseño institucional.

Si bien es cierto, en el caso particular del Estado de México, la buena coordinación entre los tres poderes del Estado con el IEEM facilitó el adecuado desarrollo de cada una de las etapas de ese proceso electoral; también lo es que de cara a la siguiente renovación judicial prevista para 2027, este tipo de análisis resulta especialmente valioso. Más allá de las complejidades del primer ejercicio, la experiencia acumulada permite identificar áreas de mejora para fortalecer las condiciones para procesos más previsibles, comparables y legítimos.

Finalmente, conviene subrayar la importancia de los ejercicios de observación electoral y de investigación especializada. Sus diagnósticos y recomendaciones no sólo contribuyen a mejorar las instituciones, sino que también permiten que la ciudadanía conozca y comprenda cómo se desarrollan estos procesos, fortaleciendo así la confianza pública en los mecanismos democráticos.

Desde el Instituto Electoral del Estado de México invitamos a la ciudadanía a acercarse y conocer este estudio, pues comprender cómo se construyen nuestras instituciones y cómo pueden mejorar, es una tarea colectiva. Informarnos, reflexionar y participar fortalece nuestra democracia.