Comunicación
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Estamos a cinco semanas de que inicien los procesos electorales federal y local.

A partir de las sesiones solemnes de los Consejos Generales, en los respectivos órganos electorales, comenzarán a correr los plazos para la preparación de la jornada electoral que será el 6 de junio de 2027 para renovar las 500 curules de la Cámara de Diputados federal, 17 gubernaturas, mil 98 Diputaciones Locales y 227 Ayuntamientos en el país.

¿Hay quienes se están adelantando a estos plazos? ¿cómo lo están haciendo? ¿existe regulación alguna? Es un tema del que ya se habla en medios de comunicación, la ciudadanía observa e incluso ha sido motivo de debate en el Consejo General de INE, donde por tercera ocasión consecutiva se pospuso la discusión, y en su caso aprobación, de lineamientos que buscan fiscalizar los actos anticipados de campaña.

Pero ¿qué son los actos anticipados de campaña y precampaña? De acuerdo con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales son aquellos que se realicen bajo cualquier modalidad, fuera de la etapa de campañas, que contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de una candidatura o un partido, o solicitando cualquier tipo de apoyo para contender en el proceso electoral por alguna candidatura o para un partido.

Y los actos anticipados de precampaña son las expresiones que se realicen bajo cualquier modalidad, y en cualquier momento, durante el lapso que va desde el inicio del proceso electoral hasta antes del plazo legal para el inicio de las precampañas, que contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de alguna precandidatura.

En el caso del Estado de México, el Código Electoral agrega quiénes son las personas que pueden realizar este tipo de infracciones a la Ley: partidos políticos, dirigentes, militantes, afiliados y simpatizantes, cuyos actos trasciendan con la finalidad de posicionarse y obtener una candidatura.

Su regulación data de 2006 y 2008, es decir, está desfasada de la época actual, donde se usa inteligencia artificial, redes sociales y los partidos políticos realizan procesos internos de selección a través de coordinaciones.

¿Esto es una simulación legal? ¿se erogan recursos públicos? ¿aplica la nulidad de elecciones que se incluyó constitucionalmente en 2014?

Pareciera que en tanto no exista un ajuste en la regulación, la única vía sería la ética y tener una verdadera cultura democrática, algo difícil de conseguir si sólo se piensa en los espacios de representación popular como la vía para ejercer poder, y sobre todo de recursos públicos en grandes cantidades, sin tener en la mira a la ciudadanía y las exigencias de ésta.

También se deben hacer efectivos los Procedimientos Especiales Sancionadores, de los que comentaremos en próximas entregas, sin olvidar que la erosión de la confianza ciudadana puede llegar pronto a un límite.