El Índice Global de Participación Juvenil (GYPI, por sus siglas en inglés) -que mide la participación de las juventudes en la vida económica, cívica y política.
Cada 12 de agosto, en el marco del Día Internacional de la Juventud, conviene repensar lo que por décadas se ha repetido de las personas jóvenes. Si afirmamos que son “el futuro”, ¿en dónde quedan sus demandas de hoy?
El Índice Global de Participación Juvenil (GYPI, por sus siglas en inglés) -que mide la participación de las juventudes en la vida económica, cívica y política de más de 140 países- ofrece una imagen distinta. Según el Reporte Final 2025 del GYPI, el promedio mundial del índice de participación es de apenas 61 sobre 100. Noruega encabeza la lista con 84 puntos y Afganistán la cierra con 14. Pero además de las diferencias entre países, aquellas entre dimensiones no son menos relevantes. Mientras la socioeconómica promedia 76 puntos, los asuntos políticos apenas alcanzan 51 y las elecciones 54: las juventudes acceden con más facilidad a la escuela que a las instituciones donde se toman las decisiones.
No solo importa la distancia entre extremos. Lo preocupante es que la participación de las juventudes es heterogénea entre las distintas esferas de lo público y que en ningún país del mundo se garantizan plenamente sus derechos.
México ilustra bien esa tensión. De acuerdo con el mismo reporte, obtiene 61 puntos en el índice general y refleja un país con un potencial considerable de renovación democrática. Casi una cuarta parte de la población tiene entre 25 y 29 años. Pero en la dimensión política cae a 45. La investigación indica que los partidos han sido lentos en integrar a las juventudes en sus procesos de decisión, y que sus estructuras juveniles funcionan, a menudo, como plataformas simbólicas.
Esta distancia entre juventudes y política institucional también se refleja en los niveles de interés de la ciudadanía. Los resultados de la Encuesta Nacional de Cultura Cívica (ENCUCI) 2020, elaborada por el INE y el INEGI, muestran que sólo 41.8% de las personas jóvenes de 15 a 17 años y 42.6% de quienes tienen entre 18 y 19 años manifiestan interés en los asuntos del país.
Según el estudio muestral de participación ciudadana del INE para las elecciones 2023-2024, los mayores niveles de participación se concentran en dos extremos: quienes recién cumplen 18 años y el amplio tramo de 40 a 84. Por el contrario, las personas entre 19 y 29 votaron por debajo del promedio nacional. En su momento, diversos análisis encontraron que esto se debe a un desencanto con la política. Después del entusiasmo detrás de la primera vez que se marca una boleta, entre las juventudes empieza a crecer la desconfianza en el sistema político y a ensancharse la distancia que perciben entre sus necesidades y las propuestas de las candidaturas.
Uno de los debates más interesantes alrededor del mundo se refiere a la edad legal para ejercer el derecho al voto. La decisión de los Estados al respecto ha sido distinta en cada caso. Hay países en los que pueden votar a los 16 o 17 años en las elecciones generales, mientras en otros esto solo aplica para la elección de ciertos cargos. En Colombia, por ejemplo, existen Consejos de Juventud: espacios de representación liderados por personas jóvenes -14 a 28 años- y votadas por el mismo grupo etario.
Pero no podríamos afirmar que esas medidas en sí fomentan que las juventudes vivían su ciudadanía activamente. Mientras la política no las integre como agentes de cambio, difícilmente sentirán la cercanía necesaria para actuar y tomar interés en los asuntos públicos que impactan a todas las personas sin distinción de edad.
Por eso la efeméride merece una lectura menos complaciente. Combatir la exclusión juvenil no es celebrar a las juventudes como promesa, sino remover las barreras que hoy les impiden decidir. Sus aportaciones y exigencias de derechos deben escucharse ahora, no en un futuro que siempre se aplaza.
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