La organización de elecciones en contextos democráticos, ha ido progresando con el tiempo. Antes el ejercicio a votar y ser votado se limitaba a unas cuantas personas que tenían derechos políticos y que contaban con las condiciones materiales y físicas para ejercerlos. Poco a poco comenzamos a hablar de inclusión. Las acciones afirmativas –aquellas medidas temporales que garantizan espacios a grupos históricamente excluidos de la política– ocupan, con razón, buena parte de esta conversación pública. Sin embargo, igual de importante ha sido materializar la inclusión con medidas que garanticen el voto en condiciones de igualdad.
En 2003, por primera vez, el entonces Instituto Federal Electoral (IFE) implementó medidas para personas con debilidad visual, específicamente plantillas Braille. Veinte años después, el Instituto Nacional Electoral (INE) diseñó e implementó el Protocolo para garantizar el derecho al voto y a la participación ciudadana de las personas con discapacidad.
El Protocolo ha sido una hoja de ruta esencial para la inclusión de las personas con discapacidad, ya que establece reglas claras y conocidas por todas y todos. Las personas con discapacidad pueden votar sin hacer fila. Si necesitan apoyo, pueden pedirlo al personal de la casilla o a una persona de su confianza, y quien las recibe debe preguntarles si requieren de ayuda y, en su caso, de qué tipo. Pueden ingresar con animales de asistencia, y quien las acompaña puede votar en esa misma casilla si aparece en la lista nominal. Y cuando una persona no puede entrar a la casilla, las boletas se le llevan dentro de un sobre hasta donde se encuentre.
Ninguna de estas herramientas funciona sin un trato adecuado. Por eso el Protocolo genera una serie de recomendaciones para el funcionariado de casilla sobre la forma en la que deben dirigirse a las personas con discapacidad. También recuerda que hay discapacidades que no se notan.
La inclusión, sin embargo, empieza mucho antes de la jornada electoral. Inicia con planeación y sensibilidad. Instalar casillas en planta baja y en terreno plano, con rampas, señalamientos y sin obstáculos que impidan llegar a ellas son algunas de las medidas que las autoridades electorales han implementado desde el 2023.
Hay, también, personas que no pueden acudir a la casilla. Para ellas, desde el 2021 que iniciaron las pruebas piloto a nivel nacional, existe el Voto Anticipado, que en el Proceso Electoral Concurrente 2026-2027 se realizará por vía postal desde el domicilio, antes de la jornada electoral. Pueden solicitarlo las personas con discapacidad que no puedan acudir a su casilla, así como sus personas cuidadoras primarias, quienes fueron incorporadas a este modelo en la pasada elección judicial. Las personas mayores de 75 años que no cuenten con certificado médico podrán sustituirlo por un escrito firmado en el que expliquen por qué no pueden asistir a la casilla.
Las autoridades electorales locales también tenemos responsabilidades en esta tarea. En el IEEM desarrollamos un señalamiento del procedimiento de votación dirigido a personas con discapacidad auditiva o de lenguaje, una innovación propia del Instituto. A ello se suman boletas y etiquetas en Braille para identificar las urnas de cada elección. Son herramientas sencillas que marcan una diferencia importante para votar de manera autónoma.
Sin duda, la inclusión de todas las personas en democracia y en igualdad de condiciones es una tarea inacabada. Las autoridades electorales administrativas hemos avanzado con acciones contundentes que, aunque en algunas ocasiones provienen de sentencias de los tribunales, en muchas otras se originan en los institutos electorales.
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